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No se ha formalizado el aumento en el presupuesto local de la Máxima Casa de Estudios del estado.

A 10 días de que concluya el período ordinario de sesiones en el Congreso del estado, el dictamen de reforma constitucional que permitirá un aumento presupuestal del 0.5 por ciento a favor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sigue estancado.
De acuerdo con la diputada panista Dalila Morales Sandoval, impulsora de la propuesta, desde hace dos semanas ya se había logrado un acuerdo para la aprobación de la reforma al artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Morelos.
Sin embargo, el dictamen sigue detenido en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y, al parecer, no hay un consenso definido para que se presente al Pleno para su aprobación antes del 15 de diciembre.
Por tratarse de una reforma constitucional, una vez aprobada, la minuta deberá turnarse a los 36 municipios para su aprobación como Constituyente Permanente, a fin de que se emita la declaratoria de validez constitucional. Dicho proceso se  llevaría al menos 30 días.
La diputada panista declaró ayer sobre el tema que el acuerdo más claro que existe entre los legisladores es que "sí se va a apoyar a la universidad".
No obstante, ya no habló sobre la aprobación de la reforma constitucional, pues refirió que el rector de la UAEM Gustavo Urquiza Beltrán pidió a los diputados aguardar sobre el apoyo económico que se espera sea autorizado por la Federación en los siguientes días.
La reforma constitucional garantizará el  tres por ciento del presupuesto del estado a la UAEM, lo que significaría alrededor de 800 millones de pesos para el 2020.

Si no se garantiza un incremento en los ingresos de los ayuntamientos para el próximo año, las autoridades no podrán garantizar ni siquiera la prestación de los servicios básicos, afirma Dalila Morales.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval afirmó que regresar a los municipios el cinco por ciento de sus participaciones federales evitará una problema social debido a la insuficiencia presupuestaria que se prevé en los ayuntamientos para el 2020, a causa de la anulación del impuesto adicional.
En entrevista, la legisladora local sostuvo que la propuesta de reforma de la Ley de Coordinación Hacendaria busca ayudar a la economía de los ayuntamientos sin "pegar en el bolsillo de los ciudadanos" con más incrementos en derechos e impuestos municipales.
Además, refirió que si no se garantiza un incremento en los ingresos de los municipios para el próximo año, las autoridades no podrán garantizar la prestación de los servicios municipales básicos, como la recolección de basura y mucho menos habrá obra pública.
"El tema no es generar condiciones a cargo del ciudadano, que es lo más importante. Podemos ayudar a los municipios y es la solución más real que podemos encontrar y que no pegue a los ciudadanos", añadió Morales Sandoval.
La diputada dijo que la propuesta ha sido vista "con buenos ojos", por lo que se podrían generar los consensos entre la mayoría de los legisladores para aprobar la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado.
Sin embargo, Morales Sandoval refirió que, de concretarse la propuesta, los ayuntamientos deberán comprometerse a la transparencia del ejercicio de los recursos públicos, ya que se ha confirmado el mal uso de los ingresos municipales por las administraciones municipales pasadas.

Plantean extender el periodo hasta el 31 de diciembre para favorecer la regularización en el trámite.

El Congreso del estado exhortó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) a que  autorice una segunda prórroga -hasta el 31 de diciembre- para el cumplimiento del programa de reemplacamiento 2019. 
En sesión de Pleno, el diputado pesedista Alfonso de Jesús Sotelo Martínez presentó un punto de acuerdo con el fin de plantear a la dependencia estatal una ampliación del período de canje de placas, en beneficio de los automovilistas a los que les resultó "imposible" cumplir con dicha obligación.
"El motivo primordial de solicitar una prórroga más, es primordialmente apoyar a las familias en su economía y eviten pagar multas y recargos, asimismo atendiendo a que durante el mes de diciembre, a diferencia del resto del año, la mayoría de los ciudadanos percibe mayores ingresos, ya sea por concepto de aguinaldos, o en el caso de los comerciantes y empresarios, que aumentan sus ventas, lo que constituye una mayor posibilidad de afrontar gastos como el que se genera con el canje de placas", expuso el legislador Sotelo Martínez en el acuerdo que fue votado por la mayoría de los legisladores.
El programa de reemplacamiento venció de manera oficial el 30 de septiembre. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad y Transporte autorizó una prórroga hasta el 30 de noviembre.
El exhorto del Congreso del Estado es con la finalidad de que los ciudadanos puedan canjear sus placas hasta el 31 de diciembre de este año sin tener que pagar recargos a la Hacienda estatal.

