Previo a ello y como ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, Irma Hernández Solís fue elegida en una convención de trabajadores para que a partir del día 5 de octubre del año 2010 fungiera como representante de los trabajadores al servicio del gobierno y municipios del estado de Morelos, que debía durar en su cargo un término de tres años y que a pesar de ello, sin establecer motivo o causa alguna, fue despojada literalmente de dicha representación, y en su lugar, a partir del mes de febrero del año en curso fue designado Benito Álvarez Riego, quien también fue sustituido hace algunos días por Fermín Octavio Sánchez Ocampo. Designaciones en las que a pesar de que es una obligación legal que se observen algunos requisitos, como el hecho de que la elección debe hacerse por medio de una convención de trabajadores previa convocatoria que debe publicarse en el periódico de mayor circulación en el estado y en el periódico oficial “Tierra y libertad” entre otros, ninguno de ellos se cumplió. Asimismo también he mencionado que Irma Hernández Solís, acudió en vía de amparo, mismo que le fue concedido para el efecto de que la presidenta o tercer arbitro del tribunal le explicara el motivo por el cual ya no se le permitía desempeñar la función para la que fue elegida por los propios trabajadores y está en cumplimiento a tal determinación mediante oficio de fecha 30 de julio del año en curso, en el cual hace del conocimiento al juez federal de manera textual “El secretario del Trabajo y Productividad del Gobierno del estado de Morelos, con fecha 7 de febrero del año en curso, hizo del conocimiento a esta autoridad que a partir del primero de febrero del dos mil doce, fungiría como representante de los trabajadores al servicio del gobierno y municipios del estado el C. Benito Álvarez Riego”

Como puede observarse de lo anterior, resulta vergonzosa la actitud tomada por el secretario del Trabajo y Productividad en el estado, quien con un simple oficio despoja de los derechos que los trabajadores tienen para elegir a sus representantes y sin cumplir con ningún requisito legal, les impone a una persona que de ninguna manera ha sido elegida por la base trabajadora. Esta conducta irresponsable y de complicidad en la que han incurrido los funcionarios públicos titulares de las instituciones del trabajo y en la que media a todas luces el abuso de autoridad, será denunciada por la base trabajadora ante las instancias legales correspondientes. Pero aun con todo lo anterior, no debemos asustarnos porque en repetidas ocasiones he señalado que los abusos e ignorancia legal es el pan nuestro de cada día, no sólo en los tribunales laborales sino también en la Secretaría del Trabajo y Productividad en el estado.