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De aprobarse las pensiones y jubilaciones pendientes en el Congreso, el Poder Ejecutivo deberá cubrir cada doce meses 108 millones 900 mil pesos a un total de 528 personas; el Poder Legislativo, más de 14 millones de pesos para 41 empleados, y el Judicial más de 63 millones de pesos para 167 solicitantes.

En el Congreso del estado se encuentran en lista de espera 931 procedimientos de jubilación de trabajadores al servicio del gobierno del estado que -de aprobarse en este año- significarán una carga presupuestal de 254 millones de pesos para el 2021.

La Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social dio a conocer que del total de las 931 solicitudes, 598 ya se dictaminaron, para presentarse ante el Pleno para su aprobación y 333 están por dictaminar.
El diputado José Casas González, presidente de dicho órgano legislativo, explicó que es grave el rezago que registra el Congreso local en materia de jubilaciones y pensiones, que en su mayoría proviene de otras legislaturas, lo que ha provocado que cientos de trabajadores estén en espera de su jubilación.

Informó que con el resto de los legisladores se busca desahogar la mayoría de los dictámenes antes de que concluya el presente período ordinario de sesiones, lo que sucederá el 15 de diciembre.
Lo anterior implicará que los tres Poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y elJudicial, se vean obligados a etiquetar parte de su presupuesto para el pago a los jubilados.
De acuerdo con los cálculos de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de autorizarse la totalidad de los 931 procedimientos en espera, el gobierno del estado tendría que asignar cerca de 255 millones de pesos para el 2021, adicional a lo que ya se aplica para el mismo rubro.

El Poder Ejecutivo tendría que asignar 108 millones 900 mil pesos para el pago de un total de 528 jubilaciones que están en proceso de aprobación; el Poder Legislativo más de 14 millones de pesos para 41 empleados que buscan retirarse y el Judicial más de 63 millones de pesos para 167.

Casas González insistió en que este gasto sería adicional al que ya se aplica para el tema, que anualmente es de 600 millones de pesos aproximadamente.
Sin embargo, sostuvo que los tres poderes del estado se encuentran obligados a garantizar el presupuesto para cumplir con estos pagos, pues no hacerlo a la larga implicarán más gastos.
La semana pasada, el Congreso aprobó 130 dictámenes de jubilación, que se sumaban a los 931 trámites pendientes.

Por otro lado, el legislador Casas González informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) logró judicializar 15 procesos de investigación, de las 47 denuncias que promovió el Congreso del estado por la aprobación presuntamente ilegal de las llamadas "jubilaciones doradas" por parte de la LIII Legislatura.

Reconoció que al inicio de la legislatura se cometieron errores de procedimiento que permitieron que esas pensiones se sigan cobrando. Sin embargo, aseguró que es por la vía judicial como se busca anular tales beneficios otorgados a ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez y de ex diputados locales. 

Todas las entidades tendrán una baja en sus participaciones en 2021: diputado.

El Congreso de la Unión aprobó un presupuesto realista, que implica cierta reducción de recursos para los estados, entre ellos Morelos, pues el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a la poca recaudación que ha habido debido a la pandemia de coronavirus, señaló el diputado federal Jorge Argüelles Victorero. 

El legislador destacó que la bancada del Partido Encuentro Social (PES) presentó varias propuestas y finalmente votó a favor de manera responsable. Dijo que se actuó de manera ética y con la finalidad de no incrementar los impuestos en el país y no hacer crecer la deuda.  

En entrevista, informó que todas las entidades tendrán una baja en sus participaciones y en el caso de Morelos esta será de mil 665.5 millones de pesos, lo que representa un 9.6 por ciento menos con respecto a lo que recibió en el ejercicio fiscal 2020. 

“Lo que tenemos que proponer a todos los gobernadores y a los alcaldes es que tengan un gasto austero, prudente, que las medidas sean más eficientes en la distribución de sus recursos y lo más urgente es la atención a la pandemia y el combate a la inseguridad, es lo que más urge”, expresó. 

