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La encargada de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez, confirmó que está en proceso de conclusión la auditoría realizada a la pasada administración de Puente de Ixtla, encabezada por Dulce Medina Quintanilla, de la cual se detectaron graves irregularidades que podrían derivar en denuncias penales.

En entrevista, dijo que se han detectado anomalías en obras públicas que no se pagaron, lo que mantiene al municipio en deuda con proveedores, además de otras observaciones realizadas por el presunto mal ejercicio de los recursos.
Sin embargo, rechazó señalar a los ex servidores públicos que podrían ser denunciados y tampoco los montos del posible daño causado a Puente de Ixtla, pues refirió que la auditoría está en el proceso de la entrega de observaciones, las que tendrán que solventarse por parte de los ex funcionarios involucrados.

"De lo que se nos ha informado por el ayuntamiento hay tres denuncias penales actualmente por obras inconclusas. Es consecuencia de no pago (sic) a deudores en materia de obra", explicó.
Lo anterior lo dio a conocer la encargada de despacho de la ESAF, en el marco del acto de notificación a los concejos municipales de Hueyapan y Coatetelco del inicio de las primeras auditorías a estos poblados indígenas, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

En la misma situación están exfuncionarios estatales y municipales por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) inició procedimientos de revisión en contra del ex auditor general Vicente Loredo Méndez, así como de ex funcionarios estatales y municipales, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Lo anterior se derivó de las declaratorias en sentido negativo que emitió el Congreso del estado, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de los informes de resultados de las auditorías aplicadas a las cuentas públicas de 33 instituciones públicas municipales y estatales, correspondientes a los años de 2016, 2017 y 2018.

De acuerdo con América López Rodríguez, encargada de despacho de la ESAF, una vez que el Congreso emitió estas declaratorias la Auditoría estatal inició los procedimientos de revisión para verificar si se cometieron irregularidades en la aplicación de las auditorías a las instituciones públicas,  o, bien, si los informes que emitió la dependencia que entonces estaba a cargo de Vicente Loredo Méndez eran correctos.

López Rodríguez admitió que se presume que hubo protección en un posible mal uso de los recursos públicos desde la ESAF, que podría ser causa de denuncias penales en contra de los responsables.
Sin embargo, insistió en que dicha determinación se tomará hasta que se concluya con las revisión de las 33 declaratorias emitidas por el Congreso del estado.

"En algunos casos ya hay amparos en el tema de estas declaratorias. Por ejemplo, puedo comentarte de un tribunal en el 2016 0 17 donde se ampara a la declaratoria porque es un dictamen preliminar, y la ley marca dos procedimientos antes de llegar a un dictamen final... por eso se tiene que hacer el estudio de cada caso antes de emitir un dictamen final", explicó.

López Rodríguez añadió que en caso de proceder a una sanción administrativa o penal, los ex funcionarios responsables estarían obligados a resarcir el daño causado al erario público.

América Berenice Jiménez Molina, titular de la Contraloría del Estado de Morelos, fue designada por unanimidad como coordinadora de la región Centro-Pacífico de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), para el periodo comprendido de noviembre de 2020 a diciembre de 2021

Derivado de los trabajos realizados por la CPCE-F, durante la LXV reunión nacional iniciados el día 12 de noviembre del año en curso se dio a conocer, entre otras cosas, el nombramiento como coordinadora de la Región Centro-Pacífico de América Jiménez Molina.

La designación se deriva de su labor al frente del Órgano Estatal de Control en Morelos, y de su actividad constante dentro de la Comisión Permanente de Contralores. El nombramiento fue previamente acordado por los miembros de dicha Comisión, los cuales reconocieron el trabajo y la trayectoria de Jiménez Molina, haciendo oficial su nombramiento para que inicie con los trabajos en fechas próximas.

La titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado releva en el cargo al Lic. Eduardo Loría Casanova, Contralor del Estado de Guerrero.

Entre otros temas, también se socializó la reciente publicación de la segunda edición de la revista Contralores México. En dicha publicación, Morelos participó con un artículo que aborda el combate a la corrupción y las acciones emprendidas desde la campaña permanente: “Golazo a la corrupción”.

