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Aguardan el presupuesto 2019 para pagar adeudos a trabajadores jubilados; la institución solicitó una partida presupuestal de 120 millones de pesos para este año.

Las jubilaciones en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense (HNAM) continuarán, por lo que se ha planteado -junto con la dirección del nosocomio- un incremento en el presupuesto de este año y la búsqueda de posibles alternativas ante el crecimiento constante de ese concepto en los egresos.

Ante la protesta que realizaron jubilados de la institución en demanda de pago de pensiones, el secretario del ramo, Marco Antonio Cantú Cuevas, informó que hasta la fecha no han sido radicados los recursos, pues -como es sabido- no se ha aprobado el paquete económico del 2019, y ese concepto no fue presupuestado en el 2018 por la pasada administración.

Dio a conocer que ya inició el diálogo con la Secretaría de Hacienda para garantizar a los trabajadores en retiro el pago de los adeudos y del próximo pago, como parte de los compromisos patronales del hospital.

Pero reconoció que el problema puede tener mayores dimensiones, toda vez que la institución tiene retos importantes ante el incremento de costos de insumos y de operación en general; la negociación anual con el sindicato (que está pendiente) y, en especial, ante la proyección de jubilaciones.

En este último punto, explicó que dada la antigüedad del HNAM, un importante número de sus médicos y demás personal han cumplido con los años de servicio y se espera una cascada de jubilaciones, además de las que se dieron en fechas recientes.

Apuntó que se solicitó un presupuesto de 120 millones de pesos para el 2019, pero todavía se desconoce cuál será el monto aprobado por el Congreso local para dicho hospital.

Hizo notar que se ha planteado al director del hospital, Fermín Morales Velasco, la importancia de comenzar un plan de trabajo para atender este asunto financiero, antes de que dicho concepto crezca y se convierta en un asunto insostenible.

Los diputados cuentan con sólo 12 días para desahogar el tema.

El Poder Ejecutivo convocó a los 20 legisladores a la primera mesa de trabajo para generar acuerdos y aprobar una Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 en consenso, para este jueves. Los diputados cuentan con sólo 12 días para desahogar las observaciones que el gobernador Cuauhtémoc Blanco hizo al Paquete Económico 2019, que aprobó un grupo de diputados el 9 de enero pasado.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada priista Rosalina Mazari Espín, confirmó que no hay avances en el análisis de las observaciones, ya que no se han podido reunir como legisladores. Sin embargo, dijo que están en tiempo para desahogar el tema, a pesar de que cuentan con un plazo de 12 días para hacerlo.
Mientras tanto, ayer, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que este jueves se instalará la mesa de trabajo con los legisladores para generar acuerdos y que finalmente se apruebe un Paquete Económico para este año.
Refirió que se ha tratado de convencer a los legisladores de la necesidad de que se apruebe el programa de reemplacamiento vehicular, ya que es uno de los puntos en los que no han podido lograr acuerdos.
"Estamos tratando de sensibilizarlos de que se necesita el reemplacamiento, no como un instrumento recaudatorio, sino como instrumento para generar condiciones de seguridad. Hay un registro vehicular muy pobre, prácticamente inexistente y hay muchos vicios que se han generado en el estado; por ejemplo, hay domicilios de terrenos baldíos que tienen registrados hasta 400 vehículos", señaló. 
Explicó que las mesas de trabajo serán permanentes hasta que se desahoguen las observaciones al Paquete Económico. 

El gobernador señala que los integrantes de su gabinete están firmes en los cargos que ocupan; se procederá legalmente contra autores de mensajes con presuntas amenazas.

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseveró que detrás de campañas de denostación hay personajes con intereses políticos y sostuvo que los integrantes de su gabinete están firmes en los cargos que ocupan.

El mandatario acudió este martes a la ceremonia de conmemoración del 80 aniversario de la Preparatoria Diurna Uno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). A su arribo, en entrevista, aseguró que no se dejará llevar por ataques sin fundamento.

Desde este fin de semana fueron colocadas mantas y gallardetes con mensajes señalando a funcionarios de primer nivel, por presuntos actos de corrupción y presuntas amenazas de grupos delictivos.

Al respecto, Blanco Bravo aseveró que se trata de más ataques de detractores políticos y, en lo personal, no le preocupan ni acusaciones falsas ni rechiflas de opositores. “Son grupos que quieren desestabilizar este gobierno que ha estado trabajando con la sociedad, pero bueno, yo estoy acostumbrado a que me chiflen en el estadio Azteca 120 mil personas que me rayaban la mamá. Me chiflaban y (en este caso) es gente mal intencionada que no quiere que este gobierno salga adelante, pero lo reitero, estas mantas son parte de una guerra sucia”.

