El 11 de mayo pasado tuvo lugar una video-conferencia organizada por el Conacyt sobre transición energética. En ella participaron investigadores que son expertos sobre el tema. Los planteamientos y la información expuestos muestran que el gobierno cuenta con algunas de las ideas fundamentales para llevar adelante la transición energética hacia un escenario sustentable. Hay que mencionar tres aspectos que resaltaron en la exposición. En primer lugar, el Conacyt tiene un diagnóstico de la situación de la energía en nuestro país que puede ser la base para elaborar las políticas de la transición. En segundo lugar, tiene claro lo que hay que cambiar en ese proceso: las formas y fuentes utilizadas para producir energía, pero también los patrones y estilos de consumo energéticos, los patrones de movilidad y urbanización, los hábitos de alimentación, los modos de producción industrial y las formas de acceso a los servicios energéticos, entre otros. Tercero, el Conacyt tiene también establecidos algunos de los requerimientos que debe  satisfacer la transición para ser un proceso viable: debe ser una transición pacífica, armónica con el ambiente, descentralizada, cooperativa, autogestiva , local, y conducir a una sociedad igualitaria.

Termino este breve resumen de la exposición mencionando que también tiene delineadas algunas de las acciones que inmediatamente son susceptibles de ser puestas en práctica: reducir a nivel nacional la velocidad máxima de vehículos automotores a 100 Km/Hr, prohibir la venta de vehículos con rendimientos menores a 15 Km/l, desalentar el uso del automóvil particular. Otras de mediano plazo: incorporar vehículos eléctricos al transporte público, alentar el uso de la bicicleta, rediseñar las ciudades evitando traslados grandes de las personas y promover el teletrabajo, entre otras. Por supuesto, están las medidas que requerirán mayores plazos y mayores esfuerzos tanto de autoridades como de los mexicanos. Sólo resalto los ámbitos en los que se ha establecido se promoverán dichos cambios: sector industrial, residencial/comercial, descentralización y cambios sistémicos (agroecología, economía regionalizada, desglobalización), etc.

¿Adoptará el gobierno las políticas que se siguen de los planteamientos hechos en la conferencia del Conacyt? Muchos de mis colegas del ámbito científico sostienen que no es así, que el recientemente publicado acuerdo para la seguridad energética apunta en la dirección contraria a la transición a fuentes de energía renovables. Mi opinión personal es que en apariencia parece ser así. Me parece que el acuerdo es un paso necesario para el restablecimiento de la rectoría del Estado sobre la transmisión y distribución de la energía de la que soy partidario. Las opiniones vertidas tanto por AMLO en las mañaneras como por la CFE son opiniones surgidas al calor de la polémica. Pero más allá de confrontar opiniones, mi propósito aquí es señalar lo que pienso que el gobierno de la 4T debería hacer en buena política para responder a las críticas surgidas a raíz del mencionado acuerdo.

En mi opinión, el gobierno debería dejar en claro que la transición energética va a constituir el eje de la transformación económica y social del país. Así de grandes, importantes y profundas son las implicaciones de dicha transformación. Que ella se suma a las trascendentes políticas anticorrupción, saneamiento, atención a la pobreza a través de programas sociales, etc. Debe dar ese lugar a la transición energética. Debe ser, no más, no menos, el eje de la transformación social y económica del país como se trasluce de los planteamientos del Conacyt.

El gobierno de AMLO debería elaborar a la brevedad posible el plan de la transición energética de hoy a 2050 o 2060 (o lo que los expertos consideren un plazo realista para un país como el nuestro). La meta debe ser, sin duda alguna, la sustitución de las fuentes fósiles de energía por las renovables, ¡al 100%!

Por tanto, el plan de transformación debe indicar con la claridad y precisión posibles los planes de ahorro energético, desmantelamiento de plantas productoras de electricidad que utilizan combustibles fósiles, sustitución ordenada y dirigida por el Estado (completamente de acuerdo con el acuerdo) por instalaciones que utilicen fuentes renovables, esto es, los objetivos y plazos de la descarbonización y reducción de emisiones de gases invernadero, la sustitución de transporte público por transporte no contaminante, ordenación urbana (las personas deben vivir cerca de sus centros laborales y contar con escuelas para sus hijos y otros servicios cercanos), etc. Y, a propósito, estas serán las bases de la que sí será la “nueva normalidad” de la que tanto se habla y que parece reducirse al hecho de que todo el mundo tendrá que ir de ahora en adelante con tapabocas y anteojos hasta que exista una vacuna contra el nuevo coronavirus.

