Luego de los hechos violentos registrados el jueves en el penal de Atlacholoaya, en los que resultaron dos internos muertos y diez heridos, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas informó que Jorge Israel Ponce de León se mantiene en el cargo de coordinador de Reinserción Social del estado.

El responsable de la política interna dijo que dicho funcionario, al igual que otros de la administración estatal, están “en evaluación permanente”.

“Por lo pronto sí”, respondió al ser cuestionado sobre la permanencia del responsable del área, a pesar de que ya suman tres riñas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos en menos de un mes, que arrojan un saldo total de nueve víctimas mortales y alrededor de veinte lesionados.

“El titular de la coordinación de Reinserción Social es una persona que reúne el perfil y la experiencia en el manejo de centros penitenciarios, que tiene los exámenes de control y (sic) confianza incluso por parte de la Marina Armada de México. Su trabajo será evaluado, en este momento lo importante es tomar las medidas que sean necesarias para que esto no vuelva a suceder, dejemos que haga su trabajo y una vez que podamos tener la evaluación y todo el diagnóstico de todo lo que se tiene que hacer, se tomarán las medidas sobre si debe o no de continuar”, argumentó.

A decir de Ojeda Cárdenas, se tomarán "acciones emergentes para que esto no se repita".

Expuso que no puede hacer públicas las acciones que se van a emprender con el apoyo del gobierno federal. El traslado de 32 presos de alto riesgo a otros penales de máxima seguridad es un primer paso, pues se trata de los internos identificados como los "principales generadores de violencia" entre ellos Alexis, alias "El Carretito".

Para el secretario de Gobierno, lo ocurrido es la expresión de una problemática que no se generó recientemente, sino que fue heredada por pasadas administraciones. Los penales tienen entre 19 y 28 años de antigüedad; los sistemas de videovigilancia y los inhibidores de llamadas de celular son obsoletos, aseguró.

A decir del funcionario, en Atlacholoaya llegan a entrar hasta 15 mil personas al mes y no se cuenta con la tecnología para revisarlos y se tiene que hacer de manera manual con cierto cuidado para no trasgredir los derechos humanos de las visitas. De manera explícita comentó que muchas veces los visitantes se introducen objetos en las cavidades corporales, por lo que no pueden ser detectados.

La sobrepoblación es importante, pues hay dos mil 200 personas recluidas, de las cuales, reiteró, alrededor de 200 son criminales de alta peligrosidad. Por lo tanto, no descartó la posibilidad de más traslados.  

"El penal se encuentra en calma" expresó, aun cuando este viernes, una vez más, trabajadores de la prisión protestaron en demanda de garantías para laborar en condiciones de seguridad.

Para el secretario no existen elementos que justifiquen la ausencia del personal administrativo. Los inconformes señalaron que el jueves se les permitió entrar a trabajar, no obstante que la riña entre reclusos había comenzado desde las seis de la mañana.

Descartó que las fuerzas federales vayan a tomar el control de las cárceles estatales, como ha ocurrido en otras entidades en casos de motín.