Advirtió que se lleva a cabo una investigación para identificar quién o quiénes colocaron dichas mantas con presuntas amenazas y, para ello –adelantó- habrán de proceder legalmente.

El gobernador afirmó que el ataque es de tipo político, que proviene de adversarios, entre ellos el excandidato a la gubernatura por el PRD, Rodrigo Gayosso, y los líderes del Partido Social Demócrata, los hermanos Roberto y Julio Yáñez. “Estas personas que están muertos políticamente y quieren salir a revivir, pero no se los vamos a permitir. Creo que la gente se da cuenta, son gente mala, deshonesta que ha traicionado a la ciudadanía. Yo no me escondo de nada, no le debo nada a nadie…”

Expresó que tiene claro que en cuanto comiencen las campañas políticas para las elecciones intermedias surgirán más intentos de ataques por parte de grupos políticos.

Pero dejó en claro que pese a esas acusaciones sin fundamento, todos los secretarios de su gabinete están firmes. Apuntó que sólo serán removidos si alguno de ellos falla en su labor y se les comprueban actos de corrupción.

Blanco Bravo también aseveró que las amenazas de grupos delictivos son de otra naturaleza, con características diferentes, y seguirá trabajando. “Vamos a seguir, esto me fortalece más, soy una persona que va de frente, no le saco a nada, sólo hay que proteger a la familia, con eso sí hay que tener cuidado, pero vamos a seguir trabajando y tomaremos medidas… No voy a permitir que sigan con estas estupideces, poniendo espectaculares y mantas, si tienen pantaloncitos que lo hagan de frente los sinvergüenzas”.

Durante la ceremonia de conmemoración del 80 aniversario de la Preparatoria Número 1 “Lic. Bernabé L. de Elías”, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que la juventud morelense es uno de los sectores prioritarios que su gobierno atenderá, ya que es pieza clave en el desarrollo de la entidad.
“Reconozco el valor de la juventud en nuestro proyecto de gobierno. Su entusiasmo y su dedicación nos compromete a trabajar con tenacidad para heredar a ustedes un estado confiable, seguro y de desarrollo”, expresó, al reconocer la labor de los académicos y padres de familia a favor de los jóvenes.

También quieren pagar menos por la verificación vehicular.

Líderes taxistas pidieron a los diputados locales que disminuyan el monto que se cobra por el programa de verificación vehicular, que este año subió a 523 pesos. También se pronunciaron por una reducción en las infracciones que se aplican al transporte público y que ascienden a más de 40 mil pesos. 

Este lunes, concesionarios acudieron al Congreso del estado y solicitaron una reunión con los diputados integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. "Queremos que se nos dé una copia del presupuesto, porque no nos parecen los montos que se quieren aplicar en derechos de control vehicular", explicó Bulmaro González Arriaga, líder del Consejo de Unión de Taxistas AC. 

El líder transportista dijo que es necesario que los legisladores revisen la Ley de Ingresos y la Ley General de Hacienda, pues las multas que se aplican al transporte público son excesivas, ya que van de los 16 mil a más de 40 mil pesos, de acuerdo a la falta que aplique la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT). 

Además, refirió que al pago de los conceptos por control vehicular se suma el programa de verificación vehicular. "Queremos que se nos aplique una tarifa más baja, como antes, que era de 210, porque creemos que sí debemos verificar, pero muchas veces pagamos y no pasa, aunque sean unidades en buenas condiciones, por las fallas en el sistema", agregó. 

No obstante, González Arriaga dijo que la mayoría de los líderes transportistas sí están a favor del programa de reemplacamiento, pues garantiza mayor seguridad. 

Explicó que como taxistas requieren el reemplacamiento, sobre todo, quienes fueron víctimas del robo de unidades y que constantemente son detenidos porque sus placas tienen reporte de robo. "Tenemos muchos carros que nos robaron desde hace cinco años, seis años, cuatro años, y ya es otro vehículo el que anda trabajando, y en la federal nos detienen y meten a la cárcel al chofer y meten al corralón al vehículo hasta que el concesionario va y justifica que es su unidad", añadió. 

Le concede operar con los recursos del 2018, pero consideró inadmisible que el Poder Judicial pretenda una suspensión acusando al Congreso de omisión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al Poder Judicial para conservar los recursos del 2018, en tanto el Congreso define el presupuesto del 2019, pero también negó la suspensión contra omisiones del Poder Legislativo por considerar “inadmisible” la solicitud.

