En la semana que concluye, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció violaciones a los derechos de la periodista Lydia Cacho; cabe destacar que se trata de la primera resolución favorable de dicho comité, en un caso sobre agresiones contra una periodista en México.

Fue concretamente el 31 de julio pasado cuando dicho comité de la ONU emitió una resolución contra el Estado mexicano, derivado de la petición de la revisión del caso que en octubre de 2014 presentó la organización Article 19, en representación de la periodista Lydia Cacho, por las violaciones a los derechos humanos de la periodista.

Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) -organización fundada por Lydia, y dedicada a la protección y atención a víctimas de violencia sexual, con sede en Cancún- por un grupo de 10 personas, quienes la trasladaron a la Procuraduría General de Justicia de Puebla, acompañada de agentes de la policía judicial de Quintana Roo.

La detención ahora ha sido calificada por el CDH de la ONU como arbitraria, debido a que derivó de un proceso instaurado contra Lydia con motivo de la publicación del libro “Los Demonios de Edén”, en el que se señalaba a altos empresarios y autoridades involucrados en la explotación sexual infantil.

Al respecto del caso, esta semana el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo en conferencia de prensa que "la impunidad es el denominador común de muchos problemas de derechos humanos en México. El caso de Lydia Cacho es uno de los primeros que llegó a la Fiscalía para Delitos contra la Libertad de Expresión y a pesar de ello tuvo que recurrir a instancias internacionales (...) ante el fallo de los órganos de procuración de justicia nacionales”.

Jarab destacó además que la violencia contra comunicadores "no sólo atenta contra la o el periodista, atenta contra la sociedad al privarla del acceso a la información".

Tras el análisis de los hechos llevado a cabo por el órgano de la ONU encargado de interpretar y velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité estableció que los hechos ocurridos en diciembre de 2005 son violatorios de los derechos humanos de Lydia; además, enfatizó que los tratos proferidos a la periodista tuvieron objetivo discriminatorio por razón del sexo, debido a los comentarios sexuales, el trato sexualizado y la violencia de género.

También se estableció que aunado a la violación específica de tales derechos humanos, el Estado no cumplió con sus obligaciones de proveer de un recurso efectivo para investigar y sancionar a los culpables en un plazo razonable y tampoco garantizó el igual goce de los derechos de Lydia.

Es importante destacar que es la primera resolución favorable del CDH y, por lo tanto, la primera en la que se pronuncia sobre violencia por parte de las autoridades contra una mujer periodista; por tanto, existe ya un precedente histórico.

Es así como el dictamen del CDH es relevante porque se pronuncia a favor de la libertad de expresión, al referir que cualquier amenaza, detención arbitraria, tortura o agresiones similares a periodistas -como los acontecidos en agravio de Lydia- constituyen un ataque a su libertad de expresión; asimismo, tales conductas deben ser objeto de una activa y puntual investigación, sus autores deben ser sometidos a juicio y debe ofrecerse una reparación adecuada a las víctimas.

Finalmente, el CDH determinó que el Estado mexicano debe dar publicidad a dicha resolución, además de realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por la periodista; procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsable de las violaciones cometidas; ofrecer compensación adecuada a Lydia y adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

Lo anterior, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.

En este espacio dominical hemos comentado que en la sociedad actual existe un individualismo exacerbado que conduce a la fragmentación social, de la cual no está exenta el gremio de la prensa. “Divide y vencerás”, se ha señalado a lo largo del tiempo. El espíritu de cuerpo, en cambio, consiste en fusionar intereses e ideales para buscar un bien superior; y es que cuando el sentido de pertenencia se destruye, también se destruye la lealtad, intercambiándola como medio para logros personales y ventajas propias.

En el Séptimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia “Reforma al sistema de justicia penal a un año de vigencia: ¿qué falta y quién está en falta?”, llevado a cabo en mayo del 2015, los ponentes señalaron que no debíamos pensar que en junio de 2016, cuando se “terminara” la implementación de la reforma penal en todo el país, México cambiaría radicalmente. No, porque para ello se requiere un cambio de mentalidad y romper paradigmas en todos, no sólo por parte de quienes operan y administran la justicia, sino de la población en general.

Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para la democracia y para la libertad, y todo lo que se refiera a las investigaciones que se llevan a cabo respecto a los comunicadores debe entenderse como un deber jurídico propio. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

También es una responsabilidad de todos, en la medida de nuestras posibilidades. Si las fiscalías están obligadas a mostrar resultados que se sustenten en investigaciones profesionales y legales, integrales y transparentes, con mayor razón cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera particular, estamos obligados a involucrarnos y a exigir justicia con bases y fundamentos; en el caso de los ataques contra la libertad de expresión en México, solo así se podrá comenzar a poner fin a la impunidad.