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Fue ilegal su reubicación en cárceles distritales de Cuautla y Jojutla, establece.

Un juez de control determinó que fue ilegal la reubicación de un grupo de internas del penal femenil de Atlacholoaya a las  cárceles distritales de Cuautla y Jojutla.

En audiencia de ratificación de traslado involuntario, el juez escuchó a las partes y concluyó que no fueron sólidos los argumentos de la Coordinación de Reinserción Social para justificar el traslado involuntario de 77 mujeres privadas de su libertad, el pasado fin de semana.

De acuerdo con la autoridad penitenciaria, la reubicación temporal del grupo de mujeres a las cárceles distritales fue para terminar con los trabajos de remodelación en algunas áreas del penal de Atlacholoaya y evitar un riesgo sanitario.

Sin embargo, el juez de control determinó que no quedó debidamente demostrado el riesgo para justificar el traslado involuntario, puesto que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece los supuestos de excepción a los traslados.

En consecuencia, el juez fijó un plazo de tres días para el retorno de 67 mujeres al penal femenil. Solo diez de las 77 internas, manifestaron su conformidad con la reubicación y quedaron excluidas del fallo judicial.

Alerta por posible brote de coronavirus entre la población interna.

La alarma se desató nuevamente en el penal de Atlacholoaya, pero la causa no fue una riña ni un motín, sino un posible brote de coronavirus entre la población interna. Oficialmente, hay un reo que murió por la enfermedad y por la negligencia de las autoridades penitenciarias, que se resistieron a darle atención médica de inmediato durante los primeros síntomas.

En el monitoreo y supervisión que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza a centros penitenciarios de 14 entidades del país en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19 ya aparece el caso de Isidro Rodríguez, quien hace unos días falleció presuntamente por coronavirus, pues presentó todos los síntomas pero el resultado de la prueba está pendiente.

En las últimas horas, internos y personal han denunciado la presunta muerte por covid-19 de una custodia y otro más en la cárcel distrital de Cuautla. Hasta el momento, la coordinación de reinserción social que encabeza Israel Ponce de León Borquez, mantiene su acostumbrado hermetismo, en un intento por esconder lo que sucede en el interior de penal más grande de Morelos, que alberga a más de dos mil 300 personas privadas de su libertad.

Familiares de los internos lanzaron los primeros pedimentos de auxilio y denunciaron que la dirección del penal restringió la atención médica a los internos que presentan síntomas de enfermedad respiratoria y dificultad para respirar.

“Por favor, las personas privadas de su libertad se están muriendo de covid, ya son 80 personas las infectadas, en especial las del dormitorio 1, del 1 a la celda 10 y 12 están muy graves ya, ya hay internos que no tienen ni modo ya de respirar, no pueden caminar ya por el dolor de sus articulaciones, tienen fiebre muy alta, tienen vómito y dolor de cabeza, temperatura de 40 grados”, dijo la madre de un interno, que pidió el anonimato y que aseguró que es lo que su hijo le narró vía telefónica.

“Recibí una llamada por parte de un familiar que tengo recluido en el penal de Atlacholoaya, en el Estado de Morelos para hacerme del conocimiento de que tenía síntomas de que aparentemente parecían del covid, se veía muy preocupado, decía que no podía respirar, que tenía mucha tos”, dijo José Patricio Guadarrama, familiar de otro interno, quien se quejó de las autoridades penitenciarias y la deficiente atención médica.

Pero el caso que ha puesto en vilo la situación que se vive en el penal de Atlacholoaya es el de Isidro Rodríguez Sánchez, interno que falleció este martes con síntomas de covid-19 y cuyo caso ya aparece en las estadísticas de la CNDH.

El abogado de la familia de Isidro, Ricardo Sánchez Bautista, adelantó que presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y una denuncia penal contra la directora del penal de Atlacholoaya, Lluvia Bartolo Oregón, por su responsabilidad en el deceso de Isidro, al negarle la atención médica oportuna.

“Vamos a presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, también una denuncia penal por las irregularidades en las que incurrió la directora del centro penitenciario. Primero, al no prestarle la atención médica a la que está obligada a cualquier interno y, dos, al no acatar un mandato judicial en la cual la juez le ordenaba que trasladara al interno Isidro Rodríguez Sánchez a un hospital particular, para su atención”.

Narró que desde que la víctima presentó los primeros síntomas de covid-19 se pidió a las autoridades penitenciarias el traslado al hospital para que se le practicara la prueba y se le diera tratamiento adecuado, sin embargo, la directora del penal rechazó la petición y la familia tuvo que recurrir a un juez.

