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Analizan descongestionar el penal de Atlacholoaya.

El coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León, informó que se analizan tres propuestas para descongestionar el penal de Atlacholoaya y evitar los problemas de hacinamiento que hoy padece.

Tras la mala calificación que  este centro de reclusión obtuvo en el último Diagnóstico Estatal Penitenciario, realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, reconoció que existen problemas como la sobrepoblación y la saturación de celdas, que este año pretenden solucionar con base en tres proyectos en estudio.

Detalló que la primera opción es hacer una ampliación al penal, con la construcción de dos dormitorios adicionales, para aminorar las condiciones de hacinamiento en que se encuentran las personas privadas de su libertad; la segunda alternativa es gestionar que las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, que originalmente fueron construidas como centro de arraigo de la otrora PGR y luego dado en comodato al gobierno de Morelos, se conviertan en centro penitenciario; y, la tercera, es construir un nuevo penal en el municipio de Yecapixtla.

Afirmó que en el primer semestre del 2020, las autoridades deberán tomar una decisión sobre cuál opción es viable, pero todo dependerá de la disponibilidad de presupuesto y los procesos legales que se tengan que realizar.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad, de quien depende el área de reinserción social, en el último año, la sobrepoblación del penal de Atlacholoaya pasó del 27 al 29 por ciento.

Documenta CDHEM autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas, entre otros problemas.

Autogobierno, extorsión a presos, sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e instalaciones deterioradas son algunos de los problemas y deficiencias documentadas en las cárceles estatales por el Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDEM), quien advirtió que el sistema penitenciario sigue en crisis.

Al presentar el Diagnóstico Estatal del Sistema Penitenciario (DESP), realizado con base en una metodología técnico-jurídica y con los estándares nacionales e internacionales, el ombudsman local, Israel Hernández Cruz, advirtió que los resultados de la evaluación generan preocupación y alarma de lo que ocurre en los centros de reclusión, porque no hay condiciones que favorezcan la reinserción social de las personas privadas de la libertad y que prevengan nuevas riñas, amotinamientos o enfrentamientos, como los ocurridos en octubre y noviembre de 2019, que dejaron un saldo total de nueve muertos y 14 lesionados.

Afirmó que el diagnóstico es preciso y revelador sobre las condiciones en que se encuentran los tres mil 342 internos e internas del Centro Femenil y Varonil de Atlacholoaya; las cárceles distritales de Cuautla, Jojutla y Jonacatepec; y el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes.

Aclaró que los resultados, que evidencian serias deficiencias especialmente en el área varonil del penal de Atlacholoaya, el más grande del estado, no tienen la intención de exhibir o atacar a funcionarios o autoridades, pues el objetivo es que a partir de una evaluación técnica y objetiva se tomen decisiones.

“No es denostar a las autoridades, no es para golpear de manera irresponsable a quienes están llamados a garantizar el mejor sistema de reinserción social en el estado. Este es un instrumento que debe beneficiar a las personas privadas de la libertad, es un instrumento que debe servirle a las familias, a las víctimas, a la sociedad en general, y también a las propias autoridades.

“A los diputados, al Poder Ejecutivo y todos aquellos que de alguna manera nos involucramos en este importante tema que es central, que debe ser nuestra principal, agenda, que es todo nuestro sistema de justicia, porque si no lo mejoramos, la inseguridad prevalecerá y con ello inevitablemente seguiremos viviendo en condiciones que no garanticen el ejercicio de nuestros derechos y libertades”, expresó.

De acuerdo con el DESP, en la escala del 1 al 10, el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil Morelos en Atlacholoaya, donde se encuentra recluido el 68 por ciento de los internos, obtuvo una calificación reprobatoria de 4. 77 puntos.

Incluso, la CDHEM exhibió, como parte de la documentación, varias fotografías donde se nota el hacimiento y la insalubridad en las celdas, la exposición de residuos sólidos al aire libre, la escasez de agua, instalaciones desgastadas, así como consultorios médicos deprimentes y sin insumos deficientes.

El Centro Distrital de Reinserción Social de Cuautla obtuvo una calificación de 6.24 puntos; seguido por el Centro Distrital de Reinserción Social de Jojutla con 6.49 puntos; el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya con 7.05 puntos; y  Centro Distrital de Reinserción Social de Jonacatepec 7.74.

De manera general, la CDHEM observó una alarmante insuficiencia de personal de seguridad y custodia para cubrir las áreas y puestos establecidos, lo cual es una situación que de manera directa afecta las condiciones de gobernabilidad de cada uno de los establecimientos.

En el 75 por ciento de los centros se constató una insuficiente atención médica y psicológica a las personas privadas de la libertad, así como precarias condiciones materiales y de higiene en los consultorios, tales como la carencia de instrumental, equipos antiguos o deficientes, insuficiencia de medicamentos e incluso falta de personal para brindar atención y seguimiento.

