En una misiva, expresan que no reconocen ni la validez de la sesión del pasado 3 de junio, ni los acuerdos y resoluciones surgidos de la misma

La Corte determina que dicho principio constitucional no se agota con la postulación de candidaturas de determinado género, sino que trasciende a la integración de los órganos legislativos locales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el principio constitucional de paridad de género no se agota con la postulación de candidaturas de determinado género, sino que trasciende a la integración de los órganos legislativos locales, por lo que las entidades federativas se encuentran obligadas a adoptar medidas tendientes a la paridad en la integración de las listas de candidaturas de representación proporcional, aunque éstas se definan después de la jornada electoral.

Lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 275/2015, suscitada entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los expedientes de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumulados y, por la otra, los expedientes SUP-JDC-1236/2015 y sus acumulados, SUP-REC-575/2015 y su acumulado y SUP-JRC-693/2015 y sus acumulados.

El Pleno determinó que si bien las entidades federativas tienen libertad configurativa, el principio de paridad de género debe respetarse en las listas definitivas de candidaturas con que los partidos políticos finalmente participen en la asignación de diputaciones.

En esta resolución, la SCJN estableció que garantizar a través de la acción del Estado que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades de acceder a los congresos locales, no es optativo para las entidades federativas.

Entró en vigor el reglamento del Órgano Interno de Control de la FGE, que tiene como objetivo prevenir, detectar, desalentar y sancionar actos de corrupción que puedan presentarse en unidades administrativas y con servidores públicos de la institución.

Es deber de la dependencia dotar de los recursos materiales, humanos y económicos al órgano de control, para que pueda cumplir con su misión, dice el reglamento.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el Reglamento del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, que tiene como objetivo prevenir, detectar, desalentar y sancionar actos de corrupción que puedan presentarse en las unidades administrativas y con servidores públicos de la institución.

El órgano interno, cuyo coordinador general es Ever Felipe Velarde Corrales, tiene a su cargo la atención de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, así como la realización de auditorías y la resolución de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y de inconformidades derivadas de procesos de licitación.

El nuevo reglamento interno contempla todos los procedimientos y las atribuciones para el adecuado funcionamiento del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que a su vez está vinculado al sistema anticorrupción.

De acuerdo con la nueva normatividad, el órgano de control será competente para implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos propios, estatales y participaciones federales; y presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos o, en su caso, ante las instancias federales correspondientes.

De acuerdo con los artículos del reglamento, es deber de la FGE dotar de los recursos materiales, humanos y económicos al órgano de control interno, con la finalidad de cumplir con su misión.

Ocurrió el jueves de la semana pasada en Tetela del Volcán; video en redes sociales reveló el incidente.

Conceden a una juez del TSJ suspensión provisional.

Un juez federal concedió a una juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una suspensión provisional, la que impide a Alejandro Becerra Arroyo entrar en funciones como representante de los jueces ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

De acuerdo con el juicio de amparo 742/2019, el Juzgado Séptimo de Distrito concedió la medida cautelar a la juez de primera instancia, Mireya Díaz Cerón, para efecto de “abstenerse de expedir el nombramiento correspondiente, tomar protesta de ley, darle posesión y que entre en funciones el juez que en su caso se haya aprobado y designado para integrar la junta designada, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva”.

Si bien Becerra Arroyo, otrora coordinador de asesores del TSJ y juzgador con licencia, tomó protesta la misma noche del 3 de junio como representante de los jueces ante la Junta de Administración, el juez federal ordenó que no entre en funciones, en tanto resuelve si mantiene o no la suspensión hasta la resolución de fondo del juicio de garantías.

La designación fue recurrida por la juez Mireya Díaz Cerón, debido a que el 28 de mayo solicitó por escrito a la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, que fuera contemplada para integrar la terna para la designación del represente de los jueces ante la Junta.

La juez consideró cumplir con los requisitos para aspirar al cargo, porque cuenta con una larga carrera judicial y ejercido sus funciones con total responsabilidad.

“Que en virtud del contenido de la circular número 38, emitida por este H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos que Usted preside, solicito respetuosamente que se me tome en consideración para integrar la terna correspondiente a la designación de Juez Integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, la cual deberá de proponer Usted ante el Pleno de esta institución, pues considero reunir los requisitos a que hace referencia el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el sentido de que debe considerarse en la terna a aquellos funcionarios que se distingan por su capacidad profesional, por su honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones”.

“No omito hacer de su conocimiento que la suscrita tengo laborando en esta institución más de treinta años y me he desempeñado como Oficial Judicial, Actuaria, Secretaria de Acuerdos, Proyectista y Juez, realizando las actividades inherentes a cada encargo con absoluta responsabilidad”, explicó la juez, cuya petición fue ignorada por Cuevas López, quien ha sido severamente cuestionada por un grupo de magistrados y organizaciones de abogados por fomentar malas prácticas como el nepotismo y abuso de autoridad.

No hay denuncias formales por la presunta usura a la que se dedicarían ciudadanos de esa nacionalidad en la entidad, refiere la CES.

Unas 20 personas de ese país han sido detenidas y puestas a disposición de las autoridades de migración en este año por irregularidades en su documentación.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) tiene bajo la lupa a medio millar de ciudadanos colombianos que se encuentran en territorio morelense, ante la sospecha de que algunos de ellos pudieran estar implicados en actividades ilícitas, como la usura por goteo.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que hay denuncias públicas, pero no formales, de ciudadanos que se quejan ser víctimas de células criminales integradas por extranjeros (generalmente de nacionalidad colombiana), que se dedican a prestar dinero a intereses altos y luego exigen el pago mediante métodos violentos.

Detalló que de acuerdo con información de inteligencia, en Morelos pudieran radicar al menos 500 ciudadanos colombianos y, en lo que va del año, unas 20 personas de esa nacionalidad han sido detenidas y puestas a disposición de las autoridades de migración por irregularidades en su documentación, pero ninguna de ellas ha sido denunciada por delitos de extorsión y la usura, a través del llamado “goteo”.

El titular de la CES afirmó que ante la sospecha de la participación de algunos extranjeros en actividades ilícitas, dio la instrucción para que haya revisiones y atiendan las denuncias contra ciudadanos colombianos.

“Nosotros tenemos la consigna de, cuando vemos a alguien con las características colombianos (sic) y que nos llegue alguna denuncia, lo detenemos, y si no trae su pasaporte, los llevamos a migración”, explicó.

Expresó que si bien “no está prohibido el que presten dinero y aquellos que caen con ellos es su responsabilidad, el problema son los métodos para cobrar, porque si no les pagas, ellos después violentamente van a cobrar, que es donde dañan”.

Precisó que algunos portan visas de turista, y aunque realicen comercio lícito, su estancia en el país está restringida como visitante y no para realizar actividades económicas.  

Cabe recordar que el 31 de julio de 2018, en la cabecera municipal de Tetela del Volcán, un ciudadano colombiano perdió la vida tras ser linchado por los pobladores, quienes acusaban que el hombre se dedicaba a la extorsión y el “goteo”, que consiste en dar préstamos sin aval ni garantías, que se pagan en cuotas pequeñas pero con altos intereses, y ante la imposibilidad de las víctimas de continuar con los pagos, son amedrentadas, golpeadas y hasta asesinadas.

Tras reunirse con empresarios, Ortiz Guarneros confirmó que fue deshabilitada la aplicación para celular del número de denuncia 911, debido a que su antecesor dejó una deuda de cuatro millones de pesos con la persona responsable y creadora de la app.

Indicó que se hacen las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para que se cubra la deuda de la gestión anterior y continuar el trabajo con otra aplicación denominada “Halcón Seguro”, que en este momento está en fase piloto. 

Un grupo de magistrados señala presuntas irregularidades en la integración del órgano colegiado.

Magistrado reitera que no había quórum a la hora de hacer los nombramientos, en la sesión del lunes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) entró en una nueva crisis por la forzada y cuestionada integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, que dejó una vez más en entredicho al ente responsable de impartir justicia y, al menos la mitad de los magistrados, amenaza con denunciar por la vía legal y política a la magistrada presidenta María del Carmen Cuevas López.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, consideró delicado que Cuevas López, junto con un grupo de magistrados, haya realizado una arbitraria e ilegal designación de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo, como representantes de los magistrados y jueces ante la junta.

Sostuvo que es muy grave que sin cumplir con el quórum legal (con al menos 10 magistrados presentes) y con sólo ocho magistrados de número apoyados por la magistrada supernumeraria Leticia Taboada, se hayan consumado las designaciones.

Además, dijo, es reprobable que Alejandro Becerra Arroyo, quien hasta el lunes se desempeñaba como coordinador de asesores y “apoderado” legal del Poder Judicial en diversos litigios, haya sido seleccionado como representante de los jueces.

Y es que si bien fue designado juez de primera instancia, no ejercía la función jurisdiccional por estar de licencia y realizando funciones distintas como colaborador cercano de la magistrada presidenta.

Lamentó el ejemplo de ilegalidad que da el TSJ a la sociedad, porque no existen argumentos jurídicos para justificar el atropello al estado de derecho y el mensaje es muy preocupante, ya que quienes violentaron la Constitución y su ley orgánica son los responsables de impartir justicia.

Ante la gravedad de lo que ocurre en el Poder Judicial, hizo un llamado a los magistrados inconformes con la integración de la Junta de Vigilancia, a hacer uso de su legitimidad jurídica y moral para las iniciar las acciones legales necesarias para denunciar y combatir el acto ilegal.

“Exigimos a los magistrados disidentes a emprender acciones legales desde recurrir al amparo hasta el Congreso del Estado, porque la designación que hicieron Cuevas en complicidad con un grupo de magistrados está fuera de la ley”, dijo y señaló que los jueces inconformes con la designación de sus representantes ante la junta de administración pueden también recurrir a la vía del amparo.

Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado del TSJ y quien ha sido crítico de la gestión de Cuevas López, lamentó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina (que sustituye al extinto Consejo de la Judicatura) haya nacido viciada y en medio de graves irregularidades como la falta de quórum para designar a Flores León y Becerra Arroyo, y que éste último, hasta antes de su designación, estuviera fuera del ejercicio de la administración de justicia y en funciones de coordinador de asesores de Cuevas López.

Dijo que la grave violación de la ley debe tener consecuencia, por lo que -en su opinión personal- es necesario plantear la posibilidad no sólo de recurrir al juicio de amparo para combatir la irregular integración de la junta, sino de generar denuncias ante la fiscalía estatal ante la probable comisión de un delito, hasta de recurrir al Congreso del Estado, donde está en trámite un juicio político promovido por un litigante contra la magistrada presidenta.

Expresó que por el momento no hay una definición de la ruta legal que se seguirá por este acontecimiento, pero aseguró que no debe quedar impune la violación al estado de derecho. 

El magistrado pidió auditoría “profunda” a la administración del Poder Judicial y reconoció que hay juzgadores corruptos, pero que la mayoría son honestos y entregan su vida por la institución

Su familia sólo recibe un apoyo económico por parte de la CEAV.

Los padres de Alan Israel Cerón, secuestrado y asesinado en 2011, exigieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que concrete la reparación integral del daño, después de cumplir con todos los trámites para acceder a una indemnización.

Rosa María Moreno, madre de Alan, acudió a la ofrenda dedicada a las víctimas de la violencia y la delincuencia, instalada en el acceso principal del Palacio de Gobierno, y lamentó que después de tantos años, su hijo no sólo no tenga justicia, sino que la familia no hay podido acceder a la protección legal que prevé la Ley General de Víctimas.

Expresó que intermitentemente recibe un apoyo económico de la CEAV, pero lo que busca es que su caso sea debidamente atendido y que, después de ocho años de la muerte de su hijo, finalmente -como padres- puedan recibir del Estado Mexicano la reparación del daño.

“Me ponen trabas, que está, que no está (el dictamen de la CEAV) y por eso decidí hacer esto (protestar). No voy a negarlo, sí me dan una ayuda económica, pero ya quiero que esto se termine y haya una resolución”, explicó.

Expresó estar cansada y haber perdonado a los verdugos de su hijo de apenas 20 años, así como dijo tener poca esperanza de que los responsables sean juzgados y castigados.

Alan fue privado de su libertad el 24 de diciembre de 2011 en Cuernavaca, y dos días después, apareció maniatado junto con otra persona del sexo femenino en Chilpancingo, Guerrero. Policías municipales de la capital guerrerense lo auxiliaron y trasladaron a una agencia del Ministerio Público para que pudiera iniciar su denuncia, pero tras apersonarse ante el agente del MP, el joven desapareció.

El 16 de mayo de 2012, en las inmediaciones del Hospital General “Raymundo Abarca Alarcón”, de la Secretaría de Salud, en Chilpancingo, Guerrero, fue localizado el cuerpo de Alan, el cual fue identificado a través de pruebas de ADN.

La medida favorece el reemplacamiento: Hacienda.

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, extendió la vigencia del subsidio fiscal para el pago del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados, los derechos por servicios de control vehicular y sus accesorios.

Según los motivos del acuerdo expedido por el gobierno del Morelos, la medida amerita debido a que está en curso el proceso de reemplacamiento de más de 800 mil unidades y los contribuyentes requieren mantener el subsidio.

“En virtud de que en el ejercicio fiscal del año 2019, se está realizando el canje total de placas en el Estado de Morelos, en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana número NOM-001-SCT-2-2016, denominada: ‘Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físicomecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y Entidad Federativa o Dependencia de Gobierno, especificaciones y método de prueba’; se requiere establecer una medida compensatoria de carácter fiscal, para apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

Con base en este argumento, las autoridades estatales decidieron extender la vigencia de subsidio fiscal hasta el próximo 30 de septiembre. 

Visitadores de la CDHEM vigilarán que se respeten los derechos humanos de los participantes.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) pidió a la Comisión Estatal de Seguridad implementar medidas cautelares para salvaguardar a los participantes en la Marcha de la Diversidad Sexual, que se realizará este sábado para conmemorar un año más de movimiento lésbico gay.

A través de un comunicado, el organismo informó que vigilará el desarrollo de la Marcha de la Diversidad Sexual que se realizará en Cuernavaca, en el marco del 15 aniversario de la organización de la comunidad LGTTTQ.

Informó que los visitadores Isela Chávez, Cuauhtémoc Magdaleno y Daniel Portugal Lagunas estarán a cargo de la observación de la marcha, con la finalidad de verificar que se respeten los derechos humanos de los participantes. 

Detalló que mediante el oficio PRESIDENCIA/042/2019, dirigido al comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, solicitó la implementación de las medidas precautorias suficientes y necesarias para garantizar la seguridad de las personas que participen y presencien la Marcha de la Diversidad Sexual 2019, brindando elementos de seguridad suficientes para la vigilancia y las medidas de atención médica y de vialidad. 

En redes sociales fueron difundidas fotografías en las que se aprecia el uso de dos vehículos con logotipos del TSJ para -en un caso- transportar una mascota y, en otro, estacionarse en lugar reservado para discapacitados en un supermercado.

La Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) inició procedimientos administrativos para investigar las presuntas irregularidades en que habrían incurrido trabajadores judiciales que usaron dos vehículos oficiales para (en un caso) transportar una mascota y (el otro) estacionarse en lugar reservado para discapacitados en un supermercado.

A través de las redes sociales, un usuario difundió las fotos de dos vehículos Nissan Tsuru, color rojo, con logotipos del TSJ. En uno de ellos, que al parecer está asignado para las actividades del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial (SUTSPJ), se puede observar claramente que transporta a un perro, que asoma la cabeza por la ventana trasera de la unidad.

En otra foto, el usuario denunció que la unidad oficial del TSJ con número 93, aparcó en el estacionamiento de la tienda Costco en el cajón para personas con discapacidad. Según trascendió, el vehículo lo conducía una trabajadora del TSJ de la tercera edad, y por ello utilizó el sitio reservado, sin embargo, hasta ahora se desconoce si la persona cumplía una encomienda oficial o personal.

Debido a la denuncia, el TSJ emitió un escueto comunicado en el que informó que inició los procedimientos administrativos para investigar qué sucedió y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan.
“Es importante resaltar que uno de los ejes rectores de esta administración es la disciplina, el orden y la vigilancia continua, se aplicará la respectiva normatividad”.
“En este sentido se han girado las instrucciones necesarias a fin de iniciar a los responsables de estas acciones el proceso administrativo correspondiente ante el órgano competente”, anunció.

Abogan por reforma legal correspondiente.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos afirmó que el Congreso de la Unión y los Congresos locales deben debatir sobre la reducción de la edad penal, en virtud del contexto actual en que cada vez más menores cometen o participan en delitos de alto impacto.

Iván Velasco Alcoser, presidente de la Barra de Abogados, señaló que es un tema que los barristas han planteado desde tiempo atrás, y hasta hubo capacitaciones en Estados Unidos sobre el tema de justicia penal para adolescentes; sin embargo, hubo organismos de derechos humanos que pugnaron por un esquema de protección a favor de los menores en conflicto con la ley.

“La propuesta de la reducción de la edad penal la trajimos la Barra de Abogados cuando era fiscal general, en ese tiempo se le denominaba procurador general de justicia, Pedro Luis Benítez Vélez, ex presidente de la Barra de Abogados. Fuimos a una capacitación al estado de Arizona, en Estados Unidos; se propuso al Congreso y debido a que derechos humanos decía que no era procedente, no se pudo lograr”, explicó.

Sostuvo que ante las nuevas circunstancias, “esperamos trabajar en conjunto como se ha hecho con los diputados de la actual legislatura, para que se haga la propuesta para la reducción de la edad, por cuanto a los menores infractores, para cuando cometan delitos de alto impacto y éstos sean juzgados con las penas que se les impone a los adultos”.

Indicó que el tema está en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, pues se requeriría reformar la Ley General de Justicia Penal para Adolescentes y luego armonizar las leyes en las entidades federativas. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general dirigida a los gobiernos federal y los estados, con la finalidad de que apliquen políticas públicas tendientes a revertir las condiciones de pobreza y marginalidad de los jornaleros agrícolas.

Al emitir la recomendación general 36, el organismo solicitó a esas autoridades elaborar conjuntamente un diagnóstico nacional para identificar a la población jornalera agrícola, los flujos migratorios, las entidades federativas de origen y destino, y las problemáticas recurrentes para impulsar acciones y programas para hacer efectivo el goce de sus derechos humanos.

También recomendó considerar las deficiencias observadas en el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) e intercambiar información relacionada con ese grupo poblacional y los centros o empresas agrícolas para integrar o actualizar un registro único de éstos y favorecer las acciones de supervisión;  celebrar los instrumentos jurídicos que permitan la ejecución de proyectos en beneficio de esas personas; y garantizar que las unidades de trabajo y albergues que subsistan cuenten con los servicios básicos y sanitarios pertinentes.

Destacó que el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2019 y si bien presentaba deficiencias en su operación y había áreas de oportunidad para su mejora, preocupa a la CNDH la ausencia de programa o política pública que cuente con alguna acción en concreto, y refrendó la obligación de los Estados de asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos para la vigencia de los derechos humanos. 

El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, tal obligación subsiste aun frente a recortes o ajustes presupuestales, sin perjuicio de las medidas que se adopten para el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos.

Durante la integración del expediente que dio origen a la recomendación general, detectó que falta coordinación interinstitucional entre las autoridades laborales federales y locales, y entre las dependencias a las que compete la salvaguarda y satisfacción de los derechos de ese grupo poblacional, subrayó la carencia y actualización de información de centros o empresas agrícolas y ausencia de diligencia en las inspecciones ordinarias y extraordinarias.

Además, recordó que la ley contempla desde 2017 en el artículo 123 que es un trabajo de riesgo y prohibe el trabajo infantil en los ranchos jornaleros, es muy importante que se cumpla con la normatividad sobre las condiciones dignas de trabajo y la aplicación de programas sociales para que los niños estén en las escuelas y no en los campos, a donde los llevan sus familias por necesidad.

Debido a la falta de información y su actualización, la CNDH refirió en esta recomendación general los datos de la Encuesta Nacional Jornalera Agrícola elaborada en el año 2009 por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mediante la cual se identificó aproximadamente a 2 millones 40 mil 414 personas jornaleras agrícolas –40% de origen indígena—, y a partir de la encuesta se estimó una población jornalera migrante actual aproximada de 2 millones 71 mil 483 personas.

De acuerdo con “Enlaces y Voces Mesoamericanas” y “Red de Jornaleros Internos”, el 50% de las personas jornaleras agrícolas procede de los estados con mayor marginalidad en el país, especialmente de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero, y que tienen los porcentajes más elevados de población en situación de pobreza, donde las principales carencias sociales se relacionan con el rezago educativo, calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos y a la seguridad social.

Por ello, la CNDH recomendó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los gobernadores fortalecer la competencia de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, e impulsar un modelo de protección laboral que considere las distintas etapas de reclutamiento y contratación, ya sea a través del Programa de Apoyo al Empleo o independiente de éste.

También, establecer un programa específico de inspección a centros con actividad agrícola, así como de las condiciones en que viven las personas jornaleras agrícolas y sus familias en las comunidades de destino.

A la Secretaría de Bienestar le solicitó concretar la elaboración y aplicación de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, considerando la perspectiva de género, la edad y la diversidad cultural; y al IMSS se le recomendó fortalecer las acciones para incrementar el registro de patrones del campo y personas jornaleras agrícolas afiliadas a ese instituto.