Fue así que la directora del penal, Lluvia Bartolo Oregón, fue apercibida por la juez oral Yaredy Montes Rivera, quien ordenó llevar a Isidro al hospital, pero en dos ocasiones la funcionaria penitenciaria simuló el traslado y se negó a llevarlo al hospital particular.

Hasta que la juez sancionó a Bartolo Oregón fue cuando finalmente se logró el traslado a un nosocomio, pero él ya estaba grave y finalmente falleció.

Isidro compartía la celda con otros 14 internos, razón por la cual se solicitó a la autoridad penitenciaria practicarles la prueba del covid-19, ya que algunos han presentados síntomas como tos y fiebre.

“El día de ayer solicitamos a la juez de nueva cuenta que autorizara que se realizara el examen, incluso de manera particular lo pagaban los familiares, a los demás internos que ahí se encuentran, porque están probablemente infectados, han tenido síntomas, han tenido tos, han tenido calentura, nos lo han dicho, pero también nos han dicho que tienen bastante temor de dar a conocer esto por lo que sucede en los penales”, expuso el litigante.

Debido a los testimonios de familiares de internos que están preocupados ante un posible brote de coronavirus dentro del penal de Atlacholoaya y otros centros penitenciarios, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos solicitó informes a las autoridades penitenciarias, quienes a más tardar el lunes deberán de responder la petición de información del organismo.  

Las autoridades penitenciarias, quienes han sido cuestionadas en los últimos meses por la violación de derechos humanos y su falta de pericia para mantener el control de las cárceles locales, mantienen silencio sobre el tema y los familiares no tienen certeza del estado de salud de muchos de los internos. Sobre la salud de los custodios, tampoco hay certidumbre.

Varios internos abordaron un camión de basura para escaparse, pero al ser descubiertos, los policías comenzaron a disparar; hubo diez heridos y se desconoce cuántos reos se fugaron.

Xochitepec.- Tres internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) murieron y diez resultaron heridos al intentar darse a la fuga en un camión recolector de basura, el cual se impactó contra un poste de energía eléctrica luego de que agentes policiacos dispararon, la tarde del jueves.

Uno de los convictos –quien resultó herido de bala– falleció en el Hospital Comunitario de Temixco, a los pocos minutos de haber sido ingresado.

De acuerdo con información de fuentes consultadas por La Unión de Morelos, fue alrededor de las 18:10 horas de ayer cuando elementos policiacos perseguían un vehículo recolector de basura que circulaba en sentido contrario para incorporarse a la avenida, con dirección hacia la colonia Lázaro Cárdenas de Xochitepec.

Momentos después escucharon varios balazos, tras lo que el conductor del camión (uno de los reos) perdió el control del volante y el vehículo se impactó contra un poste de energía eléctrica.

En seguida descendieron varios internos, pero el chofer y otro individuo fueron sometidos.

Al tiempo que los uniformados gritaban que los atraparan, seguían escuchándose disparos.

Unos minutos más tarde, al lugar arribaron paramédicos municipales, quienes trasladaron en una ambulancia al preso herido al Hospital Comunitario de Temixco, donde perdió la vida.

En seguida, policías de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Xochitepec, Jiutepec, Mazatepec, Miacatlán, Jojutla y Zacatepec, así como personal de la Fiscalía General del Estado, se sumaron al operativo de búsqueda de los convictos.

La presencia de unidades policiacas era constante en la autopista México-Acapulco, ya que buscaban a las personas privadas de su libertad que se fugaron.

Asimismo, personal de Protección Civil acudió a la zona debido a que había derrame de combustible del pesado vehículo.

En torno a este caso, fuentes policiales dieron a conocer que un grupo de reos retuvo a los trabajadores recolectores de basura del Ayuntamiento de Xochitepec para quitarles el camión de basura; sin embargo, al pasar la pluma del penal, los custodios se percataron de que se estaban escapando los presos.

Hasta el cierre de esta edición aún mantenían las acciones búsqueda. Asimismo, no se había dado a conocer cuántos internos se fugaron.

Al menos diez reos más, y un custodio, lesionados.

Analizan descongestionar el penal de Atlacholoaya.

El coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León, informó que se analizan tres propuestas para descongestionar el penal de Atlacholoaya y evitar los problemas de hacinamiento que hoy padece.

