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Los diputados aprobaron la reasignación presupuestal de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial.

Por mayoría de votos, el Congreso del estado aprobó la reasignación presupuestal de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para el pago de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tras una larga discusión por la postura en contra de las diputadas que integran el Frente Progresista de Mujeres, el Pleno del Congreso desahogó, con 13 votos a favor y siete en contra, el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se modificó el Presupuesto de Egresos 2019.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aclaró que la aprobación por mayoría se admitió por acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, a fin de cumplir con el mandato de la Corte.
Señaló que será la SCJN la que defina la legalidad del dictamen, ya que de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos el asunto debió aprobarse por las dos terceras partes del Pleno (14 votos).
La presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Rosalina Mazari Espín, aseveró en tribuna que este asunto fijará un precedente, pues ante la negativa de un grupo de siete diputadas en avanzar en los asuntos importantes del Congreso, la Corte podría resolver la legalidad de una mayoría para la aprobación de los temas fundamentales.
Ante las acusaciones de las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz y el resto de las legisladoras que integran el denominado Frente Progresista de Mujeres sobre la legalidad y la viabilidad del dictamen, la legisladora priista Rosalina Mazari afirmó que dicha postura obedece a intereses personales y políticos.
Incluso, el diputado José Casas González sostuvo que el actual del grupo de siete diputadas son afines al ex gobernador Graco Ramírez, por lo que buscan paralizar el Congreso.
Finalmente, la Mesa Directiva del Congreso informó que de la aprobación del dictamen se notificará a la SCJN y se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor en el periódico oficial "Tierra y Libertad".

La propuesta es para regular la actuación de los legisladores.

El Pleno del Congreso del estado conoció la iniciativa para crear un Código de Ética Parlamentaria, que regulará la actuación de los legisladores.
Durante la sesión ordinaria, ayer, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Dalila Morales Sandoval y Javier García Chávez, respectivamente, presentaron la propuesta que establecerá las sanciones correspondientes en contra de los diputados que violen el orden o falten al respeto a sus homólogos.
Al respecto, la diputada Morales Sandoval expuso que con dicha propuesta se busca evitar confrontaciones entre los diputados, incluso, en la tribuna.

Refirió que son esas confrontaciones las que mantienen al Congreso paralizado.
Morales Sandoval aseveró que es momento de que haya orden en el Poder Legislativo y por ello se determinó establecer un marco normativo que lo garantice.
"Yo espero que este código de ética pueda servir para toda esta situación que está sucediendo en el Congreso. Es evitar el tema personal, yo creo que ya caer en excesos, temas personales que ya involucramos situaciones, en lugar de causar buen ánimo al interior lo que está causando son complicaciones. Es momento de ponerle un alto a esto y demostrarle a los ciudadanos que nos sabemos poner de acuerdo", añadió la legisladora.

El titular de la CES comparecerá para informar sobre el estado en que se encuentra el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya.

El comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, comparecerá ante el Congreso local para informar del estado en que se encuentra el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, tras los hechos violentos de la semana pasada y las protestas de los trabajadores.
En entrevista, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, informó que citarán al comisionado en los próximos días para que rinda cuentas sobre ese tema, pero también sobre la situación actual del estado en materia de seguridad.
El legislador local refirió que el encuentro con el vicealmirante Ortiz Guarneros se ha pospuesto desde hace varias semanas, y ante la situación tan crítica que vive el sistema penitenciario del estado, dijo que es necesario que el funcionario estatal se presente ante el Poder Legislativo.
No obstante, Zapotitla Becerro dijo que también insistirán al comisionado estatal de Seguridad en la destitución del coordinador estatal de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León Borquez, ante la omisión en la que incurrió al no haber implementado acciones para evitar los dos motines registrados la semana pasada.
"En este caso no es siquiera un diálogo, es un tema de saber qué pasa en materia de seguridad pública con el almirante (sic) y la Comisión. Vamos a escuchar al almirante (sic) por qué no ha tomado esa determinación (de la destitución), necesitamos conocer su opinión muy sustentada, nosotros lo pedimos, lo pidió el diputado presidente y creemos que así debe ser", añadió.