Subrayó que en lo particular, durante la discusión de dicho presupuesto presentó la propuesta de que se destinaran cuatro mil millones de pesos más para el fondo de seguridad denominado Fortaseg, además de 300 millones de peso para la Auditoría Superior de Fiscalización, y 700 millones de pesos para la reconstrucción en la zona sur del estado de Morelos. “Esto está en los registros de debates de la cámara, lamentablemente no tuvimos mayoría en esos puntos reservados, no se aprobó pero nuestra postura fue esta. Al final insistimos en que la propuesta integral es responsable y congruente”. 

Aseguró que el PES en el Congreso de la Unión ha sostenido una agenda cercana a la ciudadanía y han trabajado acorde con las condiciones que existen en la cámara de diputados y en el país.    

Propone además sancionar a funcionarios que incumplan con medidas sanitarias establecidas por Salud, y ampliar facultades de municipios para actuar ante una emergencia sanitaria.

El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva, presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa con proyecto de ley y dos iniciativas con proyecto de decreto para normar el uso obligatorio del cubrebocas en el estado de Morelos, para sancionar a funcionarios que incumplan con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de Salud, así como para ampliar las facultades de los municipios para actuar ante una emergencia sanitaria.

En su intervención, el legislador presentó en primera instancia la iniciativa con proyecto de ley para prevenir la propagación de alguna enfermedad que origine una pandemia y la declaratoria de emergencia sanitaria, como la ocasionada por el virus Covid-19, así como la regulación del uso obligatorio de cubrebocas, en el estado de Morelos.

Sotelo Martínez precisó que “la presente propuesta de ley busca fortalecer la prevención y evitar en lo posible la propagación del virus Covid-19, atendiendo a los diversos escenarios que prevén el aumento de casos y en consecuencia de muertes”.

Por eso hizo un llamado a la presidenta de la Comisión de Salud, Rosalina Mazari Espín, para que la iniciativa, la cual consta de 17 artículos divididos en tres capítulos, se dictamine “a la brevedad posible”, pues refirió que tras sostener una reunión con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Salud del Estado, advirtió la inminencia de un alza en el número de contagios tras el último fin de semana largo.       

Cabe mencionar que a esta propuesta se adhirieron todos los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, además de la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Por otra parte, el diputado Alfonso de Jesús Sotelo informó de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Fracción LXXI al artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad que los municipios actúen en el marco de su competencia ante alguna emergencia sanitaria originada por una pandemia.

En este sentido, el legislador argumentó su propuesta al destacar que “de conformidad con el artículo 4 Fracción IV, de la Ley de Salud del Estado de Morelos, los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, son autoridades sanitarias del Estado”.

Precisó que la adición a dicho artículo establece que entre las facultades del municipio están “implementar de acuerdo a su competencia y en coordinación con las autoridades estatales y federales, que correspondan, medidas sanitarias recomendadas por estas autoridades y vigilar su cumplimiento, para la conservación de la salud individual y colectiva, ante una pandemia que genere la declaratoria de emergencia sanitaria, decretada por la autoridad competente”.

Finalmente, el legislador presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Fracción XXIII al artículo 51 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, con la finalidad de establecer responsabilidad administrativa a los servidores públicos que no atiendan medidas establecidas por la autoridad de salud, en caso de emergencia sanitaria.

En este contexto, recordó que las medidas más importantes, establecidas por las autoridades correspondientes a considerarse para evitar contagios son: lavarse las manos con frecuencia; usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol; guardar al menos un metro de distancia entre una y otra persona; convertir el uso de la mascarilla en una parte normal de la interacción con otras personas; no tocarse los ojos, la nariz ni la boca y en caso de presentar fiebre, tos o dificultad para respirar, buscar atención médica.

Refirió que la adición de la fracción XXIII del artículo 51 de la citada ley, establece la obligación de los funcionarios de “cumplir con todas y cada una de las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos, establecidas por la autoridad de salud competente, en caso de emergencia sanitaria declarada con motivo de una pandemia”.