Tras la mala calificación que  este centro de reclusión obtuvo en el último Diagnóstico Estatal Penitenciario, realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, reconoció que existen problemas como la sobrepoblación y la saturación de celdas, que este año pretenden solucionar con base en tres proyectos en estudio.

Detalló que la primera opción es hacer una ampliación al penal, con la construcción de dos dormitorios adicionales, para aminorar las condiciones de hacinamiento en que se encuentran las personas privadas de su libertad; la segunda alternativa es gestionar que las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, que originalmente fueron construidas como centro de arraigo de la otrora PGR y luego dado en comodato al gobierno de Morelos, se conviertan en centro penitenciario; y, la tercera, es construir un nuevo penal en el municipio de Yecapixtla.

Afirmó que en el primer semestre del 2020, las autoridades deberán tomar una decisión sobre cuál opción es viable, pero todo dependerá de la disponibilidad de presupuesto y los procesos legales que se tengan que realizar.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad, de quien depende el área de reinserción social, en el último año, la sobrepoblación del penal de Atlacholoaya pasó del 27 al 29 por ciento.

Luego de los hechos violentos registrados el jueves en el penal de Atlacholoaya, en los que resultaron dos internos muertos y diez heridos, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas informó que Jorge Israel Ponce de León se mantiene en el cargo de coordinador de Reinserción Social del estado.

El responsable de la política interna dijo que dicho funcionario, al igual que otros de la administración estatal, están “en evaluación permanente”.

“Por lo pronto sí”, respondió al ser cuestionado sobre la permanencia del responsable del área, a pesar de que ya suman tres riñas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos en menos de un mes, que arrojan un saldo total de nueve víctimas mortales y alrededor de veinte lesionados.

“El titular de la coordinación de Reinserción Social es una persona que reúne el perfil y la experiencia en el manejo de centros penitenciarios, que tiene los exámenes de control y (sic) confianza incluso por parte de la Marina Armada de México. Su trabajo será evaluado, en este momento lo importante es tomar las medidas que sean necesarias para que esto no vuelva a suceder, dejemos que haga su trabajo y una vez que podamos tener la evaluación y todo el diagnóstico de todo lo que se tiene que hacer, se tomarán las medidas sobre si debe o no de continuar”, argumentó.

A decir de Ojeda Cárdenas, se tomarán "acciones emergentes para que esto no se repita".

Expuso que no puede hacer públicas las acciones que se van a emprender con el apoyo del gobierno federal. El traslado de 32 presos de alto riesgo a otros penales de máxima seguridad es un primer paso, pues se trata de los internos identificados como los "principales generadores de violencia" entre ellos Alexis, alias "El Carretito".

Para el secretario de Gobierno, lo ocurrido es la expresión de una problemática que no se generó recientemente, sino que fue heredada por pasadas administraciones. Los penales tienen entre 19 y 28 años de antigüedad; los sistemas de videovigilancia y los inhibidores de llamadas de celular son obsoletos, aseguró.

A decir del funcionario, en Atlacholoaya llegan a entrar hasta 15 mil personas al mes y no se cuenta con la tecnología para revisarlos y se tiene que hacer de manera manual con cierto cuidado para no trasgredir los derechos humanos de las visitas. De manera explícita comentó que muchas veces los visitantes se introducen objetos en las cavidades corporales, por lo que no pueden ser detectados.

La sobrepoblación es importante, pues hay dos mil 200 personas recluidas, de las cuales, reiteró, alrededor de 200 son criminales de alta peligrosidad. Por lo tanto, no descartó la posibilidad de más traslados.  

"El penal se encuentra en calma" expresó, aun cuando este viernes, una vez más, trabajadores de la prisión protestaron en demanda de garantías para laborar en condiciones de seguridad.

Para el secretario no existen elementos que justifiquen la ausencia del personal administrativo. Los inconformes señalaron que el jueves se les permitió entrar a trabajar, no obstante que la riña entre reclusos había comenzado desde las seis de la mañana.

Descartó que las fuerzas federales vayan a tomar el control de las cárceles estatales, como ha ocurrido en otras entidades en casos de motín.   

El enfrentamiento de ayer en el penal de Atlacholoaya dejó dos reclusos muertos y diez heridos.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, informó que se tienen los videos de los hechos ocurridos el 29 y 30 octubre en el penal de Atlacholoaya, en los que preliminarmente se presume participaron al menos 20 internos en los ataques con armas punzocortantes que culminaron con un total de siete muertos.

Indicó que, además de los autores materiales de los homicidios, se investiga al personal penitenciario que pudo haber incurrido en alguna responsabilidad.