Además, en la totalidad de los centros se reportó una falta de actividades tendientes a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

“Los resultados del DESP 2019 deben ser valorados y analizados por la autoridad competente de forma integral, con el propósito de que sea utilizada la información cuantitativa y cualitativa que lo conforman, para atender las diversas problemáticas que prevalecen en los centros de reclusión, mismas que no garantizan el respeto por los derechos humanos ni la óptima reinserción social”, acotó.

Agentes realizaron un operativo que arrojó el decomiso de 11 celulares, siete objetos punzocortantes, entre otros.

Xochitepec.- Personal de Custodia Penitenciaria de la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), realizó un operativo de revisión en el Centro de Reinserción Social (Cereso) “Morelos”, que se ubica en el poblado de Atlacholoaya de este municipio, donde decomisaron teléfonos celulares y armas punzocortantes.

La CES dio a conocer que a partir de las 23:00 horas de este sábado 04 de enero y hasta las 06:00 horas de este domingo 05 de enero, los agentes se desplegaron por las diversas zonas que conforman el área varonil del penal Atlacholoaya.

El personal realizó revisiones en las áreas de dormitorios, así como áreas comunes de las distintas zonas como sentenciados, procesados y máxima seguridad.

Las autoridades incautaron 11 celulares, siete puntas hechizas, un cuchillo, una cuerda y una cadena metálica.

Decomisan objetos prohibidos en el interior del centro penitenciario de Atlacholoaya.

Mientras la Comisión Estatal de Seguridad (CES) presumió el operativo de revisión en el interior del penal de Atlacholoaya, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) visibilizó las fallas en los filtros de ingresos del centro penitenciario.

A través de un comunicado, la CES dio a conocer que la noche del 4 de enero y la madrugada del 5, personal de custodia realizó revisiones en los dormitorios y  las áreas comunes de las distintas zonas, como son las de sentenciados, procesados y máxima seguridad, donde se localizaron objetos prohibidos que fueron decomisados.

El resultado del operativo fue el aseguramiento de 11 equipos de telefonía celular, siete puntas hechizas, un cuchillo, una cuerda y una cadena metálica, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con el comunicado, Jorge Israel Ponce de León -responsable del sistema  penitenciario estatal- estableció que en “la coordinación a su cargo se está trabajando para garantizar la estabilidad en el sistema penitenciario en la entidad, instrumentando acciones que permitan evitar conflictos y atacar de manera efectiva y oportuna cualquier indicio que pueda generar desestabilidad”.

Lo anterior, luego del cruento motín y enfrentamientos protagonizados por internos del penal varonil de Atlacholoaya, los que dejaron saldo de 9 muertos y 14 lesionados en los meses de octubre y noviembre de 2019.

En contraparte la CDHEM, si bien reconoció las acciones implementadas para decomisar objetos que pongan en peligro la integridad las personas privadas de la libertad, lamentó que existan fallas en las áreas de revisión e ingreso al centro penitenciario, por donde entran gran parte los objetos restringidos.

“Dado lo reciente de esta acción y otra similar en días pasados, muestra con preocupación que los filtros en el ingreso al Cereso tienen fallas. Por lo anterior, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades responsables para reducir al máximo, el acceso de todo aquel objeto que ponga en riesgo la seguridad en los centros penitenciarios, toda vez que la presencia constante de esos objetos, no obstante los operativos, denota falta de control y posibles hechos de corrupción que hacen nugatorios los fines del sistema de reinserción social en el Estado”, recalcó el organismo.

Tenía 25 años y fue encontrado muerto dentro de su celda; se habría tratado de un suicidio.

Xochitepec.- Colgado en su celda, un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) “Morelos” fue hallado muerto, la mañana del lunes. Presuntamente se trató de un suicidio.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que la víctima fue identificada como César “N”, de 25 años de edad, quien habría ingresado al penal en junio de 2017 y enfrentaba un proceso por el delito de extorsión.

Fue alrededor de las 07:30 horas de ayer cuando personal de la FGE se trasladó al penal de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, ya que había una persona muerta.

En el interior de una celda, los peritos observaron a un individuo que se habría quitado la vida, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes.

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a la morgue que se encuentra en el municipio de Temixco.

Antes de hacer cambios de funcionarios se harán trabajos para mejorar el sistema de reinserción, dice el secretario de Gobierno.

El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas confirmó que la persona que fue detenida la mañana de ayer en una unidad de transporte público de pasajeros no es el interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos que escapó del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Cuernavaca, la madrugada de este martes.

El funcionario estatal reiteró que por el momento permanecerá en su cargo el titular de Reinserción Social Jorge Israel Ponce de León, pues continúa la evaluación de funcionarios.