“Para dar paso a la legalidad y no quedar en el estancamiento generado por la corrupción, que daña y corroe a la administración pública y convivencia en general de toda la sociedad, debemos comenzar por generar cambios integrales que involucren a todas las regiones del país, el enemigo es el mismo para todos y todas, la corrupción”, puntualizó Jiménez Molina

Mediante votación unánime de los miembros de la Comisión, se nombró de igual forma a Lizbeth Basto Avilés, Contralora del Estado de Yucatán como Coordinadora Nacional de la CPCE-F.

El nombramiento de la integrante del Poder Ejecutivo del gobierno del estado, es resultado del trabajo incansable que se ha realizado en la dependencia para atender los temas de combate a la corrupción, rendición de cuentas, fiscalización y auditorías para garantizar la transparencia en el gasto y empleo de recursos público.

AMLO instruyó que se presenten denuncias penales en la FGR si hay evidencias de corrupción en fideicomisos y fondos

Desestima el secretario de Hacienda acusaciones del diputado José Casas sobre presunto peculado.

"Sin cuidado me tienen esas declaraciones... ellos sí saben de moches", dijo el titular de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, respecto a los señalamientos hechos en su contra por el diputado local José Casas González, quien lo denunció por presunto peculado al destinar supuestamente cuatro millones de pesos de manera irregular.

El responsable de las finanzas en la entidad aseguró que se trata de una campaña de denostación en su contra: "Es una campaña de desprestigio (...) con falta de fundamentos", manifestó el secretario.

El pasado miércoles el legislador y presidente de la comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local inició la denuncia ante la fiscalía especializada en combate contra la corrupción, en la que expone que Villarreal Gasca habría desviado cuatro millones de pesos a favor de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización sin cumplir los requisitos de ley.

En su declaración ante los medios el diputado señaló que se trataría de “un claro moche” para cerrar acuerdos de tipo político.

Entrevistado al respecto, el secretario de Hacienda declaró este jueves que los señalamientos son totalmente falsos; expuso que se solicitó un recurso extraordinario por parte de la ESAF, pues es bien conocido que esa entidad ha tenido insuficiencia de recursos durante muchos años: “no es una dependencia que los diputados, no solo de esta legislatura sino de las anteriores legislaturas, hayan prestado atención así y tan es así que ha habido descuido, que durante años se han tenido que hacer partidas extraordinarias para hacer el pago de nóminas que tienen ahí pendientes”.

Consideró que se trata de un asunto de desconocimiento, y por otra parte de una campaña de desprestigio y denostación en su contra, pues recordó que recientemente hubo señalamientos contra él de parte del diputado Marcos Zapotitla. Este último responsabilizó a Villarreal Gasca de ser omiso y retener recursos destinados a la Comisión Estatal de Seguridad.

Villarreal Gasca rechazó en absoluto que esta situación lo lleve a renunciar a su cargo, al tiempo de asegurar que sólo el gobernador decidirá sobre su permanencia como integrante de su gabinete.

El Congreso local sigue sin fijar fecha para sesionar y aprobar el Paquete Económico y las leyes de Ingresos municipales.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, afirmó que existen acuerdos de mayoría para aprobar el Paquete Económico del gobierno del estado para el presente ejercicio fiscal. Sin embargo, admitió que aún no han fijado fecha para sesionar en el Pleno y desahogar el tema,cuando ya se tiene más de un mes de retraso.
El legislador pesedista refirió que el grupo mayoritario de 13 diputados concretó acuerdos para aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado.

De igual forma admitió que se determinó apoyar a los municipios para que obtengan más ingresos en este 2020.
No obstante, señaló que está a la espera de que haya los acuerdos necesarios para pueda convocar, como presidente de la Mesa Directiva, a la reanudación de la sesión ordinaria que se declaró en receso desde el 15 de diciembre pasado.
Sotelo Martínez aseguró que pese a que los temas financieros están detenidos desde el año anterior, el trabajo en el Congreso no se paraliza y adelantó que en los próximos días se turnará a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la solicitud de un grupo de magistrados para que se aplique una auditoría especial al Poder Judicial.
Aseguró que el tema se abordará sin atender a intereses políticos, pues sostuvo que pudiera tratarse de intereses ajenos al desarrollo del Poder Judicial.