De acuerdo con los estrados electrónicos de la SCJN, se concedió la suspensión para que “hasta en tanto no se publique el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de esta anualidad, se garantice al Poder Judicial actor ejercer el mismo Presupuesto de Egresos estatal para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho”, con el fin de garantizar la operatividad de la impartición de justicia.

Pero también el ministro instructor de la controversia constitucional 6/2018, Juan Luis González Alcántara Carrancá, negó la medida cautelar, consideró inadmisible que el Poder Judicial, garante de la legalidad en Morelos, haya pretendido obtener una suspensión acusando al Congreso de omisión cuando el proceso legislativo está inconcluso y es la materia de recursos de control constitucional.

De acuerdo con la controversia, la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cueva López, acusó a los diputados de incurrir en la omisión de no aprobar el Presupuesto de Egreso del Gobierno de Morelos del 2019 con su respectiva asignación del 4.7% del presupuesto estatal programable para el Poder Judicial.

“En este sentido, es inadmisible jurídicamente lo pretendido por el Poder Judicial actor al solicitar la medida cautelar, pues ello equivaldría a dar a la suspensión efectos constitutivos propios, e implicaría prejuzgar respecto a que, efectivamente la omisión alegada resulta inconstitucional, lo cual no puede ser  materia de pronunciamiento cautelar, sino, en todo caso, de la sentencia que en su oportunidad se dicte”.

Coinciden que hay voluntad política con el objetivo de que a Morelos y a su gente les vaya bien.

En un encuentro con presidentes de partidos políticos en Morelos, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, manifestó la disposición del Ejecutivo Estatal para construir la gobernanza que se requiere en la entidad y atender las necesidades de la población.
Sanz Rivera celebró la voluntad política mostrada para llevar a cabo esta primera reunión, y reiteró la apertura del gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo para continuar trabajando de la mano con todas las fuerzas políticas, siempre poniendo por delante el beneficio de las familias morelenses, principalmente aquellas que más lo requieren. 
El funcionario estatal, acompañado por el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, dio a conocer a los presidentes de los distintos partidos los principales proyectos de este Gobierno, con los cuales se buscan reforzar el crecimiento económico, el desarrollo social y garantizar la paz y la seguridad en el estado. 
Los integrantes de la mesa coincidieron en que este acercamiento refleja la voluntad de todas las fuerzas, con el único objetivo de que a Morelos y a su gente les vaya bien. 
A esta reunión asistieron presidentes y representantes de los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, Social Demócrata, Acción Nacional, Verde Ecologista, y Movimiento de Regeneración Nacional. 

Una sesión fotográfica motivó a acudir a la mayoría de los legisladores locales.

Una sesión de fotos y la grabación de un video bastaron para reunir a la mayoría de los integrantes de la LIV Legislatura que, después de varias semanas de no hacerlo, sesionaron de manera ordinaria.
Minutos antes de las 12 del día, 19 de los 20 legisladores arribaron al salón de Plenos.

Muy bien vestidos y coordinados ocuparon sus curules, que en sesiones pasadas habrían sido espacios de discusión por la falta de acuerdos para aprobar el Paquete Económico 2019.
Los diputados conocieron cinco iniciativas, dieron turno a tres dictámenes de primera lectura y de manera unánime aprobaron seis puntos de acuerdo, todo en poco menos de dos horas. Durante este lapso, la mayoría permaneció en sus curules, dispuestos para la sesión de fotos y grabación de vídeo que realizó una productora, de la cual se desconoce su nombre y el costo de su trabajo, pero de la que todos los diputados se deslindaron. 
Los legisladores que no permanecieron en pose fueron José Casas González y José Luis Galindo del Partido del Trabajo (PT), así como Elsa Delia González Solórzano de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que sólo acudieron a la primera sesión ordinaria del segundo período a pasar lista. 
Por primera vez, en varias semanas, el Pleno no fue espacio para la crítica y la discusión, sólo prevaleció la concordia y el acuerdo entre diputados. 

No se permitirá el incremento desproporcionado en el cobro de derechos, impuestos u otros servicios municipales: Mazari Espín.