En Morelos tampoco existen cifras actualizadas sobre el número de jornaleros agrícolas que llegan a los campos a trabajar en el corte de caña y cosecha de hortalizas, jitomate, elote. Pero se estima que más de 5 mil y, en ocasiones, más de 10 mil, llegan a trabajar a los municipios de Ayala, Cuautla, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlahucan, Jojutla, Tlaltizapán y Puente de Ixtla.

La mayor parte son de origen indígena, provenientes de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, principalmente. 

El TSJ reclama recursos suficientes para cumplir con sentencias judiciales relacionadas con el pago de las pensiones de los trabajadores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apercibió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo con aplicarles la destitución a sus titulares por desacato judicial, luego de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas López, se quejó de que no le han sido suministrado recursos suficientes para cumplir con la sentencias de las controversias constitucionales, relacionadas con el pago de las pensiones de trabajadores judiciales en retiro.

La presión del máximo tribunal del país aumentó  hacia el Congreso de Morelos y el gobierno de Morelos, debido a que la titular del Poder Judicial acusó que para cumplir con uno de los bloques de sentencias (enlistadas en el acuerdo 25 de febrero de 2019 emitido por la SCJN) sólo recibió una transferencia de  2 millones 269 mil 138 pesos  con 91 centavos, de un total de 8 millones 470 mil 411 pesos con 72 centavos que el TSJ necesita para cubrir el pago de las pensiones previsto en los decretos de jubilación.

También la titular del TSJ se quejó de que en el presupuesto suministrado no se contempló el pago de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y seguro de vida, ni se consideró el aumento porcentual al salario mínimo y prestaciones.

Por tal razón, la SCJN lanzó un ultimátum a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para cumplir con las sentencias, en razón de lo expuesto el Poder Judicial.

“En consecuencia, con copia simple del escrito de cuenta dese vista al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para en que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo y en términos del Punto Segundo fracción 11 del Acuerdo del Tribunal Pleno antes citado, suministre de manera inmediata los $6'201,272.81 M.N. (seis millones doscientos un mil doscientos setenta y dos pesos 81/100 Moneda Nacional) que refiere el Poder Judicial del Estado de Morelos para dar cumplimiento a las sentencias de las controversias constitucionales 112/2016, 241/2016, 225/2016, 132/2016, 240/2016,222/2016, 242/2016, 122/2017, 128/2016 y 223/2016, en el sentido de que las pensiones a cargo del Poder Judicial de Morelos deben cubrirse con los recursos que provea el Congreso del Estado de Morelos para satisfacer la obligación en cuestión (…)”.

“Asimismo, dese vista para que manifieste en relación a lo informado por el Poder Legislativo de Morelos, en el sentido de que se realizará la autorización de una ampliación presupuesta por el monto que resulte necesario para arribar a la cantidad de $105, 450, 034.49 M.N. (ciento cinco millones cuatrocientos cincuenta mil treinta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional) de manera oportuna conforme a las fechas límites que corresponden a uno de los bloques ordenados en el acuerdo de mérito, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se decidirá lo que en derecho proceda con elementos que obran en autos sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito”.

Y, en el acuerdo emitido por el magistrado presidente de la SCNJ, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, no sólo se requirió el cumplimiento de los fallos en el plazo concedido sino que se advirtió que, en caso de desacato, se aplicaría el último párrafo del artículo 105 constitucional que establece que se aplicarán las acciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que a su vez indica que “cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido (la sentencia), procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito”.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, se pronuncia por mayor castigo para adolescentes que cometan delitos graves.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pidió retomar el debate sobre la necesidad de reducir la edad penal, para que adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados como adultos y con ello eliminar la protección legal que -en muchos casos- es aprovechada por grupos delictivos para reclutar a menores.

Ejemplificó su postura con el caso del feminicidio de Mariana, la estudiante universitaria que fue ultrajada y asesinada por dos estudiantes de la Preparatoria 1 de la UAEM, pues mientras uno de los presuntos responsables -por tener 17 años- podría enfrentar una pena máxima de cinco años de internamiento en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), el otro imputado, de 18 años, enfrentaría una pena hasta de 70 años de prisión.

“Podemos observar que las penas son diferentes para una y otra persona, porque mientras el menor de edad es regido por la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, puede alcanzar una sanción de máximo cinco años. Por el otro lado, el adulto, de 18 años, que se rige por el Código Penal del Estado de Morelos, la ley es muy clara y la sanción es 40 a 70 años de prisión”.

Yo creo que se hace necesario que el Legislativo analice la posibilidad de reducir la edad para el menor, el adolescente que cometa delito grave, para que éste pueda ser juzgado como adulto, porque aquí vemos que cometieron el mismo hecho, pero las penas son completamente opuestas, porque uno es menor de edad y uno es adulto (por diferencia de menos de un año)”, explicó.

Explicó que es indispensable reabrir el debate sobre la reducción de la edad penal, en los casos en que adolescentes cometan delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro y violación, y enfatizó que los grupos criminales justamente por esta causa (la protección legal en materia penal de que gozan los menores de edad), usan a los adolescentes para ejecutar delitos.

“En Morelos debemos entender el acontecer social y no ha sido el primer caso, han sido de manera permanente los casos en que los jóvenes son utilizados para la delincuencia para cometer todo tipo de delito, justamente porque la sanción es mucho menor comparada con la sanción o la pena que tiene un adulto”.

Exhortó al Poder Legislativo a analizar la propuesta y debatir la necesidad de reducir la edad penal, únicamente cuando se trate de la comisión de delitos graves.  

El imputado, de 18 años de edad, está sujeto a la medida de prisión preventiva.

Defensa del exrector promueve amparo contra resolución de Tercera Sala del TSJ que permite a la Fiscalía Anticorrupción reformularle imputación.

Dicho organismo pide que no se politice el caso de la estudiante asesinada.

En medio de la polémica por la detención y el proceso penal iniciado a dos estudiantes como presuntos responsables del feminicidio de la joven Mariana Valladares Castañeda, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llamó a no politizar el caso y desmintió que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, haya iniciado una queja ante el organismo por presunta violación la autonomía universitaria.

A través de un comunicado, el encargado de despacho de la CDHEM y catedrático de la UAEM, Víctor Maruri Alquisira, dio a conocer que la comisión inició una queja de oficio por el feminicidio de la joven universitaria y abrió dos más.

La primera fue iniciada a petición de un estudiante que fue detenido por error por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado. Y, la segunda, por los tutores del adolescente de 17 años identificado con las iniciales L.A.B.B., estudiante de la Preparatoria 1 de la UAEM e imputado como uno de los dos supuestos responsables de ultrajar y privar de la vida a Mariana.

El encargado de la CDHEM enfatizó que en ninguna de las quejas iniciadas está implicada como agraviada la UAEM, y desmintió la versión de que el rector, Gustavo Urquiza, habría presentado un recurso ante la comisión por violación a la autonomía universitaria, luego de que fue difundido el video del momento en que uno de los estudiantes es detenido en las instalaciones de la Preparatoria 1.

Ante la polémica por la incursión de agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC) en instalaciones de la UAEM para detener a uno de los presuntos responsables del feminicidio, subrayó que “es importante señalar que la autonomía universitaria se resume en libertad de cátedra, libertad de ejercicio presupuestal y libertad para organizarse y elegir a sus autoridades, más no hace referencia a una extraterritorialidad o a un supra-poder que vuelva a la Universidad un espacio fuera de la jurisdicción de la ley en el Estado de Morelos. 

“Sin embargo -acotó- todas las detenciones de la Fiscalía General del Estado requieren el estricto apego a los Protocolos de Actuación, más al tratarse de alumnos de una Preparatoria de la Máxima Casa de Estudios del Estado, en la que se encuentran menores de edad y requieren ser notificados sus tutores. Lo anterior con el objeto de evitar cualquier violación a Derechos Humanos que pudiera entorpecer el debido proceso de los imputados, quienes de resultar responsables de dichos actos delictivos, deberán asumir las consecuencias”.  

Frente a las opiniones divididas, llamó a no politizar el feminicidio de Mariana y afirmó que los procesos de procuración e impartición de justicia deben desarrollarse sin especulaciones y diferencias de terceros, con la finalidad de salvaguardar los derechos de las víctimas y personas involucradas, y evitar que la polarización de la sociedad retrase la pacificación del estado Morelos.

Agregó que realizará las diligencias para la investigación y resolución de las quejas, e instó a las autoridades a colaborar con la CDHEM con la oportuna entrega de informes para la correcta investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con la fiscalía, la noche del 9 de mayo, Mariana habría sido privada de la vida por los jóvenes imputados, tras negarse a sostener relaciones sexuales con ellos. Su cuerpo fue localizado un día después, desnudo y ultrajado, sobre el circuito Santa Fe, en el municipio de Xochitepec. 

Anuncian movilizaciones para exigir justicia por el crimen 

Entró en vigor la contrarreforma que acaba con pensiones, seguridad y otras prebendas; también regresa al DIF la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

La noche del miércoles se registró una fuerte movilización policiaca y militar en las inmediaciones de ese centro de reclusión.

La intoxicación de dos internos y la detención de diez personas en posesión de armas y droga cerca de la entrada al penal de Atlacholoaya, fueron las razones de la fuerte movilización policiaca y militar en las inmediaciones del centro de reclusión registrada la noche del miércoles.

El secretario técnico de la Comisión Estatal de Seguridad, Mario Isaac Vargas Santomé, desmintió los rumores sobre una riña colectiva al interior del penal y explicó que mientras se realizaba el mantenimiento al sistema de drenaje en el área de vinculados a proceso, uno de los internos cayó en una coladera y otro intentó rescatarlo, pero al aspirar los gases acumulados en el desagüe se desmayó.

El personal de custodia los sacó de inmediato y recibieron los primeros auxilios del médico del penal, para luego ser trasladados al Hospital General de Cuernavaca “José G. Parres” y atendidos por la intoxicación.

Además del accidente al interior del penal, las autoridades también confirmaron dos incidentes más que culminaron con la detención de diez personas que se encontraban en el exterior del centro de reclusión (cerca de la garita de revisión) en posesión de armas y droga, lo que motivó también la movilización para el aseguramiento de los sospechosos.

En el primer incidente, registrado cerca de las 8 de la noche, el personal de seguridad y custodia del penal tuvo conocimiento de una riña protagonizada por dos hombres justo en la primera garita de revisión.

Al intervenir los uniformados, ambos hombres intentaron huir, pero fueron asegurados. Al ser auscultados, al sujeto identificado como Alejandro “N”, de 38 años de edad, se le encontró un arma Glock, calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido de 14 cartuchos útiles, mientras que al sujeto identificado como José de Jesús “N”, de 28 años de edad, le fue asegurada una pistola calibre 38 súper, abastecida de 9 cartuchos útiles, además de dos cargadores abastecidos con 9 cartuchos cada uno. 

En un segundo incidente, la Policía detectó que sobre la avenida Alta Tensión (que es la calle para llegar al penal de Atlacholoaya) se encontraban estacionados tres vehículos y un grupo de hombres discutiendo.

Al percatarse de la presencia policiaca, los hombres se subieron a dos de los autos (un Mercedes Benz y un Tsuru) para intentar huir, pero finalmente fueron interceptados y asegurados por los elementos.

Al revisar el vehículo Mercedes Benz se encontró un paquete envuelto con cinta canela con vegetal verde (marihuana) y una bolsa con enervante.

Por tal razón, los sujetos identificados como Gabriel “N”, de 30 años; Asiel “N”, de 20 años; Fernando “N”, de 22 años; Jonathan “N”, de 25 años; Lucio “N”, de 46 años; Fernando “N”, de 28 años; y Obed “N”, de 30 años, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Al respecto, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda señaló que es preocupante que haya personas armadas y en posesión de droga en la zona circundante del penal de Atlacholoaya, por lo que ya se abrió una investigación al respecto y se tendrá prioridad en la vigilancia del centro de reclusión, el cual –insistió el funcionario estatal- está bajo el control de la autoridad. 

El encargado de la seguridad pública en Quintana Roo asegura que las autoridades de Morelos violaron sus derechos humanos.

El organismo que defiende los derechos humanos en el país pide investigar y aplicar la ley a quien haga justicia por propia mano.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el aumento de los linchamientos en el país y llamó a las autoridades no sólo prevenirlos sino investigar y aplicar la ley a quienes hacen justicia por su propia mano.

Al presentar el Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional, elaborado por la CNDH y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el organismo señaló que la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de seguridad pública para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, han propiciado que se canalice o dirija el hartazgo e impotencia social, ante una realidad que las vulnera y lastima, para que incurran en acciones violentas contra quienes consideran o suponen que cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen.

Puntualizó que el aumento de los linchamientos, ilustra la falta de capacidades del Estado para mantener el monopolio legítimo de la fuerza, el control sobre el territorio, y para garantizar la aplicación de la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas que son síntomas de una crisis de autoridad e institucionalidad.

El titular la CNDH, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que los linchamientos son un problema vigente en el país, que se debe atender y prevenir, porque por sí mismos son conductas ilícitas, que no constituyen una vía para alcanzar la verdad ni la justicia, por lo que es indispensable que los casos que se presenten se registren, investiguen debidamente y, con base en ello, se impongan las sanciones procedentes.

Recalcó que la seguridad de la sociedad y la aplicación de la ley no puede quedar en manos de particulares, porque esa no sólo es responsabilidad sino obligación de las autoridades garantizarla.

Pretender lo contrario, dijo, abre la puerta a que los ilícitos se combatan con otros ilícitos y la violencia se pretenda abatir con más violencia, al margen de la ley y de las instituciones.

De acuerdo con el informe especial, los linchamientos muestran tendencia constante de crecimiento en el país desde 2015. En 2016 el incremento respecto a 2015 fue del 37%, mientras que 2018 presentó un claro repunte, con aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos. En cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidos y lesionados, el incremento en ese año fue del 146%, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018.

En total, del 2015 al 2018 la CNDH registró 336 casos en 188 municipios del país. Al menos seis de ellos ocurrieron en algún municipio de Morelos. Los datos que se registran en 2019 confirman esa tendencia, ya que en los 5 primeros meses se han registrado 67 casos de linchamiento, con 107 víctimas, frente a los 174 casos con 271 víctimas, presentado durante todo 2018.

El Informe Especial sobre los linchamientos en el territorio nacional, incluyó 10 propuestas que se formularon de manera temática y están dirigidas a autoridades de los tres niveles de gobierno, cuyo ámbito de competencia se relaciona con la prevención, reacción y atención del citado fenómeno, las cuales están dirigidas al Consejo de Seguridad Pública, Congreso de la Unión, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejos Estatales y Consejos Regionales de Coordinación.

Linchamientos en Morelos

En julio de 2018, dio la vuelta al mundo la noticia de que en el municipio de Tetela del Volcán, ubicado en los Altos de Morelos, una turba linchó a un ciudadano colombiano, quien presuntamente se dedicaba a extorsionar a comerciantes.

Pese a que fue noticia internacional, la Fiscalía General del Estado no avanzó en la investigación sobre quiénes golpearon hasta la muerte al hombre, ni se esclareció si la víctima era inocente o si realmente estaba implicado en algún delito.

De acuerdo con investigaciones revisadas por la CNDH (Guillén & Veloz) entre 2010 y 2014 ocurrieron en Morelos, por lo menos 33 casos de linchamiento. Pero según las estadísticas recientes del organismo nacional, entre 2015 y 2018 documentó seis casos de linchamiento en Morelos, perpetrados en los municipios de Cuernavaca, Axochiapan, Tetela del Volcán y Tlayacapan.  

El robo o asalto fue la principal causa de linchamiento y se reportó que un 30% de los casos fue iniciado por transeúntes, un 25% por líderes comunitarios y un 20% por presuntas víctimas del linchado. El número de personas que participaron en el linchamiento fue de 10 a 50 aproximadamente. 

La Suprema Corte admite el recurso pero niega suspensión provisional.

El Ayuntamiento de Jojutla promovió una controversia constitucional contra el gobierno federal por su exclusión del Subsidio del Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) para los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el recurso de control constitucional 177/2019, pero negó la suspensión a la comuna de la región sur, que había solicitado la medida cautelar para efecto de que se frenara la entrega y aplicación de los recursos a los municipios de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Yautepec, que sí fueron seleccionados para ser beneficiarios del subsidio Fortaseg.

“En razón de lo anterior, atento a las características particulares del caso y a la naturaleza del acto impugnado, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio en la sentencia que en su oportunidad se dicte, procede negar la suspensión, en razón de que no es dable conceder la medida cautelar en los términos pretendidos por el accionante, ya que la inclusión de los municipios referidos al otorgamiento del subsidio y la aplicación de los recursos que de él emanan, constituyen actos consumados que, bajo ninguna circunstancia, pueden dejar de ministrarse o suspenderse a través de esta vía incidental”, atendió la SCJN.

La ministra de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, será quien analice el reclamo del Ayuntamiento de Jojutla y elabore el proyecto de resolución. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) adoptó un nuevo protocolo de actuación para la investigación de los crímenes relacionados con la orientación sexual de las víctimas.  

A través del acuerdo 03/2019, expedido por el titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, se estableció la adopción y aplicación del Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, emitido por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

De esta manera, los servidores públicos de la fiscalía morelense están obligados a conocer y seguir las reglas de actuación establecidas en el protocolo para casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género en la investigación de hechos y la persecución de los responsables de aquellos, en casos que involucren a personas LGBTTTI, a fin de poner en práctica acciones afirmativas con base en la orientación sexual, identidad de género, la expresión de género y/o las características sexuales, sustentadas en el respeto y garantía de los derechos humanos, con perspectiva de género y no discriminación.

Para ello, la Coordinación General de Administración gestionará la capacitación de los servidores públicos de la institución para llevar a cabo la adopción y aplicación del protocolo. 

Un juez no vinculó a proceso al exalcalde de Cuautla, acusado de peculado.

El comisionado estatal de seguridad pide a transportistas de la región oriente no dejar de denunciar ilícitos como el robo de vehículos y la extorsión.

El comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, llamó a los ciudadanos a ayudar a la Fiscalía General del Estado para robustecer la indagatoria que se le sigue a Raymundo Castro Salgado, alias “El Ray”, y otrora líder criminal en la región oriente de Morelos, quien actualmente se encuentra bajo proceso por secuestro exprés y sujeto a investigación por diversos delitos.

Tras reunirse con un grupo de transportistas de la zona oriente, reconoció que el robo de vehículo se incrementó en un 30% en esa región, pero también pidió la colaboración de los concesionarios para prevenir y combatir el delito a través de la denuncia.

“Se les hizo ver que si no hay denuncia pronta, cuando ya nos avisan, ya sacaron el vehículo del estado y yo más allá del estado no puedo salir. Ya quedamos que aunque sea a través de una denuncia anónima, porque otra vez está el problema del miedo a denunciar, pues aunque sea con una denuncia anónima, en el momento en que sucede el robo nosotros nos activamos y tenemos ahorita filtros en varios puntos del estado para poder recuperar el vehículo de ellos”, dijo.

Expresó que los transportistas se quejaron de que son blanco de extorsión, pero es indispensable que ellos y el resto de los ciudadanos que han sido víctimas presenten sus denuncias, sobre todo porque “El Ray”, a quien se le atribuye la ola de violencia y delitos en la región, se encuentra preso y bajo proceso en el penal de Atlacholoaya.

“Que denuncien, por supuesto, porque ellos se quejan que toda su vida han estado extorsionados; entonces, es el momento que se sumen a la denuncia que se hizo; una persona hizo una denuncia y por eso está ahorita preso ‘El Ray’ y la fiscalía tiene dos meses para reunir las pruebas suficientes que se pueden ir sumando”, expresó.

Afirmó que tras la detención del capo, se vive en la región un impasse y bajaron tanto la violencia como los homicidios, porque los criminales están a la espera del destino de “El Ray” para después reactivar las disputas.

“Ha bajado un poco. Yo creo que ellos están esperado qué es lo que pasa con ‘El Ray’, si sale o no sale, y yo creo que después de eso ya vendrá la lucha por quien va a ser el próximo. Recuerden ustedes lo que pasó en la administración federal pasada, 120, 120 y tantos blancos prioritarios que puso el presidente Peña se aseguraron, pero la delincuencia no bajó, se empieza a dividirse más y entonces debemos de estar preparados para eso”, sostuvo.  

Ya son cinco personas las implicadas en el plagio y homicidio del hermano del exgobernador Marco Adame Castillo.

Marisol “N” y Roxana “N”, ambas de 24 años de edad, permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se realiza la audiencia de vinculación a proceso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la detención de dos mujeres más, como presuntas implicadas en el secuestro y homicidio de Humberto Adame Castillo, hermano del exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Marco Antonio Adame.

De acuerdo con la FGE, este domingo en Cuernavaca se detuvo a Janet Marisol “N”, y en el municipio de Mazatepec a Roxana “N”, ambas de 24 años y residentes del municipio de Puente de Ixtla, quienes al momento de su captura llevaban consigo parte del dinero exigido a los familiares por el rescate de la víctima.

De inmediato fueron puestas a disposición de un juez de control, quien decretó la legal detención, y la representación social formuló imputación a ambas por el presunto delito de secuestro agravado.

Por lo pronto, Marisol y Roxana permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras se realiza la audiencia de vinculación a proceso. Con esta detención, suman cinco las personas aprehendidas y puestas disposición de un juez por su presunta implicación en el crimen.

El pasado 3 de mayo, la víctima fue vista por última vez por sus trabajadores al salir de su centro de trabajo, en el municipio de Mazatepec. Posteriormente, sus familiares recibieron llamadas telefónicas en las que se exigió el pago del rescate.