La SCJN negó cualquier prórroga para cumplir la entrega de recursos destinados al pago de jubilaciones del TSJ; los diputados se enfrentan a sufrir hasta la destitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que es improrrogable el plazo fijado para cumplir con las sentencias del alto tribunal vinculadas con el pago de pensiones a trabajadores en retiro del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Pese a que el gobierno del estado y el Congreso solicitaron un plazo adicional para poder cumplir con el pago del último de los 11 bloques de sentencias enlistadas en el acuerdo emitido el 25 de febrero pasado por el Pleno, la SCJN sostuvo que ambos tuvieron “un plazo prudente para programar, presupuestar y aprobar los recursos necesarios para hacer frente en tiempo y debida forma a la obligación impuesta por este Alto Tribunal”.

Por lo tanto, “los plazos para autorizar el presupuesto previsto en el Acuerdo Plenario respectivo fueron improrrogables y el cumplimiento de las sentencias de las controversias constitucionales que integran el presente bloque constituye un mandato constitucional”. 

En el acuerdo publicado en estrados, afirmó que aun cuando que el Poder Judicial de Morelos realice los pagos de pensiones a los trabajadores en retiro, no exime a las restantes autoridades vinculadas a ministrar los recursos indicados al Tribunal Superior de Justicia, en virtud de que se estimó inconstitucional que la Legislatura de Morelos decidiera la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación de trabajadores afectando el presupuesto del Poder Judicial local, al ordenar que la pensión debía cubrirse con el presupuesto de dicho poder, sin otorgarle los recursos necesarios para satisfacer la obligación en cuestión. 

Incluso, dio un plazo de tres días al Congreso, el cual se vencerá en las próximas horas, con el apercibimiento de que, en caso de incumplir, “el desacato dará lugar a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y se “turnará el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (destitución)”, tal como fue señalado en el Acuerdo Plenario de 25 de febrero de 2019.

De esta manera, el Congreso estatal está obligado a etiquetar los recursos que sean necesarios para cumplir con el pago de todas las sentencias, para que el TSJ pague a los trabajadores en retiro, además de que en el presupuesto de 2020 deberá etiquetar una partida para el pago de pensiones.

El grupo de Tania Valentina Rodríguez trató de boicotear el procedimiento; deberá autorizarse en sesión de pleno para evitar desacato ante la Corte.

En la cuerda floja se encuentran diputados locales y representantes del Poder Ejecutivo ante el posible desacato en que pueden incurrir si incumplen la orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para asignar presupuesto extraordinario al Poder Judicial para el pago de jubilaciones y pensiones de más de 100 trabajadores.
La tarde de este martes,  la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen de reforma al Presupuesto de Egresos del gobierno estatal 2019, para reasignar 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para el pago a los citados trabajadores. Dicho proyecto se desahogó con la negativa de seis de los 12 integrantes del citado órgano legislativo.
Previo a la votación del dictamen, las legisladoras que integran el llamado Frente Progresista de Mujeres manifestaron su determinación de retirarse de la reunión de la Comisión de Hacienda, pues acusaron que se pretendía llevar a cabo de manera ilegal.
Las legisladoras incluso se pronunciaron en contra del dictamen que se creó a propuesta del Poder Ejecutivo, pues la reasignación de recursos afectaría a varios rubros.
Por la tarde, seis de los legisladores que integran la comisión decidieron aprobar el proyecto, con el respaldo de otros diputados que acudieron a la reunión como testigos.
Sin embargo, el asunto deberá ser aprobado por el Pleno legislativo, hoy, con el respaldo de 14 legisladores (mayoría calificada), votación que no se ha logrado en el Congreso del estado desde julio pasado, por las marcadas diferencias entre los grupos parlamentarios.

El acuerdo impulsado por la Junta Política y de Gobierno del Congreso local retira de sus principales posiciones a las diputadas Keila Figueroa Evaristo, Maricela Jiménez Armendáriz y Naida Diaz Roca.

