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Ayuntamientos hacen campañas para promover el pago anticipado del predial en cada cierre de año.

Las diputadas locales Rosalina Mazari y Alejandra Flores (por separado) recordaron a los alcaldes que el cobro del predial junto con un 25 por ciento de impuesto adicional viola la constitución, ante las campañas que los ayuntamientos hacen para promover el pago anticipado de ese impuesto en  cada cierre de año.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín dijo que debido a que la Ley de Hacienda Municipal aún no se ha reformado para abrogar el Impuesto Adicional, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional, muchos ediles podrían aplicarlo este fin de año, mediante el  cobro anticipado del predial.
Sin embargo, la diputada advirtió que cada presidente municipal deberá asumir su responsabilidad si determinan aplicar ese 25 por ciento adicional.
"Esto sucede porque el impuesto adicional lo tienen todavía en su ley de ingresos aprobada en este ejercicio fiscal 2019, por eso es que los ayuntamientos están recibiendo este impuesto adicional, pero es cuestión del ciudadano para que actúe", señaló.
Además del cobro anticipado del predial, los ayuntamientos siguen aplicando el 25 por ciento adicional en todos los derechos que los ciudadanos están obligados a pagar y que están especificados en las leyes de Ingresos municipales, por lo que los afectados podrían promover juicios de amparo y evitar abusos de parte de los ayuntamientos.
"Ellos (los alcaldes) están conscientes (de) que ese impuesto adicional es inconstitucional pues así lo decretó la Corte, así que quienes tienen que actuar son los presidentes", añadió.
Por su lado, la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza invitó a los ediles a abstenerse de cobrar el impuesto adicional en los derechos e impuestos, aún y cuando están vigentes las leyes de Ingresos municipales 2018, pues recordó que la Corte lo decretó inconstitucional.

Tras dos años de litigio, la juzgadora tendrá un periodo en su cargo de ocho años más.

Los diputados desahogarán esta semana los informes de resultados de las finanzas de 2016 y 2017 de 25 municipios; hay anomalías en la mayoría de los ayuntamientos, señala legisladora.

El Congreso del estado desahogará esta semana los informes de resultados de las cuentas públicas 2016 y 2017 de 25 municipios, que se encontraban rezagados en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, informó que después de meses de revisión, debido a las inconsistencias en el trabajo de la ESAF, finalmente 25  informes de resultados de las auditorías aplicadas a los municipios serán turnadas al Pleno legislativo para su aprobación.
Explicó que una vez aprobados por el Congreso, los informes de resultados serán publicados y la ESAF estará en condiciones de proceder legal y administrativamente en contra de las autoridades municipales que ejercieron de manera irregular los recursos públicos en los ejercicios fiscales 2016 y 2017.
Mazari Espín confirmó que en la mayoría de los ayuntamientos se detectaron anomalías. "Hay un municipio, por ejemplo, donde presentan un cheque por una cantidad muy fuerte pero cuando nosotros hacemos el cotejo resulta que ya no existe, lo dieron de baja en el SAT, entonces eso no está dentro del informe que nos presentó la ESAF", explicó.
La diputada refirió que, este martes, presentará dichos informes a los diputados que integran la Comisión de Hacienda, para que en esta semana se presenten al Pleno del Congreso.
Dichos informes son parte del rezago que enfrenta la ESAF desde hace una década aproximadamente, por falta de recursos humanos, pero también por la presunta omisión de los encargados del órgano.
De acuerdo con la legisladora priista, mucha información presuntamente se ocultaba, como el caso de un informe de resultados de una cuenta pública del 2011 de Cuernavaca que por varios meses se le solicitó al ex encargado de despacho de la ESAF Uriel González Sotelo, y nunca entregó al Congreso hasta que fue designada América López Rodríguez al frente del órgano.