El 15 de mayo fue cuando los primeros tres presuntos implicados fueron detenidos durante un operativo conjunto de la FGE y fuerzas federales, y la tarde del jueves 16 de mayo fue localizado el cuerpo de Humberto Adame en un paraje del poblado de Alpuyeca, municipio de Xochitepec.

Vecinos de Amilcingo exigen que se esclarezca el crimen.

Un grupo de habitantes de la comunidad de Amilcingo, del municipio de Temoac, e integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) bloqueó el acceso principal de la Fiscalía General del Estado y el paso de vehículos sobre la avenida Emiliano Zapata para exigir el esclarecimiento del asesinato del comunicador y opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes.

Los manifestantes realizaron pintas, pegaron carteles en la barda perimetral de la fiscalía e impidieron la salida de vehículos oficiales. “¡Queremos al fiscal, queremos al fiscal!”, fue una de las consignas de los inconformes, quienes exigían ver a titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, ante la falta de avances en el caso Samir, a tres meses de su asesinato.

En la lectura de un comunicado, los habitantes de la comunidad reprocharon a la fiscalía su desdén hacia el caso Samir, pues mientras los responsables del crimen del luchador social permanecen impunes, en otros casos, como en el ataque ocurrido el 23 de abril en el restaurante Los Estanques, en el municipio de Cuautla, el asesinato de dos líderes sindicales en el zócalo de Cuernavaca y el secuestro y homicidio de Humberto Adame, hermano del exgobernador y diputado federal panista, toda la institución se movilizó para reunir evidencias, avanzar en las investigaciones y detener a implicados.

“Nosotros no cuestionamos ¿cómo es que en estos casos avanzan tan rápidamente las investigaciones, mientras que con las investigaciones de nuestro hermano Samir Flores no hay avance alguno? ¿Qué es lo que obstaculiza la investigación? ¿Hacia dónde se quiere desviar la atención, cuando el señor Hugo Erick se jacta de decir que el asesinato de nuestro hermano Samir Flores tiene que ver con el crimen organizado? ¿A quiénes protege? ¿Por qué la fiscalía general se niega atraer el caso?”, cuestionaron.

De acuerdo con la versión oficial, a las 5:45 de la mañana del 20 de febrero, alguien tocó a la puerta de la casa de Samir Flores, donde vivía con su pareja y sus padres, en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac.

Atendió su madre, quien detrás de la puerta escuchó la voz de un hombre, quien pedía ver a Samir para pedirle un anuncio en la radio comunitaria donde laboraba.

Sin mayor sospecha, Samir salió a atender, saludó al hombre y caminó por el exterior de la casa. La pareja de Samir y su padre permanecieron en el interior, pero su tranquilidad fue allanada cuando escucharon disparos y salieron para encontrar a Samir en el suelo, con dos disparos en el rostro. Con la intención de salvarlo, el activista fue trasladado al hospital comunitario de Jonacatepec pero pereció.

La FGE abrió seis líneas de investigación. La primera, relacionada con una posible represalia del grupo criminal denominado Comando Tlahuica. La segunda, vinculada con alguien del gobierno por la oposición de Samir al proyecto de la termoeléctrica. La tercera, vinculada a un grupo ciudadano a favor de la termoeléctrica. La cuarta, relacionada con la labor que Samir desempeñaba como comunicador de la radio comunitaria Amiltzinko. La quinta, un conflicto laboral con el Ayuntamiento de Temoac. Y, la sexta, la existencia de un conflicto por el cierre de un centro escolar en el municipio.

Sin embargo, a tres meses del crimen no hay ningún detenido como presunto responsable material o intelectual del asesinato de Samir, quien era apreciado en la zona y conocido por su aposición al Proyecto Integral Morelos (PIM).

El exceso de trabajo en segunda instancia lo requiere, aseguran; proponen que la Sala Auxiliar cambie de nombre y se reasigne Tercer Circuito

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia propusieron cambiar la denominación de la Sala Auxiliar y adscribir al Tercer Circuito una sala más, ante el incremento considerable de asuntos que se reciben en segunda instancia.

La semana pasada, durante la sesión de Pleno, un grupo de magistrados planteó la necesidad de trasladar a ese circuito, con sede en Cuautla, una de las cuatro salas que se encuentran adscritas al Primer Circuito, con la finalidad de atender la sobrecarga de trabajo.

El tema tuvo consenso, pero hubo diferencias en cuanto al tema de los viáticos que reciben algunos magistrados que han estado en salas foráneas. El magistrado Valentín González, dijo que los ocho mil pesos que recibe mensuales no le alcanzan y hasta sugirió un incremento a la magistrada presidente, Carmen Cuevas López.

En tanto, la magistrada María Idalia Franco, consideró que los viáticos son un concepto que se debe suprimir porque hay austeridad y la adscripción de los juzgadores no debe estar supeditada a que se reciban recursos extras.

En tanto, la magistrada Bertha Rendón Montealegre, adscrita a la Sala del Tercer Circuito y quien renunció a recibir viáticos, señaló que es un hecho que se necesita el apoyo de otra sala y sostuvo que, si por razones presupuestales o de otra índole fuese imposible este años  trasladar otra sala a Cuautla, podría posponerse para que opere a partir de enero de 2020.

A propósito de este tema, el magistrado Norberto Calderón Ocampo propuso cambiar la denominación de la Sala Auxiliar  y, de así proceder, adscribirla a Cuautla.

“Si se va incorporar cualquier sala, voy a presentar un proyecto en donde este Pleno no sólo reconozca los derechos y obligaciones que les corresponden a los magistrados que integran esta sala (Sala Auxiliar) sino que ésta sea la Cuarta Sala y, que en esa medida, entre al proyecto de cómo se va asignar la sala que se adscriba a Cuautla.

“No sé si se hará por insaculación o si es individual o por ponencia, pero si es por sala, que la Sala Auxiliar cambie de denominación formalmente a través de un acuerdo del Pleno como la Cuarta Sala”, recalcó.

Un juez decretó como legal su detención y los someterá a proceso por violación a las leyes de inhumación y secuestro agravado

Viento, lluvias y la disminución de los incendios forestales dispersaron la capa de humo que cubría a Cuernavaca y el área conurbada; emisiones contaminantes están por debajo de los límites establecidos en la norma.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado suspendió la contingencia extraordinaria por la calidad del aire, provocada principalmente por los incendios forestales en la zona metropolitana de Cuernavaca.

Debido al viento y la llegada de las primeras lluvias, se dispersó la capa de humo que cubría la capital morelense y el área conurbada, y que generó molestias a los habitantes como irritación de ojos y de vías respiratorias.

“Gracias a las condiciones meteorológicas y la disminución de los incendios forestales, la calidad del aire mejoró este sábado y las emisiones se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles”, anunció la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Pese a ello, las autoridades mantuvieron el llamado a la población a tomar todas las medidas posibles para evitar incendios forestales, quemas agrícolas sin control o quema de basura que puedan causar no sólo daños a la flora y fauna de la región, sino provocar daños ambientales y a la salud de la población.

La dependencia estatal señaló que mantendrá estrecha vigilancia en la calidad del aire del estado, así como en la atención de los incendios forestales que pudieran presentarse.

También llamó a los municipios a estar alertas ante cualquier conflagración y solicitar el apoyo a las autoridades cuando sea necesario. 

Dos tribunales colegiados ordenaron a jueces federales admitir las demandas promovidas por habitantes de comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Dos tribunales colegiados ordenaron a jueces federales admitir las demandas de amparo promovidas por habitantes de comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala iniciadas contra la consulta convocada por el gobierno federal para poner en funcionamiento la termoeléctrica, el acueducto y el gasoducto, que forman parte del denominado Proyecto Integral Morelos (PIM).

En vísperas de la consulta realizada el 23 y 24 de febrero en todo Morelos y 24 municipios de Puebla y Tlaxcala, los Juzgados Primero y Cuarto en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales del Sexto Circuito, con sede en la capital poblana, desecharon los juicios de amparo 199/2019 y 209/2019 que pretendían frenar e invalidar la consulta convocada por el gobierno federal.

Al resolver la queja 62/2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que los demandantes sí tienen legitimidad jurídica para la promoción de la demanda de garantías, pues “no se actualiza una causal manifiesta e indudable que lleve al desechamiento de plano de la demanda de amparo; sino que se requiere darle trámite y, en su oportunidad, al contar ya con los informes justificados y las pruebas que se puedan acompañar a éstos, y las que aporten las demás partes en el juicio, se estará en condiciones de resolver en la sentencia lo que proceda en derecho”.

En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver la queja 55/2019  contra el desechamiento, consideró fundado el recurso, porque “con la realización de la consulta de mérito y su resultado aprobatorio por la mayoría de los encuestados, se abre la puerta a la inminente concreción del Proyecto Integral Morelos, con lo que es patente que se estaría modificando de manera unilateral, la situación jurídica de los quejosos, respecto de su derecho a que se les dote como pueblos y comunidades indígenas, de una protección especial, en la que se garantice su participación efectiva en las medidas administrativas que se lleven a cabo dentro de su territorio que puedan llegar a impactar su entorno o hábitat, como es la construcción de una planta termoeléctrica, un acueducto y gasoducto.

“Además, la determinación del a quo en cuanto a una la falta de afectación a la esfera jurídica de los quejosos con la consulta reclamada, no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues aquel supuesto constituye una cuestión de fondo que no puede ser analizada al presentarse la demanda”.

A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, afirmó que “los criterios erróneos emitidos por los jueces Primero y Cuarto de Distrito con sede en Puebla, permitieron la realización de la consulta ilegal de Obrador y se suman a los emitidos en sentido semejante por los jueces tercero y sexto de Puebla, así como Noveno de Morelos, lo que deja ver una consigna de los juzgados federales de negar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas afectados por el PIM y que en esta nueva administración no existe independencia de poderes.

“Ahora los jueces primero y cuarto están obligados a darle trámite a los amparos y se encuentran pendientes de resolver otra media docena de quejas sobre desechamientos de amparo, admisiones parciales, negativas de suspensión y suspensiones de plano insuficientes”.

Fueron capturados en la Ciudad de México en un operativo antisecuestro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó que los presuntos policías detenidos durante un operativo antisecuestro en la Ciudad de México, pertenezcan a la institución, pero expresó su disposición para colaborar en cualquier requerimiento de información de su homóloga capitalina.

Luego de que en diversos medios de comunicación trascendió que entre los detenidos durante el operativo de rescate de una víctima de secuestro, que culminó en enfrentamiento que cobró la vida de un oficial antisecuestro y uno de los plagiarios, se encontraban dos presuntos elementos de la fiscalía morelense, informó que ninguno de los hombres aprehendidos como responsables del delito pertenece a la institución.

“Esta institución afirma que los identificados en dichos actos, de acuerdo a lo publicado, como se mencionó a través de diversos medios y plataformas, como Alan René Cruz Ponce y Jordán Fernando Téllez Arce, que resultaran lesionados en las acciones operativas encabezadas por la Fiscalía Antisecuestro de la capital del país, así como un fallecido identificado como Mario Cortés Hernández, no pertenecen, ni han pertenecido a ninguna área operativa o administrativa en la Fiscalía General del Estado de Morelos”, recalcó mediante un comunicado.

Precisó que -hasta el momento- su homóloga de Ciudad de México no ha requerido ningún tipo de colaboración por este caso relacionada con detenidos y presuntos responsables del delito de secuestro, sin embargo, expresó su disposición para colaborar con la información que le sea requerida para el esclarecimiento de los hechos. 

En medio de un insólito sigilo, un juez y un oficial judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos en agravio de la sociedad.

Aunque la audiencia se desarrolló este lunes, fue hasta este martes, en el marco de la reunión del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, cuando la titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS), Adriana Pineda Fernández, leyó un comunicado en el que se dio a conocer la vinculación a proceso del juez del TSJ identificado con la siglas R.B.L., y el oficial judicial J.A.M.D.

Según el comunicado, “De acuerdo a los hechos, fue la noche del 25 de noviembre del año 2016, cuando un oficial judicial de iniciales J.A.M.D vía telefónica se comunicó con el Juez de Control de iniciales R.B.L., en donde a cambio de una cantidad de dinero, realizaría funciones inherentes a su cargo concediendo una ventaja indebida a una de las partes involucradas en un litigio”.

El juez responsable de la vinculación a proceso dictó prisión preventiva para el oficial judicial, no así para su homólogo, porque supuestamente no había argumentos para dictar tal medida cautelar.

Sin embargo, la escueta información de la UECS generó más dudas que certezas sobre el caso, debido a que el juez de control que estuvo a cargo de la audiencia ordenó a las partes mantener todo bajo estricto sigilo, apercibiendo a la representación social con imponer medidas de apremio en caso de ventilar públicamente información al respecto.

Incluso, decretó como privada la audiencia y ningún medio de comunicación tuvo acceso. De acuerdo con juristas consultados, fue un exceso la restricción impuesta por el juez de la causa a la representación social, pues existe jurisprudencia en la que se estableció que la secrecía total se aplica únicamente en casos de agresiones sexuales, para proteger a las víctimas.

Además, según especialistas, se violenta el principio publicidad del sistema de justicia adversarial, poniendo en entredicho y generando suspicacias de complicidad, pero será el agente del Ministerio Público quien deba de apelar estas restricciones en segunda instancia.

El antecedente del caso se remonta al 4 de abril, cuando el TSJ suspendió de sus funciones al juez Roberto “N”, por presuntos actos de corrupción graves, al ser acusado supuestamente de favorecer, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores, en octubre de 2016.

Incluso, versiones no confirmadas indican que el juez estaría ya bajo la medida de prisión preventiva por un juicio penal relacionado con el delito de secuestro y, por ello, en la vinculación a proceso por cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos no se le impuso tal medida.

Pero la información contrasta, porque el oficial judicial que fue vinculado a proceso junto con el juez, ya se encontraba preso por su presunta implicación en el caso Tona; sin embargo, las especulaciones sobre el caso son producto del inaudito hermetismo del Poder Judicial.   

Más jueces en la mira

En la reunión del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, se le preguntó al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, si existen otros jueces bajo sospecha de actuar al margen de la ley o incurrir en corrupción. 

El encargado de la política interna respondió que “la corrupción no será permitida en ningún Poder del Estado, en ninguno de los órdenes ni niveles, vamos a ser implacables en la lucha contra la corrupción.

“Si hay otros jueces que están siendo motivo de investigación y cuando se tengan elementos suficientes para presentar las denuncias se harán y se actuará con todo el peso de la ley”. 

Analizan FGE y CES secuencias de foto y video sobre los hechos del 8 de mayo.

La Comisión Estatal de Seguridad reitera que ese vehículo es el más usado para cometer homicidios y hace un llamado a los diputados.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) llamó al Poder Legislativo a unir esfuerzos para regular el uso de motocicletas para frenar la ola de homicidios dolosos, ya que este tipo de vehículo es el principal medio de transporte utilizado por los delincuentes para cometer el delito y huir.

El secretario técnico de la CES, Mario Isaac Vargas Santomé, señaló que de diciembre a la fecha se han revisado más de 80 mil motocicletas y, en el marco de la mesa interinstitucional de coordinación para la paz y la seguridad, se observa que prevalece el uso de este vehículo para cometer ilícitos.

Indicó que de acuerdo con estadísticas oficiales, en el rubro de homicidios dolosos -por cada 100 mil habitantes- Morelos está en el quinto lugar, pero en el ranking nacional oscila entre el 10 y el 12.

“En la actualidad se han revisado más de 80 mil inspecciones a motociclistas desde diciembre a la fecha. Producto del estudio de esta mesa de coordinación se determinó que un gran porcentaje de los homicidios dolosos que se cometen en el estado es el mismo modus operandi: dos motociclistas que llegan, uno se baja y ejecuta”, dijo.  

Explicó que quienes utilizan este modus operandi para privar de la vida a las personas, generalmente son integrantes de alguno de los cinco cárteles locales y nacionales que operan en el territorio estatal.

Cuestionado sobre los constantes  homicidios, señaló que “es algo que no se puede prevenir, la realidad es que en el estado de Morelos operan esos cuatro cárteles, y operan de la misma manera. ¿Cuál es el modus operandi de estos? Son motocicletas, son motociclistas, tenemos que actuar sobre las causas”.

Por ello, insistió en que la autoridad requiere de la participación del Poder Legislativo para regular este tipo de transporte, que ha servido a los delincuentes no sólo para ejecutar un asesinato, sino para evadir la acción de la justicia.

Incluso, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, adelantó que el Poder Ejecutivo elabora su propia iniciativa de ley y en breve será presentada, en la que se aprovecharán las mejores prácticas internacionales y experiencias de otros países, como Colombia, que han padecido el mismo fenómeno delictivo.  

Mediante una controversia constitucional, dicha alcaldía culpa a dependencias federales por la contaminación de dicho afluente.

El municipio de Xochitepec, a través de una controversia constitucional, busca impugnar las medidas cautelares impuestas por un juez federal a diez municipios para frenar la contaminación del río Apatlaco.

Hace unos días, la síndico municipal, María del Rosario Flores Gaona, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para iniciar la controversia constitucional 181/2019 contra el Poder Judicial de la Federación, a través del Juzgado Cuarto de Distrito de la referida entidad, así como el Poder Ejecutivo federal, por medio de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El municipio impugnó el acuerdo emitido el 14 de marzo pasado por el Juzgado Cuarto de Distrito, dentro de la Acción Colectiva 17/2016, por el que se ordenó a diez ayuntamientos, entre ellos Xochitepec, implementar dos medidas cautelares para evitar la continuación de la contaminación del río en tanto se resuelve el caso.

Las medidas consistían en “identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como donde se originan las descargas residuales y aguas grises que desembocan en el Río Apatlaco o sus afluentes”, y “clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje” en los domicilios detectados.

El Ayuntamiento consideró que son las dependencias federales –Conagua, Profepa y Semarnat- las responsables de la omisión de realizar la identificación, mapeo y clausura de esas descargas residuales e industriales que actualmente son vertidas a la cuenca del río Apatlaco y sus ramales.

Las controversia fue admitida a trámite y será el ministro instructor, Luis María Aguilar Morales, quien determine si procede o no la admisión del recurso de control constitucional.

Cuernavaca es otro de los municipios que expresó su inconformidad con las medidas cautelares ordenadas por el juzgado federal, y promovió un juicio de amparo en el que se le ha negado la suspensión contra los actos impugnados. 

Raymundo Castro Salgado es señalado como presunto responsable del delito de secuestro exprés, y están abiertas varias investigaciones por su supuesta implicación en otros ilícitos.

Un juez de control vinculó a proceso a Raymundo Castro Salgado, alias “El Ray”, como presunto responsable del delito de secuestro exprés, y mantiene abiertas varias investigaciones por su supuesta implicación en otros ilícitos.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que tras la detención del capo, el pasado 8 de mayo en la capital del estado de Puebla, se cumplió una orden de aprehensión obsequiada por un juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones del Segundo Distrito Judicial, por el delito de secuestro exprés.

“Por este delito, la Fiscalía Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Morelos le formuló imputación. Tras su captura, el juez de la causa le impuso prisión preventiva oficiosa y lo vinculó a proceso durante la audiencia realizada este lunes por el delito de secuestro exprés, fijándose un plazo de dos meses como plazo para la investigación complementaria.

“Es importante destacar, que a Isidro Raymundo “N” “El Ray”, presunto líder estatal del grupo delictivo autodenominado Guerreros Unidos/Comando Tlahuica, se le investiga por delitos contra la salud, secuestro, extorsión a través del cobro de piso en contra de autoridades municipales, comercios, bares, mercados, empresas de desperdicios industriales y transportistas de la Región Oriente del estado de Morelos”, estableció el comunicado.

Detalló que la FGE dará vista de los casos derivados a la Fiscalía General de la República para que investigue al capo, a quien también se identifica como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente, por presuntos delitos asociados a la delincuencia organizada.

Adicionalmente, precisó la FGE, “al practicarse un cateo en el domicilio ubicado en la Calle 45 Poniente, de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, La Noria, en el Estado de Puebla, fue localizada una camioneta Land Rover de color blanco, relacionada con los hechos delictivos registrados en el restaurante Los Estanques, ubicado en el Municipio de Cuautla, así como documentación que relaciona a personas que estuvieron en ese sitio en el momento del ataque en el que fallecieron 5 personas” en el lugar y posteriormente una más en el hospital, entre ellos tres niños.

De acuerdo con información oficial, Raymundo Isidro “N”, alias "El Ray", es originario de Acapulco, Guerrero, y avecindado en el municipio de Cuautla, Morelos.

Actualmente se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Atlacholoaya.

La vinculación a proceso se da justo a un mes de la masacre ocurrida en el restaurante Los Estanques, ubicado en el municipio de Cuautla.

Una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado, es que “El Ray” –presuntamente- el pasado 13 de abril se encontraba conviviendo con dos conocidos médicos y sus familias en la parte trasera del restaurante, cuando un grupo de hombres armados ingresó al lugar hasta donde se encontraba el capo y disparó contra el grupo, pero el líder criminal logró escapar y salvar la vida.

El fiscal asegura que se iniciaron los procedimientos contra los responsables de que el arma usada en el ataque del miércoles haya salido del cuarto de evidencias; el funcionario se reservó los nombres.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene identificados a exfuncionarios y funcionarios de la institución que pudieran tener responsabilidad administrativa y penal por la sustracción del cuarto de evidencias de un arma que acabó en manos del joven homicida de los líderes sindicales Jesús García Rodríguez y Roberto Castrejón Calderón, asesinados en pleno centro de Cuernavaca.

El fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, afirmó que se iniciaron los procedimientos administrativos y se abrió una carpeta de investigación que pronto será judicializada para deslindar responsabilidades contra quienes permitieron la sustracción del arma, que estaba asegurada en el cuarto de evidencias.

“No les puedo hablar ni de número ni de nombres, porque tienen sus derechos, pero sí es personal de la fiscalía que viene de administraciones pasadas y se les va sancionar”, dijo, y señaló que algunos presuntos responsables ya no laboran en la institución y otros siguen siendo personal en activo.

Explicó que desde que fue nombrado fiscal, comenzó a poner orden en distintas áreas donde se presumían irregularidades, como fue el caso de los cuartos de evidencias.

“Los cuartos de evidencia, antes de mi administración, tenían un manejo deficiente, o sea, yo recibí con muchos problemas administrativos la fiscalía, pero ya tenemos meses trabajando sobre eso, hemos hecho cambios, hemos hecho modificaciones en esas áreas, tenemos ya un sistema de vigilancia de videocámaras y, bueno, lo que esperamos y lo que se pretende es que no vuelva ocurrir algo así”, expresó.

Sobre este caso, agregó que se continúa con la investigación, documentación de pruebas y revisión de los videos del atentado perpetrado el miércoles 8 de mayo en pleno centro de Cuernavaca por un joven identificado como Maximiliano “N”, quien disparó contra los dos líderes sindicales y lesionó a dos personas más, pero tras un breve persecución fue arrestado.

Ninguna hipótesis se descarta en ataque a personal de Cefereso

Respecto al ataque perpetrado el 10 de mayo contra trabajadores de Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Femenil, ubicado en Coatlán del Río, el fiscal señaló que los testimonios recabados indican que los criminales no sólo dispararon contra el personal que estaba punto de abordar el autobús, sino que, al menos uno de los asesinos, subió al vehículo y disparó a las personas que se encontraban en los asientos.

Indicó que se indaga si el vehículo incinerado y que fue localizado en la zona fue el mismo que utilizaron los criminales para huir, ya que al ser calcinado se borró evidencia  (como cabello, huellas, sangre) para tener elementos de identificación de los probables homicidas.

También se investiga la procedencia de las cuatro armas encontradas en el vehículo y si también fueron con las que se atacó al personal del Cefereso.

Carmona Gándara señaló que no se descarta ninguna línea de investigación, ni que el ataque esté relacionado con las actividades de los trabajadores en el penal federal.

El Congreso del estado exhorta a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, a instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina como órgano de control del Poder Judicial

Un juzgado federal concede al exdirector del Idefomm suspensión definitiva en el juicio contra la abrogación de su decreto pensionario  

Un juzgado federal concedió a Francisco Velázquez Adán, extitular del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), una suspensión definitiva para continuar percibiendo su pensión en tanto se desahoga su juicio de amparo contra la abrogación de su decreto pensionario.

“Se concede la suspensión definitiva solicitada por Francisco Velázquez Adán, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el resultando primero, y por las razones precisadas en la parte considerativa de esta interlocutoria”, dice el acuerdo del Juzgado Primero de Distrito dentro del expediente 515/2019.

El pasado 12 de abril, se publicaron el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  24 decretos que abrogaron las pensiones concedidas por la anterior legislatura a un grupo de ex funcionarios graquistas, que obtuvieron sus jubilaciones sin haber realizado los trámites legislativos de rigor, por haberla tramitado con documentos de sospechosa procedencia o sin aportar documentación probatoria de los lugares trabajo y los años laborados al servicio del estado.

De acuerdo con el decreto de abrogación de la jubilación de Velázquez Adán, éste dijo tener una  antigüedad ininterrumpida de 25 años, 06 meses y 13 días, pero no lo acredito con documentos  de sus nombramientos, contratos de prestación de servicios, recibos de nómina con pagos de sueldos o salarios por los servicios prestados, credenciales expedidas por las diversas administraciones, oficios de comisión, memorándums de vacaciones, pago de aguinaldo, listas de asistencias, o cualquier documento importante, para corroborar y calcular la antigüedad.

Además, de manera inexplicable, presentó una constancia expedida por el Ayuntamiento de Coatlán del Río en el que afirmaba haber trabajado para el municipio 27 años y 2 meses de servicio, al haber laborado en esa acomuna desde el 01 de noviembre de 1985, al 31 de diciembre de 2012.

Además, el ex director del Indefomm fue jubilado con una pensión al 75% (sobre la base de los 600 salarios mínimos) como trabajador al servicio del Poder Ejecutivo, en donde laboró únicamente 28 días como Coordinador Operativo del Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por Morelos”, de la Oficina de la Gubernatura del Estado, con salario de 60 mil pesos, casi equivalente a lo de un secretario de despacho (70 mil pesos). La pensión otorgada a Velázquez Adán fue por casi 40 mil pesos mensuales.

Por este caso, según el decreto, el Congreso instruyó a la Dirección Jurídica de éste Órgano Legislativo, para que iniciar “los procedimientos administrativos y denuncias penales que sean necesarios, en contra del Servidor Público que solicitó el trámite de Jubilación, así como en contra del o los ex servidores públicos, servidores públicos en activo, Presidentes Municipales, Secretarios Municipales, Directores o Directores Generales de Recursos Humanos, Oficial Mayor, y de cualquier otro funcionario que hayan expedidos los documentos a que se refiere esta abrogación”, ante la presunción de irregularidades. 

Ratifica obligación de las Juntas Laborales de juzgar con perspectiva de género casos en los que una trabajadora asevere haber sido despedida de su empleo con motivo de su estado de gravidez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una nueva sentencia para garantizar los derechos de las mujeres despedidas de sus empleos con motivo de su embarazo.

La Segunda Sala de la SCJN aprobó -por unanimidad de votos- el proyecto de sentencia presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en el que ratificó la obligación de las Juntas Laborales de juzgar con perspectiva de género los casos en los que una trabajadora asevere haber sido despedida con motivo de su embarazo y el patrón exhiba en su defensa la renuncia de aquella, aun cuando no exista duda u objeción sobre la firma que calza dicho documento, teniendo en cuenta que es atribución de las juntas dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a formulismos o reglas con relación a las pruebas aportadas por las partes.

Los integrantes de la sala reiteraron que es fundamental reconocer que en la realidad, es más probable la existencia de un despido con motivo del embarazo de la trabajadora, que su renuncia voluntaria al encontrarse en ese estado de gravidez, lo que se traduce en una duda razonable acerca de su voluntad de prescindir de su empleo, por los gastos que implica y la necesidad de acceder a la seguridad social.

Con este criterio, la SCJN busca contrarrestar la práctica común de firmar documentos en blanco que después son llenados con renuncias expresas por parte de las trabajadoras y exhibidas en juicio para justificar el despido o darle apariencia de legalidad.

Demandarán justicia y acciones oficiales para combatir violencia.

Colectivos de víctimas convocaron a la marcha del 10 de mayo “Por nuestros desaparecidos”, para exigir a las autoridades la localización de sus seres queridos  y protestar por la violencia en el estado de Morelos.  

El punto de reunión será a las nueve de la mañana de este viernes en la avenida Emiliano Zapata, a la altura de un conocido supermercado, y partirá a las 09:30 con rumbo al zócalo de Cuernavaca, para finalizar en la ofrenda a las víctimas y realizar la ceremonia de reinstalación del Árbol de la Memoria, que fue retirado durante la gestión del otrora gobernador Graco Ramírez, por la supuesta remodelación de la Plaza de Armas.

Lisbeth Cerón Salinas, hermana de Jessica, desaparecida en agosto de 2012 cuando estaba a punto de dar a luz a un varón, señaló que su madre y muchas más que viven la tragedia no tienen nada que celebrar este día de la Madre, ante la ausencia de sus hijas e hijos.

“Las madres no tienen nada que celebrar el día de mañana, están muertas en vida, hasta que no tengan justicia es cuando van a vivir un poquito de paz”, dijo, ante la falta de investigación y respuestas de las autoridades responsables de dar con el paradero de los desaparecidos.

Angélica Rodríguez Monroy, del colectivo Regresando a Casa Morelos y madre de Viridiana, joven morelense desaparecida en agosto de 2012 en el Estado de México, detalló que la consigna será exigir paz, justicia, verdad, la no repetición de los agravios y acciones gubernamentales para frenar las desapariciones, sobre todo de niñas y adolescentes.  

Llamó a los ciudadanos a sumarse a esta marcha vestidos de blanco, y detalló que las madres portarán un moño amarillo como símbolo de esperanza de encontrar a sus hijos, y quienes han perdido a un ser querido llevarán un moño negro.

Dijo que es un “marcha espejo”, ya que tanto en la capital del país como en el resto de las entidades se realizarán acciones de los colectivos de familias de desaparecidos y víctimas del delito. 

Llaman a Fiscalía del Estado a asumir responsabilidad, ante niveles de impunidad.

Empresarios y organizaciones de derechos humanos y de abogados coincidieron en que debe replantearse el plan de seguridad estatal y auscultar el desempeño tanto del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, como del Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, tras el trágico ataque de un presunto “asesino solitario” que privó de la vida a dos líderes sindicales y lesionó a dos personas más a un costado del Palacio de Gobierno, la mañana del miércoles.

Jorge Mátar Vargas, presidente de la delegación de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que el sector económico de Morelos está preocupado por el tema de la seguridad y dolido por el asesinato de los líderes de la CTM, Jesús García Rodríguez, y Roberto Castrejón Calderón.

Previo al cónclave de cámaras empresariales, señaló que pedirán audiencia con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y su gabinete para escuchar de la autoridad qué acciones tomarán, luego del hecho violento que colocó de nuevo a Morelos en la escena nacional e internacional.

“Nosotros lo que queremos es que nos digan qué va a pasar, sentarnos a escuchar para tomar acciones inmediatas. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos y decir que no pasó nada o es un hecho aislado o es un hecho de la delincuencia organizada.

“Nosotros no sabemos porque no somos autoridad, nosotros lo que queremos es que nos expliquen cómo van a avanzar las investigaciones. Hay responsable intelectual, obviamente la persona que lo hizo está detenida, pero en función de eso nosotros necesitamos que nos digan hoy en día qué vamos a hacer, cómo vamos a transitar”, dijo.

Dijo que el sector económico mantiene la confianza en el gobierno estatal, pero también pidió ser escuchado y, si es necesario, pugnar por el arribo de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Marina para reforzar la seguridad en la entidad.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pidió evaluar el desempeño de Ojeda Cárdenas y Ortiz Guarneros por considerar que ambos han fallado no sólo por desconocer la geografía territorial, política, social y criminal en la entidad, sino porque no han dado resultados.

“Les hemos dado el voto de confianza, pero me parece que lo ocurrido ayer (miércoles) es el clímax del grado de violencia que vivimos. El hecho de que haya ocurrido a unos cuantos metros de gobierno del estado (sic) es significativo, porque es un desafío de cualquier delincuente para perpetrar un delito y privar de la vida a una persona o las personas, y que no ocurra absolutamente nada”.

Tras los hechos, señaló que es necesario “pensar seriamente generar cambios en el gabinete de seguridad, porque la estrategia que se está siguiendo evidentemente no está dando resultados”, pues, mientras Ojeda Cárdena ha fungido más como una figura decorativa que como un operador real de la política interna, Ortiz Guarneros fracasó con sus políticas de prevención del delito.   

También llamó al alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, a dejar el encono político con el gobierno de Morelos y considerar sumarse al Mando Coordinado, porque las rencilla suelen abrir brechas que aprovechan los delincuentes para cometer delitos en contra de los ciudadanos.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, se sumó a las condenas por el hecho y consideró que es tiempo de que el gobierno federal entre de inmediato en auxilio de las autoridades estatales, como ellas mismas lo han reclamado.

Consideró que ante el reconocimiento público del titular de la CES respecto a que la autoridad local no tiene la capacidad para hacer frente al fenómeno delictivo, es necesario que la Federación -con fuerzas federales, el Ejército y la Marina- tengan presencia en Morelos.

Dijo que ya sea por conducto del delegado federal, Hugo Eric Flores Cervantes, o a través del gobernador del estado o, si es preciso, los abogados y ciudadanos viajen a la Ciudad de México, se debe pedir el apoyo del gobierno de la república para frenar la ola de violencia.

“La Barra de Abogados del Estado Morelos nos encontramos totalmente indignados ante los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Cuernavaca. Es notoria la inseguridad en que vivimos, por lo cual solicitamos más apoyo por parte de las autoridades federales, Ejército, marinos y Policía federal, ya que nos encontramos en un estado en el cual impera la violencia”, sostuvo.

Susana Díaz Pineda, representante del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, lamentó los hechos en que dos personas perdieron la vida y consideró que las autoridades estatales están obligadas a reconocer que la estrategia de seguridad es fallida y que necesita ser replanteada, ante el mensaje de desafío que dejó la delincuencia al atreverse un sujeto a perpetrar un ataque a plena luz del día y ante una multitud frente a la sede del Poder Ejecutivo.

Cuestionó el papel de la Fiscalía General del Estado (FGE), que tampoco ha contribuido a la estrategia de seguridad, al mantener los altos niveles de impunidad y procurar justicia selectiva, particularmente, en la investigación de homicidios.

“Sí nos hace reaccionar de manera indignada cuando dice el fiscal que solamente aquellos homicidios relevantes, como el caso de Cuautla y, supongo que también el día de ayer, son los que se investigan a fondo, y los demás están ahí durmiendo el sueño de los justos”. 

El artículo contempla la privación de la libertad de 20 a 40 años cuando el miembro de la organización delictiva tenga funciones de administración, dirección o supervisión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la pena de prisión prevista para los integrantes de la delincuencia organizada que tengan funciones jerárquicas dentro de un grupo criminal.

La Primera Sala, al analizar el amparo directo en revisión 604/2018, estableció que la pena prevista en el artículo 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no vulnera la Constitución federal, pues cumple con el requisito de ser proporcional y se encuentra constitucionalmente justificada.

Este artículo contempla la privación de la libertad de veinte a cuarenta años cuando el miembro de la organización delictiva tenga funciones de administración, dirección o supervisión y además la finalidad de la organización sea cometer delitos contra la salud.

La SCJN consideró que si un sujeto es cerebro o cabeza de una organización criminal que funciona como empresa, es evidente que el resto de sus integrantes o algunos de ellos, actuarán bajo sus órdenes y mando, tal como acontece en una empresa en donde hay división de funciones o una estructura jerárquica entre sus miembros.

Al determinar la constitucionalidad de esta norma, la Primera Sala también expuso que quien tiene funciones de administración, dirección o supervisión en una organización criminal, contribuye en mayor medida, que el resto de los integrantes, a la subsistencia, a la expansión y a que obtenga mayores ganancias, potencializando con su actuar el daño a la seguridad pública, lo que representa un mayor peligro para la sociedad e incluso para la nación, por lo que determinó que la pena de prisión prevista en la ley es constitucional.

En el atentado perdieron la vida dos personas y dos más resultaron lesionadas.

Con el mismo modus operandi, con un presunto “autor material solitario” y también en medio de la multitud, fue asesinado el empresario y actual dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México, Jesús García Rodríguez, quien apenas hace unas semanas conmemoró el segundo aniversario luctuoso de su hijo, Jesús García Bejarano.

Fue capturado en Puebla después de una persecución.

La CDHEM inició una queja de oficio por el asesinato de la maestra Nallely Vergara Ocampo.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos condenó el feminicidio de la profesora Nallely Vergara Ocampo y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer este crimen y todos los asesinatos de mujeres. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) inició una queja de oficio por este caso.

El presidente de los barristas, Iván Velasco Alcocer, lamentó la demora en la entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares y pidió a la fiscalía esclarecer a la brevedad este caso, dada la intervención de la División Científica de la Policía Federal en el procesamiento de evidencias.

Afirmó que la FGE no tiene pretextos para realizar su trabajo con eficiencia y eficacia, pues no sólo la institución fue dotada de autonomía, sino de los medios necesarios para disponer de los recursos materiales y humanos para el combate y persecución del delito.

También exigió a la fiscalía transparentar el uso de recursos, pues a pesar de que se incrementó su presupuesto, la ciudadanía no tiene certeza de que sea aplicado adecuadamente ni que se hayan eliminado los privilegios a los altos funcionarios ni aplicado verdaderas medidas de austeridad para dar prioridad a la operatividad de la institución.

Dijo que espera que el fiscal Uriel Gándara Carmona rinda cuentas de los resultados a lo largo de un año de gestión y transparente el uso de los recursos.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) emitió un comunicado en el que lamentó el feminicidio de la docente y decenas de homicidios ocurridos en los primeros meses del año.

“La CDHMorelos lamenta el momento de violencia por el que atraviesa la entidad y que ha cobrado la vida de más de 350 personas en los primeros 4 meses del 2019. En ese sentido, se informa la apertura de la queja de oficio 079/2019-5 por el asesinato de la maestra Nallely "N", reportada como desaparecida el viernes 3 de mayo y encontrada sin vida el sábado 4 de mayo en el municipio de Temixco.

“Urgimos a las autoridades a reforzar su capacidad de respuesta ante la violencia que azota la entidad, especialmente la violencia en contra de las mujeres y la niñez”.

La necropsia reveló que la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico.

La Policía Federal coadyuvará con la Fiscalía General del Estado (FGE) en el esclarecimiento del feminicidio de la docente Nayelly Vergara Ocampo, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el municipio de Temixco.

A través de un comunicado, la FGE informó que la tarde del sábado 4 de mayo activó el protocolo de feminicidio, al recibir reportes de la ubicación del cuerpo de la mujer en un predio en obra negra en la colonia Campos Sotelo.

Se realizó el levantamiento legal del cuerpo sin vida, y su trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley,  que desveló que la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico.

La fiscalía aclaró que la demora en la entrega del cuerpo de la docente a sus familiares obedeció a que la FGE requirió el apoyo de la División Científica de la Policía Federal, con la finalidad de agotar todas las líneas de investigación y descubrir quién o quiénes fueron los autores del crimen.

“Es importante señalar, que a fin de contar con todos los estudios que permitan la identificación del o los responsables de este feminicidio, se ha solicitado la colaboración de peritos de la División Científica de la Policía Federal, quienes en el transcurso de este lunes habrán de realizar los estudios y análisis que correspondan, lo que permitirá la entrega del cuerpo de Nallely a sus familiares.

“No podemos como autoridad omitir ningún indicio, prueba, análisis o investigación que derive en el esclarecimiento de estos hechos que laceran a la sociedad, por ello, no ha sido posible la entrega de los restos mortales de la mujer a sus familiares, sin embargo confiamos en que este mismo lunes pueda concretarse lo anterior”.

La fiscalía informó que Nallely se desempeñó como directora de un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) particular en el municipio de Emiliano Zapata hasta finales del año 2018, cuando decidió separarse de esas actividades para incorporarse “a la administración en el ramo tablajero” y actualmente se encontraba en un curso, con la finalidad de buscar obtener una plaza como docente de primaria.

Es señalada por presuntamente adjudicar de manera irregular y pagar 75 millones de pesos por la demolición y construcción de un edificio en Jojutla.

El Ayuntamiento combate las medidas cautelares ordenadas por un  juzgado de distrito para frenar la contaminación del Río Apatlaco con descargas de aguas residuales.

Un juzgado federal negó la suspensión definitiva al Ayuntamiento de Cuernavaca contra las medidas cautelares ordenadas por otro juzgado de distrito para frenar la progresiva contaminación del Río Apatlaco con descargas de aguas residuales.

De acuerdo con los estrados electrónicos, a mediados de abril, la comuna capitalina inició el juicio de amparo 487/2019, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito, en el que impugnó el acuerdo dictado el pasado 14 de marzo por el Juzgado Cuarto de Distrito, dentro de la Acción Colectiva 17/2016, promovida por decenas de ciudadanos y ambientalistas adheridos a la colectividad denominada “Habitantes del Estado de Morelos”, que buscan nos sólo frenar, sino obligar a las autoridades municipales a remediar el daño ambiental ocasionado por su acción u omisión.

Si bien el juez federal admitió la demanda de amparo y requirió el respectivo informe a la autoridad responsable, es decir, al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, rechazó conceder la suspensión previsional y, hace unos días, la suspensión definitiva contra las medidas precautorias y las medidas de apremio advertidas en caso de incumplimiento del mandato judicial.

El 14 de marzo, el Juez Cuarto de Distrito ordenó a los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla “identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como donde se originan las descargas residuales y aguas grises que desembocan en el Río Apatlaco o sus afluentes”, y “clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje” en los domicilios detectados.

Para cumplir la primera medida cautelar fijó un plazo de 15 días y, para la segunda, otros 30. Apercibió a los titulares de las alcaldías y sistemas operadores de agua con imponer una multa hasta por el equivalente a 30 mil unidades de medida y actualización (equivalente a dos millones 534 mil 700 pesos), cuya cantidad podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplirse lo ordenado.

Hace unos días, el Juzgado Cuarto de Distrito sancionó con una multa de 500 Unidades de Medida de Actualización (equivalente a 42 mil 245 pesos) a los alcaldes de los municipios de Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Tlaltizapán por no cumplir con la primera medida cautelar.

En el caso de Cuernavaca y otros municipios, se les concedió una prórroga con apercibimiento de multa en caso de no acatar la medida cautelar dictada para frenar la contaminación del Río Apatlaco mientras se resuelva la acción colectiva. 