Designan a secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios

El Pleno del Congreso designó como titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios a Francisco Betancourt López.
El funcionario se encontraba como encargado de despacho, sin embargo, la tarde de este miércoles, fue ratificado en la representación.

Regresan pensión a hermana de la presidenta del TSJ.

Guillermina Jiménez Serafín fue ratificada por el  Congreso del estado  como magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un período de ocho años.
En sesión ordinaria, ayer, el Pleno del Congreso  tomó protesta a la magistrada, quien por dos años litigó su derecho a ser ratificada, luego de que la LIII Legislatura determinó como no procedente su permanencia, por supuestamente no haber cumplido con los requisitos de evaluación.
El dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) fue votado a favor por 13 diputados, en cumplimiento a la sentencia emitida en el recurso de revisión por el segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del décimo circuito, derivado del juicio de amparo 1917/2017.
La ratificación de la magistrada será un contrapeso en el TSJ, que se encuentra fracturado desde hace varios meses.
Durante la misma sesión ordinaria, los diputados ratificaron también a José Luis Jaimes Olmos, como magistrado suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia emitida del juicio de amparo en revisión 375/2018, emitida por el primer Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del Décimo Octavo Circuito.

También, el Pleno del Congreso devolvió su pensión por cesantía en edad avanzada a Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas.
El dictamen fue votado de urgente y obvia resolución, luego de que el diputado José Casas González lo presentó de último momento ante el Pleno, como presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
El dictamen con proyecto de decreto se aprobó con la finalidad de reformar el artículo segundo del decreto número 3261, por el que se concedió la pensión a Cuevas López, quien se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta del TSJ, en cumplimiento a la sentencia dictada en la controversia constitucional 185/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con fecha de 22 de mayo de 2019.

La medida requiere una reforma hacendaria encaminada a resarcir la pérdida del llamado impuesto adicional.

Los diputados locales buscarán regresar a los municipios el 25 por ciento de los recursos totales del Fondo General de Aportaciones, con el fin  de evitar un impacto en sus finanzas por la anulación del impuesto adicional de sus leyes de ingresos, que fue declarado por la Corte como inconstitucional.
En diciembre del 2012, la LIII Legislatura modificó la Ley de Coordinación Hacendaria, a fin de que el cinco por ciento de las participaciones federales a los municipios fuera usado para la creación del Fondo General para la Seguridad Pública en el Estado, a fin de dar vida al Mando Único, a propuesta del ex gobernador perredista Graco Ramírez.
Este miércoles, en sesión ordinaria, la diputada panista Dalila Morales Sandoval presentó, de último momento, una iniciativa para modificar la citada ley hacendaria, con el fin de apoyar a los municipios.
La legisladora sostuvo que la anulación del impuesto adicional será un “duro golpe” a las finanzas de los municipios, que ya enfrentan problemas económicos graves por las deudas heredadas de las administraciones anteriores.
En la propuesta, la diputada expuso que con la desaparición del impuesto adicional los municipios dejarían de percibir un monto superior a los 350 millones de pesos anualmente, pero de concretarse la citada reforma legal, los ayuntamientos recibirán 485 millones de pesos más de las participaciones federales.
La propuesta que impulsó Dalila Morales Sandoval será discutida en las siguientes horas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Permitirá al gobierno estatal firmar convenios con la iniciativa privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

María del Carmen Cuevas López cuestionó ante la SCJN la medida legislativa que asignó al TSJ recursos para pagar pensiones.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, reiteró que el Congreso del estado actuó apegado a la legalidad en la aprobación de la reforma para la reasignación de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para cumplir de esa forma con el pago de pensiones de ex trabajadores.
En entrevista, lamentó que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López haya señalado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) supuestas irregularidades en la votación, realizada por 13 legisladores, para modificar el Presupuesto de Egresos 2019.
Sotelo Martínez estableció que el fin principal de la determinación del Pleno Legislativo, el pasado 6 de noviembre, fue cumplir con un mandato de la Corte en favor de los trabajadores jubilados, resultado de una controversia constitucional que promovió el Poder Judicial.
"Nosotros hemos hecho la parte que nos toca, si alguien no quiere verlo de esa forma tendrá su propia opinión o a la mejor tendrá sus propios compromisos", manifestó.
El presidente de la Mesa Directiva señaló la posible intención de la magistrada presidenta del TSJ de combatir jurídicamente la legalidad del decreto de reforma. Sin embargo, insistió que el interés principal para el Poder Judicial debería ser sus trabajadores.
"La posibilidad siempre está latente. Nosotros le dimos cumplimiento a lo que un poder estableció en su última etapa", insistió el legislador pesedista.