El Congreso del estado buscará "recomponer" el Presupuesto de Egresos 2020, a fin de evitar una reducción de más del 50 por ciento en los recursos  para el campo, aseguró el diputado pesedista José Luis Galindo Cortez, pues advirtió que tal determinación podría desatar protestas sociales ante el daño para el sector.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso lamentó la determinación de la Secretaría de Hacienda de reducir 55 millones de pesos para el agro, lo que "no abona para nada al bienestar del estado".

Y adelantó que "no todo está dicho" en la discusión del Paquete Económico, por lo que buscará rescatar al sector del abandono que ha sufrido en los últimos años.

"No lo vamos a permitir, esperemos que esto no nos vuelva a entrampar otra vez en el tema de que no podamos aprobar en tiempo y forma el presupuesto", advirtió José Luis Galindo Cortés.

El legislador refirió que ya existe inconformidad de las organizaciones campesinas por la propuesta de reducir los recursos para el agro y tal inconformidad podría derivar en protestas.

"Si se golpea al campo el campo también lo puede golpear a él, me refiero a manifestaciones, me refiero a que líderes vengan y se manifiesten en la Secretaría de Hacienda y metan presión", manifestó el legislador local.

Los que abusen del pasaje y nieguen descuentos  perderían su licencia y estaría en riesgo la concesión de la unidad.

El Pleno del Congreso del estado conoció la iniciativa de reforma que plantea la cancelación del título de concesión para los transportistas que no garanticen la exención del pago del pasaje a las personas con discapacidad y a los menores de tres años, así como la aplicación del 50 por ciento de descuento a los adultos mayores.
Durante la sesión ordinaria de Pleno de este viernes, Ana Cristina Guevara Ramírez, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), propuso modificar diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado para garantizar el cumplimiento de un derecho establecido para los grupos vulnerables en el uso del transporte público.
La legisladora expuso que todos los días se registran abusos por parte de los operadores de las rutas en contra de los ciudadanos que pueden obtener beneficios en el cobro de la tarifa, pues se les niega de manera ilegal.
"No se cumple o se les dice ‘a ti no te podemos subir porque ya subimos a tres’. Eso es lo que pretendemos regular, darle formalidad en la ley y que sea de verdad de manera obligatoria", señaló Guevara Ramírez.
Explicó que para que los transportistas cumplan se establecerán sanciones como el cobro de multas, el retiro de la licencia de conductor y hasta la cancelación del título de concesión.
Para ello, sólo bastará con que los ciudadanos presenten su queja ante la SMyT y la dependencia inicie una investigación del caso.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación para su revisión y dictaminación.

La próxima semana se modificará el reglamento interno para que trece votos equivalgan a una mayoría calificada, necesaria para aprobar los grandes temas pendientes.

Mediante una reforma al reglamento para el Congreso del estado, los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y las fuerzas políticas aliadas, validarán el nuevo criterio para establecer  como mayoría calificada el voto de 13 diputados de los 20 que integran el Pleno, para  aprobar de esa manera todos los asuntos pendientes antes de que concluya el año.
Se trata de una modificación al artículo 135 del citado reglamento, en el que se fijará el número de votos que requiere una mayoría calificada. La propuesta fue presentada durante la sesión ordinaria de este viernes, que sólo inició para conocer dicho asunto.
La iniciativa será votada hasta la próxima semana, pues la sesión de Pleno se pospuso  por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Coatetelco.

El grupo mayoritario de diputados también buscará concretar el nombramiento como presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) de Alejandra Flores Espinoza, coordinadora del grupo parlamentario de Morena.
En entrevista, Flores Espinoza admitió que mientras su nombramiento no esté aprobado por la mayoría del Pleno, no se podrá tener certidumbre jurídica de los asuntos que se aborden en la JPyG, como la solicitud de juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez.
"Hemos buscado el diálogo con ellas (el grupo de siete diputadas) pero no se ha logrado y en esa estamos... hay muchos temas pendientes y la Junta Política es un tema toral para avanzar en muchos asuntos que están detenidos", agregó la legisladora.
La próxima semana también se votarán todos los asuntos enlistados en el orden del día de la sesión ordinaria de ayer, con las dos terceras partes del total de legisladores,ya cuantificada en 13 legisladores.