La contingencia nos ha mostrado (aparte de que los humanos hemos sido y somos imprescindibles en la economía) que se puede hacer la vida desde nuestras casas, evitando contaminación, destrucción de bosques (al evitar el consumo de papel), etc.

Ese plan a 2050 o 60 aminoraría la desconfianza que genera la aparente contradicción entre el acuerdo para la seguridad energética y las recientes declaraciones gubernamentales y la perspectiva de largo plazo contemplada por el Conacyt.

El gobierno de la 4T debe confiar en sí mismo y también en que gobernará de aquí a 2050 o 60. Si no lo hace así, sospecharemos que no confía ni en su propia sombra.

México enfrenta una perentoria necesidad de transitar a fuentes renovables de energía ante el inminente agotamiento de la principal fuente convencional: los combustibles fósiles. Para iniciar es necesario decir que, en su justa dimensión, esta transición va a requerir de profundos cambios económicos y sociales cuya viabilidad dependerá de dos cosas: i) que sean justos y ii) que involucren a todos los sectores sociales.

En un magnífico artículo publicado el 5 de febrero en esta misma columna, mi colega Antonio del Río (IER-UNAM) enfatizó la complejidad de la transición energética y citó una frase emitida por la IRENA (International Renewable Energy Agency) que me parece justificado reproducir aquí: “Para garantizar que la transición energética sea lo suficientemente profunda y rápida, las estructuras de los sistemas de energía deben ser modificadas para que se fomente el uso máximo y óptimo de las fuentes y tecnologías de energía renovable. Simplemente ajustarlos no será suficiente para apoyar la transición. Se necesita un cambio de paradigma que implique el rediseño de las estructuras del sistema de energía, haciéndolas adecuadas para un sistema de energía basado en renovables.” No sólo esto, Antonio remarcó también lo que significa la premisa “Primero los pobres” para la transición energética: “…  se debe considerar que los precios de la electricidad se alinearían con los costos y, que un sistema energético que permita la generación distribuida fomentará un valor social adicional que conduzca a construir el bienestar social al minimizar los subsidios liberando recursos para los fines sociales.” En esta frase está encerrado el fondo de la importancia y la trascendencia de la transición energética para los sectores desfavorecidos de nuestro país. Las acciones que la transición energética implicará son complejas: i) transición a fuentes de energía renovables, ii) reconversión de las industrias hacia la sustentabilidad y la eficiencia energética, iii) renovación de las edificaciones y de las técnicas de construcción hacia la eficiencia energética, iv) transformación de la movilidad hacia alternativas de transporte limpias y eficientes, v) desarrollo de “ciudades verdes” y protección de los ecosistemas, vi) cambio de los hábitos de consumo y alimenticios.

Todo ello requiere no sólo de cantidades ingentes de dinero sino, y sobre todo, de la participación comprometida de los científicos, ingenieros y técnicos de todo el país.

La búsqueda de nuevas rutas de aprovechamiento de fuentes de energía renovables y la reducción en el uso de combustibles fósiles en un mundo en el que la demanda de energía se incrementa día a día es un verdadero reto científico y técnico.

Por ejemplo, la cosecha de calor, ya sea proveniente del Sol o de procesos disipativos de aplicaciones industriales y de otro tipo, para producir energía se ha convertido en un área de interés y de investigación activa en todo el mundo. La cantidad de energía disipada en diversos procesos susceptible de ser cosechada para convertirla en electricidad es enorme.

Para valorarla considérese que la cantidad total de energía que se consume en todo el mundo en la industria, el comercio, los sectores residenciales y el transporte es de 474,171 PJ (Peta Joules). El 72% de esta energía es disipada en forma de calor a diversas temperaturas. 

Esto equivale a 94 billones de kilowatts-hora. Para dar una idea precisa de cuán grande es esta cantidad podemos pensar que con esta energía se podría satisfacer la demanda de energía de 473 mil millones de hogares con un consumo normal de 500 kw-h al bimestre. E

n el mundo, el 63% de esa energía es disipada a menos de 100 °C, el 12% entre 100 y 300 °C y el resto (21%) a más de 300 °C.

La cosecha de calor se refiere precisamente a la conversión de una diferencia de temperaturas en energía eléctrica y en tanto más alta la diferencia de temperaturas mayor la cantidad de energía eléctrica generada.