Con la modificación en la integración de las comisiones legislativas más importantes en el Congreso del estado, el grupo mayoritario de 13 diputados buscará bloquear a la oposición en las negociaciones que en los próximos días iniciarán para la aprobación del Paquete Económico 2020 del gobierno estatal y en el desahogo de otros asuntos importantes, como el juicio político en contra del ex gobernador perredista Graco Ramírez.
El acuerdo impulsado por la Junta Política y de Gobierno (JPyG) y que será votado durante la sesión ordinaria de Pleno esta misma semana, retiró de sus principales posiciones a las diputadas Keila Figueroa Evaristo, Maricela Jiménez Armendáriz y Naida Diaz Roca, quienes integran el Frente Progresista de Mujeres, el grupo opositor en el Poder Legislativo.
El documento señala que Keila Figueroa Evaristo dejará de presidir la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, y de ser vocal en las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Puntos Constitucionales y Legislación.
La legisladora -que fue expulsada del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por sumarse al Frente Progresista de Mujeres- sólo presidirá las Comisiones de Igualdad de Género y la Especial de la Reconstrucción del Estado de Morelos, además de que será vocal del Comité de Vigilancia.
La diputada Maricela Jiménez Armendáriz -quien renunció al Partido Encuentro Social (PES) para sumarse a Movimiento Ciudadano (MC)- dejó de tener voz y voto en las siguientes comisiones: Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Gobernación y Gran Jurado; Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos; Desarrollo Agropecuario; Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales; Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas; de la Familia;  Desarrollo Económico; y en la Especial para el Seguimiento al Cumplimiento de la Agenda 2030.
Jiménez Armendáriz sólo será vocal de la Comisión Especial de la Reconstrucción del Estado de Morelos.
En tanto, Naida Díaz Roca, quien fue expulsada del Partido Social Demócrata (PSD) y se adhirió al Partido del Trabajo (PT), ya no participará más de las decisiones de las  comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; Gobernación y Gran Jurado; Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas, y Asentamientos Humanos; de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblo Indígenas; de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación; y la  Especial de la Reconstrucción del Estado de Morelos.
La  diputada petista sólo será vocal en la Comisión de Desarrollo Económico.
Los grupos parlamentarios de Morena y Partido.

Se designará a los diputados que ocupen dichas comisiones por acuerdo de la Junta Política y de Gobierno.

Así lo confirma la diputada Rosalina Mazari; ya se han realizado las primeras observaciones para evitar abusos fiscales el próximo año, afirma.

Algunas alcaldías proponen un cargo adicional al impuesto predial.

Para el 2020, los ayuntamientos pretenden cargarle la mano al contribuyente con nuevos conceptos o cargos adicionales a los ya existentes, confirmó la diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado.
Previo a las mesas de trabajo con las autoridades municipales para revisar las iniciativas de ley de ingresos que presentaron los municipios ante el Congreso del estado, la legisladora Mazari Espín dijo que ya se han realizado las primeras observaciones para evitar abusos fiscales el próximo año.
Mazari Espín rechazó informar a detalle de los nuevos conceptos que propusieron los ayuntamientos para recaudar más recursos en el 2020, pero expuso el caso de algunos gobiernos municipales que propusieron un cargo adicional al impuesto predial.
"La mayoría de los municipios agrega un párrafo adicional, un porcentaje al valor del UMA (Unidad de Medida y Actualización) elevado al valor al año del 1.0, 2.0 y 2.5, que es un cobro inconstitucional, cuando la Ley General de Hacienda determina en su artículo 93 Ter-5 que el impuesto predial se calculará anualmente aplicando al valor catastral la tarifa porcentual siguiente", explicó.
Además, la diputada refirió que todos los ayuntamientos pretenden cobrar el Derecho de  Alumbrado Público (DAP), lo cual, aseguró, resulta inconstitucional pues los contribuyentes ya pagan por ese concepto en el recibo de luz que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por otro lado, dijo que por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resulta inconstitucional que los ayuntamientos cobren un monto adicional por la ampliación de horarios a los negocios que tramitaron una licencia para funcionar por cualquier actividad comercial, de ahí que también se determinó anular dichas tarifas de las leyes de Ingresos para el próximo año.
"Hay algunos que están planteando nuevos conceptos, es el caso de Tlayacapan que estamos analizando, donde son nuevos y además con sus respectivas UMA's entonces eso va a ir afectando la economía de la gente que vive en ese municipio", refirió.
Mazari Espín aseguró que no se permitirá que los ayuntamientos apliquen nuevos conceptos en perjuicio de la economía de los ciudadanos, por lo que todas las observaciones antes citadas serán planteadas en mesas de trabajo a las autoridades municipales, para que se puedan modificar las leyes de Ingresos presentadas desde octubre pasado.

