La decisión de instalar en México plantas nucleoeléctricas se tomó desde los años 50,  pero no fue sino hasta inicios de los años 70-80 que se definieron las características del desarrollo de la industria nuclear nacional. Quienes vivieron ese proceso, recordarán que había dos posiciones encontradas que proponían, por un lado, desarrollar la industria con reactores de uranio enriquecido y, por otro, con reactores de uranio natural. Esto encerraba la misma polémica que hoy enfrenta la transición energética: ¿una ruta propia e independiente? En aquellos años México no contaba (ni cuenta) con la tecnología para enriquecer uranio, la cual poseían unos cuantos países en el mundo. Por tanto, la utilización de reactores de uranio natural permitiría mantener el control sobre los procesos de la producción de energía, porque aunque estos reactores utilizan agua pesada (en su molécula el hidrógeno es sustituido por deuterio), la tecnología para producirla requiere de la química convencional resultando alcanzable su desarrollo. En esa época algunos países en el mundo (Argentina) adoptaron el uso de reactores de uranio natural que eran producidos por Canadá, y tenían la experiencia necesaria para producir agua pesada. México no solo no contaba con la tecnología de enriquecimiento del uranio sino que ni siquiera contaba con los cuadros técnicos para llevar a cabo el desarrollo de la industria. En una decisión sorprendente, los científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares que abogaban por la línea de los reactores de uranio natural, recorrieron las escuelas de ciencias del país promoviendo la necesidad de crear programas de posgrado en física nuclear para apoyar el desarrollo de una industria nuclear basada en reactores de uranio natural. Para muchos de los jovencitos que en esos años cursábamos estudios superiores, aquella perspectiva dio sentido a nuestros empeños de estudiar física: contribuiríamos al desarrollo de una industria nuclear independiente en nuestro país. La decisión final fue tomada en la cámara de diputados, ganando la posición que apoyaba el uso de reactores de uranio enriquecido. En la década de los 90, en Laguna Verde, Veracruz, fueron puestos en funcionamiento los dos únicos reactores de uranio enriquecido que posee México, comprados a General Electric, y que hoy producen alrededor del cuatro por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país. El entusiasmo que a fines de los años 70 los científicos venidos a activistas por una industria nuclear propia e independiente imbuyeron en los estudiantes de ciencias se apagó. Su participación ya no fue requerida por la compra de las plantas nucleoeléctricas de Laguna Verde con “llave en mano”, lo que significa que México compró hasta el último tornillo. En una serie de tres artículos publicados en enero de este año en el diario La Jornada, el secretario de Ecología, Víctor Manuel Toledo, dejó clara la posición del gobierno de López Obrador en lo que se refiere a la inevitable transición energética. En sus argumentos el secretario formula una pregunta sustancial [1] [2]: ¿Qué modalidad debería tomar la transición energética bajo la conducción de un gobierno antineoliberal que se ha propuesto rescatar a la población más marginada del país (más de 50 millones) y darle una vida digna? La respuesta a esta pregunta tiene gran relevancia si se acepta que la crisis climática (en general ecológica) es de tal profundidad y magnitud que constituye “… una crisis de la civilización industrial …” [1]. Para el secretario la solución a la crisis climática debe transcurrir por caminos propios e innovadores y por ende, inéditos. La respuesta esbozada en sus artículos de enero por el secretario Toledo apela al ejercicio de la soberanía nacional, un concepto hoy olvidado, desacreditado, ninguneado y fuera de moda. En su tercer artículo [3], el secretario expone los pormenores de las políticas de la transición energética que definirán las acciones a realizar en los próximos años para dar cumplimiento a los acuerdos de París. Sólo quiero traer a este texto una frase que me parece definitoria: “…(la ruta antineoliberal) de transición energética (debe ser) soberana, ciudadana, descentralizada, de pequeña y mediana escala y de emponderamiento social.” Para mí, esto lo dice todo. Pero no es lo mismo acciones de gobierno que políticas públicas. La 4T no puede limitarse a las primeras. Las acciones de gobierno carecen del respaldo legislativo que requieren para convertirse en las segundas. Por ejemplo, recientemente el gobierno de la Ciudad de México aprobó la instalación de colectores fotovoltaicos en alrededor de 300 edificios públicos. En mi opinión, esta acción debe ser llevada a rango de ley en una perspectiva de desarrollo sustentable para el país. La transición energética es no sólo compleja sino llena de dificultades si no cuenta con la voluntad y la decisión de todos los sectores sociales. El gobierno no puede olvidar la necesidad de inculcar en los jóvenes estudiantes de ciencias e ingeniería los valores y las actitudes que aseguren el éxito de la aplicación de las políticas que conduzcan al cambio necesario. En particular, debe promover las licenciaturas y posgrados relacionados con la industria de la generación de energía a partir de fuentes renovables. Esto permitiría la construcción de una industria propia a partir de los avances de la ciencia de materiales y la nanotecnología. En México existen grupos maduros de investigación científica y tecnológica que con su amplia experiencia pueden apoyar la formación de dicha industria. Como en mis tiempos de estudiante, la 4T tiene que apelar al entusiasmo de los jóvenes estudiantes de ciencias e ingeniería. Con ello no solo cimentará las bases técnicas de la transición energética sino garantizará la prevalencia de los ideales de independencia y soberanía en este particular aspecto de la transformación del país. Porque se trata de eso precisamente: una transformación.

[1] https://www.jornada.com.mx/2019/12/31/opinion/012a2pol

[2] https://www.jornada.com.mx/2020/01/14/opinion/014a1pol

[3] https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/opinion/012a2pol