Cuestionado sobre la permanencia del funcionario encargado de las cárceles del estado luego de las tres riñas y la evasión de ayer, el secretario dijo que Ponce de León permanece en ese puesto debido a que que “siguen evaluando su desempeño”, pero de manera tajante expresó que primero tendrán que resolver de fondo las causas que provocaron las malas condiciones en que se encuentra el sistema penitenciario en Morelos.

“No fue fuga” subrayó Ojeda Cárdenas, al sostener que del interior del Centro de Reinserción Social Morelos (Cereso) no se ha fugado ningún reo. Esta persona, continuó, se escapó del hospital del Seguro Social.

Respecto a las versiones de algún medio de comunicación y el video que circuló ampliamente en redes sociales sobre la supuesta detención del sentenciado, el secretario de Gobierno confirmó que no se trata del mismo individuo, sólo guardan cierto parecido, pero el recluso no ha sido capturado.

Pablo Ojeda informó que el hombre que escapó la madrugada de este martes había ingresado al IMSS el pasado 8 de octubre por un absceso cutáneo, y no tuvo nada que ver con los hechos violentos de las últimas semanas.

Afirmó que el custodio que tenía la misión de vigilarlo en el nosocomio ya fue puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, para que sea investigada su actuación.

Ojeda Cárdenas llamó a la población a colaborar con cualquier informe que permita la captura del hombre que se dio a la fuga.

Como se informó con oportunidad, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) dio a conocer ayer a través de un comunicado, que la Persona Privada de la Libertad (PPL) que se evadió cuando se encontraba en la clínica uno del IMSS es César Augusto García Arias, sentenciado a 15 años de prisión por el delito de robo de vehículo; tras su evasión, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y localización.

Pablo Ojeda Cárdenas declaró este martes en entrevista que se está trabajando en mejorar el sistema de reinserción social y por lo pronto se hizo una fuerte inversión de recursos públicos para mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en las prisiones, tanto de custodios como del personal  administrativo.

Un reo que estaba hospitalizado en la Clínica 1 de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró fugarse, luego de que el custodio a cargo lo dejó solo para ir por una bebida.

La fuga se sumó a la serie de incidentes que durante las últimas semanas acaparó la atención mediática y causó fuertes críticas al sistema penitenciario estatal.

De acuerdo con la información parcial proporcionada por la Comisión Estatal de Seguridad (CES), el reo -identificado como César Augusto García Arias, de 40 años de edad- se encontraba hospitalizado en el área de traumatología desde el 8 de noviembre.

Aparentemente, según la versión oficial, alrededor de las 4:30 de la mañana el custodio que lo vigilaba fue por un refresco y el interno, quien cumplía una sentencia de 15 años por robo de vehículo, aprovechó la ausencia para evadirse.

Al percatarse de la fuga, el custodio dio la alerta y se activó un operativo de localización y búsqueda.

Aproximadamente a las 9:00 horas, un hombre que fue confundido con el reo, fue bajado de una ruta 7 y detenido por los policías en el paradero de El Vergel, pero después fue dejado en libertad al corroborarse el error.

Por lo pronto, el custodio que estaba a cargo de la vigilancia del reo fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la investigación de los hechos y el deslinde de posibles responsabilidades

La CES mantuvo su llamado a la ciudadanía para que colabore con la ubicación y recaptura de César Augusto García Arias,  con su denuncia anónima a través de los números de emergencia 089 y 911.

El pasado 29 y 30 de octubre, y el 21 de noviembre, se registraron un amotinamiento y fuertes riñas entre internos del penal de Atlacholoaya, que dejaron un saldo de nueve muertos y 14 lesionados.

Huyó del IMSS de la avenida Plan de Ayala; pese a que se había informado su recaptura, después se dio a conocer que el hombre detenido había sido confundido con él.

Continúa prófugo el interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) “Morelos” que se escapó del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la avenida Plan de Ayala de Cuernavaca, la mañana del martes.

Horas después de la fuga, agentes de la Policía Morelos arrestaron a un pasajero de una Ruta 7 al confundirlo con el reo.

Al respecto, se trata de César Augusto García Arias, alias “El Doc”, quien cumplía una sentencia de 15 años de prisión por robo de vehículo.

El hombre se encontraba en el piso 10, cama 1024, del hospital en mención, donde era vigilado por un custodio en el área de traumatología, donde era atendido desde el pasado 8 de noviembre.

Fue alrededor de las 04:30 horas del martes cuando el vigilante del penal bajó a comprar un refresco y cuando regresó, ya no encontró al interno.

Ante dicha situación, el caso fue informado a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la seguridad privada.

En seguida, uniformados y custodios iniciaron una búsqueda en el IMSS, pero no localizaron a García Arias.

El caso provocó la movilización de agentes policiacos en diversos puntos del municipio de Cuernavaca.