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) planteó al Congreso del estado y al Ayuntamiento de Cuernavaca regular los mercados ambulantes.
Lo anterior, debido a que no pagan impuestos y generan una afectación económica "grave" a los negocios establecidos, según aseguró en entrevista el presidente de la Canacope, José Salgado Patiño.
El presidente de esa organización señaló que en temporadas de asueto, como el día de Muertos, los negocios afiliados a la cámara empresarial registran una baja en sus ventas hasta del 20 por ciento.
Sin embargo, dijo, los comercios establecidos están obligados a pagar derechos, impuestos y otros cobros establecidos por la autoridad municipal, estatal y federal.
Ante tal situación, el presidente de la Canacope pidió la intervención del Congreso del estado para que los ayuntamientos regulen los llamados mercados ambulantes, que operan en toda la entidad.
De acuerdo con Salgado Patiño, la discusión de las leyes de Ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2020 sería buen momento para desahogar el tema.
"Los mercados sobre ruedas es (sic) un problema grave, en verdad. No pagan impuestos, hay una venta desmedida en la vía pública, lo cual ellos no son dueños de la vía pública. Nosotros no podemos competir con eso porque nosotros tenemos el pago de empleados, el pago de impuestos, el pago de luz, pago de seguridad, todo y ellos no", añadió Salgado Patiño.

Abogados del municipio indígena calculan que tardará un mes.

En medio de jaloneos entre las fuerzas políticas, el Congreso del estado inició la controversia territorial entre Hueyapan y Tetela del Volcán, el procedimiento que –se supone- resolverá de manera definitiva la segregación de ambos municipios.
Durante la sesión del jueves pasado, el Pleno del Congreso local turnó el asunto a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para que de inmediato inicie el procedimiento.
Dicha controversia fue parte del acuerdo que los legisladores y las autoridades del Poder Ejecutivo firmaron con los pobladores de Hueyapan para que liberaran la sede legislativa, después de que durante siete días protestaron  para exigir la aprobación de un convenio de delimitación territorial que el alcalde de Tetela del Volcán, Israel González López, se negó a firmar.
Una vez que el asunto fue entregado a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, los diputados que la integran tendrán que analizar el caso y, posteriormente llamar a las autoridades de ambos municipios para que se revise el origen del conflicto.
Si el edil de Tetela del Volcán se mantiene en su postura, el Congreso podrá proceder a la aprobación de un decreto para establecer la delimitación territorial.
Los pobladores de Hueyapan lo que demandan es la entrega de lo que se denomina “clave geoestadística”,  que solo puede emitir el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a fin de que el gobierno federal pueda asignar recursos al municipio de reciente creación.

Tal requisito se logrará justamente con la aprobación del decreto de delimitación territorial.
De acuerdo al análisis que los abogados de Hueyapan han hecho sobre el caso, se prevé que en un mes y medio, es decir, antes de que acabe el año, se resuelva el conflicto territorial con Tetela del Volcán.

Sin embargo, el problema limítrofe en realidad es por el aprovechamiento del agua, pues lo que reclama Tetela del Volcán es conservar determinadas fuentes de agua –que en esa región tienen su origen en el deshielo del Popocatépetl- y que Hueyapan busca que sean parte de su territorio. 

La diputada Rosalina Mazari asegura que la medida es en acatamiento a la Suprema Corte; la falta de recaudación impactará en las finanzas de la universidad.

Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del 2020 los ayuntamientos dejarán de cobrar el llamadoimpuesto adicional, , confirmó la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local.
En entrevista, la legisladora priista aseguró que acatarán la resolución de la Corte en torno a la controversia constitucional que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las leyes de ingresos municipales para este ejercicio 2019.
Refirió que se trata de varios cobros de derechos e impuestos que fueron declarados inconstitucionales y que tendrán que ser anulados por el Congreso del estado para el 2020.
Dijo que es el caso del impuesto adicional, que se grava en ciertos derechos -como el trámite de licencias de funcionamiento de negocios- el cual fue declarado como doble tributación.
Sin embargo, la diputada Rosalina Mazari Espín dijo que si bien la anulación de dichos impuestos y derechos beneficia a los ciudadanos, perjudicará a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ya que el impuesto Pro-Universidad está incluido en dichos gravámenes.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública apuntó que la Universidad tendrá que gestionar recursos extraordinarios de la Federación, pues el monto que aportaban los municipios sí mermará en gran manera.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo, rechazó que hubiera dado la orden para que se impidiera el acceso al notario público al Salón de Plenos.