Avanza investigación que implica a las exdiputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste: fiscal.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, afirmó que por lo menos un diputado más podría ser imputado por el presunto delito de peculado junto con las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste.

Al asistir a la toma de protesta del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, el funcionario dijo respetar las diversas opiniones sobre el trabajo de la fiscalía y afirmó que en breve informará sobre el curso tanto de la investigación como de la judicialización de la carpeta que implica a exlegisladores.

“Estamos integrando la carpeta de investigación, que los diputados conocen de estas pesquisas, no puedo yo ventilar en medios los avances que tenemos, pero sí puedo decirles que estamos obteniendo elementos de prueba muy sólidos, con los que habremos pronto de judicializar la carpeta en contra de algunas exlegisladoras y otros funcionarios”, sostuvo.

Señaló que por el momento no es posible revelar los nombres de otros exintegrantes de la LIII Legislatura que están bajo investigación, pero adelantó que por lo menos estaría implicado un tercer exdiputado en la indagatoria por el presunto delito de peculado en agravio del Congreso y el erario.

El pasado 23 de abril, la fiscalía anticorrupción pidió la cancelación de la audiencia de formulación de imputación contra las exlegisladoras Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, y la exsecretaria de Administración del Congreso del estado, Patricia Bandera Flores, en virtud de que también fueron retirados los cargos contra ésta última, quien ahora tiene calidad de testigo.

De acuerdo con la fiscalía, la exsecretaria de Administración aportó nuevos elementos de investigación para robustecer la carpeta de investigación que en su momento permitirá reformular la imputación contra las exlegisladoras perredistas y algunos otros implicados por el presunto delito de peculado y lo que resulte, por el supuesto desvío de 20 millones de pesos del presupuesto del Congreso local.

Datos serán integrados al Banco Nacional de Violencia contra las Mujeres y su versión estatal.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe estadístico sobre el número de feminicidios perpetrados en los últimos años, con la finalidad  de que haya certeza en las cifras que alimentarán el Banco Nacional de Violencia contra las Mujeres y su versión estatal.

Luego de que representantes de la organización independiente -promotora de la Alerta de Violencia de Género (AVG)- se reunieran con el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, y representantes de seis municipios incluidos en la alerta, la ONG pidió a la fiscalía un informe de los casos de feminicidio que son investigados, los que han sido judicializados y los que aún están en proceso de integración y determinación ministerial.

Y es que, informó la organización, si bien existen acuerdos para actualizar el Banco Nacional de Violencia contra las Mujeres y su versión estatal, no se cuenta con toda la información detallada sobre los casos tipificados como feminicidios y homicidios de mujeres

“Ante ello se solicitó formalmente que dicho informe sea presentado en su totalidad en un plazo breve, de tal manera que se pueda hacer una confrontación con los datos con que cuenta la organización peticionaria y se hagan las observaciones pertinentes, de acuerdo al tipo penal establecido en el artículo 213 quintus del Código Penal y valorar el tipo de sanciones que aplican en los juicios orales”, expresó la CIDHMorelos.

Otro de los temas abordados en esta tercera mesa de trabajo fue en torno a la Unidad de Contexto. La FGE informó a la Comisión Independiente de Derechos Humanos que únicamente existe el proyecto elaborado por una consultoría privada que contrató el gobierno del estado durante el sexenio anterior, que tuvo un costo de cinco millones de pesos, sin que exista un presupuesto etiquetado para contratar al equipo multidisciplinario que se requiere para su funcionamiento, por lo cual se acordó que se entregaría un informe desglosado para evaluar el rubro presupuestal destinado a las labores determinadas por la Alerta de Violencia de Género.

Sobre los Centros de Justicia para Mujeres que funcionan en Cuernavaca y Yautepec, se informó que hasta el momento no se ha podido brindar la atención integral a las mujeres que sufren algún tipo de violencia, debido a la falta de recursos presupuestales y a que las diferentes dependencias que deben aportar personal no lo han hecho, ya que además de la Fiscalía, deben participar el DIF, la Secretaría del Trabajo y el Sector Salud.

En torno a la capacitación del personal de los Ministerios Públicos para que tengan la sensibilización y brinden el trato adecuado a las víctimas de violencia de género, se informó que se están llevando a cabos cursos para que se apliquen adecuadamente los protocolos de feminicidio con personal especializado, de acuerdo a los parámetros internacionales, como es el caso de la sentencia de Mariana Lima, para investigar con perspectiva de género.

Al concluir la mesa de trabajo, la FGE se comprometió con la organización independiente a entregar a la brevedad todos los informes, incluyendo los casos expuestos en las instancias de la mujer de los municipios de Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla, Yautepec, Cuernavaca y Jiutepec.

Fallo de la Corte obliga a la suficiencia presupuestal para el pago de la prestación.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, informó que está cubierto el pago del 25 por ciento de los decretos de jubilación que forman parte del acuerdo emitido en el pasado 4 de marzo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó a los tres Poderes del estado disponer el presupuesto necesario para cubrir las pensiones en los términos emitidos en 116 sentencias de controversias constitucionales.

Dijo que el Poder Judicial recibe periódicamente las ministraciones para pagar las jubilaciones de trabajadores judiciales en retiro enlistados en bloques definidos en el acuerdo de la SCJN, lo cual es una garantía de que hay recursos disponibles para que puedan recibir sus pensiones.

“Ahorita llevaríamos como una 25% de avance, pero para los jubilados esto representa una garantía porque, al final del día, tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que establecer esa partida presupuestal, no solo para este año, sino para los subsecuentes años”, señaló.

Expresó que el TSJ, de su propio presupuesto, absorbía el monto de las jubilaciones, pero a partir del precedente legal de la SCJN en las controversias constitucionales, los Poderes Ejecutivo y Legislativo están obligados a etiquetar presupuesto para el pago de las jubilaciones.

Incluso, señaló que en la controversia constitucional que se promovió hace unos meses ante la Corte por el tema del presupuesto, se demandó que el Congreso tiene la obligación de etiquetar recursos adicionales exprofeso para las jubilaciones y no restarlo del presupuesto operativo del TSJ. 

Los involucran en la construcción de una planta de separación de desechos que no se construyó.

Julio César “N” es el tercer sospechoso vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva por el multihomicidio en el restaurante.

El hombre que hace unos días asesinó a un adolescente en el estacionamiento de un supermercado en Temixco resultó implicado en el multihomicidio perpetrado en el restaurante Los Estanques del municipio de Cuautla, el pasado 13 de abril.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que, tras la detención de  Julio César “N” de 25 años y Mario Everardo “N” de 34, como sospechosos del homicidio con arma de fuego de un chico de 17 años en el estacionamiento de Bodega Aurrera, se realizaron pruebas de balística y se confirmó que la misma pistola fue usada en el ataque en el restaurante Los Estanques.

Además, a través de la Cámara Gessell, testigos identificaron directamente a Julio César como uno de los presuntos atacantes que privaron de la vida a tres infantes y tres adultos en el restaurante Los Estanques.

Por tal motivo, Julio César, además de ser imputado por el asesinato del adolescente, es el tercer sospechoso vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva por los delitos de homicidio calificado en agravio de seis personas y homicidio en grado de tentativa por las lesiones que sufrieron 11 personas más durante el ataque que, se presume, tenía como objetivo asesinar al líder criminal conocido como Raymundo Castro Salgado, alías “el Ray”. 
El 23 de abril, en el interior del estacionamiento de la tienda comercial Bodega Aurrera ubicada en la colonia Centro del Municipio de Temixco fue asesinado un joven de 17 años por disparos de arma de fuego.
Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad detuvieron a Julio César “N” -de 25 años de edad, quien habría accionado un arma de fuego en contra el adolescente- y a Mario Everardo “N” de 34 años, quien ayudaba a escapar al presunto homicida.

La fiscalía detalló también que al revisar el historial de Julio César “N”, se supo en el año 2011 –cuando tenía 17 años-  enfrentó un proceso por portación de arma de fuego y resistencia de particulares, y en el año 2017, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
“La Fiscalía General del Estado, continúa con las investigaciones que permitan la identificación y aprehensión de quienes hayan atentado en contra de las familias reunidas en el restaurante de Cuautla, llevando ante la justicia a los responsables”, afirmó.

El secretario de Obras cuestiona que solo se ha judicializado uno de los 17 expedientes presentados por su dependencia por adjudicación irregular de obras.

Cambios en administraciones de gobierno son factor en el repunte de delitos: UECS 

 La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) atribuyó el incremento del número de secuestros en el primer trimestre del año al cambio de gobierno y al rediseño de las políticas en materia de seguridad.

Adriana Pineda Fernández, titular de la UECS, indicó que en el trimestre enero-marzo se registraron 19 denuncias por secuestro, que derivaron en la detención de 24 personas y 10 rescates.

De acuerdo con la unidad especializada, cinco denuncias fueron presentadas por hechos perpetrados en Cuernavaca;  dos en Cuautla; dos en Xochitepec; dos en Puente Ixtla y el resto en Huitzilac, Ocuituco, Tlaquiltenango, Jojutla, Yautepec Temoac y Tlaltizapán. También se atendió un caso ocurrido en Tepetlixpa, Estado de México, pero cuya denuncia fue presentada en Morelos.

Señaló que hubo un repunte de este delito con respecto al año pasado, sin embargo, atribuyó la cifra  a los relevos de gobierno tanto federal como local, y a la diversificación de las actividades ilícitas de los grupos criminales.

“El balance para nosotros es bueno. Por supuesto que por cada 100 mil habitantes seguimos siendo alto por el número de habitantes que tenemos en la entidad, estamos en la zona centro, donde se registra prácticamente el 51% de los secuestros del país.

“Entonces, para nosotros es bueno por la cantidad de asuntos que logramos resolver y, sobre todo, por la cantidad de asuntos que se resuelven sin pago de rescate y con una acción operativa que devuelve a las víctimas a casa.

“El incremento tiene que ver con diferentes circunstancias. Uno, la transición de gobierno, que tiene que ver con el rediseño de las estrategias policiales, no solamente en el ámbito local, sino también en el federal, y esto genera evidentemente un desajuste en cuanto a la toma del mando, primero, al cese de un mando y luego la toma del nuevo mando, y a la diversificación de actividades de la delincuencia”, explicó.

No había presupuesto para reactivar la exhumación y reinhumación de cuerpos, dice el fiscal general, Uriel Carmona   

Una pareja fue detenida la noche del viernes en posesión de una pistola; la revisión se extiende a los municipios conurbados de Cuernavaca.

Un juzgado federal nuevamente declara la incompetencia de la Comisión Transitoria del TSJ para sancionar a jueces y funcionarios judiciales.

La instancia con las atribuciones legales es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual la magistrada presidenta se niega a instaurar.

Nuevamente un juzgado federal declaró la incompetencia de la Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para sancionar a los jueces y funcionarios judiciales, porque la instancia con las atribuciones legales es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, desde hace un año se niega a instaurar con el argumento de que el Congreso no realizó la modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

El Juzgado Segundo de Distrito concedió el amparo a la Juez Quinto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Martha Renata Flores Contreras, a quien la Comisión Transitoria en diciembre de 2018 le impuso una sanción económica de 10 unidades de medida y actualización (806 pesos) y ordenó anotarlo en su expediente en la Secretaría de la Contraloría.

La juzgadora recurrió la sanción y se le concedió la protección de la justicia federal, debido a que la Comisión Transitoria carece de facultades para iniciar procedimientos y aplicar sanciones a los funcionarios judiciales.

El Juzgado Segundo de Distrito, quien hace unas semanas concedió un amparo a la juez mixto, Xochiquetzalli Puebla Peralta, reiteró su criterio sobre la incompetencia de la Comisión Transitoria y la nulidad de las sanciones impuestas, pues si bien es cierto que el Congreso no realizó las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial – como se fijó en las reformas constitucionales en vigor desde hace un año- no existe impedimento para la instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que debe sustituir al extinto Consejo de la Judicatura.

“En efecto, aun cuando pudiera considerarse que una norma constitucional no puede ser invocada de manera directa si su texto requiere regulación posterior, ello no puede considerarse una razón válida para omitir aplicarla y desconocer la competencia de un órgano creado a nivel constitucional, pues del texto  del artículo 92 A de la Constitución Local, se advierte las directrices necesarias para instrumentar el funcionamiento de la referida Junta de Administración, ya que establece cómo se integrará, los criterios  que deben observarse para la elección de sus integrantes, la duración del cargo, la independencia de gestión y sus facultades.

“Además la disposición quinta transitoria  del decreto 2611 establece que a fin de evitar interpretaciones incorrectas del marco jurídico vigente, las menciones que en otros ordenamientos se hagan del Consejo de la Judicatura y de los Consejeros del mismo, se entenderán referidas a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina  del Poder Judicial  o a sus integrantes”.

El 4 de abril de 2018 entró en vigor la reforma constitución por la cual se creó la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, pero la magistrada presidenta del TSJ, María de Carmen Cuevas López, mantiene hasta hoy en funcionamiento a la Comisión Transitoria, integrada por ella y los magistrados Rubén Jasso Díaz y Miguel Ángel Falcón.

El argumento de Cuevas López y un grupo de magistrados afines es que debe operar dicha comisión hasta en tanto el Congreso no realice las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder instaurar la junta. En el caso del primer amparo, la titular del TSJ anunció hace días que recurriría la resolución ante un tribunal colegiado.

Sin embargo, un grupo de magistrados disidentes han insistido en que es ilegal la operación de la Comisión Transitoria y han llamado reiteradamente a instalar la Junta, la cual debe ser integrada por el titular el turno del TSJ, así como un magistrado y un juez, los cuales serán electos por el Pleno del tribunal a partir de una terna que proponga el presidente del TSJ.

La Comisión de Derechos Humanos del estado lamenta que el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, alegue imposibilidades materiales y económicas para no cumplir con la investigación de delitos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) lamentó que la Fiscalía General del Estado alegue imposibilidades materiales y económicas para no cumplir el derecho al acceso a la justicia y haga investigación de delitos de manera selectiva.  

Mediante un comunicado, el organismo informó que de acuerdo con sus propias estadísticas, en lo que va del año han ocurrido 332 homicidios, de los cuales en 39 las víctimas fueron mujeres y hay al menos siete menores de edad.

Señaló que “nos encontramos preocupados por las condiciones de inseguridad y el estado de indefensión en el que nos encontramos al atravesar por un proceso de adaptación de nuestro modelo de seguridad”, y “estas cifras, recabadas por la propia CDHM, evidencian la vulneración a los derechos a la seguridad e integridad personales, a la vida, a un juicio justo, al acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, entre otros”.

Hizo un llamado a las autoridades a reforzar la capacidad de respuesta de las corporaciones policiacas; a dotar de las herramientas y capacitación necesarias para realizar su trabajo con apego a la normatividad jurídica mexicana; y no revictimizar a través del discurso de las autoridades encargadas de la seguridad, procuración e impartición de justicia, ni estigmatizar sectores sociales y mucho menos minimizar el estado de violencia en el que nos encontramos.

Tras las declaraciones del fiscal general, Uriel Carmona Gándara, quien reconoció que se hace investigación selectiva de los homicidios que se consideran “importantes”, la CDHEM también llamó a esa institución a no poner pretextos para cumplir con su misión.

“En ese sentido, es importante recalcar que ninguna situación política, económica o personal es justificante para excusarse del cumplimiento de la Constitución y las leyes que de ella emanan, por lo que conminamos a la Fiscalía General del Estado a integrar e investigar, sin distinción alguna, todas y cada una de las situaciones que llegan a esa institución, debiendo conducirse bajo los principios de igualdad y no discriminación en las actuaciones que emanen del ejercicio de sus facultades y obligaciones.

“De igual manera, hacemos un llamado a la ciudadanía para hacer un esfuerzo y confiar en las instituciones haciendo las denuncias correspondientes y ante cualquier acción u omisión de las instituciones, y acercarse a la CDHMorelos para iniciar las investigaciones por las violaciones a los Derechos Humanos que éstas pudieran llegar a representar”.

Los alcaldes de Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Tlaltizapán deberán pagar 42 mil pesos por incumplir orden de juzgado a favor de la limpieza del río.

El Juzgado Cuarto de Distrito multó a tres presidentes municipales por incumplir con la primera medida cautelar ordenada para frenar la contaminación progresiva de la cuenca del río Apatlaco, dentro de la acción colectiva promovida por ciudadanos y ambientalistas del estado de Morelos.

Tras vencer el plazo de 15 días otorgado por la autoridad federal a 10 ayuntamientos para aplicar la primera medida precautoria ordenada, que consiste en identificar con precisión los puntos donde se originan las descargas residuales y aguas grises que desembocan en el río Apatlaco o sus afluentes, el juez de distrito impuso una sanción económica de 500 unidades de medida de actualización, equivalentes a 42 mil 245 pesos, a los funcionarios municipales que no acataron la orden judicial.

Los alcaldes sancionados son Fernando Aguilar Palma, de Emiliano Zapata; Mario Ocampo Ocampo, de Puente de Ixtla, y Alfredo Domínguez Mandujano, de Tlaltizapán. La misma sanción fue impuesta a los titulares del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata y el Organismo Operador Municipal de Conservación de Agua y Saneamiento de Puente de Ixtla.

“Por tanto, toda vez que de autos se advierte que no acreditan haber dado cumplimiento al auto referido ni manifiestan la imposibilidad que tuvieren para ello, aunado a que ya ha transcurrido el término en él concedido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de catorce de marzo de la anualidad actual y se impone a los codemandados precisados en el párrafo anterior, una multa por la cantidad equivalente a QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN”, decretó el juzgado federal y apercibió con aplicar otra multa en caso de reiterar el incumplimiento de la medida cautelar.

A petición de los ayuntamientos de Cuernavaca, Zacatepec y Jiutepec, el juzgado federal otorgó una prórroga de 30 días hábiles para cumplir con la identificación de los puntos de descargas de aguas negras o residuales a la cuenta del Río Apatlaco.

Al municipio de Jojutla, que manifestó haber cumplido el mandato judicial, le dio un plazo de cinco días para presentar el plano o mapa de la identificación de las descargas; de lo contrario, no se dará por cumplida la medida.

En el caso de Xochitepec, que también afirmó haber cumplido, el juzgado federal solicitó al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) apoyar al órgano jurisdiccional en la certificación del acatamiento de la medida.

Además, solicitó a este ayuntamiento informar en un plazo de cinco días hábiles la capacidad de las plantas tratadoras de aguas residuales de la demarcación.

En el caso de Huitzilac, que también forma parte de los 10 municipios que atraviesa el río Apatlaco, aún no se le vence el plazo fijado por el juzgado.

En una acción inédita e histórica, a mediados de marzo, la juez Cuarto de Distrito, Griselda Sáenz Horta, decretó la aplicación de medidas cautelares dentro de la acción colectiva 17/2016, promovida por la colectividad “Habitantes del Estado de Morelos”, en las que ordenó a los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla “identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como desde donde se originan las descargas residuales y aguas grises que desembocan en el Río Apatlaco o sus afluentes”, y “clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje” en los domicilios detectados.

La juez federal dio un plazo de 15 días para identificar los puntos de descarga y, concluido este plazo, fijó otros 30 días “para realizar las acciones necesarias para efecto de clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje o alcantarillado, a través de los medios que juzguen convenientes, en los domicilios donde hayan sido detectadas”.

En caso contrario, apercibió con imponer a los titulares de las alcaldías y sistemas operadores de agua una multa hasta por el equivalente a 30 mil unidades de medida y actualización (equivalente a dos millones 534 mil 700 pesos), cuya cantidad podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplirse lo ordenado.

Pese al llamado de atención de los legisladores, la fiscalía anticorrupción asegura que trabaja “respetando irrestrictamente el debido proceso, la secrecía y el sigilo”.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción rechazó haber puesto en riesgo la investigación que se sigue en contra de las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, por considerar que los datos sensibles de la indagatoria permanecen reservados.

A través de un breve comunicado, la dependencia rechazó la postura del Congreso local, que exigió a la fiscalía especializada y a su titular, Juan Salazar Núñez, “conducirse con secrecía en todas las investigaciones y ponerse a trabajar”, “más cuando se trata de asuntos tan delicados donde se ha dañado tanto al erario público y donde la sociedad morelense exige justicia, ya que a tres años de la creación de esta Fiscalía no ha dado resultados”.

La fiscalía anticorrupción afirmó que nunca reveló datos sensibles y que la institución continuará su trabajo respetando la legalidad y el debido proceso.

“En relación al comunicado emitido por el Congreso de Morelos, la Fiscalía Anticorrupción aclara que en ningún momento se ha puesto en riesgo el proceso derivado de la denuncia iniciada por dicha instancia, en virtud de que los pormenores y detalles de la investigación son reservados y estos datos serán revelados hasta la audiencia respectiva.

“Esta institución siempre actúa y seguirá haciéndolo respetando irrestrictamente el debido proceso, la secrecía y el sigilo, con total apego a la legalidad y de manera transparente, honesta e imparcial”, estableció en su comunicado.

La postura del Congreso surgió a raíz de que el martes la fiscalía dio a conocer que retiró la formulación de imputación contra las exlegisladoras y robustecerá la investigación con nueva información aportada por la exsecretaria de Administración del Congreso, Patricia Bandera Flores, quien inicialmente sería imputada junto con Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera, pero la fiscalía retiró los cargos y ahora será su testigo.

En la actualidad, el juez de control está suspendido de sus funciones.

Está señalado por presuntamente favorecer a un implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores.   