En otro tema, Alfonso de Jesús Sotelo adelantó que la próxima semana comparecerá el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros.
Aunque no señaló la fecha del encuentro, dijo que es con el fin de que el comisionado informe de la situación que enfrenta la institución a raíz de los señalamientos en contra de distintos mandos por su presunta relación con la delincuencia organizada.

Ante crisis financiera, un grupo de magistrados pide al Congreso del estado investigar el uso de fondos durante la gestión de la presidenta María del Carmen Cuevas; se retrasó el pago de jubilaciones a pesar del suministro extraordinario de recursos.

Denuncian retraso en pago de pensiones en el TSJ a pesar de disponibilidad de recursos transferidos por el Poder Ejecutivo.

Serán auditadas las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018.

El Congreso del estado autorizó la aplicación de auditorías especiales a los ayuntamientos de Huitzilac y Puente de Ixtla, específicamente a las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018.
En la sesión ordinaria del miércoles pasado, el Pleno del Congreso solicitó a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) iniciar una investigación a las administraciones pasadas de dichos municipios, ante la presunción de un mal uso de los recursos.

Se trata de los gobiernos que encabezaron Antonio Cruz García y Dulce Medina Quintanilla.
El diputado José Casas González presentó al pleno el punto de acuerdo para que la ESAF audite las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018 de Huitzilac, pues advirtió de posibles actos indebidos en el ejercicio de los recursos públicos.
En tanto, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública promovió la auditoría especial en Puente de Ixtla, la que fue avalada por la mayoría de los legisladores.
La ESAF inició en octubre pasado dos auditorías especiales a los ayuntamientos de Jiutepec y Cuautla, para investigar también el uso de los recursos públicos en las administraciones que encabezaron Manuel Agüero Tovar y Raúl Tadeo Nava.

Encargada de despacho atribuye la falta de resultados en el organismo fiscalizador a la falta de presupuesto.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF)  requiere al menos 30 millones de pesos como presupuesto para el 2020 para poder subsanar el  rezago de las auditorías que se registra desde el año 2012, afirmó la encargada de despacho del órgano, América López Rodríguez.
La funcionaria estatal informó en entrevista que presentó su propuesta presupuestal ante los diputados locales, a fin de que consideren incrementar el recurso asignado para este año, de 18.5 millones, a 30 millones de pesos.
López Rodríguez refirió que el órgano estatal actualmente cuenta con una plantilla laboral de 72 trabajadores, pero se requiere de al menos 120 personas para poder atender toda la carga de trabajo.
"La propia auditoría municipal tiene 17 personas ahorita cuando su platilla es de 60, entonces estamos más abajo de la media con el personal nosotros", agregó López Rodríguez.
La encargada de despacho de la ESAF admitió que si la Auditoría estatal no ha dado los resultados esperados se debe a la falta de presupuesto, ya que ninguna legislatura le ha puesto atención.
Sin embargo, el órgano se ha distinguido por ser un espacio para que los diputados locales coloquen a sus amistades y parientes.

El que fuera encargado de despacho de la institución no hace caso a los llamados de la nueva directora.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) procederá administrativamente en contra de Uriel González Sotelo, ex titular del órgano, por ocultar información. Así lo confirmó la encargada de despacho, América López Rodríguez.
En entrevista, la funcionaria informó que ayer se venció el plazo para terminar el proceso de entrega-recepción y su antecesor se negó a cumplir.
"Hasta el día de hoy no nos ha buscado para hacer una entrega formal y nosotros hemos estado levantando actas circunstanciadas de cómo encontramos a la Entidad. Nosotros tratamos de notificarle un oficio la semana pasada, donde lo invitábamos a la entrega-recepción, dándole las condiciones que la ley establece, y nunca encontramos nada en su domicilio", refirió.
América López confirmó que el órgano auditor enfrenta un grave rezago, ya que existen procesos de revisión detenidos desde el año 2011, y algunos en los que se desconocen las causas por las que se encuentran detenidos.
Además del atraso en el trabajo, admitió que también en el manejo de los recursos se hicieron algunas observaciones, ya que el pasado 11 de octubre se encontró que al menos 20 trabajadores no estaban dados de alta en la nómina pero sí laboran, aunque bajo ningún tipo de esquema.
Al respecto, la encargada de la ESAF no descartó que se tratara de trabajadores de los diputados locales, por lo que también se procedió administrativamente.
Finalmente, adelantó que pedirán un aumento presupuestal al Congreso del estado para poder abatir el rezago del órgano, mediante la contratación de más personal.