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción califica como ilegal la designación de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva.

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) calificó como ilegal la designación de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva del SEA, y exhortó al Comité de Participación Ciudadana presidido por Roberto Coranguez Esquivel, a coadyuvar a la construcción del sistema anticorrupción y actuar con apego a la ley.

A través de una misiva fijaron su postura la encargada de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, América López Rodríguez; el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez; el secretario de la Contraloría, César Santana Nava; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López; la comisionada presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mireya Arteaga Dirzo; Manuel García Quintanar, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y América Jiménez Molina, contraloría municipal de Cuernavaca, quienes integran el Comité Coordinador del SEA.

En el documento público establecieron que el artículo 35 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece que es facultad del Comité Coordinador elegir, previa integración de una terna, al secretario Ejecutivo del SEA, y que desde el 31 de octubre realiza reuniones de trabajo en las que, entre otras cosas, revisa que los tres aspirantes cumplan con el perfil y los requisitos legales para ocupar el cargo.

Incluso, destacaron que esta dinámica fue consensuada y aceptada por el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA, que también forma parte del Comité Coordinador.

Rechazaron la designación González Chávez como “secretario Técnico interino” por considerarlo ilegal, sin embargo, hicieron hincapié en que decidieron hacer caso omiso a las declaraciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana, Roberto Coranguez Esquivel, quien hace días salió en defensa del nombramiento interino realizado con solo con aval de tres de los cinco integrantes del órgano ciudadano.  

“Por todo lo anterior, se reitera que la instituciones representadas por los signantes, han aportado su trabajo, recursos humanos y materiales para poder dar forma y diseño organizacional a la Secretará Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, y así seguirá siendo, tomando en consideración la naturaleza, fines, atribuciones y requisitos que la ley fija para todos; haciendo caso omiso a las declaraciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana, para no desgastar la imagen de un sistema en construcción.

“Se exhorta a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a coadyuvar con los trabajos de formación del sistema y su organismo operador que nos corresponden, conforme a las funciones, atribuciones, responsabilidades, obligaciones y límites que la ley nos marca”, establecieron como postura conjunta siete de los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA.

Desde el 2016, el SEA enfrenta una serie de vaivenes jurídicos y político que frenaron su arranque y operación. Desde la integración del Comité de Participación Ciudadano -cuyos primeros integrantes fueron relevados sin ni siquiera haber iniciado formalmente funciones- hasta la ratificación de Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción, que enfrentó fuertes cuestionamientos por haber sido colaborador del ex gobernador Graco Ramírez.

La magistrada presidenta fue emplazada por la Corte a denunciar la supuesta irregularidad que para ella se cometió cuando los legisladores reasignaron con sólo trece votos el presupuesto para pagar pensiones del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó pronunciarse sobre si el Congreso cumplió con la votación para modificar el presupuesto de egresos y reorientar 26 millones para el cumplimiento de varias sentencias de controversias constitucionales para el pago de pensiones de ex trabajadores judiciales, y emplazó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a denunciar la presunta “irregularidad” por la vía jurídica.

El pasado 6 de noviembre,  13 diputados votaron a favor de la reorientación financiera para evitar que el Congreso incurriera en desacato judicial, mientras que las siete diputadas del bloque denominado Frente Progresista de Mujeres votaron en contra, pero la polémica fue si se reunió o no la mayoría calificada, ya que hubo quienes argumentaron que la reforma al presupuesto requería de al menos 14 votos.

Ante esta situación, la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, denunció ante la SCJN supuestos vicios en la aprobación de la modificación en la ley de egresos 2019, pero el tribunal constitucional sugirió que el tema debe ser cuestionado por la vía jurídica.

“Por otra parte, el Poder Judicial del Morelos señala haber detectado irregularidades en el proceso legislativo que tuvo como resultado la aprobación del decreto número 502, por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto número 76, mediante el cual aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, publicado en el Periódico Oficial “tierra y Libertad” número 5756, de fecha 7 de noviembre de 2019, por lo que atento a sus manifestaciones, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que corresponda.