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) formulará imputación contra el juez de control Roberto “N”, quien presuntamente incurrió en actos graves de corrupción e irregularidades en el ejercicio de su actividad jurisdiccional.

La titular de la UESC, Adriana Pineda Fernández, informó que en la primera semana de mayo la unidad antisecuestro pretende formular la imputación al funcionario judicial, quien se encuentra suspendido de sus funciones desde el 3 de abril por la Comisión Transitoria del Tribunal Superior  Justicia (TSJ) y  simultáneamente bajo investigación administrativa como penal.

Confirmó que fue la UECS quien inicio la queja ante el TSJ contra el juzgador, quien salió a relucir en una investigación  de un caso de secuestro, pero por secrecía la investigación rechazó revelar detalles  de la implicación del funcionario judicial y sólo acotó que se presume que incurrió en corrupción y delitos contra la administración de justicia.

“Resultó de una investigación de un caso de secuestro y cuando hay una situación conexa a nuestra investigación, nosotros continuamos con ese procesamiento, es un tema evidentemente de corrupción, lo seguimos porque tiene relación o derivó de una investigación de un caso de secuestro, no es por secuestro (la investigación al juez), sino por otros delitos que atentan contra la administración de justicia y en la primera semana de mayo tendremos ya la formulación de imputación, pues para presentar nosotros ya el caso formalmente con el juez”, explicó

A pregunta expresa sobre la gravedad de las conductas que le serán imputadas al impartidor de justicia, señaló que “desde el punto de vista como fiscalía, nosotros consideramos que es grave con relación con lo que ocurre con las funciones que realiza un servidor público, para nosotros no es una falta, es un hecho delictivo que evidentemente está sancionado por la legislación penal y nosotros vamos a formular la imputación”.

Aunque las autoridades mantienen sigilo sobre los detalles del caso, trascendió que presuntamente el juez habría favorecido o apoyado, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores, en octubre de 2016.

Al igual que la CIDH, la organización de litigantes critica que la fiscalía no investigue todos los delitos que se denuncian.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos coincidieron en que es grave que la Fiscalía General del Estado (FGE) procure justicia de manera selectiva, porque evidencia que la fiscalía permanece anquilosada y que persiste la impunidad que fomenta la violencia, al permitir que criminales delincan una y otras vez.

Luego de que el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, aceptó que la FGE “prioriza” e investiga de manera selectiva los homicidios, el líder de los abogados barristas, Iván Velasco Alcocer, dijo que si bien es cierto que la institución sólo cuenta con 300 elementos de la Policía Investigación Criminal (PIC), el número no puede ser justificación de la ineficiencia e ineficacia, porque hasta podría ser menor la cantidad de agentes pero si fueran efectivos se verían los resultados.

Afirmó que pese a las reformas legislativas, la conversión a una fiscalía autónoma y el reciente incremento de presupuesto, la institución sigue anquilosada con sus viejos vicios.

Sostuvo que prevalece la corrupción y para que avancen los casos los ciudadanos tienen que dar dádivas, pero lo peor es que la estructura de la fiscalía permanece intocada y no hay un reingeniería que permita hacer operativas las áreas y desterrar las malas prácticas.

Lamentó las declaraciones del fiscal sobre la incapacidad de la institución para esclarecer los delitos, particularmente la investigación selectiva de homicidios, y que no tenga el control sobre la FGE, pues no sólo mantiene como colaboradores a gente de la cuestionada administración graquista sino que la estructura permanece intocada, a pesar de que no hay resultados significativos en el combate y persecución del delito.

Afirmó que el fiscal está obligado a realizar cambios estructurales y dar resultados, de lo contrario, él mismo debería fijarse un plazo y si no puede con las expectativas, que renuncie al cargo.

Agregó que mientras prevalezcan los altos índices de impunidad, se mantendrá el nivel de violencia en la entidad, porque los criminales saben que nadie los investigará ni los perseguirá para hacer frente a la justicia.

José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, también fue crítico con la postura del fiscal y afirmó que se expuso la grave situación en la que se encuentra la procuración de justicia.

“Es grave no sólo por lo que afirma el fiscal, sino porque hay una falta de procuración de justicia y los delitos siguen en impunidad. Entonces ante qué problema estamos, estamos en estado de indefensión, hay un problema estructural profundo”, expresó.

Resaltó que es preocupante que la fiscalía seleccione qué casos investiga, porque entonces su actuación se ciñe sólo a los casos que se considera “importantes” y deja en indefensión y sin justicia a muchas familias que han perdido a un ser querido.

Coincidió en que la FGE debe ser sometida a una reingeniería, pero igualmente las instituciones responsables de la prevención del delito y sanción delito.

Además, agregó, existen una serie de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre cómo reestructurar las fiscalías y ayudar a cumplir con su misión.

La Fiscalía dice que es para fortalecer la investigación; ahora, la exfuncionaria del Congreso del estado, Patricia Bandera Flores –implicada inicialmente en la denuncia por peculado contra Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste- será testigo del caso.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos retiró la formulación de imputación ante un juez contra las ex diputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, debido a que –aseguró- replanteará la investigación y las imputaciones contra la ex legisladoras, a partir del testimonio y nueva información aportada por la ex secretaria de administración del Congreso del Estado, Patricia Bandera Flores, quien ahora es testigo de la fiscalía.

A través de un comunicado, la fiscalía anticorrupción informó que, a petición del Congreso del Estado de Morelos, solicitó a la juez de control de primera instancia, Teresa Soto Martínez, cancelar la  audiencia de formulación de imputación, cuya petición fue autorizada por la juzgadora.

“Lo anterior -dice el comunicado- derivado también del criterio de oportunidad que le fue concedido a Patricia “N” la ex secretaria de Finanzas y Administración del H. Congreso de Morelos, quien ha proporcionado información relevante para la teoría del caso que servirá para acreditar el delito materia de la investigación. 

“Por esta situación, de nueva cuenta y a la brevedad se formulará imputación por los delitos que se configuren con los nuevos datos de prueba recabados”.

El pasado 29 de marzo, la fiscalía anticorrupción solicitó diferir la audiencia de formulación de imputación contra las ex diputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, y la ex secretaria de Administración del Congreso del Estado, Patricia Bandera Flores, a quienes se pretendía acusar por el presunto delito de peculado por un monto aproximado de 20 millones de pesos.

La petición fue porque a las imputadas y sus abogados, al no fijar un domicilio para hacer notificaciones, no se les había entregado copia de la carpeta de investigación.

La vicefiscal anticorrupción Guadalupe Flores Servín explicó que tuvo que solicitar el diferimiento porque los abogados de las imputadas pretendieron “chicanear” el caso y provocar un error técnico, para después irse a juicio de amparo y alegar que se violó el debido proceso por no haber tenido, previó a la audiencia de formulación de imputación, acceso al expediente.

La audiencia se reprogramó para este martes 23 de abril, pero la fiscalía anticorrupción pidió la cancelación, en virtud de que también fueron retirados los cargos contra la ex secretaria de Administración del Congreso del Estado, Patricia Bandera Flores, quien ahora tendrá calidad de testigo, por sus aportes a la investigación y que permitirán robustecer las carpeta de investigación, y en su momento reformular la imputación contra las ex legisladoras perredistas.

Continúan en calidad de detenidos en el Hospital General de Cuautla.

Isae “N” y Modesto “N” fueron vinculados a proceso como presuntos responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por su probable participación en el ataque fue perpetrado en el restaurante “Los Estanques”, en el municipio de Cuautla, en el que fallecieron seis personas, tres de ellas, menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), ambos imputados fueron reconocidos por testigos como parte del grupo criminal que ingresó al restaurante y disparó en contra de las víctimas, además de que dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio, con lo que se comprobó que accionaron armas de fuego.

Los indiciados quedaron en calidad de detenidos en el Hospital General “Dr. Mauro Belaunzarán Tapia” de Cuautla, bajo el resguardo de personal de seguridad y custodia de Reinserción Social, en tanto que el juez de la causa dio un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

En torno a este caso, fue aproximadamente a las 17:30 horas del sábado 13 de abril, un grupo de personas (integrado por los médicos Guillermo Domínguez Muñoz y Alejandro Elizalde, sus familias y un residente) llegó al restaurante con razón social “Los Estanques”, que está ubicado en el poblado de Ex Hacienda El Hospital del municipio de Cuautla.

Los clientes pidieron un área privada, por lo que fueron ubicadas en la parte posterior del restaurante, que se encontraba apenas con la mitad de las mesas ocupadas por comensales.

Una de las hipótesis que investiga la FGE es que los médicos presuntamente convivían con Raymundo Castro Salgado, alias “El Ray”, líder criminal en la región oriente, cuando el grupo armado ingresó al restaurante con el objetivo de asesinar a dicha persona.

El hombre habría logrado escapar de la refriega, que dejó a su paso la muerte de tres niños y tres adultos que acompañaban a los galenos, así como varios heridos.

La exsecretaria de Educación estatal, Beatriz Ramírez Velázquez, obtuvo de un juez federal una suspensión provisional para continuar recibiendo su pensión por jubilación, luego de que la actual legislatura abrogó el decreto pensionario por presuntas irregularidades en su emisión.

En el juicio de amparo 505/2019, promovido el pasado 16 de abril, la demanda fue admitida por el Juzgado Tercero de Distrito, quien determinó conceder la medida cautelar hasta en tanto se resuelve si otorga o no la suspensión de manera definitiva.

En su demanda, la exsecretaria de despacho consideró “injustificadas, indebidas, infundadas, inmotivadas, ilegales, inconstitucionales e inconvencionales”, la dictaminación, discusión,  aprobación y promulgación del decreto expedido por la LIV Legislatura y publicado por el Poder Ejecutivo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el cual fue revocado su decreto de retiro.

También reclamó que se le ha dado un trato discriminatorio y de linchamiento público “al ser tildada como ‘beneficiaria’ de una denominada ‘pensión dorada’, por parte de las responsables; así como haber sido tratada, inconstitucional e indebidamente, como una presunta responsable de un hecho ilícito, violentando sus derechos fundamentales y sus garantías constitucionales respectivas, como son la de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, tutela judicial efectiva y no discriminación”.

Con base en estos alegatos, el juzgado de distrito resolvió conceder “la suspensión provisional del acto reclamado para efecto de que las autoridades responsables procedan a cumplir con lo establecido en el decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número cinco mil seiscientos treinta y siete; hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, ello tomando en consideración que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por los artículos 128, 131 y 147, segundo y tercer párrafos, todos de la Ley de Amparo”.

En julio de 2018, la anterior legislatura aprobó el decreto de pensión  por jubilación de Beatriz Ramírez Velázquez, a razón del equivalente al 90%, sobre el equivalente a 600 salarios mínimos generales vigentes.

Pero la actual legislatura revisó y encontró elementos legales para abrogar los primeros 24 expedientes de decretos pensionarios, de poco más de 70 con irregularidades e inconsistencias en su emisión.

En el caso de la exsecretaria, según el decreto de abrogación publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de abril, en el sistema de cómputo y libros de registros, así como de control de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Poder Legislativo del Estado de Morelos, no se encontró ningún registro de ingreso de la solicitud de pensión de fecha 27 de junio de 2018 a nombre de Ramírez Velázquez.

Tampoco cumplió con lo previsto en la fracción I del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, que señala que corresponde a la Comisión Legislativa conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del estado, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la consideración del Pleno.

De igual forma, dice el decreto de abrogación, se observó que no se llevó a cabo debidamente la investigación en todas esas dependencias para las cuales la solicitante de la pensión afirmó que prestó sus servicios, ni en el expediente interno se integró documentación probatoria, como recibos de nómina, oficios de nombramientos, listas de asistencia, entre otros, para comprobar los servicios prestados y su antigüedad.

Con base en ello es que el Pleno del Congreso determinó que existieron “serias irregularidades en el desarrollo del proceso legislativo llevado a cabo por la LIII Legislatura, así como en el expediente abierto con motivo de la solicitud de pensión de la C. Beatriz Ramírez Velázquez, y al existir elementos suficientes y convincentes para considerar que el Decreto pensionatorio Número Tres Mil Cuatrocientos Dieciséis, aprobado a favor de la C. Beatriz Ramírez Velázquez, carece de los más esenciales requisitos de validez para su otorgamiento ya que estuvo viciado de nulidad desde su origen”.

El fiscal general admite que solo se hace de manera selectiva, en casos relevantes.

Uriel Carmona no reclamará por anulación de pensiones vitalicias para los fiscales.

Los diputados corrigieron “algunos desaciertos” de los anteriores legisladores, dice.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que no impugnará la abrogación de las pensiones vitalicias para los fiscales -aprobada hace unos días por el Congreso de Morelos- al considerar que los diputados corrigieron “algunos desaciertos” de sus antecesores.

Por otro lado, el funcionario admitió que en Morelos no se investigan los homicidios, sino sólo de manera selectiva.

En julio de 2018, la LIII Legislatura realizó modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Estado para otorgar al titular de la institución la facultad discrecional de otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales y designar al fiscal anticorrupción.

Incluso, más de 30 organizaciones civiles expresaron su inconformidad con aquella reforma, por considerarla un exceso y un agravio a la sociedad, y respaldaron la acción de inconstitucionalidad 65/2018 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el acto legislativo.

Pero hace unos días, la actual legislatura determinó echar abajo la reforma respecto al tema de las pensiones, lo cual fue celebrado por el fiscal estatal y aseguró que no impugnará la abrogación.

“Somos respetuosos de nuestro Congreso y lo que estamos haciendo es trabajar (…) Ese tema obedece a un ejercicio legislativo que nosotros respetamos, incluso yo lo veía venir, porque pues el Congreso actual está poniendo orden en algunos desaciertos de la legislatura anterior, con lo que yo estoy de acuerdo con esos actos legislativos, me parece que es plausible, a mí no afecta, no voy a recurrir ni impugnar nada en ese sentido”, afirmó.

Investigación selectiva de homicidios

Por otra parte, el fiscal estatal reconoció que la institución se encuentra numéricamente mermada y rebasada por la carga de trabajo, debido a que sólo cuenta con 300 elementos de Policía de Investigación Criminal (PIC) y no son suficientes para esclarecer todos los ilícitos, en particular los homicidios dolosos.

Detalló que en el primer trimestre del 2019, se perpetraron 238 homicidios dolosos de varones,  25 homicidios de mujeres y nueve feminicidios, sin embargo, dijo desconocer el número de homicidios esclarecidos hasta el momento pero reconoció que, debido al gran número de asesinatos, se ha tenido que priorizar e investigar los de mayor relevancia.

“No te puedo decir qué porcentaje (de homicidios resueltos hay) tenemos 300 policías para todo el estado, pues naturalmente estamos bastante rebasados por la carga de trabajo y lo que hacemos es priorizar y estamos trabajando todos los días. Trabajamos más bien de manera casuística, como el tema de Cuautla, donde tenemos detenidos, el tema de Samir que es muy, muy importante, de mucha urgencia que se está trabajando”, expresó. 

El Ejecutivo estatal revisará la legislación local en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres

El Consejero Jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que el Poder Ejecutivo revisará la legislación estatal en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para proponer una iniciativa al Congreso local en la que no descartó retomar el debate sobre la despenalización del aborto.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 10 de abril, el Poder Ejecutivo cumplió con la resolución de la SCJN en la controversia constitucional 14/2016, en la que el Alto Tribunal ordenó publicar, para su vigencia, las reformas legales realizadas hace más de tres años por el Congreso local, en las que se excluyó la despenalización de la interrupción del embarazo.

Sotelo Salgado señaló que en los último años la legislación federal de protección a la mujer evolucionó y sufrió diversas modificaciones, lo que obliga a realizar una revisión y actualizar el marco normativo estatal.

“Ahora tendremos que entrar en la revisión de todas las disposiciones legales porque han cambiado, de la fecha en que se presentó la controversia a la actualidad, entonces vamos a entrar en una revisión de las disposiciones legales que necesitan adecuarse”, dijo.

Cuestionado sobre si el Poder Ejecutivo presentará una iniciativa de reforma a la ley estatal, señaló que la indicación es que se analice el tema y propongan las adecuaciones a la legislación.

A pregunta expresa de si debe retomarse el debate sobre la despenalización del aborto – cuyo tema llevó al litigio a los Poderes Legislativo y Ejecutivo hace tres años ante la SCJN- consideró que, aun cuando es asunto polémico, es factible retomar el debate.

“Hay que analizar con detenimiento el tema de la despenalización del aborto, es un tema muy complejo que requiere de muchos consensos, porque usted sabe que es un tema muy controversial. Hay que entrar a la revisión y no solamente es la posición del Ejecutivo, sino tendrán que solicitarse opiniones de algunos otros actores para poder coincidir en este tema”, expresó.  

Dicho municipio indígena promovió una controversia constitucional para inconformarse por la retención de su presupuesto y exigir que se garanticen las ministraciones mensuales.

El municipio indígena de Hueyapan promovió una controversia constitucional para inconformarse por la retención de su presupuesto y exigir que se garanticen las ministraciones mensuales.

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la representación legal del municipio indígena promovió el recurso de control constitucional 164/2019, en el que demandó la retención de las participaciones y aportaciones, tanto federales como locales, que le corresponden al municipio indígena, así como sus efectos y consecuencias.

También solicitó al alto tribunal que se garanticen las ministraciones mensuales de participaciones y aportaciones que le corresponden a Hueyapan y los depósitos a las cuentas bancarias del municipio indígena de las siguientes participaciones y aportaciones, por todo el ejercicio fiscal del año 2019.

Esto incluye el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; el Fondo General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal;  el Fondo de participaciones Especifica (sic) en IEPS; impuesto sobre automóviles nuevos; Fondo de Fiscalización y Recaudación y cuotas a la venta final de combustibles para el ejercicio fiscal 2019; y las aportaciones retenidas del fondo de aportaciones estatales para el desarrollo económico de los municipios del ejercicio fiscal 2019.

En mayo, los servidores públicos del Poder Judicial deberán de presentar su declaración patrimonial, conforme lo prevé la ley.

El director de la Contraloría Interna del Poder Judicial, Isidro Zambrano Vargas, pidió a los servidores públicos de la institución presentar por escrito en tiempo y forma su declaración patrimonial actualizada.

Detalló que entre los sujetos obligados a cumplir con este requisito de ley, están los secretarios de acuerdo, directores de área y departamento, jueces y magistrados.

Explicó que la declaración patrimonial anual  tiene  el propósito de transparentar sus ingresos y, en esta ocasión,  los funcionarios judiciales deberán presentarla de forma escrita.
Informó que en todo el mes de mayo, personal de la Contraloría interna instalará módulos en las sedes de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y  Jojutla, para recibir las declaraciones patrimoniales y resolver dudas de los trabajadores del TSJ.

“Tanto la Ley de Responsabilidades Administrativas, como la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, refieren que todos los servidores públicos debemos ser transparentes con los ingresos que percibimos y el tribunal cada año cumple con esta obligación”, dijo.
El director de la Contraloría Interna del Poder Judicial, invitó a los trabajadores para que acudan a los módulos o consultar la ligahttp://tsjmorelos2.gob.mx/ 2016/declaracion_patrimonial/.

El Congreso ordena iniciar procesos contra funcionarios estatales o municipales que otorgaron las constancias que sirvieron para aprobar indebidamente esos pagos hoy anulados.

Estaban hospitalizados por los hechos; la cifra de víctimas mortales se elevó a seis; la FGE niega criminalización contra el gremio médico.

Con el fallecimiento de otra mujer, subió a seis el número de víctimas mortales del atentado perpetrado en el restaurante Los Estanques, de Cuautla,  presuntamente contra el líder criminal en la zona oriente de Morelos, Raymundo Castro Salgado, alias “El Ray”, y la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ejecutó órdenes de aprehensión contra dos presuntos implicados en el ataque, quienes se encontraban entre los lesionados hospitalizados.  

“El día de ayer por la noche se ejecutaron las dos primeras órdenes de aprehensión de dos personas que probablemente participaron en estos hechos de violencia en el restaurante Los Estanque, y ya están puestos a disposición de juez de la causa en Cuautla, Morelos. Entonces, ya tenemos ahí dos personas detenidas”, afirmó el fiscal general, Uriel Carmona Gándara.

Señaló que los dos presuntos responsables fueron reconocidos mediante testimonios de personas que estuvieron en el lugar de los hechos, y fueron puestos a disposición de un juez de control y juicio oral del Tercer Distrito Judicial, con sede en Cuautla.  

De acuerdo con la FGE, los sospechosos fueron identificados como Isae “N” y Modesto “N”, quienes dieron positivo en las pruebas practicadas con radizonato de sodio, además de que mediante acciones periciales fueron identificados por algunas personas como parte del grupo armado agresor.

Ambos se encontraban lesionados y hospitalizados. Uno en el Hospital General de Cuautla, quien se hizo pasar como víctima, y otro se encontraba internado en el Hospital de Axochiapan, y posteriormente trasladado al de Cuautla.

Gándara Carmona señaló que continúan las investigaciones para ubicar a otros implicados que -tras el ataque que cobró la vida de seis personas (tres de ellos infantes)- huyeron del lugar –entre ellos el líder criminal- y esa fue la razón por la que se requirió a las clínicas y hospitales privados y públicos de la región informes y expedientes de pacientes que el fin de semana pudieron llegar a los nosocomios con heridas de bala.