Al menos 25 cabildos municipales entregaron ante el Congreso del estado su iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, informó que se convocará a las autoridades municipales a mesas de trabajo para resolver las observaciones que se deriven del análisis que realicen a cada propuesta.
En entrevista, la legisladora priista recordó que el Pleno del Congreso tendrá que desahogar este mes cada una de las iniciativas que presentaron personalmente o enviaron los alcaldes.
Refirió que en cuestión de días, se presentará a cada tesorero y alcaldes las observaciones que deriven del análisis de cada propuesta, a fin de que puedan desahogarse en mesas de trabajo con la Comisión de Hacienda. 
"Conforme vayamos analizando las iniciativas vamos a ir convocando a las tesoreras, a los tesoreros, a los presidentes municipales, que están en la mejor disposición de ser invitados a esta comisión para que, en su momento dado, hacerles unas observaciones y que ellas puedan subsanarlas en tiempo", explicó. 
Sin embargo, la diputada Mazari Espín reiteró que no se permitirá el incremento desproporcionado en el cobro de derechos, impuestos u otros servicios municipales. 
De acuerdo al registro de las iniciativas que se entregaron al Congreso, fueron 25 ayuntamientos los que cumplieron con lo que marca la Constitución el jueves pasado; dos pidieron prórroga, tres -de origen indígena- están en observación, y el resto tendrían que aplicar la Ley de Ingresos que se autorizó para el ejercicio fiscal 2018. 

El Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) solicitará la información detallada sobre los criterios de asignación de participaciones a cada ayuntamiento, para evitar condiciones de inequidad.

Así lo señaló Enrique Alonso Plascencia, ex alcalde de Tlaquiltenango, quien recientemente fue elegido como director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) y quien señaló que propondrá que se audite el manejo de los recursos en la pasada administración.

Dijo que los gobiernos municipales son la autoridad de primer contacto con la ciudadanía y conocen cuáles son las necesidades reales, por lo que su punto de vista es fundamental en la construcción de políticas públicas y en la asignación de recursos en el presupuesto anual.

Ante la inquietud de algunos municipios que expresaron duda sobre el esquema de reparto de participaciones, el directivo dijo que va a buscar que el instituto sea tomado en cuenta en la revisión al paquete económico, para investigar a fondo si en las dos propuestas existentes, la del gobierno del estado y la del Congreso local se hicieron asignaciones inequitativas.

Adelantó que solicitará la información cuanto antes, para poder opinar con base en hechos reales y promoverán que haya igualdad de circunstancias en la distribución del presupuesto. Recordó que se tendrán que tomar en cuenta cuestiones tales como población, condiciones de marginación, entre otras, para que no haya injusticias.

Comentó que en la primera votación él recibió el apoyo de 19 de los 33 alcaldes y hasta la tercera ronda alcanzó la unanimidad. Comentó que las versiones sobre supuestas presiones a algunos ediles por parte de otros actores políticos “son rumores nada más”.

Destacó que él trabajará para los municipios y no permitirá que el estado, como sucedió en la pasada gestión, “rasure” presupuestos, o violente la autonomía municipal. A la par consideró importante que se genere un clima de respeto y colaboración entre ambos niveles de gobierno.

Pobladores se manifestaron en el palacio de gobierno para exigir la entrega de los fondos programados en la ley de ingresos que aprobó el Congreso local para la operación de dicho municipio indígena.

Presidente del concejo municipal señala que llevan 30 días sin servicios.

Habitantes del municipio indígena de Coatetelco se manifestaron en el Palacio de Gobierno en demanda de liberación de recursos. Denunciaron que llevan 30 días sin servicios y sin salarios.

Norberto Sandoval Ortega, presidente del Concejo Municipal indígena, expuso que desde el primero de enero entraron en funciones y, a pesar de que ya fue aprobada su ley de ingresos por el Congreso local, no se ha publicado y no les han entregado recursos como al resto de los ayuntamientos.

Con lonas y pancartas colocadas en la reja de la sede principal del Ejecutivo, los manifestantes exigieron este jueves una solución inmediata, con la amenaza de que no se retirarían, pues tanto el gobierno estatal como el Congreso han negado una respuesta concreta y se responsabilizan mutuamente.

Sandoval Ortega explicó que desde el primer día de este año comenzaron a laborar con una plantilla de entre 80 y 100 personas, quienes no han cobrado el salario hasta la fecha.

Como les ha sido posible brindan el servicio de recolección de basura, pero este jueves se suspendió y la población ya no soporta más tiempo.

Y es que carecen de registro civil, catastro y demás servicios fundamentales para la gente, como drenaje, alumbrado, entre otros.

A decir de los inconformes, ya no reciben apoyo alguno del ayuntamiento de Miacatlán -al que pertenecía anteriormente la comunidad indígena de Coatetelco-, y la gente ya no va a esa demarcación a pedir nada porque saben que la facultad legal es del concejo indígena.

Apuntaron que el Congreso local ya aprobó su ley de ingresos, pero no ha sido publicado el decreto correspondiente por parte del Ejecutivo, por algunas observaciones que calificaron como “absurdas”.

“Nomás nos invitan a mesas de trabajo y se echan la bolita el Congreso con el gobierno del estado y mi comunidad ya no aguanta más. Nosotros nos mantuvimos sin hacer ninguna manifestación, pero la comunidad ya exige y no nos vamos a quitar de aquí hasta que se resuelva”, aseveró el presidente.