Así, la energía que es disipada por arriba de 100 °C y hasta 400 °C puede aprovecharse a temperatura ambiente utilizando diferencias de temperatura de 70 °C o más. Sin caer en más detalles técnicos, hay que decir que a la fecha existen diversos dispositivos de estado sólido para la generación de energía a partir del efecto de conversión mencionado. Sin embargo, la eficiencia con la que operan a la fecha los hace poco viables para ser utilizados en la generación de energía a gran escala, y su utilidad se limita a situaciones en las que no hay otras opciones: en naves espaciales, en submarinos, etc. Sin embargo, actualmente se están proponiendo nuevos enfoques físicos de la generación de termoelectricidad basados en lo que técnicamente se conocen como materiales topológicos y materiales orgánicos, y efectos físicos nuevos como los de sistemas de electrones correlacionados, ondas térmicas, etc., que están abriendo perspectivas para incrementar dramáticamente la eficiencia de los dispositivos termoeléctricos.

Además de esto, el aprendizaje estadístico (“machine learning”) está incrementando la rapidez con la que los nuevos principios físicos pueden traducirse en nuevos materiales y dispositivos. Los termoeléctricos pueden ser el punto de arranque para apoyar aplicaciones que son verdaderamente novedosas: implantes médicos, redes de percepción remota, y otras, y una que es realmente estimulante: los termoeléctricos de alta eficiencia llegarán a ser parte del Internet de las Cosas. Termino reiterando la necesidad de que nuestro país dedique recursos y esfuerzos a la ciencia y la tecnología de materiales que posibiliten el desarrollo de una industria nacional de aprovechamiento de fuentes renovables de energía. A un año del nuevo gobierno parece razonable que el país esté ya en condiciones de estructurar una política de transición propia e independiente que establezca las rutas de transformación de los modos de producir y usar la energía.

Sería deseable, en mi opinión, que el CONACYT promoviera a la ciencia de materiales como un área prioritaria de desarrollo científico y tecnológico. Como he dicho líneas arriba, la creación de algoritmos de aprendizaje estadístico, de redes de monitoreo remoto, de aplicaciones médicas, de propiedades termoeléctricas de nanoestructuras, todas ellas son áreas para atraer a jóvenes interesados en hacer una carrera científica con una perspectiva clara y estimulante: apoyar la transición energética de nuestro país hacia la sustitución de combustibles fósiles y un futuro sustentable. 