“Por supuesto que también se investiga la probable responsabilidad de personal del penal, sobre todo por el tema de omisiones. Estamos también en comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha sido muy proactiva en el tema, estamos en el escrutinio de esa institución. Y estamos muy avanzados, hemos tomado muchas declaraciones y muchas entrevistas al interior del penal, tanto de presos que estuvieron presente en el momento de los hechos como de personal administrativo y custodios, entonces en breve vamos a solicitar órdenes de aprehensión”, dijo.

Finalmente, el ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, indicó que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos integra la queja de oficio iniciada por la primera riña del 29 de octubre y los hechos violentos que ocurrieron 24 horas después.

Dijo que la queja está encaminada no sólo a indagar los hechos sino a documentar el problema estructural del sistema penitenciario estatal.

En la Supervisión Penitenciaria 2019, la CNDH establece que en dichos centros de reinserción social se solapan actividades ilícitas.

El penal varonil de Atlacholoaya y la Cárcel Distrital de Cuautla reprobaron la Supervisión Penitenciaria 2019 realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo organismo confirmó que, particularmente en estos centro de “reinserción social”, si existen autogobiernos o cogobiernos  y se solapan actividades ilícitas como el “cobro de piso” a internos.

De acuerdo con el diagnóstico nacional, el penal varonil de Atlacholoaya, con una población de 2,337 internos,  tuvo una calificación global de  5.98 puntos y la cárcel de Cuautla de 5.97, seguido de la cárcel de distrital de Jojutla con una puntuación apenas aprobatoria de 6.04.

El penal femenil, que alberga a 120 internas, obtuvo una calificación de 7.32 puntos, mientras que la cárcel distrital de Jonacatepec -donde recientemente trasladaron a reos “conflictivos” implicados en el reciente amotinamiento y las riñas en el penal de Atlacholaya que culminaron con un saldo de siete internos muertos- obtuvo una evaluación de 7.38 puntos.

El su evaluación, la CNDH detectó que todos los centro penitenciarios de Morelos padecen hacinamiento o sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud y la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y falta de prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de detección.

Incluso, alertó que especialmente en el penal de Atlacholoaya y la cárcel de Cuautla existe un ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, es decir, grupos de internos crearon autogobiernos o bien, cogobiernos junto con funcionarios penitenciarios.

Además, prevalecen al interior la presencia de actividades ilícitas como sobornos y cobros de piso o extorsiones.  

De acuerdo con el comparativo realizado por la CNDH, entre 2017 y 2018 mejoró apenas sutilmente la situación en los penales estatales al pasar su calificación global en el diagnóstico anual de 6.91 a 7.02, pero en el 2019 la evaluación bajó a 6.54.

Deslindarán responsabilidades de servidores públicos del penal de Atlacholoaya por hechos de violencia.

El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas confirmó que siguen a la espera del traslado a penales de alta seguridad de los 36 internos que temporalmente fueron llevado del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya a la cárcel de Jonacatepec. Por otra parte, apuntó que se tiene que hacer una reconstrucción detallada de los hechos de violencia ocurridos durante dos días en la prisión, para deslindar las responsabilidades en que pudieron incurrir los servidores públicos del penal.

Este miércoles, el funcionario estatal ratificó que tras los disturbios ocurridos en el Cereso ubicado en Xochitepec, los días 29 y 30 de octubre pasado, se han realizado revisiones en el reclusorio y se incautaron más de 50 objetos que podrían ser usados como herramientas de agresión, en su mayoría objetos punzocortantes; además, se aseguraron teléfonos celulares: “En los últimos meses se han incautado más de cien teléfonos que estaban en el interior del penal. Lo que tenemos que hacer es reforzar todas las medidas y protocolos para evitar cualquier estrategia que estén usando para introducir objetos prohibidos dentro de todos los penales”, argumentó.

Expuso que se tendrá que indagar sobre la posible responsabilidad de otros funcionarios- además de los que ya fueron destituidos- con una reconstrucción minuto a minuto de lo sucedido en ambos días, para determinar cuáles fueron los protocolos que fallaron, las razones por las que no se hizo un cateo en el interior desde el martes, cuando ya se había registrado una riña, para evitar que hubiera armas en el penal, y demás elementos que detonaron lo sucedido al día siguiente.

Cabe recordar que ese miércoles se tuvo como saldo oficial seis muertos y dos lesionados, entre ellos Raymundo Isidro “N”, identificado como “El Ray”, detenido como líder de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación.