Antonio Alemán, integrante del concejo, comentó que hay problemas tales como el drenaje que han generado inconformidad de la población; ya cuentan con una planta tratadora, pero no la han podido echar a andar por falta de dinero.

“Hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que él ha dicho que los indígenas son primero y en Morelos tal parece que no escuchan. Si hay necesidad de ir, iremos a la Ciudad de México a buscar al presidente”.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Jesús Guízar Nájera, quien planteó una mesa de diálogo con los manifestantes que bloquearon los accesos, dijo en entrevista que el motivo por el cual no se han entregado recursos a los municipios indígenas es porque el paquete económico del 2019 no ha sido aprobado y publicado. Recordó que el Ejecutivo ya envió al Congreso local las observaciones correspondientes y están a la espera de esa respuesta.

Consideró que los servicios municipales para esas comunidades deben ser otorgados por los municipios originales, o a los que pertenecían antes, en este caso Miacatlán, pues siguen aplicando el recurso del 2018.

En ocho ejes estratégicos, contiene las políticas públicas impulsadas por el gobierno federal en materia de disminución de la pobreza, combate a la corrupción, honestidad, entre otros rubros.

El gobierno de Morelos entregó al Congreso local el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, integrado con aportaciones de todos los sectores sociales que se obtuvieron a través de foros, redes sociales y consejos ciudadanos y contempla los compromisos de campaña hechos por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Así lo señaló el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, durante el encuentro con legisladores encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Sotelo Martínez. Al acto acudieron también el representante del Gobierno de México, Hugo Eric Flores Cervantes, e integrantes del gabinete.

Los miembros del Poder Ejecutivo presentaron el plan, que contiene los siguientes ejes rectores: paz y seguridad, unidad y armonía, justicia social, productividad y competitividad y modernidad para los morelenses. Y como ejes transversales: cero corrupción, cero impunidad y perspectiva de género.
Sanz Rivera aseguró que el Plan Estatal de Desarrollo está alineado con las políticas públicas del Plan Nacional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, basado en la disminución de la pobreza en todos sus niveles y promover la honestidad, el trabajo coordinado y combatir la corrupción.
Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos, afirmó que desde el inicio de la administración federal existe una gran coordinación con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y día a día se atienden los temas prioritarios para el estado. "A nombre del gobierno federal, queremos reconocer el gran apoyo que hemos tenido de parte del gobierno estatal para este lineamiento de objetivos”.

En entrevista, José Manuel Sanz Rivera apuntó que de esta forma se cumple con lo estipulado en la ley vigente.

Respecto a la aprobación del paquete económico, comentó que confía en que cuando se realicen las mesas de trabajo entre ambos Poderes “se habrá de transitar sin problema, en este momento no afecta; lo que se trata es de llegar a un acuerdo con el legislativo”. 

“Nunca hemos negociado con el Legislativo, lo que tiene que haber es una coordinación en un plan de diálogo y entendimiento, olvidar lo que ha pasado; el buen trato es lo mejor para sacar adelante al estado”, expresó, al comentar que siguen a la espera de la respuesta a las observaciones que envió el Ejecutivo, así como al Plan Estatal de Desarrollo y, una vez que sea aprobado, se darán a conocer metas específicas.

En lo que se refiere al Mando Coordinado de seguridad, el funcionario estatal comentó que sigue avanzando el proceso de firmas de convenios con los municipios, que en su mayoría han externado su disposición de aplicar la estrategia y, en el caso de Cuernavaca, apuntó que esperan que haya diálogo y acuerdos.  

El secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, entrevistado a la salida del referido encuentro, indicó que se hizo un análisis técnico sobre el paquete económico y las observaciones se hicieron con este mismo criterio, por lo que no está sujeto a otras decisiones de naturaleza diferente.

Confió en que en breve se lleven a cabo mesas de trabajo de carácter –igualmente técnico- con los legisladores para obtener una respuesta objetiva, pues ha habido acercamientos, pero no se ha analizado de manera conjunta con esta meticulosidad.

Respecto a los recursos correspondientes a los municipios indígenas, como en el caso de Coatetelco –cuyos habitantes se manifestaron este jueves-, dijo que primero se tiene que aprobar el paquete económico porque contiene las bases de criterios de distribución de las participaciones.

Comentó que mientras se resuelve el tema del paquete económico de forma definitiva, existe la posibilidad de firmar convenios con los municipios originales, a los que pertenecían, para que se continúe con la prestación de servicios.

