Gerardo Florentino Galindo Durán es acusado de ser responsable de que el Congreso local perdiera decenas de juicios.

Gerardo Florentino Galindo Durán, acusado de ser el responsable de que el Congreso local perdiera decenas de juicios,  renunció a su cargo de director jurídico del Poder Legislativo.
Galindo Durán presentó su renuncia con "carácter de irrevocable" el miércoles 10 de febrero, tras la petición que presentaron de manera formal los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que fuera dado de baja.

El lunes pasado, el diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, acusó al hoy ex director jurídico como el responsable de que el Congreso del estado fuera señalado como omiso por el Juzgado Quinto de Distrito por no responder en tiempo a los informes solicitados para resolver el juicio de amparo que promovió el diputado Marcos Zapotitla Becerro para impedir su desafuero.
De acuerdo con Casas González, dicha omisión provocó que su homólogo obtuviera la suspensión definitiva para evitar que la comisión a su cargo emitiera un dictamen con respecto al juicio de formación de causa, por lo que no podrá ser separado del cargo para que enfrente sin fuero la denuncia en su contra por el delito de violación.

La diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz declaró la semana pasada que ex director jurídico es un caso de nepotismo en el Congreso local, pues a pesar de las graves responsabilidades en las que incurrió desde el 2019 a la fecha, permaneció en el cargo por ser familiar del vicepresidente de la Mesa Directiva.

Aseguró también que omitió responder al juez Quinto de Distrito sobre el juicio de amparo a favor de Zapotitla Becerro para proteger al cuestionado legislador.
Otros casos más recientes que perdió el Poder Legislativo fueron los juicios de amparo que promovieron los comisionados Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez, para ser reinstalados en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE),  a pesar de las irregularidades bajo las cuales recibieron sus nombramientos por la LIII Legislatura.

A lo anterior, se suman los más de 40 juicios de amparo que el Congreso del estado perdió en el proceso para anular las llamadas "pensiones doradas" que hoy se pagan por el gobierno del estado a favor de ex colaboradores del gobierno de Graco Ramírez y de los exdiputados de anterior legislatura.