Alrededor de las 09:10 horas, sobre la avenida Plan de Ayala, a la altura de la colonia El Vergel, agentes policiacos bajaron de una “ruta” a un individuo, de tez morena, delgado y estatura baja, el vestía una bata y pantalón de mezclilla.

El individuo fue trasladado a la corporación policiaca como el supuesto convicto que se fugó; sin embargo, después de unas horas, fue dejado en libertad, ya que no era César García.

En este sentido, fue el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, quien confirmó que la persona detenida no se trataba del interno del Cereso que escapó.

Luego de los hechos violentos registrados el jueves en el penal de Atlacholoaya, en los que resultaron dos internos muertos y diez heridos, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas informó que Jorge Israel Ponce de León se mantiene en el cargo de coordinador de Reinserción Social del estado.

El responsable de la política interna dijo que dicho funcionario, al igual que otros de la administración estatal, están “en evaluación permanente”.

“Por lo pronto sí”, respondió al ser cuestionado sobre la permanencia del responsable del área, a pesar de que ya suman tres riñas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos en menos de un mes, que arrojan un saldo total de nueve víctimas mortales y alrededor de veinte lesionados.

“El titular de la coordinación de Reinserción Social es una persona que reúne el perfil y la experiencia en el manejo de centros penitenciarios, que tiene los exámenes de control y (sic) confianza incluso por parte de la Marina Armada de México. Su trabajo será evaluado, en este momento lo importante es tomar las medidas que sean necesarias para que esto no vuelva a suceder, dejemos que haga su trabajo y una vez que podamos tener la evaluación y todo el diagnóstico de todo lo que se tiene que hacer, se tomarán las medidas sobre si debe o no de continuar”, argumentó.

A decir de Ojeda Cárdenas, se tomarán "acciones emergentes para que esto no se repita".

Expuso que no puede hacer públicas las acciones que se van a emprender con el apoyo del gobierno federal. El traslado de 32 presos de alto riesgo a otros penales de máxima seguridad es un primer paso, pues se trata de los internos identificados como los "principales generadores de violencia" entre ellos Alexis, alias "El Carretito".

Para el secretario de Gobierno, lo ocurrido es la expresión de una problemática que no se generó recientemente, sino que fue heredada por pasadas administraciones. Los penales tienen entre 19 y 28 años de antigüedad; los sistemas de videovigilancia y los inhibidores de llamadas de celular son obsoletos, aseguró.

A decir del funcionario, en Atlacholoaya llegan a entrar hasta 15 mil personas al mes y no se cuenta con la tecnología para revisarlos y se tiene que hacer de manera manual con cierto cuidado para no trasgredir los derechos humanos de las visitas. De manera explícita comentó que muchas veces los visitantes se introducen objetos en las cavidades corporales, por lo que no pueden ser detectados.

La sobrepoblación es importante, pues hay dos mil 200 personas recluidas, de las cuales, reiteró, alrededor de 200 son criminales de alta peligrosidad. Por lo tanto, no descartó la posibilidad de más traslados.  

"El penal se encuentra en calma" expresó, aun cuando este viernes, una vez más, trabajadores de la prisión protestaron en demanda de garantías para laborar en condiciones de seguridad.

Para el secretario no existen elementos que justifiquen la ausencia del personal administrativo. Los inconformes señalaron que el jueves se les permitió entrar a trabajar, no obstante que la riña entre reclusos había comenzado desde las seis de la mañana.

Descartó que las fuerzas federales vayan a tomar el control de las cárceles estatales, como ha ocurrido en otras entidades en casos de motín.   

Un grupo de internos del Cereso “Morelos” protagonizó una pelea; dos murieron cuando eran trasladados a un hospital, tres están graves y los demás, estables.

Xochitepec.- Dos internos fallecieron y diez resultaron heridos durante una nueva riña entre un grupo de convictos, la mañana del jueves, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) “Morelos”, que se ubica en el poblado de Atlacholoaya de este municipio.

En relación con los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que alrededor de las 09:30 horas reportaron la pelea en el área de procesados y después hacia la zona de población.

Mediante un comunicado, el gobierno del estado informó que los presos muertos fueron identificados como Felipe “N”, alias “El Limón”, y Miguel “N”, alias “El Chisto”, quienes eran trasladados al Hospital General “Dr. José G. Parres” de Cuernavaca, pero al llegar ya habían perdido la vida.

Además, en ese nosocomio atendieron a Antonio “N”, de 26 años de edad; Ramón “N”, de 33 años; Mario “N”, de 25 años; Roberto “N”, de 44; Salomón “N”, de 30; Mario “N”, de 45; Héctor Adrián “N”, de 30; Juan “N”, de 25, y Guillermo “N”, de 40 años.

Estas personas sufrieron golpes y heridas que fueron provocadas con objetos punzocortantes en diferentes partes del cuerpo.