Tras recibir el Plan Estatal de Desarrollo, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que se revisará a fondo la propuesta del Poder Ejecutivo, a fin de plantear las observaciones que se crean necesarias para su modificación en los siguientes dos meses. "No es un documento de buenas intenciones, sino que se revisará que sea en beneficio de la sociedad", agregó. 
Por su lado, la coordinadora del Partido Encuentro Social (PES), Maricela Jiménez Armendáriz, manifestó que la revisión del Plan Estatal es una oportunidad para que se logre un trabajo de coordinación entre los Poderes del estado. 

Se cuidará que la persona que reciba el nombramiento no tenga vínculos con partidos políticos, asegura diputada.

El Congreso del estado designará a un nuevo titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) el próximo mes. La diputada priista, Rosalina Mazari Espín, informó que en los primeros días de febrero, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública emitirá la convocatoria para el registro de aspirantes.
Ante el rezago que enfrenta el órgano fiscalizador, la legisladora local afirmó que cuidarán que la persona que reciba el nombramiento, cumpla con el perfil y también no tenga relación con ninguna fuerza política.
"Este tema se tiene que tratar en el mes de febrero para poder tener a un auditor que sea una persona de prestigio y que pueda dar certeza a la ciudadanía y a las diputadas y diputados, que sabrá cumplir su encomienda y, por supuesto, que sea una persona honorable y honesta", explicó.
Agregó que después de que inicie el periodo ordinario de sesiones, el próximo viernes 1 de febrero, se convocará a sesión de la Comisión de Hacienda para emitir la convocatoria.
La legisladora local confió en que la fractura que vive el Poder Legislativo no afectará para lograr los consensos necesarios y designar al próximo titular de la ESAF, tras la renuncia de Vicente Loredo Méndez, en noviembre del año pasado.

Vecinos de Xoxocotla irrumpen a la fuerza en la sede legislativa.

Habitantes de Xoxocotla irrumpieron en la sede del Congreso del estado y a gritos y por medio de la violencia exigieron a los diputados que aprueben el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019 y se asignen los recursos que corresponden al municipio indígena de nueva creación.
Cerca de las 12 del día, los pobladores liderados por Leonel Zeferino Díaz, presidente del Consejo Municipal, arribaron a la sede legislativa ubicada en la colonia Amatitlán de Cuernavaca. Por medio de empujones lograron entrar al inmueble. Uno de los guardias del lugar fue agredido a golpes, después de que trató de impedir el ingreso de la gente de Xoxocotla. El trabajador fue perseguido desde la explanada hasta el estacionamiento del Congreso.
Minutos después, los inconformes bloquearon los accesos al Poder Legislativo y afirmaron "nadie entra ni sale de aquí". También bloquearon la calle Guillermo Gándara, donde un automovilista fue agredido por los pobladores porque pidió - sin ningún éxito- el paso para la avenida Plan de Ayala. 
"No tenemos dinero, no tenemos sueldo, todos los gastos los está absorbiendo nuestro presidente (del consejo municipal), nosotros como trabajadores estamos dando el servicio a nuestra comunidad. Todos tenemos un cargo y estamos trabajando sin presupuesto y sin el apoyo de nuestros legisladores", manifestó una de las inconformes.
Rechazaron que la mayoría de la población se oponga a que gobiernen, como denunció un grupo contrario en el centro de Cuernavaca, donde también protestaron.
Media hora después de su irrupción y al notar que no había ningún diputado en el Congreso del estado, los manifestantes se retiraron del lugar y afirmaron que llevarían a cabo una asamblea en Xoxocotla para determinar las acciones a realizar en los próximos días. 

Es necesario dotar a la institución del presupuesto necesario para incrementar la tecnología de dicho sistema, expone el comisionado estatal de seguridad; el C5 tiene cobertura limitada, señala.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, consideró urgente que el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) migre a tecnología inteligente, y propuso que si el Congreso no tiene la posibilidad de dotar a la CES del total de los recursos para iniciar el proyecto, por lo menos cada año aumente gradualmente el presupuesto.

Indicó que el C5 tiene cobertura limitada, porque sólo cuenta con 972 cámaras en funcionamiento y existen municipios donde apenas se cuenta con tres o cuatro cámaras, lo que –evidentemente- dificulta el monitoreo policial.

Dijo que su proyecto es transformar el C5, pero para lograrlo se requiere una inversión importante, y por ello insistió en que si en 2019 no se tiene el total de los recursos, la CES pueda tener cada año un incremento presupuestal para alcanzar el objetivo.

“Yo pedí dos mil millones de pesos para incrementar la tecnología del C5, migrar la tecnología del C5 a un C5I. El C5I se refiere a que sea (tecnología) inteligente completamente, pero son equipos que cuestan muchísimo dinero”.