“Estamos buscando dónde pudieron haberse atendido personas que pudieron haber huido del lugar, pero hasta ahí, no estamos preguntando por quién llegó con un coma diabético, sino estamos preguntando por lesionados con impacto de arma de fuego o similares. Entonces, eso no implica para nada una criminalización contra de los médicos ni de nadie”, aclaró Carmona Gándara, luego de que grupos de galenos expresaron su inconformidad con la medida aplicada por la fiscalía para intentar ubicar a implicados en la masacre.  

Recalcó que el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar y requerir información relacionada con un delito, lo cual no implica estigmatizar ni criminalizar a este gremio.

Confirmó que los médicos Guillermo Domínguez Muñoz y Alejandro Elizalde, quienes también resultaron lesionados, ya rindieron su declaración. Pero a pregunta expresa de si la FGE investiga si uno de los médicos sostenía una relación de amistad o compadrazgo con “El Ray”, y si en el momento del ataque se encontraban conviviendo con él en la parte trasera del restaurante, afirmó que es una de las hipótesis que indaga el Ministerio Público, pues hasta ahora los testimonios no han sido suficientes para establecer esa relación.  

También señaló que todavía no se esclarece si se trató únicamente de un ataque o si ocurrió un enfrentamiento entre los bandos rivales.

Por lo pronto, dijo,  ambos médicos se encuentran bajo protección policíaca para salvaguardar su integridad física mientras se desarrolla la investigación, y su estatus es de víctimas del delito, pues aun en el supuesto de que alguno de ellos tuviese una relación de compadrazgo con el presunto líder criminal, esto no los convierte en delincuentes.

Agregó que este jueves se reunirá con representantes del gremio médico para escucharlos, atender sus inquietudes y externar el respeto que la FGE tiene hacia los galenos y su trabajo.

Fallece otra víctima

De acuerdo con información oficial, en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Cuernavaca, a las 11:21 horas de este miércoles, el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de cadáver de María del Rosario “N”, de 54 años de edad, quien perdió la vida por impacto de proyectil de arma de fuego durante el ataque perpetrado la tarde del sábado en el restaurante Los Estanques. 

Aparentemente convivía con las familias de dos médicos; logró huir.

En medio de discrepancias entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Seguridad (CES), se reveló que el objetivo del ataque en el restaurante Los Estanques era Raymundo Castro Salgado, alias “El Ray”, conocido como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona oriente de Morelos, y quien aparentemente convivía con las familias de dos médicos.

El titular de CES, José Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que los indicios apuntan a que el capo se encontraba en el restaurante, conviviendo con las víctimas, y que logró huir del lugar tras el atentado.

“Con respecto a que si había una persona ahí conocida, lo que sabemos es que sí, ahí estaba, y que a la hora de los disparos salió huyendo. No sabemos a dónde fue, hay algunos indicios, pero sí sabemos que ahí estaba, específicamente El Ray”.

Incluso, destacó que la CES, a partir de este ataque, previó posteriores consecuencias. “Sabemos que iba a venir un rebote de lo que pasó el sábado y prueba de ello es lo que apareció, unos mensajes (de amenazas entre grupos criminales) en donde ya están, de una manera indirecta, porque es un cobardía poner un mensaje que no se avale a la fiscalía como una denuncia”, dijo, y señaló que, posterior a los hechos, se perpetraron 13 homicidios, posiblemente algunos de ellos como secuelas del intento de ejecución del líder criminal.

Pero el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara Carmona, rechazó confirmar la presencia del capo en el restaurante, con el argumento de que “no nos es ajeno el conocimiento de esta información técnica no formal, no al interior de la carpeta, sino como un trabajo de inteligencia que se tiene entre las dos policías”.

“Entonces no es dable para el Ministerio Público, hasta este momento, aseverar en la parte jurídica, si este sujeto se encontraba ahí o no, eso es lo que se está investigando y sobre eso se está trabajando”.

Por lo pronto, para el fiscal Carmona Gándara, quien después de cuatro días de la masacre salió ante los medios de comunicación, dio la versión oficial de los hechos de aquella fatídica tarde en el restaurante Los Estanques, en el municipio de Cuautla.

Según el fiscal, aproximadamente a las 17:30 de la tarde, un grupo de personas (integrado por los médicos Guillermo Domínguez Muñoz y Alejandro Elizalde, sus familias y un residente) llegó a un restaurante con razón social Los Estanques, ubicado en la colonia Ex Hacienda El Hospital, del municipio de Cuautla, y pidió un área privada, por lo que fue ubicado en la parte posterior del restaurante, que se encontraba apenas con la mitad de las mesas ocupadas por comensales.

“Minutos después llegaron al restaurante varias personas a bordo de una camioneta tipo Suburban y un vehículo tipo Sentra, de los cuales descendieron aproximadamente cuatro personas de cada uno de esos vehículos, rodeando el restaurante por los flancos para llegar al fondo de dicho inmueble, donde se encontraban los integrantes de esta familia afectada, contándose con datos que además de estas familias, había otras personas en el mismo lugar”.

Aunque el fiscal rechazó confirmar la presencia del capo en el restaurante y establecer la relación con las víctimas del ataque, insistió: “Contamos con datos, con indicios suficientes para determinar que en ese lugar se encontraban otras personas que habían huido del lugar, en contra de las cuales pudo haberse ejecutado el ataque. Había otras personas, tenemos la información suficiente indiciaria en la carpeta de investigación que indica que el ataque pudo haber sido en contra de otras personas que se encontraban en el mismo lugar”.

Por lo pronto, la fiscalía tiene ubicados a dos sospechosos de haber participado en el ataque, y espera a que un juez libre las órdenes de aprehensión. La principal línea de investigación de los hechos está vinculada con la delincuencia organizada.  

Con el deceso de un niño, se elevó a cinco el número de fallecidos por los hechos.

El comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que los hechos ocurridos en el restaurante Los Estanques, de Cuautla, se trataron no de un ataque a comensales, sino un atentado directo contra los médicos Guillermo Domínguez Muñoz y Alejandro Elizalde y sus familias.

Descartó que los dos hombres detenidos, identificados como Ranulfo “N” y Elías “N”, estuvieran implicados en el ataque, como se sospechó inicialmente, pero aclaró que la Fiscalía General del Estado ya tiene un sospechoso.

Señaló que los testigos ya se presentaron a declarar ante el agente del Ministerio Público, incluido el propietario del establecimiento, sin embargo, recalcó que será la fiscalía estatal la responsable de dar más detalles de los hechos, las líneas de investigación y el posible móvil del crimen.

Insistió en que el ataque no fue fortuito, sino contra los médicos y sus familias, y narró brevemente el hecho, pues reiteró que es la fiscalía la que está a cargo de la investigación.

“Quiero ser claro en este aspecto, de que no fue un ataque contra comensales de un restaurante, sino que estas dos familias llegaron, pidieron estar en un lugar privado. El restaurante no contaba con él, les improvisaron un par de mesas en la parte de atrás, que es un lugar donde limpian las mojarras que venden ahí y acumulan la basura, y aun así ellos quisieron estar ahí.

“Y posteriormente llegaron en una camioneta tipo Suburban unas gentes para acribillarlos a balazos ahí. Desgraciadamente murieron cuatro personas, dos de ellos menores, y el día de hoy (lunes) falleció otro niño”, con lo cual se elevó a cinco el número de muertos.

Expresó que este mismo lunes, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo; el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara; el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, y él, como titular de la CES, sostuvieron una reunión para abundar sobre el caso.

CES apela al apoyo de ediles

Ortiz Guarneros señaló que fue enfático con el alcalde de Cuautla sobre la necesidad de que los ediles y los ciudadanos sean más colaborativos con las autoridades, pues si no hay denuncias, no habrá manera de combatir, detener y poner a disposición de la justicia a los criminales.

“Sabemos la corrupción que hay en la policía, en fiscalía, pero -sin embargo- no hay denuncias. Entonces, hoy, en esta reunión que tuve con el presidente municipal de Cuautla le dije que si yo sé que hay policías involucrados (en delitos), yo procedo contra ellos, que los presidentes municipales son los ojos que yo necesito en los municipios, que el mando que se implementó con el señor gobernador Cuauhtémoc es un Mando Coordinado, no es un Mando Único. Es coordinado precisamente para que estemos en coordinación y que los principales, quienes deben dar información y que deben denunciar, son los presidentes municipales”, subrayó.

Cuestionado sobre unas lonas con un mensaje que acusaba a un grupo conocido como “Los Linos”, como presuntos responsables del atentado contra las dos familias, señaló que no puede ese mensaje asumirse como prueba, porque es usual que los delincuentes usen esta táctica como distractor o para confundir a la autoridad, pero reafirmó que será la fiscalía la que desarrolle la investigación y esclarezca el multihomicidio.  

Familiares de víctimas de desaparecidos acordaron con el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, instalar en un plazo de 45 días la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos.

Tras una reunión con el responsable de la política interna del estado, Angélica Rodríguez Monroy, integrante de la asociación civil “Regresando a casa”, en Morelos, señaló que se planteó la urgencia de instalar la comisión y emitir la legislación local en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

Para ello, dijo, los familiares de víctimas presentaron un anteproyecto de ley basado en sus necesidades y experiencias a lo largo del camino sinuoso en la búsqueda de sus hijos.  

“Nace de la experiencia de las familias, de lo que hemos caminado todas las familias, de lo que sabemos que necesitamos, y de lo que sabemos que no está funcionando y que queremos que funcione. No queremos que le metan mano los legisladores, ni de otro lado, porque esta iniciativa nace de nuestras manos y de la gran necesidad que tenemos de encontrar a nuestros hijos”, señaló.

Indicó que se planteó el apremio de instalar a la brevedad posible la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, para realizar todas las acciones legales posibles para ubicar a todas las víctimas de desaparición, y se acordó que para el 1 de junio próximo, dicha comisión deberá ser instalada.

“Ya estamos muy atrasados. Morelos es de los 23 estados que están atrasados, que no tienen comisión local, y a nosotras es a las que más nos urge, porque no estamos teniendo investigación en la fiscalía, los asuntos están parados y a nosotros nos urge que esta comisión ya funcione”, dijo.

Expresó que el secretario de Gobierno informó que el Poder Ejecutivo también está en elaboración de un proyecto legislativo, pero se le insistió en que las familias no desean que la instalación de la comisión y la búsqueda de desaparecidos se siga postergando.   

Once personas lesionadas están hospitalizadas

El órgano promovió una nueva controversia constitucional ante la Corte

La reforma constitucional se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde este sábado entró en vigor la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incrementa el número de delitos que desde ahora ameritarán prisión oficiosa.

De acuerdo con la modificación constitucional realizada por los legisladores federales, el Ministerio Público podrá solicitar y el juez ordenar la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

También procederá la prisión preventiva en los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, a partir de la vigencia de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión tiene un lapso de 90 días para realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes, el aumento de los delitos con prisión preventiva oficiosa.

Los delitos en materia de corrupción, tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

El legislador dispuso también que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente decreto.

En el lapso señalado, dice el decreto, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública la eficacia de esta medida cautelar y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes y organismos de protección de los derechos humanos, que deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

La evaluación deberá de tomar los siguientes puntos: 1) Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; 2)  Eficacia de las medidas cautelares aplicadas; 3) Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas; 4) Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización; 5) Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; y 6) Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, peritos, entre otros.

La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente decreto, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

El consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que será la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la que califique si los tres Poderes del Estado acatan o no correctamente el acuerdo emitido el pasado 4 de marzo para cumplir con las sentencias de 116 controversias constitucionales respecto a etiquetar y suministrar los recursos necesarios para el pago gradual de las pensiones de los trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Precisó que hoy vence el plazo fijado por la SCJN al Poder Ejecutivo para cumplir con el suministro de recursos al TSJ para el pago del primero de 11 bloques de controversias constitucionales, en las que se ordenó disponer de presupuesto para pagar las pensiones.

Indicó que se comunicará a la Corte el cumplimiento requerido conforme se suministren los recursos del fondo de 80 millones de pesos etiquetado por el Congreso para pagar a los jubilados del Poder Judicial, con base en el orden establecido por el Alto Tribunal.

Cuestionado si podría la SCJN hacer nuevos requerimientos en vista de que los 80 millones de pesos fueron tomados del mismo presupuesto del Poder Judicial y no se etiquetó un presupuesto específico para el pago de pensiones de los trabajadores judiciales en retiro, señaló que tocará al máximo tribunal calificar el cumplimiento de las sentencias en controversia constitucional y del acuerdo del 4 de marzo.

“Somos tres los involucrados, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Al Ejecutivo únicamente le corresponde vigilar y determinar que se transfieran los recursos. La obligación que se le impuso al Legislativo es que etiquetara los recursos. Si la Corte determina que no están bien etiquetados esos recursos, tendrá que venir un pronunciamiento, y si considera que el Ejecutivo no está transfiriendo los recursos suficientes, pues también puede haber un requerimiento, vamos a esperar como se pronuncia la Corte”, manifestó. 

El comandante de la 24ª. Zona Militar alaba los nombramientos en el nuevo cuerpo de seguridad.

El titular de la 24 Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, celebró los nombramientos de los mandos de la recién creada Guardia Nacional, y aseguró que en los primeros cuatro meses del arranque en Morelos de este nuevo cuerpo de seguridad, se lograron reducir considerablemente los delitos.

“En mi opinión, es que el comandante de la Guardia Nacional (Luis Rodríguez Bucio) es un excelente general, un general muy profesional, tengo la oportunidad de conocerlo muy bien. El que es coordinador (Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez) es otro excelente general y aquí Morelos debería estar orgulloso de ello porque él vive aquí en Morelos”, dijo.

Señaló que en Morelos, la Guardia Nacional opera desde diciembre de 2018, y ha dado sus primeros frutos con la reducción significativa de los delitos de alto impacto como el secuestro, aunque reconoció que hay algunos delitos comunes que no se han logrado abatir, como es el caso de robos a comercios y tiendas de conveniencia, donde frecuentemente hay sustracción de mercancías.  

Expresó que no se espera el arribo de más personal castrense a la entidad y la Guardia Nacional seguirá en operación con el personal actualmente destacamentado en Morelos, con el apoyo del resto de las fuerzas de seguridad. 

La magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, defiende la operación de ese órgano.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, adelantó que impugnará el amparo concedido a una juez, en el que se decretó la incompetencia de la Comisión Transitoria para conocer de los procesos administrativos y sanciones a funcionarios judiciales porque es competencia de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual no ha sido instalada desde hace un año.

Hace unos días, un juez segundo de distrito en el Estado de Morelos concedió el amparo a la juez mixta de primera instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, Xochiquetzalli Puebla Peralta, y revocó la sanción administrativa de 754 pesos que le impuso el extinto Consejo de la Judicatura, y ordenó emitir una nueva resolución.

La razón para la concesión del amparo, de acuerdo con el juez federal, es que no es Comisión Transitoria (integrada por Cuevas López y los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz) la instancia competente, sino la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, creada a partir de la reforma constitucional en vigor desde el 5 de abril de 2018 y la cual no ha sido integrada.

Según Carmen Cuevas, la resolución del juez “tiene muchas inconsistencias”, porque la Comisión Transitoria –insistió- está debidamente instaurada y es competente para conocer este tipo de asuntos.

“La resolución habla de una competencia, esa resolución no es definitiva. Nosotros nos vamos a ir al recurso de revisión porque creemos y consideramos poderlo ganar, porque tiene muchas inconsistencias. El Poder Judicial no se puede quedar paralizado, la comisión fue transitoria pero está legalmente establecida y todos sus actos son legalmente establecidos”, dijo, al señalar que la sentencia será recurrida ante un tribunal colegiado.

Indicó que la Comisión Transitoria seguirá funcionando, aunque ya hay un acuerdo del Pleno del TSJ para instaurar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Se atenderá fallo judicial para garantizar seguridad de la población por la actividad del coloso, señala el delegado del gobierno federal.

El representante del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, descartó que haya riesgos en la operatividad del Gasoducto Morelos ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, pero habrá un monitoreo continuo y se atenderá lo ordenado por un juez federal al Consejo Nacional de Prevención de Desastres (Conapred), respecto a la implementación de medidas preventivas por la actividad volcánica.

Indicó que sigue la realización de estudios en relación a la actividad de “Don Goyo” y su impacto geológico, pero hasta ahora no hay evidencia que advierta un riesgo entre los movimientos volcánicos y su interacción con la operación del gasoducto.

“Yo no veo riesgos, a menos de que los estudios que nos han presentado, que nos han demostrado, estén equivocados. Pero yo fui testigo de cómo el gasoducto deja de funcionar a cualquier aumento de temperatura. Cualquier movimiento, inclusive, menor, de manera automática se para; hay todas las medidas de protección civil y están ya todos los permisos que siempre ha tenido el gasoducto”, dijo.

Dijo que por lo pronto, las autoridades revisan las rutas de evacuación y están pendientes de cualquier indicación oficial en torno al volcán.

También señaló que se mantienen las vías del diálogo con los grupos opositores a la termoeléctrica, instalada en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, y que forma parte del Proyecto Integral Morelos.

Un juez federal ordenó al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) implementar inmediatamente medidas preventivas para evitar riegos a la población por la operación del gasoducto Morelos y el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, que desde el 28 de marzo se elevó de Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3.

Luego de que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), promovió el juicio de amparo 647/2019, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo del Estado de Puebla, le otorgó una suspensión de plano para efecto de que en un plazo de 24 horas, el Cenapred  determine las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a la población cercana al coloso, e informe si tiene algún plan de contingencia para mitigar los efectos que podría provocar el incremento de la actividad del volcán en la operatividad del Gasoducto Morelos.

El juez federal de Puebla destacó que el Cenapred, si bien realizó una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a la población, omitió establecer las acciones que se deben seguir ante el incremento del semáforo de alerta volcánica y la operatividad del Gasoducto Morelos.

La justicia federal enfatizó que la suspensión decretada no tiene por efecto suspender o interrumpir las operaciones del Gasoducto Morelos, sino sólo adoptar las medidas preventivas que las autoridades competentes consideren necesarias para evitar poner en riesgo la vida de los pobladores de las comunidades cercanas a “Don Goyo”.

El juez apercibió que a partir de su legal notificación, los funcionarios responsables deberán cumplir con la orden judicial o podrán ser acreedores a las penas que establece el artículo 262 de la Ley de Amparo, que señala penas de prisión de tres a nueve años, destitución o inhabilitación del cargo. 

A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, detalló que el Cenapred -desde agosto de 2011- emitió una nota técnica dirigida a la Comisión Reguladora de Energía, donde señalaba que la instalación del Gasoducto Morelos pone en mayor peligro a las comunidades nahuas del volcán, y señaló que el trazo es inviable en 23 kilómetros al sur del cráter del volcán, así como en diversos puntos que se encuentran en zona de lahares (deslizamiento de lodo y piedras que alcanzan gran velocidad y arrasan todo a su paso).

Detalló que pese a las advertencias, se impuso el gasoducto, y, por ello, el Frente de Pueblos decidió promover un nuevo amparo ante el incremento de la actividad del coloso, pues cientos de miles de personas experimentan -desde marzo de 2019- la fuerza del volcán y su actividad, al retumbar la tierra desde las faldas de “Don Goyo” hasta llegar prácticamente a Veracruz, por lo que comunidades integradas del FPDTA optaron por continuar la lucha jurídica contra la operación de gasoducto.

Los activistas y comunidades adheridas al Frente, si bien celebraron la medida ordenada por el juez de distrito, expresaron no estar satisfechos, porque no es suficiente para salvaguardar a la población.

“Si bien es cierto, esta suspensión urgente demuestra que no existen medidas de protección reales para las comunidades en caso del funcionamiento del Proyecto Integral Morelos, la medida otorgada por el juez federal no es suficiente, pues ante el vacío técnico y legal de las medidas de seguridad necesarias, debió ordenar la suspensión de cualquier actividad que implique el transporte de gas natural en la zona de riesgo, pero en su lugar, cuestiona a la autoridad qué medidas de seguridad tiene previstas con el funcionamiento del Gasoducto Morelos y la actividad del volcán Popocatépetl.

“Es por eso que hacemos un llamado al gobierno de López Obrador para que, ante la incongruencia de instalar un gasoducto en zona de peligro volcánico y la falta de medidas de protección, planes y programas reales y vigentes que garanticen la seguridad de las comunidades, anuncie el día de mañana, en el centenario luctuoso del asesinato de nuestro general Emiliano Zapata, la suspensión y cancelación del Gasoducto Morelos en tierra volcánica y zapatista”, señaló el frente en su comunicado. 

Juzgado federal declara incompetente a la Comisión para sancionar a jueces y funcionarios judiciales, en virtud de que el órgano competente es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que no ha sido instalada desde abril de 2018.

Un juzgado federal declaró incompetente a la Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para sancionar a jueces y funcionarios judiciales, porque carece de legitimidad jurídica, en virtud de que el órgano competente es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, y que no ha sido instalada desde abril de 2018.

El pasado 3 de abril, Jorge Isaac Lagunes Leano, juez segundo de distrito en el estado de Morelos, concedió el amparo a la juez mixta de primera instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, Xochiquetzalli Puebla Peralta, a quien la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, y el extinto Consejo de la Judicatura, ordenó iniciar un procedimiento administrativo en noviembre de 2017, luego de se realizó una “visita extraordinaria” a su juzgado y se detectaron supuestas irregularidades.

El 21 de septiembre de 2018, la Comisión de Magistrados o Comisión Transitoria nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (que sustituyó al Consejo de la Judicatura), dictó la resolución definitiva en el procedimiento administrativo 412/2017, determinó la existencia de responsabilidad administrativa de la juez e impuso una sanción económica de 754 pesos y la anotación en su expediente ante la Secretaría de la Contraloría.