Están cerca de concluir auditorías por la expedición irregular de permisos provisionales para circular durante el sexenio de Graco Ramírez.

Se detectaron irregularidades graves, confirma el encargado del órgano auditor.

El encargado de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Uriel González Sotelo, responsabilizó a los diputados locales de mantener parados los procesos de las auditorías aplicadas a la administración de Graco Ramírez, en las que se detectaron irregularidades graves.
En entrevista, el auditor estatal afirmó que en la revisión a las cuentas públicas del gobierno pasado sí se encontraron presuntos actos de corrupción, principalmente en la Secretaría de Obras Públicas.
Mientras  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública le hizo observaciones a la ESAF sobre su trabajo, González Sotelo sostuvo que en este órgano legislativo él no ha presentado ante el Pleno del Congreso los informes de resultados para la declaratoria de validez que permita a la ESAF iniciar con el proceso de deslinde de responsabilidades en contra de ex autoridades del gobierno de Graco Ramírez.
"Los resultados los tienen en la Comisión de Hacienda y precisamente hay observaciones pendientes por solventar y yo recuerdo que son más, las que más sobresalen son las de Obras Públicas y que sí están pendientes por solventar", puntualizó.
Con respecto a las inconsistencias señaladas por la Comisión de Hacienda y que implican irregularidades graves en las revisiones, pues se omitieron presuntos desvíos de recursos, el auditor se deslindó y dijo que se trata de observaciones hechas a los entes auditados y no al trabajo de la ESAF.
Uriel González Sotelo, sin embargo, admitió que la ESAF enfrenta un rezago importante en las auditorías a las cuentas públicas municipales, que data del 2014.
No obstante, presumió avances en la revisión a la cuenta pública 2018 de los municipios, proceso del que derivaron dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de ex alcaldes, aunque rechazó señalar nombres de los presuntos responsables.

La Comisión de Hacienda del Congreso voto a favor de revisar las cuentas de los ex alcaldes de Jiutepec y Cuautla.

El Congreso local someterá a votación del Pleno la aplicación de auditorías especiales a los ejercicios fiscales 2016-2017 del municipio de Jiutepec, así como a la administración de los bienes financieros y materiales del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Cuautla, durante la administración de Raúl Tadeo Nava.
En sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, las diputadas integrantes emitieron los acuerdos que serán votados en el Pleno del Congreso, a fin de ordenar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) que aplique las dos auditorías especiales.
De igual forma, las legisladoras acordaron citar a comparecer a la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo del gobierno estatal, Ana Cecilia Rodríguez González, a fin de que explique el proyecto que el gobierno del estado pretende reestablecer con la empresa Ferrosur S. A de C. V., a fin de impulsar el transporte ferroviario en la zona oriente del estado.
Durante la sesión de la Comisión de Hacienda, las diputadas discutieron la viabilidad del proyecto que en su momento impulsó y dejó inconcluso el gobierno de Graco Ramírez, por lo que se determinó pedir a la secretaria Rodríguez González que acuda al Congreso y resuelva las dudas de los legisladores.
De acuerdo con la diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, no habría condiciones en el Congreso para que el proyecto avance.

Sin embargo, dicha determinación se tomará después del encuentro con la secretaria de despacho, para el cual no se fijó una fecha.

Podría caerse acuerdo de Comisión Calificadora para dejar sin efectos convocatoria.