“Y mi propuesta es que no me los hagan de un jalón (la asignación de los dos mil millones de pesos) pero que sea año con año ir mejorando. Entonces, depende de cuánto presupuesto vaya a haber este año para saber en qué crecer”, comentó. 

La coordinadora de ese partido en el Congreso local acepta que es posible aprobar el reemplacamiento y otras modificaciones solicitadas por el Ejecutivo.

La coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, dejó abierta la posibilidad de que se permita el programa de reemplacamiento vehicular para este año y otras modificaciones al Paquete Económico 2019, que aprobaron como grupo de 15 legisladores el pasado 9 de enero.
Ayer martes, diputados locales abrieron un segundo periodo extraordinario de sesiones y tomaron protesta al Concejo Municipal de Hueyapan, que finalmente podrá instituirse como municipio indígena. Posteriormente declararon un receso legislativo para esperar a que el Poder Ejecutivo envíe las observaciones al decreto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.
En entrevista, la líder de la bancada de Morena dijo que analizarán cada una de las observaciones y sostuvo que existe toda la disposición para hacer los cambios que se consideren necesarios, como la autorización para que el Poder Ejecutivo lleve a cabo el canje de placas a vehículos particulares y de servicio público. 
Incluso, dijo que si es necesario, también se eliminará la asignación presupuestal que por 10 millones de pesos autorizaron a la fundación "Unidos Vamos por Morelos", que presidió la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
"Seguimos unidos en bien de los morelenses. Sí vamos a rectificar en algunos puntos, sí sería muy bueno porque no somos expertos en finanzas y paquetes económicos. Hicimos nuestro mayor esfuerzo, pero los expertos son ellos, el secretario de Hacienda... que nos digan en qué podemos ayudarles y con muchísimo gusto", agregó. 
Incluso, dijo que existe la disposición de la mayoría de los legisladores (el G-15) de dialogar con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para que permanezcan en sus representaciones bajo consensos.
Sin embargo, la coordinadora del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que mantendrán su postura en contra del reemplacamiento y de concesionar el servicio para el confinamiento final de la basura, pese a la postura de otras fuerzas políticas. 
No obstante, refirió que analizarán cada una de las observaciones del Poder Ejecutivo y consideró que en un plazo de una semana podría aprobarse un nuevo decreto del Paquete Económico.
Por su lado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari, informó que después de recibir las observaciones del Ejecutivo, convocará a mesas de trabajo para analizar la posibilidad de que haya cambios en el Paquete Económico.
El Poder Ejecutivo podría promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si los legisladores determinan rechazar sus observaciones.

Se espera que tomen protesta al Concejo Municipal de Hueyapan.

En espera de que el Poder Ejecutivo envíe las observaciones hechas al Paquete Económico que aprobó un grupo de 15 legisladores (G-15), este martes los diputados locales abrirán un segundo periodo extraordinario de sesiones.

Hasta la tarde de ayer, el Poder Ejecutivo no había notificado del veto a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 al Congreso del estado. De acuerdo con el consejero jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, esperarían al día 24 del presente mes para enviar las observaciones.

Mientras tanto, el periodo extraordinario de sesiones al que convocó la Diputación Permanente el viernes pasado, se abrirá hoy a las 12 del día. 

En el periodo extraordinario se analizará la determinación del Poder Ejecutivo con respecto al Paquete Económico que aprobó el G-15, el pasado 9 de enero, a pesar que un grupo de cinco legisladores señaló como ilegal el decreto de Ley de Ingresos y

Presupuesto de Egresos, ya que no se respetó el procedimiento legislativo.

Para analizar y revisar las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo, los legisladores contarán con un plazo de 30 días. 

Este martes se espera que el Pleno del Congreso tome protesta al Concejo municipal de Hueyapan que validó el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

Los diputados locales acordaron abrir un segundo periodo extraordinario de sesiones en el Congreso del estado para el 22 de enero próximo.

Los temas que se abordarán antes del 1 de febrero serán: las observaciones que hará el Poder Ejecutivo al Paquete Económico que aprobaron el 9 de enero pasado y la designación del nuevo Concejo Municipal de Hueyapan.

En la sesión de la Diputación Permanente, los legisladores se adelantaron a la determinación que tomará el Ejecutivo y establecieron sesionar de manera extraordinaria para atender y, en su caso, validar las observaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019.

Sin embargo, los legisladores cuentan con 30 días para revisar cada punto vetado por el Ejecutivo.

