Se dio a conocer que desde el año 2006, organizaciones de la sociedad civil advirtieron respecto al incremento en los casos de personas que estaban siendo desaparecidas; los propios datos oficiales, en consulta al 5 de enero de 2016, del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que existen denuncias de 27 mil 638 personas que el Estado llama “no localizadas”, mismas que corresponden a 20 mil 203 hombres (73.1 por ciento) y 7 mil 435 mujeres (26.9 por ciento).

Estos datos, según anota Amnistía Internacional, deben tomarse con cautela ya que no especifican cuántos casos corresponden a desapariciones por agentes no estatales, cuántos a desapariciones forzadas y en cuántos las personas se ausentaron voluntariamente; además, nunca hay que perder de vista que la mayoría de los delitos permanecen sin ser denunciados y no se conoce la magnitud real del problema, por lo que dicha cifra oficial podría estar “subvalorando la gravedad del asunto”. Según la “Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad” del INEGI, consultada el 17 de noviembre de 2015, para 2014 la llamada ‘cifra negra’ en México fue de 92.8 por ciento, mientras que en 2013 fue de 93.8 por ciento.

Amnistía Internacional también apunta que las propias familias de personas desaparecidas han ido conformando agrupaciones o colectivos que se reúnen para coordinar sus esfuerzos de búsqueda y de exigencia de sus derechos, de los que hay al menos 24 colectivos en México y tres en Centroamérica; en conjunto, los colectivos  buscan a más de 4 mil 800 personas en 22 estados del país. Respecto a Morelos, de 27 mil 638 personas desaparecidas en México se reportan 107 casos, mientras que los colectivos que las buscan son tres.

Uno de los dos casos emblemáticos que fueron considerados para realizar el informe "Un trato de indolencia: la respuesta del estado frente a la desaparición de personas en México”, fue la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa (el otro fue la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua); en el documento se indica que “hasta la fecha, el Estado mexicano no ha cumplido con sus obligaciones internacionales de investigar adecuadamente las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos en su territorio o bajo su jurisdicción”.

También añade que las familias de los estudiantes y sus representantes legales lograron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se involucrara en la investigación del caso y aportara su conocimiento técnico, mientras que en noviembre de 2014 alcanzaron un acuerdo con el Estado mexicano, firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y se creara un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la “supervisión de la investigación”.

El reporte de Amnistía Internacional refiere que ambos equipos (EAAF y GIEI) han aportado análisis técnico y forense para el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala, han ayudado a tener una mejor comprensión del caso y han emitido recomendaciones concretas al Estado mexicano para mejorar la averiguación; empero, estas medidas “responden a decisiones políticas coyunturales para manejar un caso extremadamente relevante para la opinión pública y que cobró relevancia internacional y no representan políticas públicas articuladas para enfrentar el fenómeno de la desaparición en México”.

Como premisa, la investigación de los hechos “sufrió de graves falencias” y en el reporte se incluye la siguiente 'Recomendación': “Recabar, procesar y resguardar evidencia de forma adecuada, evitando su alteración o extravío, estableciendo procedimientos robustos de cadena de custodia y sanciones para quienes los incumplan”; sin embargo, “en la mayoría de los casos, la investigación no parece estar dirigida a determinar la verdad de lo sucedido (…) el trato que las autoridades encargadas de la investigación dan a las familias es deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos (…) “Un trato de indolencia, de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan”.

La aseveración anterior se refuerza con lo que en su momento destacó ante periodistas el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, Christof Heyns: "El problema no es la tecnología, que sí la hay, sino la manera como se recaban los datos”.

Si usted, estimado lector, nos ha favorecido con su amable atención a lo largo de estos domingos, recordará que el espacio de “Panóptico Rojo” ya ha sido dedicado a la interesante labor que realiza el EAAF, no únicamente en su país o en México, sino en diversas partes del mundo; con el título “Fosas, cadáveres... antropología forense”, dimos cuenta del trabajo de estos expertos, meses antes que fueran colocados en el reflector nacional derivado de su intervención en el “caso Ayotzinapa”.

Los peritos del EAAF se presentan como una “organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses -principalmente la antropología y arqueología forenses- a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo; al inicio de su labor, hace veinte años, el EAAF -necesariamente- se distanció “de los sistemas médico-legales y otras instituciones gubernamentales que habían perdido credibilidad”.

De igual modo, también dedicamos un domingo en febrero del año pasado a las “Reflexiones necesarias sobre la ‘verdad histórica’, en el cual coincidíamos con Mario Bunge, quien destaca en su libro “La ciencia, su método y su filosofía” que “quienes no deseen que se exija la verificabilidad del conocimiento debe abstenerse de llamar “científicas” a sus propias creencias (…) Se les invita cortésmente a bautizarlas con nombres más impresionantes, tales como “reveladas”, “evidentes”, “absolutas”, “vitales”, “necesarias para la salud del Estado”.

Bertrand Russell, en su libro “La perspectiva científica” señala que “La ciencia, que comenzó siendo la persecución de la verdad, se está haciendo incompatible con la veracidad (…) La técnica científica no debe por más tiempo constituir la cultura de los mantenedores del poder, y deberá formar la parte esencial del panorama ético de los hombres”.

Ayer se le dio amplia difusión en redes sociales a un artículo de Miguel Concha publicado en La Jornada y titulado “Campaña difamatoria contra el GIEI”; el columnista destaca que “desde la publicación de su informe en septiembre del año pasado, el GIEI ha evidenciado las falencias de la llamada verdad histórica sobre el paradero de los estudiantes. Ha también reivindicado la centralidad de las víctimas, y puesto sobre la mesa nuevas líneas de investigación, que deben agotarse durante su segundo mandato (…) Pero en un país donde la mentira y la estigmatización de las víctimas son cotidianas, el GIEI no sólo no ha recibido el respaldo decidido que requiere para concluir su importante labor”.

Y agrega: “¿Qué agente del Ministerio Público es hoy nuestro fiscal de hierro por haber desafiado con la fuerza de la ley a los poderes formales y fácticos? Lamentablemente esa generación de funcionarios no ha surgido aún en México, y mientras eso no se revierta, ejercicios como el del GIEI seguirán siendo justificados y necesarios”.

Este domingo coincidimos con lo que en el pasado ha manifestado Mercedes Doretti, miembro fundador del EAAF: “Las identificaciones forenses no son actos de fe"; comencemos a cerrar, entonces, un círculo contra la indolencia y en pos de la verdad histórica de los hechos, por la justicia.