Es la suma que se habría erogado en cheques para 15 exdiputados.

Hortencia Figueroa Peralta, ex presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, habría desviado más de nueve millones de pesos  para su beneficio y el de 14 ex diputados de la LIII Legislatura.
Dicha información se desprende de la resolución del juicio de amparo 1203/2019-III que perdió la ex diputada Hortencia Figueroa y que promovió  en contra del auto de vinculación a proceso que determinó  la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Morelos, dentro de la causa penal JC/323/2019, por el delito de peculado en agravio del Congreso.
El juez sexto de Distrito rechazó amparar y proteger a la ex diputada perredista, pues consideró que no hubo agravio en la resolución de la juez de control del pasado 9 de julio.
Al entrar al fondo de la demanda, el juez federal señaló que existen pruebas suficientes que acreditan la probable responsabilidad de Figueroa Peralta por el delito de peculado.
Tales elementos probatorios se desprenden de la información que aportaron los actuales integrantes de la LIV Legislatura en la denuncia que promovieron, en septiembre de 2018, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) como las copias de los cheques que la ex presidenta de la Mesa Directiva expidió a su nombre y el de 14 ex legisladores más por un monto total de nueve millones 856 mil 787 pesos.
El presunto desvío de recursos lo habría cometido la ex diputada en el periodo que va de agosto del 2017 a agosto de 2018, lapso en el que incumplió con el pago de las retenciones y de las cuotas obrero patronales ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado de Morelos.
Por tal razón, Figueroa Peralta continuará sujeta al proceso penal al que fue vinculada el pasado 9 de julio.

Diferencias entre diputados tienen detenida la actividad legislativa.

Alcaldes planean cobrar más por recolección de basura, panteones, licencias de construcción y licencia de funcionamiento comercial, entre otros conceptos; también pretenden aumentar el predial e ISABI.

Con incrementos en una larga lista de derechos y  servicios municipales, así como en los impuestos Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) y predial, los alcaldes pretenden recuperar el 25 por ciento de los ingresos que hasta este 2019 registraban sus municipios con el cobro del impuesto adicional.
En la propuesta de la reforma hacendaria que presentaron los ediles el pasado 19 de noviembre al Congreso del estado, se plantean aumentos porcentuales en los siguientes servicios y derechos: recolección de basura, panteones, licencias de construcción, licencia de funcionamiento comercial, de uso de suelo, permisos para la colocación de anuncios comerciales, derechos de protección civil,  fomento y control sanitario, explotación de aparatos de sonido y derechos de inspección al padrón de peritos.
Así mismo, se propone una nueva fórmula para calcular el cobro del impuesto predial, con una variación a la alza mayor a los dos puntos porcentuales. Dicho cálculo se aplicaría para los 36 municipios del estado.
Los ediles también pretenden aumentar el monto que se aplica por el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI).
La propuesta ya es analizada en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso. Sin embargo, es de destacar que no fue firmada por los 36 ediles del estado, sino sólo por 28 de ellos, pese a que fue discutida con el respaldo del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm).
Los alcaldes que no firmaron la propuesta son: Ramiro Iturbe Parra de Amacuzac; Félix Sánchez Espinoza, de Axochiapan; Rafael Reyes Reyes de Jiutepec; Israel González López de Tetela del Volcán; Agustín Alonso Mendoza, de Yautepec; Norberto Zamorano de Coatetelco; y José Enríquez Pérez, concejal de Hueyapan.
Hasta octubre pasado, los ayuntamientos estaban facultados para cobrar el “impuesto adicional” sobre los impuestos y derechos municipales, que garantizaba el 25 por ciento de sus ingresos, pero  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional. Con la propuesta que se expuso anteriormente, los ediles buscan evitar la falta de dichos recursos financieros.

Miembros de la Mesa para la Gobernabilidad en el estado de Morelos -integrada por dirigentes partidistas, legisladores y el Poder Ejecutivo- analizan una reforma política que considera una redistritación electoral a nivel local y con ello una posible ampliación en el número de diputados en el Congreso de la entidad.