Durante la reanudación de la sesión ordinaria, suspendida la semana pasada por la protesta de los pobladores de Hueyapan, tres diputadas del llamado Frente Progresista de Mujeres se confrontaron con un elemento de seguridad para que le permitiera el acceso al salón de Plenos a un notario público que diera fe del acuerdo por el que se modificará la integración de las comisiones legislativas.
A gritos y a empujones, las diputadas Naida Díaz Roca, Keila Figueroa Evaristo y Maricela Jiménez Armendáriz obligaron a que el notario público número 12, Gerardo Cortina Mariscal, accediera al salón.
Díaz Roca acusó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, de haber dado la instrucción de que el notario no pudiera entrar al lugar donde se llevan a cabo las sesiones ordinarias.
De acuerdo con la legisladora del Partido del Trabajo (PT) el objetivo es que el notario público de fe de lo que ocurre en el Congreso del estado y de los acuerdos que se aprueban.
Entrevistado al respecto, el presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez rechazó que haya dado la orden de impedir el acceso al notario público.
Admitió que tal situación sólo complica la fractura que existe en el Congreso por las diferencias entre las fuerzas políticas, a raíz de la pugna por los órganos de control interno.
Sin embargo, aseguró que insistirá en que se convoque a una mesa de diálogo y se puedan destrabar todos los asuntos pendientes en el Congreso del estado.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que iniciarán un proceso administrativo para sancionar a un grupo de diputadas que presuntamente azuzó a los pobladores de Hueyapan para que el pasado miércoles 23 de octubre irrumpieran de manera violenta en el Salón de Plenos.
En entrevista, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) refirió que existen videos que prueban los actos de provocación en los que habrían incurrido las legisladoras que integran el llamado Frente Progresista de Mujeres.
Señaló el caso específico de la coordinadora del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz, a quien se le videograbó en el momento en el que se dirigió a los pobladores para que actuaran de manera violenta en el salón de Plenos e irrumpieran en la sesión ordinaria que se desarrollaba la tarde del miércoles 23.
Sotelo Martínez dijo que se revisará el caso con la Comisión de Ética Parlamentaria, a fin de que se inicie un proceso sancionador en contra de las diputadas Keila Figueroa Evaristo y Blanca Nieves Sánchez Arano, quienes también causaron que la protesta de los pobladores se agravará, a tal grado que el Congreso permaneció tomado por una semana.

Vecinos de Hueyapan emplazan a diputados a resolver conflicto territorial con Tetela del Volcán.

Tras una semana de plantón, pobladores de Hueyapan liberaron el Congreso del estado y dieron un plazo de 53 días para resolver el conflicto territorial que enfrentan con Tetela del Volcán.
Cerca de las 10 de la mañana de este miércoles, las autoridades de Hueyapan dieron a conocer una minuta de acuerdo con el gobierno del estado y el Congreso local, en la que los diputados se comprometieron a iniciar una controversia territorial entre los dos municipios en conflicto.
Sin embargo, los pobladores advirtieron que sólo suspendieron el plantón, y si el Congreso del estado no cumple con los acuerdos en un plazo de mes y medio, volverán a instalarse en la sede legislativa.
"Si no hacen su trabajo nuestro pueblo tendrá que tomar las acciones pertinentes. Nosotros estamos haciendo negociación con el gobierno porque no queremos un enfrentamiento de un pueblo con otro", manifestó Lilia González Cortés, integrante del Concejo Municipal de Hueyapan.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que existen condiciones para iniciar la controversia territorial.
Adelantó que este jueves o viernes, el Pleno del Congreso sesionará para iniciar dicho procedimiento administrativo, a través de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.
En cuanto a las condiciones en las que los pobladores dejaron la sede legislativa, tras una semana de protesta, el diputado aseguró que no se causó ningún daño, por lo que, desde la 1 de la tarde de ayer, los trabajadores reanudaron las actividades legislativas.

El Legislativo estatal ha incumplido diversas ejecutorias de amparo para garantizar la jubilación de diversos trabajadores del gobierno del estado.