La juzgadora impugnó la sanción por la vía del amparo y expuso ante el juez de distrito la violación de sus derechos humanos y garantías procesales, porque la Comisión de Magistrados o Comisión Transitoria, no sólo es incompetente para conocer de los procesos administrativos sino que opera de manera ilegal, porque debió extinguirse desde el año pasado e instaurar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como órgano competente y dotado de facultades, tras la reformas constitucionales en vigor desde el 4 de abril de 2018.

En su sentencia, el juez federal explicó que, si bien el 16 de febrero de 2018 entró en vigor la reforma constitucional que estableció que el Pleno del TSJ nombraría una comisión que estaría integrada por el presidente del Tribunal y dos magistrados para sustituir al extinto Consejo de la Judicatura, hasta en tanto el Congreso realizara las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia del Poder Judicial, dos meses después, el 5 de abril, entró en vigor una nueva reforma que derogó las disposiciones anteriores y dio origen a la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Incluso, el juez federal precisó que si bien en la reforma constitucional se fijó un plazo de 90 días para que el Congreso local reformara la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto no debe ser excusa para no instalar la junta de administración.

“En efecto, la disposición segunda transitoria  del decreto 2611, por el que se reformaron diversas disposiciones  de la Constitución Política  del Estado de Morelos, publicado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, se señala expresamente que dicho decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad,  y si bien el Congreso del Estado de Morelos, no ha  reformado la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de Morelos, ello no significa que la entrada en vigor de las reformas constitucionales quede supeditada a la expedición dicha legislación secundaria, porque no se estableció de esa manera.

“Máxime, si tomamos en consideración que, al incorporarse al texto constitucional local la institución de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, se determinó la competencia de dicho órgano del Poder Judicial del Estado de Morelos, entre otros, para tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, lo cual no puede limitarse válidamente por la falta de actuación de la Legislatura del estado que, por mandato constitucional, debió expedir las normas secundarias correspondientes!.

“Ya que suponer lo contrario implicaría aceptar la posibilidad de que la competencia e instrumentación de un órgano del Poder Judicial del Estado, establecido en rango constitucional local, quede al arbitrio del legislador ordinario, el cual tendría la posibilidad de hacer nugatorias las reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, no obstante encontrarse subordinado a dicha norma suprema estatal”.

Consecuentemente, dice la resolución, dicta en favor de la juez Puebla Peralta, “resulta claro que la resolución reclamada de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, fue emitida por una autoridad, legalmente incompetente, pues la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, carecía de facultades legales para hacerlo, en la temporalidad indicada,  razón por la que resulta nula de pleno derecho y violatoria de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal”.

De esta forma, el juez recalcó que aun cuando el Congreso no cumpla con el mandato constitucional de realizar las modificaciones legales, el TSJ está en posibilidad de aplicar las disposiciones constitucionales e instaurar la junta.

En consecuencia, el juez de distrito concedió el amparo a la juez quejosa para efecto de que la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos,  deje sin efectos la resolución del 21 de septiembre de 2018, emitida en el expediente 412/2017, y, “dado que del informe justificado de la  referida Comisión, se advierte que no se ha creado la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, dicte una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos aquí formulados,  se declare incompetente para resolver el procedimiento administrativo de referencia”. La resolución todavía puede ser impugnada por el TSJ ante un tribunal colegiado.

Pleno sostiene existencia de comisión

El pasado viernes se llevó a cabo la sesión de Pleno solicitada meses atrás por un grupo de magistrados para que la titular del TSJ, Carmen Cuevas, explicara, entre otros temas, la insistencia de mantener la Comisión Transitoria.

Magistrados como Rubén Jasso, Miguel Ángel Falcón Vega y la magistrada presidenta Carmen Cuevas, persistieron en sostener en funciones a la comisión, pero no se descartó la posibilidad instaurar la junta, ante esta resolución del Poder Judicial de la Federación y en vísperas del informe de actividades de la presidente del TSJ. 

Reclamaba mantener ingresos por presidir comisiones legislativas, a pesar de haber sido removido.

Un juzgado federal negó al diputado de Morena, Marcos Zapotitla Becerro, la suspensión definitiva para mantener los privilegios económicos por presidir comisiones y contra los actos consumados por el Congreso, luego de que fue relevado, junto su homólogo José Casas González, de la presidencia e integración de varias comisiones.

De acuerdo con la resolución del Juzgado Segundo de Distrito, en el juicio de amparo 346/2019, promovido por el legislador, también negó la suspensión al diputado, quien se quejó de que le fueron canceladas las plazas de un secretario técnico y un asesor, por haber concluido el cargo de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación.

Aunque en un primer momento el juez federal le concedió la medida cautelar de manera provisional para mantener las percepciones extras que recibía por encabezar varias comisiones, finalmente determinó negar la suspensión definitiva, porque los hechos de los que se dolía el legislador (su remoción como presidente e integrante de algunas comisiones) son un acto consumado, contra lo que no precede otorgar la medida.

“Ahora bien, respecto de los actos consistentes en el acuerdo por el que se modifican en su integración las comisiones legislativas ordinarias de: Gobernación y Gran Jurado; Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación; Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, aprobado por el Pleno de la Legislatura del Estado en sesión celebrada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el que produjo como consecuencia que el quejoso dejara de contar con las plazas de un Secretario Técnico y de un Asesor por haber concluido el cargo de Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, dichos actos fueron emitidos con anterioridad a la concesión de la suspensión provisional, pues ésta se otorgó por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, por tanto, revisten el carácter de actos consumados, respecto de los cuales no procede la suspensión, en razón de que sería tanto como darle efectos restitutorios a la parte quejosa, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que emana el presente cuaderno incidental”, se explicó en el resolutivo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los congresos locales son competentes para legislar sobre medios de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información, es decir, los medios a través de los cuales los particulares pueden oponerse a las decisiones de las autoridades en este ámbito. 

Al analizar las acciones de inconstitucionalidad 38/2016 y 39/2016, promovidas por la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez de diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 27 de abril de 2016, resolvió que en materia de transparencia y acceso a la información, la Constitución establece un régimen de concurrencia legislativa, en el cual les está permitido a las entidades federativas legislar, incluso, respecto de procedimientos, siempre y cuando se haga respetando los principios de la ley marco.

Tras fijar el Pleno este criterio, el ministro ponente retiró el proyecto de sentencia para presentar uno nuevo, en el que se analizarán diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos, a la luz de lo dispuesto en la Constitución Federal, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como tratados internacionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Poder Ejecutivo una prórroga para la publicación y vigencia de las reformas en materia de perspectiva de género y violencia contra las mujeres, en las que la legislatura pasada excluyó la despenalización de la interrupción del embarazo.

A principios de marzo, la SCJN ordenó concluir el ciclo legislativo de tales reformas, luego de que en octubre de 2018  la Primera Sala de la SCJN declaró infundada la controversia constitucional 14/2016, promovida por el otrora gobernador, Graco Ramírez, y mandató la  publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de las modificaciones a diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, para que pudieran entrar en vigor.

Pero el Poder Ejecutivo solicitó una ampliación del plazo con el fin de cumplir con la sentencia judicial en los términos ordenado, a lo cual la SCJN respondió que “se concede al Poder Ejecutivo de Morelos, por conducto de quien legalmente lo representa, un plazo improrrogable de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que cumpla con el fallo constitucional dictado en este asunto, y una vez hecho lo anterior, deberá exhibir ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el Periódico Oficial de la entidad en el que conste la publicación del “Decreto Número Catorce, por el que se reforman diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género.”

Lo anterior, en el entendido de que la publicación de las reformas podrá realizarse en la edición de los miércoles del órgano oficial de comunicación o mediante una edición extraordinaria.

En diciembre de 2015, la Comisión de Equidad de Género del Congreso rechazó las observaciones enviadas por el Ejecutivo estatal a las reformas aprobadas en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, particularmente en el tema de la despenalización del aborto.

El Poder Ejecutivo acusó a los legisladores  de aprobar reformas “sin discusión expresa” y demandó al Congreso ante la SCJN por “las omisiones persistentes” y el incumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales en la materia, los tratados internacionales y diversos criterios jurisprudenciales sobre derechos humanos, a favor de las mujeres y, en especial, para acceder a una vida libre de violencia y tener el derecho a la interrupción legal del embarazo.

El Poder Ejecutivo ejerció su derecho de veto, y  promovió ante la SCJN la controversia constitucional, cuya sentencia le fue adversa y se ordenó la publicación de la reformas en los términos aprobados por los diputados de esa legislatura.  

Mediante un decreto administrativo, la sede del Poder Ejecutivo retornó a su antigua nomenclatura de “Palacio de Gobierno”, y con ello se borra definitivamente el nombre “Casa Morelos” que le dio el exgobernador perredista Graco Ramírez, denunciado ante la fiscalía estatal anticorrupción por presuntos desvíos millonarios del erario estatal.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el decreto emitido por el actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por el cual el inmueble que desde hace décadas concentra a las principales oficinas gubernamentales y de las secretarías de despacho retoma su denominación como Palacio de Gobierno.

Y es que, desde 1869, cuando se fundó el estado de Morelos, se estableció que la sede del Poder Ejecutivo sería denominada Palacio de Gobierno.

“Así, se observa que desde la erección del Estado, la sede oficial del Poder Ejecutivo siempre había sido referida como “Palacio de Gobierno”, denominación identificada por todos los morelenses; motivo por el cual se estima importante regresar a tal nomenclatura de origen, respetando así la historia, cultura y tradición cívica en torno al inmueble que nos ocupa y que se localiza en Plaza de Armas S/N, Colonia Centro, de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos”, estableció el decreto.

De esta manera, el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, instruyó a las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal para emplear la nomenclatura de “Palacio de Gobierno” en los actos y documentos públicos en los cuales deba hacerse referencia a la sede oficial del Poder Ejecutivo Estatal.

Además, la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal realizará los trámites correspondientes ante el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria del Estado de Morelos a cargo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo Estatal.

El Congreso del estado aprobó reformas legales para incrementar los años de prisión y las multas a quienes cometan delitos como homicidio, extorsión y robo calificado.

El Poder Ejecutivo celebró la aprobación, por parte del Congreso local, de las reformas al Código Penal del Estado, para incrementar los años de prisión y las multas a quienes cometan delitos de alto impacto como homicidio y extorsión.

De acuerdo con las modificaciones a la legislación penal y que entrarán en vigor una vez que sean publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad, el homicidio simple se castigará con 20 y hasta 40 años de prisión, pero aumentará hasta los 50 años cuando haya razón de parentesco.

El homicidio calificado tendrá una sanción de 25 a 70 años de prisión; el delito de extorsión puede alcanzar una pena de hasta 20 años y el robo calificado hasta las dos terceras partes de las sanciones previstas.

El robo de vehículo automotor, que tenía una pena de 10 a 20 años de prisión, con la reforma tendrá de entre 15 a 25 años de prisión. La portación, fabricación, importación y acopio de armas aumenta: de una sanción de seis meses a tres años, se incrementará  de dos a ocho años de prisión.

La reforma al Código Penal se realizó a propuesta del Poder Ejecutivo, que en diciembre del 2018 presentó al Poder Legislativo una iniciativa de reforma para agravar las condenas de prisión y multa en los delitos de alto impacto como homicidio simple, homicidio calificado, extorsión, robo calificado, robo de vehículo automotor, y portación, fabricación, importación y acopio de arma.

“Con la aprobación de la Reforma al Código Penal que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo planteó para el agravamiento de penas frente a la comisión de delitos, se fortalece el marco jurídico en Morelos y da pauta a la implementación de políticas públicas eficientes en materia de prevención e inhibición del delito en la entidad”, afirmó el Poder Ejecutivo a través de un comunicado.

Los hospitales y clínicas del sector salud estatal continuarán con la toma de muestras de sangre a los neonatos para conservación de las mismas, hasta que haya reactivos para realizar el tamizaje para la detección de enfermedades congénitas y metabólicas. Además, la instrucción es que los médicos identifiquen mediante rasgos físicos, talla y peso, los casos sospechosos de alguna enfermedad y mediante pruebas alternas hacer el diagnóstico clínico.  

El secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, señaló que la Federación no ha especificado hasta cuándo estará suspendido el presupuesto para la adquisición de los insumos para la realización de la prueba de tamiz, pero en Morelos ya se tomaron previsiones, con el objetivo de que los padres estén tranquilos y seguros de que sus pequeños serán examinados.

Explicó que hay en existencia papel filtro para recolectar las muestras de sangre que se obtienen del talón del recién nacido y conservarlas en refrigeración, en espera de que pronto el gobierno federal determine el tema del presupuesto y el proveedor para la adquisición de los reactivos para la realización de diagnóstico.

“Esos papelitos filtro los podemos tener guardados hasta dos meses refrigerados y sirven perfectamente. Esperamos que la próxima semana tengamos ya nosotros cómo vas a hacer la prueba para que no tengamos que esperar los meses, pero si fuera necesario, estamos preparados”, explicó.

Señaló que seguirán tomándose las muestras a los neonatos para que los padres de familia estén tranquilos, pero también otras de las previsiones es que desde este jueves se giró una circular a todos los hospitales del estado y centros de salud, para que “clínicamente diagnostiquen las enfermedades como se hacía antes, es decir, el hipotiroidismo de los niños, pues nacen aumentaditos de peso, con ojos saltones, con algunas alteraciones, y hay forma de diagnosticar clínicamente  o sospecharlos clínicamente, y después se puede tomar una muestra de sangre haciendo un perfil hormonal tiroideo; eso sí tenemos”.

Dijo que otra de las alternativas es que los Servicios de Salud contemplaron ya la posibilidad de contratar a un proveedor directamente para que, mediante una compra emergente, se pudieran adquirir los reactivos que se colocan sobre las muestras hemáticas tomadas a los bebés.

Por lo pronto, insistió que la instrucción a los médicos es tomar las muestras de manera habitual y detectar “a la antigüita” las enfermedades que pueden ser diagnosticables con métodos tradicionales. “Casi todos los niños que nacen son revisados por un médico. A ese médico se le va a dar una circular, en donde venga específicamente lo que ellos deben de buscar clínicamente a la hora de revisar al niño cuando está naciendo”, especificó. 

El juzgador fue acusado de favorecer a un imputado por el crimen del joven Tonatiuh Tlalapango Flores.

Una comisión determinará su responsabilidad en base a las pruebas presentadas.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) suspendió de sus funciones al juez Roberto “N”, por presuntos actos de corrupción graves, al ser acusado supuestamente de favorecer, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores en octubre de 2016.

A través de un comunicado, el TSJ informó que el pasado 3 de abril, como consecuencia de una queja presentada ante la Comisión Transitoria, se inició el procedimiento administrativo contra un juez de Control, Juicio Oral y de Ejecución, del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. 

“Derivado del análisis de las pruebas aportadas por el quejoso, de conformidad con la ley orgánica y de la correspondiente a la normativa de responsabilidades de los servidores públicos, se tomó la medida provisional de suspender al funcionario investigado, ya que existen los elementos suficientes que contravienen la ética profesional del servicio público y el marco jurídico respectivo. 
“Cabe aclarar, que el servidor público investigado tiene a salvo sus derechos humanos y garantías constitucionales. Además, de conformidad al principio de presunción de inocencia, se le respetará cada una de sus prerrogativas de ley”, estableció el comunicado emitido por el TSJ la tarde del jueves.

Las autoridades judiciales mantienen hermetismo sobre el caso, pero de acuerdo con fuentes consultadas, el juez Roberto “N” está bajo sospecha de haber actuado a favor de uno de los implicados en el caso del joven Tonatiuh, presuntamente a cambio de un beneficio económico.

Entre las pruebas aportadas a la Comisión Transitoria para el inicio de la queja, están unas grabaciones de llamadas telefónicas, intervenidas por orden judicial, que implican al juzgador, sin embargo deberá desahogarse el procedimiento para determinar sobre la posible responsabilidad el funcionario judicial.  

Tona, como lo llamaba su familia, salió el 7 de octubre de 2016 de su casa en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca, con la intención de acudir con un grupo de amigos a la inauguración del bar Bambaye en la Ciudad de México, pero acabaron en el Centro de Espectáculos Carranza en San Juan Teotihuacán en el Estado de México.

Un día después, su familia perdió comunicación con el joven e inició una carpeta de investigación por su desaparición. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado detuvo a dos trabajadores del Poder Judicial, Víctor Manuel y Jonathan, y a otro sujeto identificado como Jorge Alfredo, a quienes se les atribuyó el presunto delito de secuestro de Tonatiuh.

La medida auxiliará a frenar delitos de alto impacto, sostiene el gobernador.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, apoyó la propuesta del comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, para limitar el uso de motocicletas a un solo tripulante, como medida para frenar los delitos de alto impacto como el homicidio doloso.

Pidió la comprensión de la población por la medida extrema planteada por el responsable de la seguridad estatal, porque es claro que la motocicleta es el principal medio de transporte usado para perpetrar un crimen, darse a la fuga y evadir la acción de la justicia.

“Es una realidad lo de las motocicletas. Siendo dos (pasajeros) es muy fácil para los delincuentes. Cuando van dos, te agarran con metralletas y con pistola. La verdad es que es bien difícil, es bien delicada la situación, porque al final de cuentas se acerca una moto con dos chavos y pues… Y no nada más pasa aquí, pasa en México, pasa en la Ciudad de México, en varios estados”, dijo.

Dijo que es cierto también que la motocicleta es un medio de transporte para que las familias puedan trasladarse a la escuela o a sus empleos, y la autoridad no tiene ningún problema con ello, pero desafortunadamente los criminales han convertido a este vehículo en una herramienta para consumar sus delitos.

A pregunta expresa sobre si comparte la propuesta del titular de la CES, afirmó: “Yo la apoyo. Ojalá la gente esté consciente, yo sé que hay veces que el marido lleva a la esposa o algo, pero lo tenemos que hacer y créeme, es donde hay más, donde están los delincuentes porque van dos”.

“Hay padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela, ahí no tenemos ningún problema, pero ya cuando hay dos personas, pues ya es bien complicado, bien difícil, porque en una motocicleta se te pelan y agárralos, no los puedes alcanzar”. Expresó que se analizará jurídicamente la propuesta y la viabilidad de presentar una iniciativa de reforma a la ley en la materia, para restringir a uno el número de usuarios de cada motocicleta. 

Familiares demandan que la FGE continúe las indagatorias para conocer el paradero de la víctima, después de que su presunto secuestrador fue condenado a 50 años de prisión.

La familia del profesor Albino Quiroz Sandoval expresó su satisfacción con la condena de 50 años de prisión impuesta por un tribunal de juicio oral al abogado y expolicía Juan Carlos Reyes Lara, por el secuestro del mentor jubilado, sin embargo, pidió el apoyo de la comunidad del municipio de Tepoztlán para aportar pistas que conduzcan a la localización del docente.

Acompañado de su madre, Juan Carlos Quiroz Peñaloza, hijo de la víctima, expresó su satisfacción con el fallo dictado este martes por un tribunal, pero lamentó que la Fiscalía General del Estado no haya agotado todas las líneas de investigación para conocer el paradero de su padre, ya que durante el proceso judicial el responsable del secuestro se negó a revelar cuál fue su destino.

Sostuvo que el sentenciado, como abogado y expolicía, le apostó a las fallas del sistema de justicia para quedar impune, pero gracias a testigos protegidos y a las evidencias encontradas en el despacho del litigante, como huellas dactilares y sangre de la víctima, se pudo lograr una sentencia condenatoria.

Afirmó que la fiscalía está obligada a continuar con las investigaciones hasta dar con el paradero de Albino Quiroz, y llamó a la comunidad tepozteca para que si alguien vio o tiene pruebas de cuál fue el destino de su padre, las aporte a la autoridad, con la garantía de que su identidad será protegida, como ocurrió con los testigos que colaboraron para lograr la sentencia condenatoria contra el responsable del secuestro del profesor.

“Quiero aprovechar para hacer un llamado nuevamente a la comunidad de Tepoztlán. Lo que demostró este proceso judicial es que necesitamos dar evidencia a la fiscalía. Hay oportunidad de justicia, tenemos la oportunidad de usar las reglas a nuestro favor, pero necesitamos colaborar, necesitamos compartir la información que conocemos”.

“Si hay testigos todavía del momento en que secuestraron a mi papá, o del momento en el que lo sacaron de la oficina, si alguien puede compartir esa información, puede tener la total seguridad de que va a ser información que se va manejar con el sigilo necesario”.

“Lo demostramos en este juicio, protegimos la identidad de los testigos y logramos demostrar que su contribución es crítica para la justicia. Entonces, es un llamado para que nos ayuden a identificar más información que ayude a aclarar este caso”, apeló.

Señaló que durante el proceso judicial se evidenciaron algunas fallas en la integración de la carpeta y la falta de seguimiento de distintas líneas de investigación para localizar al profesor Albino, pero también se demostró que hubo insuficiencia y negligencia en la actuación de la Policía Municipal de Tepoztlán, pues un testigo de los hechos dio aviso cuando la víctima era agredida, pero la Policía no acudió al lugar de los hechos, ocurridos el 16 de marzo del 2017.    

Insistió que aun cuando ya hay un responsable sentenciado, la fiscalía estatal está obligada a continuar con la indagatoria hasta saber el destino del profesor y confirmar la implicación en el delito de al menos dos personas más, quienes –presuntamente- ayudaron al abogado a sacar de su despacho y subir a un auto al profesor.