La decisión de instalar en México plantas nucleoeléctricas se tomó desde los años 50,  pero no fue sino hasta inicios de los años 70-80 que se definieron las características del desarrollo de la industria nuclear nacional. Quienes vivieron ese proceso, recordarán que había dos posiciones encontradas que proponían, por un lado, desarrollar la industria con reactores de uranio enriquecido y, por otro, con reactores de uranio natural. Esto encerraba la misma polémica que hoy enfrenta la transición energética: ¿una ruta propia e independiente? En aquellos años México no contaba (ni cuenta) con la tecnología para enriquecer uranio, la cual poseían unos cuantos países en el mundo. Por tanto, la utilización de reactores de uranio natural permitiría mantener el control sobre los procesos de la producción de energía, porque aunque estos reactores utilizan agua pesada (en su molécula el hidrógeno es sustituido por deuterio), la tecnología para producirla requiere de la química convencional resultando alcanzable su desarrollo. En esa época algunos países en el mundo (Argentina) adoptaron el uso de reactores de uranio natural que eran producidos por Canadá, y tenían la experiencia necesaria para producir agua pesada. México no solo no contaba con la tecnología de enriquecimiento del uranio sino que ni siquiera contaba con los cuadros técnicos para llevar a cabo el desarrollo de la industria. En una decisión sorprendente, los científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares que abogaban por la línea de los reactores de uranio natural, recorrieron las escuelas de ciencias del país promoviendo la necesidad de crear programas de posgrado en física nuclear para apoyar el desarrollo de una industria nuclear basada en reactores de uranio natural. Para muchos de los jovencitos que en esos años cursábamos estudios superiores, aquella perspectiva dio sentido a nuestros empeños de estudiar física: contribuiríamos al desarrollo de una industria nuclear independiente en nuestro país. La decisión final fue tomada en la cámara de diputados, ganando la posición que apoyaba el uso de reactores de uranio enriquecido. En la década de los 90, en Laguna Verde, Veracruz, fueron puestos en funcionamiento los dos únicos reactores de uranio enriquecido que posee México, comprados a General Electric, y que hoy producen alrededor del cuatro por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país. El entusiasmo que a fines de los años 70 los científicos venidos a activistas por una industria nuclear propia e independiente imbuyeron en los estudiantes de ciencias se apagó. Su participación ya no fue requerida por la compra de las plantas nucleoeléctricas de Laguna Verde con “llave en mano”, lo que significa que México compró hasta el último tornillo. En una serie de tres artículos publicados en enero de este año en el diario La Jornada, el secretario de Ecología, Víctor Manuel Toledo, dejó clara la posición del gobierno de López Obrador en lo que se refiere a la inevitable transición energética. En sus argumentos el secretario formula una pregunta sustancial [1] [2]: ¿Qué modalidad debería tomar la transición energética bajo la conducción de un gobierno antineoliberal que se ha propuesto rescatar a la población más marginada del país (más de 50 millones) y darle una vida digna? La respuesta a esta pregunta tiene gran relevancia si se acepta que la crisis climática (en general ecológica) es de tal profundidad y magnitud que constituye “… una crisis de la civilización industrial …” [1]. Para el secretario la solución a la crisis climática debe transcurrir por caminos propios e innovadores y por ende, inéditos. La respuesta esbozada en sus artículos de enero por el secretario Toledo apela al ejercicio de la soberanía nacional, un concepto hoy olvidado, desacreditado, ninguneado y fuera de moda. En su tercer artículo [3], el secretario expone los pormenores de las políticas de la transición energética que definirán las acciones a realizar en los próximos años para dar cumplimiento a los acuerdos de París. Sólo quiero traer a este texto una frase que me parece definitoria: “…(la ruta antineoliberal) de transición energética (debe ser) soberana, ciudadana, descentralizada, de pequeña y mediana escala y de emponderamiento social.” Para mí, esto lo dice todo. Pero no es lo mismo acciones de gobierno que políticas públicas. La 4T no puede limitarse a las primeras. Las acciones de gobierno carecen del respaldo legislativo que requieren para convertirse en las segundas. Por ejemplo, recientemente el gobierno de la Ciudad de México aprobó la instalación de colectores fotovoltaicos en alrededor de 300 edificios públicos. En mi opinión, esta acción debe ser llevada a rango de ley en una perspectiva de desarrollo sustentable para el país. La transición energética es no sólo compleja sino llena de dificultades si no cuenta con la voluntad y la decisión de todos los sectores sociales. El gobierno no puede olvidar la necesidad de inculcar en los jóvenes estudiantes de ciencias e ingeniería los valores y las actitudes que aseguren el éxito de la aplicación de las políticas que conduzcan al cambio necesario. En particular, debe promover las licenciaturas y posgrados relacionados con la industria de la generación de energía a partir de fuentes renovables. Esto permitiría la construcción de una industria propia a partir de los avances de la ciencia de materiales y la nanotecnología. En México existen grupos maduros de investigación científica y tecnológica que con su amplia experiencia pueden apoyar la formación de dicha industria. Como en mis tiempos de estudiante, la 4T tiene que apelar al entusiasmo de los jóvenes estudiantes de ciencias e ingeniería. Con ello no solo cimentará las bases técnicas de la transición energética sino garantizará la prevalencia de los ideales de independencia y soberanía en este particular aspecto de la transformación del país. Porque se trata de eso precisamente: una transformación.

[1] https://www.jornada.com.mx/2019/12/31/opinion/012a2pol

[2] https://www.jornada.com.mx/2020/01/14/opinion/014a1pol

[3] https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/opinion/012a2pol

Realizan censo de discapacitados para ofrecerle apoyos.

Puente de Ixtla.- Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, conmemorado recientemente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal presentó la obra “La discapacidad no es como la pintan”, a los niños con capacidades diferentes del municipio, así como al público en general, informó el Ayuntamiento en un comunicado.

¿Ha sido suficiente lo realizado en estos 15 años para asegurar el éxito de la implementación del nuevo MU?.

¿Puede implementarse el nuevo MU con un aparato administrativo y sindical que hoy descansa pesadamente sobre las actividades de docencia, investigación y extensión universitarias?.

Está concluyendo el periodo establecido por el Consejo Universitario para la realización de la consulta a la comunidad universitaria sobre el nuevo Modelo Universitario (MU) para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que se pretende poner en marcha con las reformas a la Ley Orgánica y el Estatuto Universitario.