El proceso para nombrar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) se judicializó, luego de que un grupo de aspirantes a ocupar dicho cargo promovieron el primer amparo en contra de la determinación de la Comisión Calificadora del Congreso local de dejar sin efectos legales la convocatoria para dicho nombramiento. 
Benjamín Salvador Romero Rogel, José Luis Hernández Guzmán y otros aspirantes promovieron el amparo número 1113/2019, y reclamaron que la Comisión Calificadora cayó en una omisión al no haber declarado nula o desierta la convocatoria. 
De acuerdo con los ciudadanos, las coordinadoras de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz; de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo; y Maricela Jiménez Armendáriz, del Partido Encuentro Social (PES), antes de haber dejado sin efectos el proceso para designar al auditor estatal debieron haber declarado nula o desierta la convocatoria. 
Aunque hasta este jueves el amparo no había sido admitido por la justicia federal, otros aspirantes al cargo han advertido que no serán los primeros juicios que se promuevan, pues afirmaron que los diputados "hicieron mal las cosas" bajo intereses políticos. 

En tanto, se prevé que este sábado, cuando se reanude la sesión extraordinaria que inició el lunes pasado, el acuerdo que aprobó la Comisión Calificadora para dejar sin efectos la convocatoria para elegir al titular de la ESAF podría rechazarse por el Pleno.
De acuerdo con algunos diputados, se buscará anular dicho acuerdo y regresar el asunto a la Comisión Calificadora, a fin de que se emita uno nuevo en base a la convocatoria del 11 de junio pasado y tomando en cuenta a los 29 aspirantes.

Diversas organizaciones piden reponer el proceso para elegir al titular del organismo encargado de auditar el uso de los recursos públicos.

Señalan que no hay garantía de que la persona que se elija cumpla con el perfil adecuado.

Integrantes de diversas organizaciones civiles se pronunciaron porque el Congreso local reponga el proceso de designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), que inició desde marzo pasado. 
En rueda de prensa, los representantes del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", del Colegio de Contadores Públicos de Morelos y de  la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de otras agrupaciones, sostuvieron que ha sido un proceso opaco y que no garantiza que la persona que sea designada como titular de la ESAF cumpla con el perfil. 
Roberto Salinas Ramírez, codirector del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", afirmó que lo que se requiere es un rescate del órgano auditor, que actualmente opera con 18 millones de pesos anuales y que enfrenta un rezago de más siete años en la aplicación de las auditorías a las instituciones públicas estatales y municipales. 
Por ello, Rodrigo Rojas Morado, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Morelos, dijo que el Congreso del estado debe impulsar un nuevo proceso de designación del titular de la ESAF y escuchar las propuestas de las organizaciones para una renovación del órgano. 
Los representantes de las organizaciones convocaron a un foro estatal que llevarán a cabo este sábado, para abordar el tema e invitaron a los 29 aspirantes a presidir la ESAF a participar y sumarse en favor de su postura para que el Poder Legislativo la tome en cuenta.
La convocatoria para designar al auditor estatal fue emitida en marzo pasado por el Congreso del estado, para lo que instaló una Comisión Calificadora integrada por las coordinadoras de los tres grupos parlamentarios que evaluaron a los 29 aspirantes que se registraron.
El 15 de julio pasado la Comisión Calificadora presentó un acuerdo ante el Pleno para concretar el nombramiento pero no se lograron los consensos y el asunto está nuevamente en manos de la Comisión Calificadora.
Las organizaciones civiles no descartaron promover amparos si el citado proceso no se repone.

Acusan a Comisión de Hacienda de encubrir irregularidades financieras en entes públicos.