“Lo anterior, en virtud de que el propósito fundamental del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 25 de febrero de 2019, consiste en vincular a las autoridades competentes a realizar las transferencias necesarias para el pago de decretos pensionarios materia de la litis, sin que ésta última se pueda desbordar en un pronunciamiento sobre las formalidades del procedimiento legislativo que debe imperar en el Estado de Morelos, mucho menos si ello puede traer consigo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones programadas en el citado Acuerdo Plenario, de la satisfacción de la pretensión de la parte actora en la presente controversia constitucional, y de los intereses de los beneficiarios de las pensiones.

“Por lo tanto, este Alto Tribunal no prejuzga ni emite pronunciamiento alguno en torno a las formalidades que rigen al procedimiento legislativo en el Estado de Morelos, que dé lugar a sentar un precedente sobre la materia”, respondió la SCJN a la denuncia del TSJ en el cumplimiento de sentencia de al menos diez controversias constitucionales. En torno a este tema, el TSJ rechazó fijar una postura y si recurrirá el acto a través de una controversia constitucional.

En consecuencia, la SCJN requirió a los tres Poderes del Estado informar sobre el cumplimiento de los fallos judiciales.

Cabe destacar que la semana pasada el Congreso local, con 13 votos a favor y siete en contra, aprobó reformas a su ley orgánica y su reglamento para establecer que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos.

Exhortan al Congreso a desahogar la reforma que garantizará igualdad en la designación de servidores públicos.

Con una reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, diputadas locales buscarán que se garantice una integración paritaria en la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno (JPyG), los órganos de gobierno del Poder Legislativo.
En rueda de prensa, la legisladora del Partido Humanista (PH) Xochiquetzal Sánchez Ayala propuso que la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno (JPyG) estén integradas por un hombre y una mujer, según sea el caso.
Actualmente, los órganos de control están representados por Alfonso de Jesús Sotelo Martínez en la Mesa Directiva y Alejandra Flores Espinoza preside la Junta Política y de Gobierno.
Sin embargo, la diputada Humanista señaló que de aprobarse la reforma, en el tercer año de la LIV Legislatura se obligaría a que la Mesa Directiva esté presidida por una mujer y la JPyG por un hombre.
De igual forma, Sánchez Ayala explicó que la vicepresidencia y las secretarías de la Mesa Directiva también tendrían que distribuirse de manera paritaria.
La propuesta se presentó mientras el Congreso del estado analiza también una iniciativa de reforma para garantizar la paridad total en la integración de las instituciones públicas del estado.
Al respecto, la coordinadora de la organización Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL), Angélica Sánchez Santiago, hizo un llamado a los diputados a desahogar la reforma que garantizará igualdad en la designación de los cargos públicos.
Además, recordó a los legisladores que hay otras iniciativas pendientes para abatir la violencia en contra de la mujer. Se trata de un paquete de reformas para armonizar la legislación local con la federal en materia de paridad sustantiva.

El Congreso retomará procesos ya iniciados para elegir titular de la entidad de auditoría y un consejero del instituto de información pública.

La Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local retomará el proceso  iniciado en mayo pasado para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y en el que 29 aspirantes compiten por el cargo.
En agosto pasado, la Comisión Calificadora -que se instaló entre los grupos parlamentarios para llevar a cabo el proceso de dicho nombramiento- determinó emitir una nueva convocatoria ante la falta de condiciones para que el Pleno seleccionara a uno de los 29 aspirantes.
Sin embargo, el grupo mayoritario de 13 legisladores impulsará  un nuevo acuerdo para concretar la designación antes del 15 de diciembre.
Al respecto, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, refirió que el acuerdo tomado el 26 de agosto pasado por la Comisión Calificadora, que entonces presidía Tania Valentina Rodríguez Ruiz, carece de legalidad pues dicho organismo no estaba facultado para tomar la decisión de reponer el proceso del citado nombramiento.
La legisladora dijo que ante la urgencia de concretar la designación del auditor estatal se planteará retomar la convocatoria de mayo pasado y que el titular del cargo se nombre de entre los 29 aspirantes.
No obstante, refirió que es una determinación que tomarán los integrantes de la JPyG en los próximos días.
La semana pasada, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que la designación del titular de la ESAF se llevaría a cabo en este mismo año, así como la de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
En el caso del comisionado del IMIPE, el 24 de junio pasado la Junta Política y de Gobierno emitió una convocatoria, pero por la falta de acuerdos también se mantiene suspendido el proceso.
La lista de aspirantes la componen 20 ciudadanos, cuyos perfiles serían revisados por la Junta Política y de Gobierno.