Asimismo, se informó que la salud de tres de ellos se reporta grave, en tanto que el resto está estable.

De igual forma, se informó que en el Hospital Comunitario de Temixco fue atendido el convicto identificado como Rubén “N”, de 38 años de edad, al que reportaron estable.

Cabe destacar que derivado de lo ocurrido, cuatro internos del Cereso “Morelos” fueron trasladados al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 12, que se ubica en el estado de Guanajuato.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional (GN), de la FGE y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) custodiaron el vehículo en el que fueron trasladados los internos al aeropuerto Mariano Matamoros, desde donde fueron movilizados al penal federal, a bordo de un helicóptero de la Policía Nacional.

Por último, cabe destacar que estos hechos se suman a los acontecidos durante los días 29 y 30 de octubre de este año, que dejaron un saldo de siete internos del penal sin vida.

El titular de Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Israel Hernández Cruz, expresó su preocupación por los constantes hechos de violencia en el centro de reinserción social varonil que, en menos de un mes, cobraron la vida de nueve internos y pusieron en riesgo la integridad de 14 más que resultaron lesionados con armas punzocortantes.
Para el ombudsman estatal, hay negligencias y omisiones que propiciaron la situación que atraviesa el penal estatal, “y nosotros tenemos que señalar y poner en evidencia todo esto, y en efecto, atribuirlo a las autoridades, que son responsables de que esta situación esté”.
Señaló que tocará al Poder Ejecutivo evaluar a sus servidores públicos responsables y decidir su permanencia, no obstante, dijo que una de principales preocupaciones del organismo es que se asegure mantener el control de los reclusorios, cuando los hechos reflejan lo contrario.
“Lo que nos preocupa son las declaraciones que se nos hacen en el sentido de que hay control, de que todo está en normalidad, porque claramente vemos que todo esto puede ser una cuestión que no está apegada a la realidad, que sean afirmaciones sin sustento, y eso nos preocupa, porque quiere decir que no se están tomando en serio su trabajo, los derechos de las personas privadas de su libertad y sus familiares, de la prensa misma, porque todos tenemos derecho a que se nos informe con oportunidad y de manera veraz”, dijo.
Posteriormente, el organismo emitió un comunicado en el que informó que el ombudsman se reunió con el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, a quien solicitó garantizar atención médica para los reos lesionados y atención para las familias que acudieron al penal preocupados por sus internos e instruyó al visitador especializado en asuntos penitenciarios ingresar al penal para certificar la situación.
También informó que, de acuerdo con la CES, se realizó un nuevo operativo de revisión para el decomiso de objetos prohibidos y armas punzocortantes.
Durante gran parte del día, familiares de internos permanecieron a las afueras del penal hasta que finalmente decidieron rebasar los accesos restringidos y llegar a la puerta principal del centro de internamiento, para exigir un reporte de sus familiares en reclusión.
Lamentaron el escenario que priva en el lugar y responsabilizaron a las autoridades penitenciarias de la situación, por lo que una vez más exigieron al gobierno de Morelos evaluar la permanencia y su posible relevo de los funcionarios del área.

El enfrentamiento de ayer en el penal de Atlacholoaya dejó dos reclusos muertos y diez heridos.

A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que la tarde de este 21 de noviembre, cuatro internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos fueron trasladados a un penal federal de máxima seguridad, ubicado en el estado de Guanajuato.

Lo anterior, como resultado de la estrecha coordinación existente entre el gobierno del estado de Morelos y el gobierno federal.

En el documento de referencia se detalla lo siguiente:

"Derivado de los operativos y medidas de seguridad que se han adoptado en el Cereso Morelos, ubicado en Atlacholoaya, Xochitepec, Mauricio Gerardo “N” alias “La Kika”, Alexis Oswaldo “N” alias “El Carretito”, Gabriel “N” alias “El Chicles” y Ramón “N” fueron trasladados al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 12.

Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) Fiscalía General del Estado (FGE) y Comisión Estatal de Seguridad (CES) custodiaron el vehículo en el que fueron trasladados los internos al aeropuerto
Mariano Matamoros, de donde a bordo de un helicóptero de la Guardia Nacional fueron movilizados al penal federal.

El procedimiento se realizó acorde a los protocolos, en estricto apego a derecho y respetando los derechos humanos de los internos.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz se mantiene en sesión permanente, presidida por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), a través de la Coordinación General del Sistema Penitenciario, realiza las acciones necesarias para fortalecer la seguridad y el proceso de reinserción social de las Personas Privadas de la
Libertad en los centros penitenciarios del estado de Morelos".

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) comenzó con el nuevo  Diagnóstico Local de Supervisión Penitenciaria, que consistirá en verificar las condiciones físicas en que se encuentran los cinco reclusorios estatales, incluido el centro de internamiento para menores, y la aplicación de las estrategias de reinserción social. 