El funcionario informó que el gobierno estatal sigue en espera de que los 36 internos que fueron trasladados temporalmente a la cárcel distrital de Jonacatepec sean llevados a otros penales de alta seguridad.  

Recordó que el Cereso Morelos cuenta con un área para reos de mediana peligrosidad, por lo que han tenido que solicitar a las autoridades federales el traslado de esas personas a un centro de máxima seguridad.

A decir del secretario de Gobierno, no se había hecho este traslado porque personas como “El Ray” estaban bajo proceso por delitos del fuero común, y la evaluación de riesgo que habían hecho hasta ese momento no les arrojaba la necesidad de enviarlos a cárceles de mayor seguridad, no obstante que en el mismo lugar se encontraban internos que han pertenecido a grupos delictivos contrarios y que, como el propio Raymundo Isidro, habían sido detenido por la Fiscalía General de la República.

La FGE investiga los hechos ocurridos la mañana del 30 de octubre en el penal de Atlacholoaya.

La Fiscalía General del Estado entregó los cuerpos de los reos fallecidos la semana pasada, durante el motín ocurrido en el penal de Atlacholoaya. 

Mediante un comunicado, la institución informó que los familiares de los internos asesinados cumplieron con todos los trámites y requisitos legales para hacer la reclamación de los cuerpos, que este fin de semana fueron entregados a sus familias. 

Los cuerpos de los internos identificados como Néstor “N”, José Manuel “N”, Roberto “N”, Lorenzo “N”, Vicente “N” y Raymundo Isidro “N”,  -este último ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona oriente de la entidad- habían permanecido en las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se les practicó la necropsia de ley y se corroboró que su causa de muerte fue por ataque con armas punzocortantes. 

La fiscalía mantiene abierta una investigación por el homicidio de un reo durante una riña registrada la mañana del 30 de octubre, y otra más por el asesinato de seis reos durante el amotinamiento y el posterior enfrentamiento entre grupos rivales en el interior del centro penitenciario.

Alrededor de una centena de trabajadores administrativos del penal de Atlacholoaya (denominado oficialmente Centro de Reinserción Social “Morelos”) realizaron un paro de labores en demanda de aumento salarial y condiciones de seguridad para desempeñar sus labores, porque -aseguraron- hay un grupo de reos de mantiene el control del penal. 

Señalaron que después del amotinamiento y el enfrentamiento entre grupos antagónicos al interior del penal que dejó un saldo de siete muertos, ni la Guardia Nacional ni la Policía Federal y estatal han logrado ingresar, salvo los custodios.

A las afueras del centro penitenciario, los trabajadores expresaron su preocupación por la falta de garantías de seguridad para laborar y esperaron por varias horas a que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas o algun funcionario de alto nivel asumiera oficialmente el compromiso de mejorar sus salarios y condiciones de trabajo.  

“Hay riesgos de que nos tomen también como rehenes, ya que hay ciertas riñas que todavía no han parado, que todavía continúan, entonces nosotros no tenemos todavía una garantía de seguridad”, dijo un trabajador, al recordar que la semana pasada los propios custodios fueron tomados como rehenes. 

Afirmaron que las circunstancias en las cuales laboran los custodios son de incertidumbre, ya que de los 60 que hay por turno, sólo 40 están dentro del penal y el resto realiza traslados o se encuentra en el área perimetral.

También pidieron la salida de Jorge Israel Ponce de León Borquez, coordinador del Sistema Penitenciario, a quien señalaron como uno de los responsables de las vejaciones contra los internos y que fue una de las razones que provocaron los amotinamientos y enfrentamientos de la semana pasada.

Los trabajadores decidieron no ingresar a su área de labores, pero sí checaron su entrada, y esperan una respuesta oficial sobre sus dos principales demandas. Por lo pronto, señalaron, el fin de semana hubo una tregua para que pudiera desarrollarse la visita familiar, pero la situación sigue igual.

Anuncian adquisición de sistema de videovigilancia para tres centros penitenciarios.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos lamentó los acontecimientos ocurrido en el penal de Atlacholoaya y llamó a las autoridades a tomar acciones urgentes para erradicar las malas prácticas y el contubernio institucional, que una vez más puso en jaque al sistema penitenciario estatal.