Por presunta responsabilidad administrativa, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, inició una denuncia en contra de su homóloga priista Rosalina Mazari Espín ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). 
En rueda de prensa, la también presidenta de la Junta Política y de Gobierno señaló a Mazari Espín de haber protegido a ex servidores públicos, ya que ocultó 65 informes de resultados de las auditorías aplicadas a entidades públicas estatales y municipales por parte de la ESAF. 
Además, dijo que su homóloga se negó a recibir 10 informes más que la ESAF entregaría al Congreso del estado para su declaratoria de validez, lo que significa una grave falta que pudiera ser causa de sanciones administrativas e incluso penales. 
Por ello, agregó que una vez que se dé curso la supuesta denuncia que presentó ante la ESAF, que también señala al secretario técnico de la Comisión de Hacienda, Juan Santos Montes, también procederá ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), para que se inicie un juicio de responsabilidades en contra de la diputada priista y su asesor. 
La diputada petista rechazó que la queja promovida en contra de su homóloga tenga un fondo político, ante el proceso de renovación de las presidencias de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, pues insistió en que lo que se busca es abatir la corrupción en el Poder Legislativo.

Presumen millonario desvío de recursos del fideicomiso creado para reconstrucción tras el sismo de septiembre del 2017.

El nombramiento de titular de la ESAF se hará en periodo extraordinario, confirma la presidenta de la Junta Política del Congreso, Tania Valentina Rodríguez.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, acusó a su homóloga priista Rosalina Mazari Espín de haber ocultado 65 informes de resultados de las auditorías aplicadas a instituciones públicas estatales y municipales que fueron realizadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
En rueda de prensa, la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) expuso que sin ninguna justificación la diputada Mazari Espín, en su carácter de presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, archivó dichos resultados y se negó a emitir las declaratoria de validez.
En tanto, agregó, la diputada determinó aprobar informes de cinco municipios en sus cuentas públicas 2016 y 2017, incluidos Cuernavaca y Jojutla.
De acuerdo con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Mazari Espín habría incurrido en graves irregularidades, por haber ocultado los resultados de auditorías importantes y por haber avalado las cuentas públicas de cinco municipios sin el voto de la mayoría de los  diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en la sesión del pasado 5 de julio.
Por lo anterior, la legisladora informó que procederá legalmente en contra de su homóloga por las faltas en las que pudo haber incurrido, y que tendrían efectos penales, administrativos y políticos.

Titular de la ESAF, en período extraordinario

Por otro lado, Rodríguez Ruiz informó que el nombramiento del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) se concretaría en un período extraordinario de sesiones, luego de que en la sesión de este lunes no se lograron los votos para que Miguel Ángel Romano Fuentes fuera electo.
Dijo que la Comisión Calificadora, que integra ella al igual que las coordinadoras de los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social (PES) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá que emitir un nuevo dictamen, aunque descartó que estén obligadas a reponer el proceso de designación.
En tanto, continuará como encargado de despacho Uriel González Sotelo. 

El Congreso del estado ordenó a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) iniciar auditorías especiales a las administraciones públicas municipales de Jiutepec y Cuautla, que encabezaron Manuel Agüero Tovar y Raúl Tadeo Nava, respectivamente. 
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, la diputada Rosalina Mazari Espín, informó que las investigaciones a las administraciones pasadas se iniciaron a petición de los actuales alcaldes Rafael Reyes Reyes de Jiutepec y de Jesús Corona Damián de Cuautla. 
De acuerdo con la legisladora priista, los actuales presidentes municipales detectaron elementos de presunto desvío de recursos y otros actos de corrupción por sus antecesores, por lo que pidieron el respaldo del Congreso del Estado. 
Mazari Espín aseguró que en estos procesos extraordinarios de fiscalización habrá transparencia, pues garantizó que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública vigilará el trabajo de la ESAF. 
"De las actas circunstanciadas también haremos un muestreo y pedimos la documentación de todos los tomos que hay en la ESAF para darnos cuenta a que lo que dicen las actas circunstanciadas corresponden a la realidad. Es decir, si solventaron y si hay alguna irregularidad, quiero decirles que no vamos a aprobar cuentas públicas por aprobar", manifestó la legisladora local. 
Desde el inicio de las administraciones municipales actuales de ambos municipios, los alcaldes han señalado diversas irregularidades que presuntamente se cometieron por sus antecesores en el manejo de los recursos públicos. En el caso de Jiutepec, se habla de un monto cercano a los 600 millones de pesos.