El Congreso del estado fue multado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por desacato, por lo que la presidencia de la Mesa Directiva promovió un recurso de reclamación para evitar el pago, superior a los nueve mil pesos.
Ante la parálisis legislativa que enfrenta el Congreso del estado a causa de las diferencias entre las fuerzas políticas que lo integran, el Legislativo ha incumplido con diversas ejecutorias de amparo para garantizar la jubilación de diversos trabajadores del gobierno del estado.
Al respecto, ayer se conoció el recurso de reclamación que promovió el Poder Legislativo para evitar el pago de la sanción, el cual le fue rechazado, por lo que tendrá que cumplir ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En diversas declaraciones, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que hasta el momento no han sido multados por la justicia, ya que han justificado el incumplimiento de las ejecutorias.
Admitió que se han emitido varios requerimientos que se han "salvado" con las actas de las sesiones ordinarias que se han suspendido por la inasistencia de los legisladores o por falta de condiciones políticas.
Sin embargo, el legislador aseguró que de ser sancionado el Congreso del estado, todos los legisladores tendrán que asumir dicha responsabilidad y no sólo la presidencia de la Mesa Directiva.

Habitantes de Hueyapan rechazan que existan acuerdos con el Poder Ejecutivo y el Legislativo para destrabar el conflicto territorial con Tetela del Volcán.

Pobladores de Hueyapan rechazaron que existan acuerdos con el Poder Ejecutivo y el Legislativo para resolver el conflicto territorial con Tetela del Volcán. Denunciaron que se les pretende condicionar una solución al retiro del plantón que instalaron hace siete días en el Congreso del estado.
Mientras un grupo de 13 legisladores garantizaron que iniciarán una controversia territorial para solucionar el problema entre los dos municipios antes mencionados, los pobladores de Hueyapan rechazaron tal negociación y advirtieron que permanecerán en la sede legislativa hasta que se logre el convenio de delimitación territorial.
"... No nos va a condicionar", advirtió Lilia González Cortés, integrante del Concejo Municipal, al referirse al Congreso del estado, pues dijo que durante la reunión que sostuvieron con un grupo de legisladores y autoridades del gobierno estatal, les plantearon desalojar el Congreso local para que pudieran iniciar la controversia constitucional.
"Dieron una versión falsa diciendo que ya se resolvió el problema, no es cierto que retiramos el plantón, estamos en pie de lucha, a nosotros el (...) estado no nos va a condicionar. Nosotros nos vamos a levantar cuando nos den solución", manifestó González Cortés.
En tanto, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, reiteró que existe la disposición del Congreso local para avanzar en una solución. Sin embargo, dijo que iniciada la controversia constitucional no habría razón para que la sede legislativa permanezca tomada.

Autoridades del gobierno estatal y diputados participan en mesas de diálogo con vecinos de Hueyapan.

Mientras las actividades del Congreso del Estado siguen paralizadas, el conflicto territorial entre Hueyapan y Tetela del Volcán parece no tener solución.

Ayer, autoridades del gobierno estatal retomaron la mesa de diálogo con los pobladores de Hueyapan y, en esta ocasión, participaron diputados locales, que al igual que sus demás homólogos no pueden ocupar sus oficinas desde el miércoles pasado. 

Sin embargo, las negociaciones, una vez más, no tuvieron resultados.

La discusión de ayer se basó en la liberación de las instalaciones del Congreso del Estado a cambio de que el Legislativo resolviera una controversia territorial entre Hueyapan y Tetela del Volcán, a fin de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) otorgue al municipio de reciente creación su clave geoestadística.
Dicha clave permitirá que Hueyapan acceda a las participaciones federales.
La comisión de pobladores que participó en la negociación advirtió que no liberarán la sede legislativa en tanto no se logre resolver el conflicto territorial.

Anunciaron también que pueblos indígenas del estado de Puebla y Morelos manifestaron su respaldo al movimiento, y la posibilidad de reforzar la protesta en el Congreso local si no hay una respuesta inmediata de las autoridades estatales.
En tanto, ciudadanos que acudieron al Congreso del estado a realizar trámites en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, así como en otras áreas, sólo se encontraron a los pobladores de Hueyapan.
De continuar el plantón, la parálisis legislativa que se arrastra desde el mes de julio pasado se agravará, mientras en puerta se encuentra la discusión del Paquete Económico 2020, las leyes de Ingresos municipales y otros asuntos importantes.

Placas conmemorativas de cada legislatura están abandonadas.

Este lunes se reanudarán mesas de diálogo con habitantes de Hueyapan y autoridades de Tetela del Volcán.

El Congreso del estado operará a partir de este lunes en una sede alterna, ante el plantón que los pobladores de Hueyapan instalaron desde hace seis días, para exigir que se resuelva el conflicto territorial con Tetela del Volcán.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, aseguró que no paralizarán más la actividad legislativa por el conflicto social.