“La disputa por el poder y los negocios dentro del Cereso de Atlacholoaya son de muy alto impacto y terribles consecuencias en pérdida de vidas humanas. Erradicar el tráfico de armas y drogas, de prostitución y explotación del trabajo dentro del penal, requiere ir a las causas de la violencia y no minimizarla. Urge tomar medidas que impidan que continúe la barbarie en las cárceles”, afirmó.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, lamentó los hechos ocurridos en el penal más grande de  la entidad e insistió en que son necesarios  relevos en el gabinete de seguridad, ante la falta de resultados e implementación de estrategias de prevención del delito.

“Es importante que el gobernador analice la posibilidad real de llevar a cabo cambios en el gabinete de seguridad. Pero mejor aún todavía, que no ponga a una persona a improvisar”, señaló y consideró que debe analizarse la permanencia o no de José Antonio Ortiz Guarneros al frente de la Comisión Estatal de Seguridad, y del mismo responsable del sistema penitenciario estatal,  Israel Ponce de León.

El presunto robo de unos zapatos desencadenó una riña colectiva en el interior del penal de Atlacholoaya.

El presunto robo de unos zapatos en un dormitorio desencadenó una riña colectiva en el interior del penal de Atlacholoaya que concluyó con el saldo de un interno muerto y dos heridos.

De acuerdo a la versión oficial, cerca de las 11:30 de la mañana, en el dormitorio cuatro del Centro de Reinserción Social “Morelos”, comenzó una discusión entre internos, que poco a poco escaló hasta una reyerta colectiva en la que habrían participado cerca de 40 reclusos.

La bronca tardó en ser apaciguada por las autoridades penitenciarias que, cuando comenzó a trascender el hecho, mantuvieron total hermetismo y hasta aseguraron que mantenían el control total del centro, descartando las versiones de un presunto motín.

El helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad realizó sobrevuelos en la zona y al penal arribaron varias patrullas y camiones con más de media centenar de policías estatales y elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

También llegaron unos cuantos familiares de internos, preocupados ante las primeras versiones de un presunto amotinamiento y el ingreso de ambulancias y una unidad del Servicio Médico Forense.

Alrededor de las 16:00, la CES emitió un comunicado para informar de manera oficial que alrededor de las 11:46 hora este martes ocurrió una riña en el dormitorio cuatro, la cual fue controlada de inmediato por los custodios.

Pero más tarde, a las 13:37, los internos del dormitorio nueve ingresaron al dormitorio cuatro para enfrentar con arma blanca a otro grupo internos, a quien reclamaron el supuesto robo de unos zapatos.

El saldo oficial fue de un interno fallecido –que presuntamente murió cuando era internado en el  hospital José G. Parres de Cuernavaca con una herida de arma blanca- mientras que otro permaneció hospitalizado por lesiones en la pierna y tórax. Un tercer interno herido fue trasladado al Hospital Comunitario de Temixco, donde fue atendido por lesiones superficiales en la cabeza y una mano.

La autoridad insistió en que en todo momento se mantuvo el control y gobernabilidad del penal y que se aplicaron los protocolos de seguridad.

No funcionó la planta de emergencia.

La mañana de este jueves se registraron fallas en el sistema de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Ciudad Judicial ubicada en Atlacholoaya, lo que obligó a postergar la realización de audiencias en por los menos dos de las siete salas de audiencias.

De acuerdo con la información recabada, el fallo eléctrico ocurrió solo en una parte del edificio judicial, y afectó la realización de una audiencia en curso, porque aun cuando en teoría debía entrar en funcionamiento la planta de luz de emergencia, esto no ocurrió.

La situación obligó al juez que presidía la audiencia a suspenderla y certificar que la interrupción fue por una causa de fuerza de mayor, ya que debido a la falta de energía eléctrica dejó de funcionar el sistema de audio y video, que registra íntegramente el desarrollo de los juicios.

Para poder reparar el fallo, la audiencia fue trasladada a otra sala, que a su vez tuvo que postergar sus audiencias programadas.

Desde octubre de 2018, cuando los juzgados de Primera Instancia con sede en Cuernavaca fueron mudados a la recién construida Ciudad Judicial del Estado de Morelos, que tuvo un costo superior a los 100 millones de pesos, el Tribunal Superior de Justicia reportó a la Secretaría de Obras del Gobierno de Morelos –responsable de la edificación- diversos defectos detectados, con el fin de hacer efectiva la garantía por vicios ocultos.

Filtración de agua en varias áreas del edificio por la defectuosa impermeabilización y fallos en las instalaciones eléctricas y luminarias fueron algunos de los vicios reportados y que al parecer no se subsanan.