Diputados crearán la ley de asociaciones públicas privadas, para que el estado pueda concretar proyectos con la iniciativa privada.

El grupo mayoritario de 13 legisladores en el Congreso del estado alista una propuesta del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020 que podría aprobarse antes del 15 de diciembre.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó en entrevista que los rubros prioritarios en la composición del Presupuesto de Egresos para el próximo año serán la seguridad pública, salud y educación.
El legislador pesedista dijo que hay confianza en que se logren acuerdos entre los 20 legisladores en el Congreso, y de no ser el caso, aseguró que hay condiciones para que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se apruebe con 13 votos, una mayoría calificada, antes de que se cumpla el plazo constitucional, que es el 15 de diciembre.
Sotelo Martínez adelantó que un tema que podría aprobarse en las siguientes horas es la creación de la "Ley de Asociaciones Públicas Privadas", a fin de que el estado pueda concretar proyectos de desarrollo con la iniciativa privada.
Señaló el proyecto de construcción de un penal de máxima seguridad en Yecapixtla, para lo que se requieren alrededor de mil millones de pesos y con recursos del estado sería complicado llevarlo a cabo. Sin embargo, puntualizó que una opción será un convenio público-privado.
"Sabemos que es una inversión fuertísima, sabemos lo que esto implica. Hay algunos estados que han adoptado una especie de concesión, pero para ello tendremos que aprobar la Ley de las APPS y de alguna manera ahorramos recursos al estado y no dejamos de atender asuntos prioritarios", manifestó.
Sotelo Martínez resaltó que a diferencia de hace algunos días, el Congreso del estado enfrenta condiciones favorables para desahogar dentro del tiempo que marca la ley los temas urgentes, como el Paquete Económico 2020 y las Leyes de Ingresos municipales.

El Congreso del estado  exhortó a los 36  ayuntamientos a realizar operativos de supervisión a los negocios dedicados a las llamadas “gestorías vehiculares”, a fin de verificar que operen en base a la normatividad municipal y estatal, ante la proliferación que tienen en la entidad.
En sesión ordinaria, los legisladores también exhortaron a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para que colabore en estas acciones, ya que se ha comprobado que estos negocios expiden permisos para circular falsos a los automovilistas, lo que permite que se cometan delitos a bordo de los vehículos que usan esa documentación.
El diputado pesedista Marcos Zapotitla Becerro, quien impulsó el punto de acuerdo, sostuvo que se trata de una obligación estatal y municipal impedir que ese tipo de negocios opere fuera de la ley y promoviendo la inseguridad.
"Al ser la expedición de permisos de circulación falsos un tema que afecta gravemente la seguridad pública en Morelos, pues los vehículos que son utilizados para la comisión de delitos y la sustracción de la justicia en su mayoría cuentan con permisos para circular de otras entidades, en específico de Guerrero, (por lo que) resulta necesario que la Secretaría de Movilidad y Transporte y los 36 municipios, conforme a sus facultades, emprendan acciones tendientes a contrarrestar dicha situación", señaló el diputado.
El acuerdo fue aprobado por mayoría de votos y se envió a las autoridades señaladas, a fin de que se proceda en contra de esos negocios que operen de manera irregular.

El secretario de Gobierno defiende resultados oficiales en la materia.

El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas exhortó a las y los legisladores locales a buscar acuerdos para sacar adelante la agenda del Congreso, en especial las iniciativas relacionadas con la seguridad.

El responsable de la política interna expresó que el Ejecutivo se mantiene respetuoso del Poder Legislativo, al subrayar que hay temas de gran importancia sobre los que no se han generado los acuerdos para que se resuelvan, como en el caso del paquete económico fiscal, así como las leyes en materia de seguridad.

En entrevista, el funcionario estatal dijo que existe disposición total para que los integrantes del gabinete acudan a la cámara de diputados para despejar cualquier duda o aportar más información relativa al presupuesto del 2020.

En lo que se refiere a seguridad, el secretario de Gobierno dijo que “este año han sido detenidas más de 36 mil personas por delitos o faltas, de ese total, cuatro mil 300 (están) personas relacionadas con delitos de alto impacto, estamos trabajando y la Policía hace su trabajo junto con la Guardia Nacional”.

Expuso que se requiere de más esfuerzos, y también de más policías. Aseguro que, por primera vez, se graduarán de la academia estatal de policía más de 120 cadetes este año, luego de que en el 2018 no se graduó ninguno.