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, informó que el personal del organismo aplicará una encuesta a por lo menos el diez por ciento de la población penitenciaria, con la finalidad de evaluar si las y los internos tienen acceso a servicios de salud, a programas educativos, de atención especializada en el caso de personas de la tercera edad o con discapacidad, actividades recreativas o deportivas. 

Además, de supervisar que las instalaciones cuenten con las debidas medidas de seguridad e higiene, así como las autoridades y el personal de custodia respeten los derechos humanos y apliquen debidamente las políticas de reinserción social. 

A tres semanas de los hechos violentos por el  amotinamiento de los reos dentro penal de Atlacholoaya, que dejó un saldo de siete muertos, señaló que es importante que se cumpla con la ley y las condiciones necesarias para la reinserción de las personas, de los contrario “de nada sirve, o de muy poco sirve, que una persona que recibe como sanción una pena privativa de la libertad  y que en su estancia en reclusión no se logren los objetivos de una pena”.

Indicó que la supervisión comenzó en el penal de Atlacholoaya y continuará en los próximos días en el resto de cárceles distritales y el Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (Cempla), con el objetivo de presentar los resultados de esta nueva supervisión en enero de 2020. 

Recordó que recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) difundió los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en el que Morelos empeoró su evaluación, al pasar de 7.2 en 2018 a 6.5 en 2019.

El 80 por ciento de los internos del Cereso de Atlacholoaya son integrantes de la organización delictiva “Los Rojos”, asegura el comisionado estatal de seguridad.

Exhorta al gobierno federal a destinar fondos para construir un nuevo centro penitenciario en el oriente del estado.

El Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, exhortó al gobierno federal a considerar dentro del presupuesto de egresos 2020 una partida para financiar la construcción de un penal de máxima seguridad en el oriente del estado, para recluir a miembros de grupos criminales como “Los Rojos” que, actualmente son la mayor parte de la población penitenciaria.

Luego de ser informado que su comparecencia ante el Congreso fue pospuesta, el funcionario se retiró de la sede del Poder Legislativo no sin antes conceder una entrevista a los medios de comunicación.

Señaló que no supo el motivo de la suspensión de la comparecencia que estaba programada para las 9:00 y únicamente se le informó que se posponía hasta nuevo aviso.

En su agenda, el titular de la CES pensaba abordar con los legisladores de la Comisión de Seguridad y Justicia los temas del presupuesto 2020, explicar los hechos violentos ocurridos el 29 y 30 de octubre en el penal de Atlacholoaya y la situación de la seguridad en la entidad.

El comisionado destacó la presencia del subsecretario Israel Ponce de León Bórquez para que explicará directamente a los diputados el tema del penal, pues “solo se escuchó la parte interna y no se le ha escuchado él, por eso lo traje también.

“Yo estoy consciente de que a veces cuando uno aprieta, pues le empiezan a levantar rumores o falsedades, porque tener el control de un penal no es fácil, sobre todo por lo que ingresa al penal”, explicó.

Sostuvo que posiblemente algunas de las quejas de los familiares de los internos pueden ser justificadas, pero también hay circunstancias en que las medidas de seguridad y protocolos exigen su cabal cumplimiento, porque también son las visitas quienes introducen droga y objetos prohibidos al penal.

Respecto a la situación actual del penal, descartó una huelga de hambre  -como la anunciada por familiares de internos- y afirmó que ya fueron reparados los daños a las instalaciones provocados durante el amotinamiento y enfrentamientos entre grupos de reos rivales hace 15 días.

Ortiz Guarneros pugnó porque el conflicto reciente en el penal de Atlacholoaya sea argumento para considerar de inmediato la construcción de un centro de reinserción social de máxima seguridad, tomando en cuenta que la mayor parte de los 3,400 internos actuales pertenece al cártel “Los Rojos”, una organización delictiva que se caracterizó por su violencia.

“Efectivamente, un 80 por ciento de los internos son ‘rojos’, pero no hay donde más meterlos, esa es otra de las propuestas que traigo, de crear el penal de alta seguridad, porque ya se adquirió en el 2013 -durante la administración graquista- un terreno de 52.3 hectáreas (en el municipio de Yecapixtla) y está el proyecto (ejecutivo para la construcción) pero se requieren dos mil 500 millones de pesos”, dijo, al señalar que, en caso de aprobarse los recursos para el próximo 2020, en tres años estaría listo el nuevo centro penitenciario de alta seguridad.

“Yo tengo la obligación de elevar mis propuestas, viendo la situación de que tenemos dos penales con 25, 28 años de antigüedad, que son insuficientes, que no tienen condiciones de seguridad para delincuentes de grupos o un cártel como Los Rojos, que han demostrado que son violentos, se requiere tener un penal de máxima seguridad.