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Martínez Terrazas, dio a conocer en entrevista que lo que pretenden es echar abajo la reforma política aprobada por la legislatura pasada.

Desde su punto de vista, con esa modificación electoral no hay una representación total geográfica en los distritos electorales, por lo que han propuesto que se haga un análisis social, político, geográfico y estadístico para replantear los distritos locales en la entidad.

Respecto al número de diputados, señaló que la redistritación podría implicar aumentar el número de diputados, pero consideró que esa determinación presupuestalmente no afectará debido a que la actual legislatura, que tiene sólo 20 diputados, sigue operando con el presupuesto que utilizaron los 30 diputados de la legislatura pasada.

Martínez Terrazas señaló que debe haber una austeridad presupuestal real y no sólo de discurso, “porque el hecho que haya menos presupuesto y (los diputados locales) operen con el mismo recurso es incongruente”.

Finalmente informó que el tema ha sido discutido en la mesa y ya se encuentran en el análisis para que esta propuesta se lleve al Congreso del estado para su aprobación, aunque para ello -dijo- deberá de contarse con la mayoría de los legisladores.

Hay amenaza de nueva toma de las instalaciones del Congreso del estado por parte de pobladores del nuevo municipio.

En el Congreso local está detenido el procedimiento jurídico que resolvería el conflicto por la delimitación territorial entre Hueyapan y Tetela del Volcán.
A 22 días de que los pobladores de Hueyapan acordaran con los diputados locales levantar el plantón que instalaron en el Congreso del estado como presión para resolver los problemas con Tetela del Volcán, los legisladores no han avanzado en el asunto.
Se trata de una controversia territorial entre ambos municipios, que se fundamenta en el artículo 192 de la Ley Orgánica Municipal. Dicho asunto fue turnado a la Junta Política y de Gobierno (JPyG), a pesar que estaba en manos de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso.
Sin embargo, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en funciones de presidenta dea JPyG, Alejandra Flores Espinoza, informó que aún no han notificado al edil de Tetela del Volcán, Israel González López, como primera acción legal a llevar a cabo en dicho procedimiento.
Flores Espinoza dijo que en los próximos días procederán a notificar al edil, que tendrá 10 días para responder y de no hacer se dará por informado.
El encargado de la Subsecretaría de Gobierno, del Gobierno del Estado, Mauricio Termignoni Apodaca, informó que están al tanto de los avances del Congreso del estado y se le apoyará en el trabajo jurídico.

El Poder Legislativo cuenta con menos de 30 días para resolver la controversia.
Los pobladores de Hueyapan amenazaron, incluso, con volver a tomar las instalaciones del Congreso si no se resolvía el procedimiento legal acordado, ya que la delimitación territorial entre ambos municipios permitirá al nuevo poblado acceder a las participaciones federales.

Buscan que la iniciativa sea acogida por el Congreso de la Unión.

Diputados plantean etiquetar un presupuesto cercano a los 50 millones de pesos para la rehabilitación de escuelas.

La iniciativa de Ley para Erradicar las Cuotas Escolares, que lleva  un año congelada en el Congreso del estado, podría aprobarse este año, afirmó la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza.
En entrevista, la coordinadora en funciones de presidenta de la Junta Política y de Gobierno informó que buscará etiquetar un presupuesto cercano a los 50 millones de pesos para la rehabilitación de las escuelas y evitar que los padres de familia paguen más cuotas escolares al inicio del ciclo escolar.
La diputada explicó que en este 2019 se asignaron 20 millones de pesos para dicho rubro. Sin embargo, señaló que al no haber aprobado la Ley para Erradicar las Cuotas Escolares ese monto presupuestal no se ejerció para tal finalidad.
Mencionó que para el 2020 se busca asignar los cinco millones de pesos que el gobierno del estado aportaba para el programa Beca Salario y que ya desapareció a nivel nacional, y tomar de otros rubros para concretar la ley para Erradicar las Cuotas Escolares.
"Lo que se busca es abordar la ley de uniformes gratuitos y destinar dicho recurso para las Cuotas Escolares, así como los cinco millones de pesos, ya que los 20 millones de pesos que se destinaron este año no son suficientes", añadió Flores Espinoza.