Aseguró que el propósito es contar con jóvenes que estén dispuestos a formarse específicamente como policías y regresen a sus comunidades a prestar servicio.

Reiteró que está en pie el proyecto de homologación salarial para todos los efectivos del Mando Coordinado y hay avances en los acuerdos con la Fiscalía General del Estado para que los municipios cubran en condiciones accesibles el costo de aplicación de los exámenes de control y confianza.

A decir de Ojeda Cárdenas, los cuatro mil detenidos por delitos de alto impacto están relacionados con secuestros y robo de vehículo agravado, entre otros crímenes, pero reiteró que no se trata de ilícitos que “afectan el desempeño o las dinámicas sociales regulares, como ir a la escuela, a trabajar, a hacer actividades cotidianas, la mayoría van a la baja”.

El propósito de la iniciativa es recuperar la institucionalidad de esta área del Poder Legislativo.

El diputado Héctor Javier García Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentó en Sesión Ordinaria de Pleno, iniciativa con proyecto de decreto que busca elevar a rango de Secretaría la actual Coordinación de Comunicación Social, que incluye reformas y adiciones a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, orientadas a recuperar la institucionalidad de esta área.
Al exponer su propuesta, el legislador externó que las modificaciones “redundarán en una mayor independencia, profesionalismo, imparcialidad y calidad en el trabajo del área de comunicación social, permitiendo la difusión del trabajo de todos y cada uno de los diputados integrantes de la LIV Legislatura, lo que abonará en recuperar una imagen positiva de este Poder Legislativo”.
Explicó que el área de comunicación social, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción LVI del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tiene como función principal: “Difundir sin ningún tipo de censura a través de los medios electrónicos del Estado, las acciones del Poder Legislativo y todas aquellas actividades que den a conocer el diario acontecer de la entidad, que fomenten entre los ciudadanos la cultura política y democrática.”
Sin embargo, en lo que va de la presente Legislatura “se manejó como patrimonio de algunos diputados y ha sido utilizada como instrumento para atacar y denostar a los enemigos en turno de dichos legisladores, lo que solo ha significado la denigración de esos representantes populares y ha traído como consecuencia el repudio de la sociedad hacia este Poder Legislativo”.
Consideró que, “el problema radica precisamente en la vulnerabilidad del área de Comunicación Social respecto del grupo mayoritario en la Junta Política y de Gobierno, ya que, en caso de que su presidente no tenga los votos suficientes para nombrar a su titular, nombra a un encargado de despacho como ha sucedido, además de que lo puede remover libremente y “revisa y autoriza su trabajo”, lo que se traduce en una nula independencia de tan fundamental dependencia”.
Por ello propone: Crear la Secretaría de Comunicación, cuya persona titular sería nombrada con el voto de las dos terceras parte de los integrantes de la Legislatura; que la Junta Política y de Gobierno solo revise y no autorice el trabajo de la ahora Secretaría, que gozará de autonomía técnica y de gestión.
Además, se ratifica la facultad de la nueva Secretaría de Comunicación Social de difundir sin ninguna censura las acciones de la Legislatura y se establecen los requisitos mínimos que deberán cumplir los aspirantes a ocupar la titularidad, como ser ciudadano morelense, no haber sido condenado en sentencia firme por delito intencional que amerite pena privativa de libertad, contar con experiencia comprobable de al menos diez años en el ámbito del periodismo y contar con título de licenciatura en cualquier ámbito.
Por la iniciativa se reforman las fracciones IV y IX del artículo 50, los artículos 89, 89 bis, 89 ter y se adicionan, un CAPÍTULO V BIS al TÍTULO OCTAVO denominado “DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL”, y los artículos 103 bis, 103 ter y 103 quater, todos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.

Diputados aprueban reforma que fija mayoría legislativa en 13 votos; el grupo de Tania Valentina había bloqueado los grandes temas con sus siete votos.