Sin embargo, advirtió que un grupo de legisladoras pretende usar el asunto para sus intereses personales y  evitar que los temas importantes del Congreso avancen.
"No vamos a caer en ningún tipo de provocación, hay que decirlo. Nosotros podemos sesionar sin mayor problema en una sede alterna y tampoco vamos a dejar que se utilice este tema para intereses personales", añadió.
Zapotitla Becerro aseguró que este lunes se retomarán las mesas de diálogo con los pobladores de Hueyapan y las autoridades de Tetela del Volcán, y reiteró que existe el compromiso del Poder Legislativo de sesionar en cualquier momento para que se apruebe el convenio de delimitación territorial entre ambos municipios.
"En el momento en que el convenio esté firmado por el presidente nosotros dictaminaremos a la brevedad", aseguró el coordinador parlamentario, aunque no descartó que el Congreso local inicie otro procedimiento administrativo para obligar a la aprobación de dicho convenio, tal y como lo permite la Constitución Política del Estado, en caso de problemas territoriales.

Preocupa al presidente de la Mesa Directiva resolver a tiempo los grandes temas pendientes.

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, se pronunció a favor de un pacto de civilidad entre los 20 diputados para terminar con la parálisis legislativa.
En entrevista, admitió que es lamentable la situación que vive el Poder Legislativo, a raíz de las pugnas entre las fuerzas políticas.

Por ello, insistió en hacer un llamado a sus homólogos para buscar acuerdos y avanzar en los temas pendientes.
El legislador pesedista reconoció que  les preocupa el Paquete Económico 2020, ya que su aprobación podría retrasarse a raíz de las diferencias entre los grupos que integran el Congreso del estado.
"El llamado es (a) avanzar en los temas que son inminentemente necesarios. Desde nuestra parte siempre ha habido esas ganas de generar esas condiciones. Podemos tener diferencias o podemos no estar en algunos temas de acuerdo, pero que ese no sea motivo de la parálisis legislativa", manifestó.
En tanto, dijo que será la próxima semana cuando reanuden la sesión ordinaria que suspendieron por la irrupción de los pobladores de Hueyapan en el Salón de Plenos.
Manifestó su confianza en que puedan avanzar en los pendientes, como las propuestas del Paquete Económico del gobierno estatal y las  iniciativas de Leyes  de Ingresos municipales, que no han sido turnadas por el Pleno del Congreso desde el pasado 1 de octubre, cuando fueron presentadas.
El Congreso local tiene hasta el 15 de diciembre como plazo para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del estado y las de los municipios.

Lo destituirán si no firma el convenio de deslinde territorial con Hueyapan.

El Congreso del estado inició un proceso de suspensión de mandato en contra del alcalde de Tetela del Volcán, Israel González López, ante la irresponsabilidad en la que ha incurrido al negarse a firmar el convenio de delimitación territorial con el municipio de Hueyapan.
Mientras los pobladores de Hueyapan permanecieron en plantón permanente en el recinto Legislativo, hasta el cierre de esta edición, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que el asunto fue turnado a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que se desahogue, aún y cuando el conflicto por la distribución territorial se destrabe este fin de semana.
Al respecto, el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, Mauricio Robles Cortés, explicó que la suspensión de mandato se inició a solicitud del municipio de Hueyapan. 
Sin embargo, dijo que el Poder Legislativo está facultado para iniciar otro proceso de deslinde de responsabilidades en contra del edil, ya que en reiteradas ocasiones se negó a cumplir con sus obligaciones constitucionales.
"Es un tema complejo, hay tres procedimientos que el Congreso puede iniciarle: es un proceso de revocación de mandato; procedimiento de suspensión defintiva: incluso, iniciarle un juicio político", explicó.
Mauricio Robles Cortés recordó que el edil de Tetela del Volcán se negó a firmar el convenio de delimitación territorial desde hace más de tres meses. Posteriormente, en las últimas horas ha rechazado los llamados al diálogo que los gobiernos estatal y el federal le han hecho para resolver el conflicto.
En tanto, el plantón que instalaron los habitantes de Hueyapan se mantuvo hasta la noche de este viernes, mientras una comisión de los pobladores acudió a la Ciudad de México para reunirse con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo. 

Hasta el cierre de esta edición no se conoció de algún acuerdo que garantizara la solución al conflicto social.