En el mismo periodo extraordinario, los diputados locales tomarán protesta al Concejo Municipal de Hueyapan, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos validó el que el pueblo eligió para remover como líder a David Montes Rosales, hermano del ex diputado perredista Javier Montes.

De esta manera, el municipio indígena de reciente creación podrá instituirse, al igual que lo hicieron Xoxocotla y Coatetelco el pasado 1 de enero.

La Junta Política y de Gobierno desechó el proceso en su contra luego de que estos se ampararon.

La Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado desechó el proceso de remoción en contra del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y de la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, que inició el pasado lunes 14 de enero.
La determinación fue tomada por las ocho coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias que iniciaron el proceso, después de que Sotelo Martínez y Mazari Espín recurrieron a la justicia federal para ampararse y evitar su remoción.
Sin embargo, los legisladores del grupo de los 15 advirtió que no desistirán y buscarán otras vías jurídicas para quitar de dichas representaciones a los dos legisladores, que ya no son reconocidos ni aceptados por la mayoría del Congreso del estado.
"Es histórico que en el Congreso se ampare el presidente del Congreso y la Comisión de Hacienda. Es lamentable que un compañero tenga que ampararse y no reconocer cuando ya no tienes la aceptación, el respeto, el cariño y la legitimidad de tus compañeros que te eligieron", manifestó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
De la determinación de la Junta Política y de Gobierno fue notificado el Pleno de la Diputación Permanente y, a su vez, se le comunicará al Juzgado Primero de Distrito.
En entrevista, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz consideró que los diputados Alfonso de Jesús Sotelo y Rosalina Mazari Espín deben admitir que no cuentan con el apoyo de la mayoría de los diputados y renunciar a su representación.
Mientras tanto, el presidente de la Mesa Directiva sostuvo que no renunciará a su representación y pidió a sus homólogos hacer a un lado los intereses políticos y trabajar por el bien del estado, pues hay muchos temas pendientes en el Congreso por desahogar.
Incluso, dijo que ha buscado el consenso de sus compañeros y ya no son 15 los que respaldan su remoción, sino tres diputados encabezados por Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
Insistió en que se trata de un asunto de legalidad y afirmó que no cometió ninguna falta que motive dejar la presidencia del Congreso.

En febrero podrá ser ocupada en su totalidad por los diputados.

A casi un año de su inauguración, la empresa constructora "Ago Operadores S.A. de C.V." inició la rehabilitación de la sede del Congreso del estado, ubicada en la colonia Amatitlán, para que finalmente pueda ser ocupada de manera total por los diputados locales.
El edificio no sólo no fue terminado, sino que a menos de un año presenta fallas estructurales graves, de acuerdo con una opinión técnica que el Colegio de Ingenieros Civiles emitió a la LIV Legislatura.
Los diputados locales también se quejaron ante la Secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal por las irregularidades detectadas en el inmueble, a poco tiempo de que rindieron protesta, lo que sucedió el 1 de septiembre pasado.
Después de que la Secretaría de Obras pagó 25 de los 50 millones de pesos de deuda que el gobierno que encabezó Graco Ramírez heredó a la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, finalmente Ago Operadores S.A. de C.V. empezó con los trabajos de rehabilitación del edificio para entregarlo al cien por ciento.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dijo que la Secretaría de Obras se comprometió a que en febrero estará listo el inmueble para que pueda ser ocupado en su totalidad por los diputados.

La revisión de las observaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 se extenderá hasta febrero, con la apertura del segundo periodo ordinario de la LIV Legislatura.

De manera histórica, la LIV Legislatura podría abrir su segundo periodo ordinario de sesiones con la discusión del Paquete Económico 2019, luego de que el Poder Ejecutivo confirmó que vetará la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que aprobó un grupo de 15 legisladores. 
El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, aseguró que revisarán las observaciones que haga el Ejecutivo y no descartó modificaciones al Paquete Económico que aprobaron la madrugada del miércoles 9 de enero.
De acuerdo con el consejero jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, las observaciones que harán al decreto presupuestario se basarán en irregularidades que supuestamente cometieron los legisladores y que deben corregirse o, de lo contrario, promoverán una controversia constitucional para evitar que el Presupuesto de Egresos que aprobaron los legisladores se aplique para este año.
Zapotitla Becerro reiteró que no aprobaron un presupuesto "a modo", y aseveró que mantendrán su postura de no aprobar el reemplacamiento e incrementos millonarios al presupuesto de las secretarías de Hacienda y de Administración y de la Oficina de la Gubernatura.
La revisión y discusión de dichas observaciones por el Congreso del estado podría prolongarse hasta el próximo mes, cuando se abrirá el segundo periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura, que ha estado fracturada desde su inicio, el 1 de septiembre pasado.