Tras varios meses de parálisis, el Congreso del estado concretó una reforma que permitirá avanzar en los temas trascendentales, mediante la aplicación del criterio para determinar la mayoría calificada, que a partir de ayer se fijó en 13 votos.
Durante la sesión ordinaria que se desarrolló este miércoles, los diputados aprobaron con 13 votos una adición al artículo 135 del Reglamento para el Congreso del estado, que a la letra dice: "cuando el número de diputados que den las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura contenga una fracción, y el decimal sea menor a .49 se debe atender al entero inmediato inferior a dicha fracción".
Esa disposición permitirá que los temas con carácter de ley o decreto se aprueben con el voto de 13 de los 20 legisladores que componen el Pleno del Congreso.
"El día de hoy se presenta esta iniciativa con la finalidad de evitar que este grupo minoritario continúe utilizando los derechos de los morelenses, (y) al Congreso del estado, como rehenes, escudándose en interpretaciones infundadas y a conveniencia. Esta iniciativa tiene la finalidad de fortalecer el trabajo en el Congreso. No podemos permitir que unos cuantos desestabilicen el estado o atenten contra su gobernabilidad", manifestó la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza.
La diputada morenista señaló al grupo de siete diputadas que conforman el llamado Frente Progresista de Mujeres, que desde el inicio del período ordinario de sesiones, en el mes de septiembre, bloqueó cualquier asunto para su votación en el Pleno.
Con la reforma que estableció un nuevo criterio para la establecer la votación de las dos terceras partes en el Pleno, los diputados aprobaron también el acuerdo por el que Alejandra Flores Espinoza fue designada presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG); Marcos Zapotitla Becerro, como secretario y como vocales, Ana Cristina Guevara Ramírez, Dalila Morales Sandoval, Rosalina Mazari Espín, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blanca Nieves Sánchez Arano y Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, mientras que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) quedará sin representación hasta designar a un coordinador.
De igual forma, el Pleno del Congreso aprobó una reforma al artículo 55 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado, con la que se dispuso que cada diputado podrá formar parte de todas las comisiones legislativas. Anteriormente, no podían pertenecer a más de 10 y sólo podían presidir dos órganos legislativos.
Posteriormente, los diputados concretaron la modificación a la misma legislación para cambiar la integración de las comisiones legislativas.
En la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación se designó como presidente a Héctor Javier García Chávez; en la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, a Rosalina Mazari Espín; en Gobernación y Gran Jurado, a José Casas González; en Educación y Cultura, Alejandra Flores Espinoza; Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Interparlamentarias, Elsa Delia González Solórzano; Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Asimismo,  en la del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, José Casas González; Seguridad Pública y Protección Civil, Marcos Zapotitla Becerro; Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos, Ariadna Barrera Vázquez; Desarrollo Agropecuario, José Luis Galindo Cortez; Salud, José Luis Galindo Cortez; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, Dalila Morales Sandoval; Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, Marcos Zapotitla Becerro.
Igualdad de Género, Marcos Zapotitla Becerro; Juventud; Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala; Participación Ciudadana y Reforma Política, Ana Cristina Guevara Ramírez; Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, Andrés Duque Tinoco; Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Elsa Delia González Solórzano; Deporte, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala; Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, Ariadna Barrera Vázquez; Familia, Dalila Morales Sandoval; Desarrollo y Conflictos Agrarios, Andrés Duque Tinoco; Diversidad Sexual, Alejandra Flores Espinoza; Ciencia e Innovación Tecnológica, Ana Cristina Guevara Ramírez; Desarrollo Económico, Alejandra Flores Espinoza;
Turismo, José Casas González; Ética Legislativa, Héctor Javier García Chávez; en la Comisión Especial de la Reconstrucción, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y en la Comisión Especial para Seguimiento de la Agenda 2030, Ariadna Barrera Vázquez.

En el comité de Vigilancia, Héctor Javier García; en el comité de Régimen Administrativo, Andrés Duque Tinoco y en el comité Editorial Dalila Morales Sandoval.

Se garantizará derecho de audiencia de los involucrados, asegura diputada.

En este año la LIV Legislatura ejerció 450 millones de pesos.

Los diputados locales podrían reducirse el presupuesto para el 2020, ante los cuestionamientos de organizaciones sociales por los 450 millones de pesos ejercidos en este año.
La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, informó que existe el consenso de la mayoría de los diputados para reducir los recursos financieros del Poder Legislativo para el próximo año.
Sin embargo, refirió que aún no se han puesto de acuerdo sobre el monto que se etiquetará, ya que el tema se acordará en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se integrará el Paquete Económico 2020.
Flores Espinoza refirió que la determinación se tomó con base en la reducción que lograron en el primer año de la LIV Legislatura en la deuda que heredaron sus antecesores por cerca de 100 millones de pesos.
"Por ejemplo, en el caso del Instituto de Crédito se abonaron 10 millones de pesos; así, de entrada, es una deuda mucho menor; ya disminuyó en un 80 o 90 por ciento la deuda, por eso yo me atrevería a decir que estamos en las condiciones para disminuir el presupuesto del Congreso", explicó.
De manera extraoficial se dio a conocer que la reducción al presupuesto para el Congreso sería de 100 millones de pesos, es decir, para el 2020 los diputados ejercerían 350 millones de pesos.
En lo que respecta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), la diputada Flores Espinoza apuntó que lo que se busca es aumentar su presupuesto, que en este 2019 fue de 18.5 millones de pesos, cuando requiere al menos el doble de los recursos.