Mediante el proyecto se busca reactivar el servicio ferroviario en la zona oriente del estado.

La secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, acudirá la próxima semana al Congreso del estado para explicar el proyecto entre el gobierno estatal y la empresa Ferrosur, con el que se busca reactivar el servicio ferroviario en la zona oriente del estado.
La comparecencia de la secretaria de despacho se concretará ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con los que se busca generar los consensos entre los legisladores para que la propuesta del Poder Ejecutivo, que plantea generar un nuevo convenio con la citada empresa, sea autorizada por el Pleno del Congreso antes de que concluya el año.
Al respecto, la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda admitió que existe una postura de un grupo de legisladoras en contra del tema.

Sin embargo, dijo que se espera que el encuentro con la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo aclare todas las dudas de sus homólogos.
"Hay quienes no avanzan en este tema y en ningún otro tema, votan todo en contra", agregó.
No obstante, la diputada Rosalina Mazari Espín aclaró que no existe un plazo para la aprobación del asunto y si no se generan los consensos entre los diputados se podría postergar más tiempo.
La propuesta del Ejecutivo busca la autorización del Congreso para que el gobierno estatal firme un nuevo convenio con Ferrosur que permitirá ampliar el plazo para el desarrollo del proyecto de transporte ferroviario en la zona oriente del estado.

Pretenden incrementar montos de derechos e impuestos para evitar a los ayuntamientos afectaciones económicas por la anulación del Impuesto Adicional.

Los 36 alcaldes del estado buscan armonizar las leyes de ingresos municipales para establecer montos más altos en el cobro de derechos e impuestos, para evitar una afectación económica por la anulación del llamado “impuesto adicional”.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, confirmó el acuerdo que tomaron los ediles para presentar una propuesta de reforma a la Ley General de Hacienda Municipal que resolvería el impacto financiero que sufrirían los ayuntamientos por no cobrar el impuesto adicional, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La legisladora explicó que se trata de establecer nuevos montos para el cobro de derechos y una fórmula nueva para aplicar el impuesto predial.
Sin embargo, la legisladora rechazó ahondar sobre el tema, pues dijo desconocer más sobre la propuesta.
"De alguna manera, están presentando una modificación a las cuotas de los derechos y del impuesto predial. Es lo único que les puedo adelantar porque hasta que no llegue la propuesta como tal estaré en condiciones de declarar con esa veracidad", declaró la diputada.
La propuesta sería entregada este martes al Congreso del estado, tal y como lo informaron los ediles el viernes anterior, cuando se reunieron con los diputados que integran la Comisión de Hacienda.
Tras la resolución de la Corte que declaró inconstitucional el cobro del impuesto adicional, los municipios dejarían de percibir el 25 por de sus ingresos, disminución que pretenden evitar en sus ingresos para el 2020.

Con el 4.7 por ciento del presupuesto del estado se garantizará el pago de jubilaciones a trabajadores, señala diputada.

