Los diputados aprobaron la reasignación presupuestal de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial.

Por mayoría de votos, el Congreso del estado aprobó la reasignación presupuestal de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para el pago de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tras una larga discusión por la postura en contra de las diputadas que integran el Frente Progresista de Mujeres, el Pleno del Congreso desahogó, con 13 votos a favor y siete en contra, el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se modificó el Presupuesto de Egresos 2019.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aclaró que la aprobación por mayoría se admitió por acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, a fin de cumplir con el mandato de la Corte.
Señaló que será la SCJN la que defina la legalidad del dictamen, ya que de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos el asunto debió aprobarse por las dos terceras partes del Pleno (14 votos).
La presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Rosalina Mazari Espín, aseveró en tribuna que este asunto fijará un precedente, pues ante la negativa de un grupo de siete diputadas en avanzar en los asuntos importantes del Congreso, la Corte podría resolver la legalidad de una mayoría para la aprobación de los temas fundamentales.
Ante las acusaciones de las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz y el resto de las legisladoras que integran el denominado Frente Progresista de Mujeres sobre la legalidad y la viabilidad del dictamen, la legisladora priista Rosalina Mazari afirmó que dicha postura obedece a intereses personales y políticos.
Incluso, el diputado José Casas González sostuvo que el actual del grupo de siete diputadas son afines al ex gobernador Graco Ramírez, por lo que buscan paralizar el Congreso.
Finalmente, la Mesa Directiva del Congreso informó que de la aprobación del dictamen se notificará a la SCJN y se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor en el periódico oficial "Tierra y Libertad".