El Congreso aprobará un incremento del 0.5 por ciento al presupuesto de la Máxima Casa de Estudios del estado, que garantizará más de 120 millones de pesos adicionales a la partida estatal que ya percibe la institución.

El acuerdo es concretar el incremento de manera gradual, afirma diputada.

Los diputados lograron acuerdos para aprobar un incremento del 0.5 por ciento al presupuesto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para el 2020, mediante una reforma constitucional que será aprobada en los próximos días.
En entrevista, la legisladora panista Dalila Morales Sandoval informó que el acuerdo se basó en que la asignación de este aumento presupuestal se hará de manera gradual, para no afectar  las finanzas del gobierno del estado.
"Hay ánimo de apoyar, eso es lo más importante, ya hay consensos. El tema solamente es que se está discutiendo si es gradual o es en un sólo momento. Entendemos la situación económica que vive el estado y tampoco podemos generar un tema que complique la situación, como es el caso de salud o el del campo", refirió la legisladora.
Morales Sandoval explicó que en la reforma al artículo 121 de la Constitución Política del Estado se establecerá cómo se concretará el aumento el presupuesto de la UAEM –para que pase a ser el tres por ciento de todo el presupuesto de la entidad- con base a la autonomía financiera de la institución.
Dicho incremento presupuestal garantizaría una cifra superior a los 120 millones de pesos adicionales a los cerca de 700 millones de pesos que percibe la UAEM del presupuesto del estado. Sin embargo, los legisladores buscan que no se concrete en un mismo año, para no afectar otros rubros.
La legisladora que promovió la propuesta, aseguró que el rector de la UAEM Gustavo Urquiza Beltrán ha manifestado su aprobación a que el aumento presupuestal se concrete en base a los términos antes citados. Por ello, la diputada apuntó que esta semana podría votarse el dictamen de la reforma constitucional, siempre y cuando, la mayoría de los diputados se pongan de acuerdo.

Ante la negativa de jueces locales de dictar vinculaciones a proceso u órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, fue necesario recurrir ante la justicia federal, dijo el consejero jurídico del gobierno estatal.

La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado da seguimiento en diferentes instancias, incluso a través del amparo, a las denuncias por actos de corrupción detectada en la pasada administración y hasta la fecha, ninguna ha sido desechada, aseguró el titular del área, Samuel Sotelo Salgado, quien aseguró que hasta el momento han obtenido varios fallos por parte de la justicia federal, ante la que fue necesario acudir, debido a que, en primera instancia, algunos jueces, entre otros pasos legales.

El abogado sostuvo que ninguna de las denuncias formuladas por la actual gestión por los actos irregulares encontrados en la pasada administración, está “muerta” y seguirán luchando hasta el último recurso legal posible para que no haya impunidad.

Refirió como ejemplo, que el juez había señalado que no había indicios para vincular a proceso a funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas y del campo, pero en segunda instancia y en algunos casos hasta el juicio de amparo, la parte gubernamental ha ganado.

Samuel Sotelo Salgado comentó que todavía están en proceso de integración nuevas denuncias, pero enfatizó que ahora están más concentrados en darles seguimiento a las que ya han sido judicializadas, y hay varios recursos, alrededor de seis, pendientes.  

Entrevistado sobre el proceso legal para echar abajo las llamadas “pensiones doradas”, dijo que se trata de un tema que perjudica al Poder Ejecutivo, que es el que paga, pero en realidad lo que se está impugnando son las determinaciones del Congreso del Estado.

“Están concediendo amparos, no porque estuviera mal la determinación, sino por no haber agotado la garantía de audiencia, lo que implica que el Congreso del Estado está en las posibilidades de iniciar los procedimientos agotando la garantía de audiencia. Es decir, escuchar a quien eventualmente le podría perjudicar la determinación del Congreso” explicó, al destacar que es un acto que debe promover y atender la propia Legislatura local, porque es la autoridad que ha emitido los decretos, y la votación de los dictámenes son aprobados en el pleno. “Por lo tanto, se puede reponer el proceso, si así lo considera el Legislativo”.