El Congreso del estado analizaría otorgar al Poder Judicial el 4.7 por ciento del presupuesto estatal, como parte de su autonomía financiera, a fin de  evitar más problemas con la justicia federal por el pago de jubilaciones, señaló la diputada priista Rosalina Mazari Espín.
La diputada -que preside la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública- refirió que ese tema  se debe discutir con todos los legisladores y con el Poder Ejecutivo, porque implicaría alrededor de 900 millones de pesos como presupuesto para el Poder Judicial. Sin embargo, dijo que sería una solución para que ese Poder Judicial se haga responsable de los pagos a sus trabajadores.
Fue en julio del 2018 cuando finalmente entró en vigor la reforma constitucional - que se aprobó desde el 2012- para darle autonomía financiera al Poder Judicial.
Sin embargo, en el presupuesto de este año no se respetó el porcentaje del 4.7 por ciento.
La legisladora priista Rosalina Mazari Espín refirió que revisarán el tema, aunque admitió que son muchos los compromisos financieros que deben asumirse.
No obstante, aseguró que si no se logran los acuerdos para avanzar sobre la autonomía financiera del Poder Judicial, el Congreso del estado garantizará  la asignación de un monto presupuestal específico para el pago de las jubilaciones a los trabajadores, pues tan sólo en este año se acumularon más de 100 ejecutorias de amparo de los jubilados que exigieron su derecho al pago de pensión.
"Todo recae aquí y no queremos que sean mandatos de la Corte y sobre todo que los trabajadores tengan que estar sufriendo en espera de que les llegue su pensión. Nosotros vamos a ser los suficientemente responsables y en este presupuesto se va a atender el tema de jubilaciones", manifestó la diputada.

Antes de diciembre, el Congreso del estado podría iniciar un juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez, luego de que la Junta Política y de Gobierno dio entrada a la denuncia que promovió el Poder Ejecutivo el pasado jueves.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, anunció que este día fue depositada la primera parte del aguinaldo para los trabajadores del Poder Legislativo, cumpliendo con la responsabilidad de respetar los derechos laborales, que es una premisa de esta LIV Legislatura.

Detalló que fueron erogados 15 millones de pesos en esta primera parte, para cubrir el 50 por ciento del aguinaldo de 691 trabajadores que conforman la plantilla laboral, de los cuales 143 son sindicalizados, 318 de confianza y 230 jubilados.

Alfonso Sotelo agregó que desde el inicio de este parlamento, desde la Secretaría de Administración y Finanzas, a cargo de Belén Adán Vázquez, mes con mes se va ministrando el recurso, para garantizar el pago de este derecho ganado por los trabajadores a lo largo de un año y que además representa movimiento económico en la entidad.

Señaló que este fue y es el compromiso de los diputados, trabajar con austeridad, dejando atrás el dispendio, para poder cumplir con todos los compromisos de la institución e incluso gracias a estas medidas se han podido pagar deudas heredadas, disminuyéndolas en un 68 por ciento, lo que significa que de 72.5 millones de endeudamiento recibido, hoy se deben 23 millones, que confía, se puedan cubrir el próximo año.

 Recordó que dentro de este pago está el que se hizo al Instituto de Crédito, institución a la que incluso se le dio un pago de 10 millones de pesos, abriendo nuevamente con ello la oportunidad a los trabajadores de gozar de todos los créditos de esta bondadosa institución, que incluso contempla la adquisición de una vivienda.