“El predio es del estado, el estado hizo un proyecto y ahora (hay que) darle curso, elevarlo otra vez porque quedó en el olvido, lo estamos reviviendo y esperamos que con esto que está pasando la Federación voltee a vernos y se autoricen los recursos para hacerlo”, concluyó.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, informó que se tienen los videos de los hechos ocurridos el 29 y 30 octubre en el penal de Atlacholoaya, en los que preliminarmente se presume participaron al menos 20 internos en los ataques con armas punzocortantes que culminaron con un total de siete muertos.

Indicó que, además de los autores materiales de los homicidios, se investiga al personal penitenciario que pudo haber incurrido en alguna responsabilidad.

“Por supuesto que también se investiga la probable responsabilidad de personal del penal, sobre todo por el tema de omisiones. Estamos también en comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha sido muy proactiva en el tema, estamos en el escrutinio de esa institución. Y estamos muy avanzados, hemos tomado muchas declaraciones y muchas entrevistas al interior del penal, tanto de presos que estuvieron presente en el momento de los hechos como de personal administrativo y custodios, entonces en breve vamos a solicitar órdenes de aprehensión”, dijo.

Finalmente, el ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, indicó que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos integra la queja de oficio iniciada por la primera riña del 29 de octubre y los hechos violentos que ocurrieron 24 horas después.

Dijo que la queja está encaminada no sólo a indagar los hechos sino a documentar el problema estructural del sistema penitenciario estatal.

Gestiona CES traslado de reos peligrosos a penales federales.

Mientras que el Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, dio su espaldarazo a Israel Ponce de León Bórquez para que se mantenga al frente del sistema penitenciario estatal, paralelamente la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM) realizan sus indagatorias sobre los actos de violencia ocurridos en el penal de Atlacholoaya. Además, se gestiona la reubicación de un grupo significativo de reos.

Pese a que tres funcionarios fueron cesados tras el motín y los enfrentamientos entre grupos de internos rivales que culminaron con un saldo de siete muertos, Ortiz Guarneros defendió al responsable de las cárceles en la entidad, por considerar que hace bien su trabajo y que logró mantener la certificación estadounidense del penal, que a la vez permite a Morelos a acceder a recursos y capacitación de la Iniciativa Mérida.

A pregunta expresa sobre el tema, señaló que Ponce de León Bórquez “va a permanecer en el cargo, lo hemos estado capacitando. Miren, el penal, sobre todo el de Atlacholoaya, tiene una certificación por parte de Estados Unidos que él ha sido capaz de mantenerla y eso nos ha permitido que Iniciativa Mérida nos siga invitando  a cursos que no tiene costo para el estado.

“Esto qué significa, que él está haciendo un buen trabajo de mantener la certificación. Él no estaba cuando pasó todo esto, pero estuvo al pendiente y ya analizando la situación vimos que es conveniente que él siga”, afirmó.

Ortiz Guarneros señaló que se logró trasladar a un grupo pequeño de internos “conflictivos” a penales federales, pero planteó al gobierno federal la necesidad de reubicar en cárceles de máxima seguridad a por lo menos 200 reos más, que actualmente están en el penal de Atlacholoaya pero que enfrentan procesos o sentencia por delitos federales.

Indicó que esto ayudaría disminuir la sobrepoblación penitenciaria,  que es del 27 por ciento, y evitar el hacinamiento. “La forma de vivir hacinados, 12, 15, en un solo dormitorio son condiciones que nosotros no deberíamos de permitir, (y) que se permiten porque no tenemos otra, más mientras no nos autoricen los traslados a otros penales”.

Precisó que los 28 internos trasladados el lunes a penales federales pertenecían al grupo identificado como “Los Chilango” que “cobraban piso” a los internos. Además, insistió que la CES mantiene el control de las cárceles estatales y no los internos, “esa palabra de autogobierno no la acepto, porque nosotros tenemos el control”, aseguró.  

Un grupo de internos fue reubicado en prisiones de máxima seguridad.

Un grupo de internos fue reubicado en prisiones de máxima seguridad, luego de protagonizar un motín y varios enfrentamientos entre grupos antagónicos dentro del penal de Atlacholoaya que pusieron en jaque al sistema penitenciario estatal.

A través de un boletín de prensa, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) informó que en medio de un operativo coordinado con las fuerzas federales, el grupo de 28 presos que habían sido trasladado provisionalmente a la cárcel distrital de Jonacatepec fue reubicado en diversos penales federales de máxima seguridad en otras entidades.

“Derivado de los operativos y medidas de seguridad que se han adoptado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya del municipio de Xochitepec, fueron llevados a la cárcel distrital de Jonacatepec, donde permanecieron algunos días en tanto se concretaron los procesos jurídicos para su cambio a los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).