Reciben legisladores la comparecencia del secretario de Hacienda estatal, Alejandro Villarreal Gasca, para continuar con el análisis y estudio del Paquete Económico para el próximo año.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública (CHPyCP), Rosalina Mazari Espín, aseguró que el proyecto de Paquete Económico para 2020 enviado al Congreso del Estado por el Poder Ejecutivo de la entidad “no va a quedar igual, eso es un hecho, porque los diputados tenemos que trabajar y hay áreas muy sensibles que tenemos que fortalecer”.
Lo anterior, en el marco de la comparecencia del secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Alejandro Villarreal Gasca, quien fue recibido en reunión de trabajo correspondiente a la sesión permanente en que se encontraba la Comisión desde Hacienda desde el pasado 8 de octubre del presente año, “con el propósito de que provea la información de su competencia para continuar con el análisis y estudio de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020, así como la Miscelánea Fiscal”.
La diputada Rosalina Mazari confió en que el Paquete Económico del Gobierno del Estado para 2020 será aprobado oportunamente por el Congreso del Estado, que de acuerdo a la legislación tiene hasta el 15 de diciembre para hacerlo; “mal sería no aprobarlo en tiempo y forma cuando tenemos muchos días, tenemos más de un mes para poder realizarlo, para poder discutirlo”.
Confió en la responsabilidad de las y los legisladores “de trabajar con mucho ánimo porque le servimos a Morelos, y parte de servirle a nuestro estado es el análisis de cómo se ingresan los recursos, cómo se van a gastar los recursos y creo que esos es algo que nos compete a todos”.
La reunión, con la presencia de las diputadas Maricela Jiménez Armendáriz, Dalila Morales Sandoval, Ariadna Barrera Vázquez, Naida Josefina Díaz Roca, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Alejandra Flores Espinoza, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blanca Nieves Sánchez Arano y Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, incluyó tres rondas de preguntas y respuestas en las que se expuso la preocupación de las integrantes del Congreso del Estado por la proyección financiera en diversos rubros.
Entre otros temas, las legisladoras se pronunciaron por revisar la asignación de recursos para favorecer al campo, la seguridad y la educación, así como temas específicos como el pago de la prima de antigüedad a maestros jubilados, la suficiencia de fondos para el pago de pensiones en previsión de que se puedan solicitar ajustes presupuestales en el transcurso del año, el año preelectoral que representa el 2020 y la necesidad de financiamiento para el Instituto Morelense de Procesos Electoral y Participación Ciudadana, así como el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
En su oportunidad, el secretario Alejandro Villarreal destacó que la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos es una propuesta susceptible de modificar y los diputados están en condiciones de revisarla y hacer los ajustes que estimen adecuados, en el entendido de que los recursos son finitos.
El funcionario explicó a detalle a diputadas de la CHPyCP y otras integrantes de la LIV Legislatura que decidieron acudir, el proyecto de Ley de Ingresos que no contempla la creación de nuevos impuestos o derechos, así como el Presupuesto de Egresos que considera 26 mil 801 millones 054 mil pesos.
Indicó que el Paquete Económico para el año próximo contempla un incremento de 8.71 por ciento respecto de 2019, que corresponde a la cantidad de 2 mil 148 millones 045 mil pesos, que tiene su origen en recursos federales con etiqueta de gasto por 1 mil 357 millones 064 mil pesos y por 790 millones 981 mil pesos de recursos estatales, de los cuales solo son de libre disposición 487 millones 127 mil pesos.

Acuerdan diputados y Ortiz Guarneros temas prioritarios en busca de recuperar la paz en Morelos.

El diputado presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Marcos Zapotitla Becerro, manifestó que fueron tres los temas acordados este jueves durante la comparecencia del comisionado estatal de seguridad pública, José Antonio Ortiz Guarneros, y el coordinador estatal de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León, con lo que se pretende ir recuperando la paz en el estado de Morelos.
Acompañado de las diputadas Ana Cristina Guevara Ramírez y Rosalina Mazari Espín, así como del presidente de la mesa directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Zapotitla Becerro enumeró los tres temas que se abordarán con inmediatez: el esclarecimiento del caso Atlacholohaya, que se vincule a la Fiscalía General del Estado para que haga las investigaciones en corto plazo y de manera minuciosa para deslindar responsabilidades, y finalmente se refirió al titular de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, a quien se le cuestionará por qué no ha subsanado el pago de uniformes de los trabajadores del Centro Penitenciario, el adeudo con las empresas de alimentación, así como la falta de liquidación a la compañía Telmex, que impide que operen debidamente las cámaras de videovigilancia; aun cuando el presupuesto fue asignado para este año y a punto de concluir no se ha pagado.
Manifestó que para efectuar estos tres temas se va a conformar una comisión especial de seguimiento para darle transparencia y vincular a las instancias involucradas en temas de seguridad, tales como la Comisión de Derechos Humanos, así como a la Fiscalía del Estado para que se investigue lo ocurrido en Atlacholoaya.
Para concluir, dijo que la Comisión de Seguridad Pública del Poder Legislativo se mantendrá muy atenta a que se garantice la seguridad de los morelenses. “Vamos a retomar una sinergia muy importante de coordinación y trabajo con el comisionado de seguridad y lo más importante es que pronto se sienta la paz y la tranquilidad en Morelos”.