 “De esta manera, efectivos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzaron las medidas de seguridad y custodiaron el vehículo en el que fueron trasladadas las persona privadas de su libertad, respetando en todo momento sus derechos humanos”, reafirmó el comunicado.

El traslado se realizó la mañana de este lunes y fuentes no oficiales señalaron que la mayor parte de este grupo lo formaban internos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que era liderado en Morelos por Raymundo Isidro Castro Salgado, alias “El Ray”, quien fue brutalmente asesinado el pasado 30 de octubre durante el motín y el enfrentamiento entre los bandos que se disputaron el control de penal de Atlacholoaya, el cual quedó dominado por reos asociado al grupo criminal de “Los Rojos”.

Desde el viernes pasado se aplicó el primer ajuste a las percepciones de los trabajadores de centros penitenciarios.

El aumento salarial a custodios y personal de penales costará al gobierno del estado alrededor de 80 millones de pesos al año. Desde el viernes pasado se aplicó el primer ajuste a las percepciones de los trabajadores de esta área.

La titular de la Secretaría de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, informó que dicho incremento significa alrededor de 15 millones de pesos que deberán ser asignados a este concepto en los últimos meses del 2019, tomando en cuenta el reflejo en los aguinaldos.

Cabe recordar que después de los recientes hechos violentos registrados en el Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) Morelos, personal de custodia, técnico y administrativos realizó protestas para demandar mejoras en las condiciones laborales. Se instaló una mesa de trabajo en la que participaron tanto la secretaria de Administración como el Comisionado Estatal de Seguridad, José Ortiz Guarneros. Entre los acuerdos se planteó el aumento a los sueldos de trabajadores.

Este lunes, Zavala Zúñiga fue entrevistada al respecto. Externó que el ajuste no se tenía programado en el presente ejercicio fiscal, pero se hizo un esfuerzo importante para cumplir con dicho compromiso.

Detalló que fueron beneficiados más de 840 servidores públicos desde la quincena pasada; se hizo homologación de nombramientos para que sólo hubiera una sola categoría y ya no tres o cuatro.

“El incremento fue considerable, había que esperar al cierre del año para decir con certeza en cuánto impactó, pero hasta ahorita sí se logró mejorar las condiciones laborales de esos servidores públicos; esto es sólo parte de las medidas que tiene contemplada la Comisión Estatal de Seguridad”, expresó Mirna Zavala, al exponer que otras demandas contenidas en el pliego petitorio de los custodios son atendidas por el comisionado de seguridad.

Añadió que seguramente la Secretaría de Hacienda tendrá que hacer recortes en algunas dependencias, incluyendo la propia Secretaría de Administración, para reasignar esos recursos en los multicitados aumentos que – insistió- no estaban programados.

Para el ejercicio fiscal 2020 estimó que las mejoras salariales aplicadas al personal de las cárceles del estado (no sólo al Cereso de Atlacholoaya) significarán un monto aproximado de 80 millones de pesos.

En la Supervisión Penitenciaria 2019, la CNDH establece que en dichos centros de reinserción social se solapan actividades ilícitas.

El penal varonil de Atlacholoaya y la Cárcel Distrital de Cuautla reprobaron la Supervisión Penitenciaria 2019 realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo organismo confirmó que, particularmente en estos centro de “reinserción social”, si existen autogobiernos o cogobiernos  y se solapan actividades ilícitas como el “cobro de piso” a internos.

De acuerdo con el diagnóstico nacional, el penal varonil de Atlacholoaya, con una población de 2,337 internos,  tuvo una calificación global de  5.98 puntos y la cárcel de Cuautla de 5.97, seguido de la cárcel de distrital de Jojutla con una puntuación apenas aprobatoria de 6.04.

El penal femenil, que alberga a 120 internas, obtuvo una calificación de 7.32 puntos, mientras que la cárcel distrital de Jonacatepec -donde recientemente trasladaron a reos “conflictivos” implicados en el reciente amotinamiento y las riñas en el penal de Atlacholaya que culminaron con un saldo de siete internos muertos- obtuvo una evaluación de 7.38 puntos.

El su evaluación, la CNDH detectó que todos los centro penitenciarios de Morelos padecen hacinamiento o sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud y la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y falta de prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de detección.

Incluso, alertó que especialmente en el penal de Atlacholoaya y la cárcel de Cuautla existe un ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, es decir, grupos de internos crearon autogobiernos o bien, cogobiernos junto con funcionarios penitenciarios.

Además, prevalecen al interior la presencia de actividades ilícitas como sobornos y cobros de piso o extorsiones.  

De acuerdo con el comparativo realizado por la CNDH, entre 2017 y 2018 mejoró apenas sutilmente la situación en los penales estatales al pasar su calificación global en el diagnóstico anual de 6.91 a 7.02, pero en el 2019 la evaluación bajó a 6.54.