El Congreso del estado inició el análisis jurídico para impulsar un posible rescate financiero a favor de los 36 municipios, ante la crisis que enfrentan derivado de la emergencia sanitaria.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que este jueves tuvieron un primer acercamiento con los alcaldes que integran la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), para revisar su propuesta sobre la viabilidad de que se les asigne el 25 por ciento del Fondo General de Aportaciones.

Sin embargo, dijo que se revisará la viabilidad de la  propuesta u otra vía jurídica para que el Congreso del estado pueda apoyar financieramente a los municipios.

"Nosotros vamos a valorar cada una de las necesidades, tanto del Ejecutivo estatal, que genere la proyección, como la de las y los presidentes municipales, porque lo que queremos es que haya fluidez. Sabemos que hay un recorte desde la Federación que viene para el estado y tenemos que buscar mecanismos para no dejar desprotegidos a los ayuntamientos", afirmó el legislador local.

Diputados se reunirán mañana con la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomasaz.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que este viernes podría concretarse el acuerdo entre las fuerzas políticas para autorizar el refinanciamiento de la deuda pública del gobierno del estado.

En entrevista, el diputado dijo que este viernes se reunirán con la secretaria de Hacienda del estado, Mónica Boggio Tomasaz Merino y con funcionarios del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) para revisar el proyecto de reestructuración de la deuda por más de seis mil millones de pesos que presentó el Poder Ejecutivo.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) aseguró que  existen acuerdos de mayoría para aprobar la solicitud del Poder Ejecutivo y para que puedan hacerse los ajustes necesarios en el Paquete Económico para el 2021, con base en el refinanciamiento.

"En esa reunión también estaremos revisando el Paquete Económico y que podamos avanzar ya en ese tema", añadió.
Por otro lado, aseguró que se trabaja en los consensos para concretar los nombramientos de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del auditor general de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) antes de que concluya diciembre.

"En próximos días entiendo que también estaremos empezando a trabajar lo de los magistrados del Poder Judicial. Hemos hecho un trabajo coordinado con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno y vamos a continuar haciéndolo de esa manera", declaró.

Señaló que también interesa al Congreso del estado, bajo un acuerdo con el Poder Ejecutivo, la aprobación de la "Ley de Asociaciones Público Privadas" y el proyecto para un segundo convenio entre el gobierno del estado y la empresa Ferrosur para reactivar el servicio ferroviario en la zona oriente del estado.

Activistas cuestionan el proyecto que fue presentado ayer ante el Pleno del Congreso.

Organizaciones civiles que integran la agrupación Diversidad en Marcha señalaron que la iniciativa para tipificar crímenes de odio que se presentó en el Congreso local es deficiente y demandaron ser tomadas en cuenta en el análisis legislativo. 

Representantes de asociaciones como Lesbos, Motrasex México, Red VIHve México; Cuernavanií A.C.; Agenda Nacional Política Trans; Colectivo Amoneuki Tepoztlán y Movimiento Trans Jiiutepec, entre otras, expusieron que dicha propuesta, presentada este miércoles ante el Pleno Legislativo contiene deficiencias que harían una ley inoperante.  

Vanessa Shirell Nambos Díaz explicó que el documento dado a conocer por la legisladora del partido Movimiento Regeneración Nacional Alejandra Flores Espinosa no ha sido sometido a consulta con todas las organizaciones de la comunidad de la diversidad.  

Dichas organizaciones elaboraron un pronunciamiento en el que señalan que la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 131 BIS al Código Penal local para tipificar los crímenes de odio en el estado de Morelos “tiene serias deficiencias que volverían el tipo penal inoperante”. 

Las organizaciones manifiestan que en la exposición de motivos se explica que los crímenes de odio son actos de violencia motivados por la condición de la víctima, ya sea por sus preferencias sexuales, su identidad de género, su origen étnico, su nivel socio económico o cualquier otra de las previstas y protegidas por el artículo 1 Constitucional. 

Pese a lo anterior la propuesta no establece de manera clara las hipótesis que permitan acreditar este tipo de crímenes.  

“Colocar dentro de las hipótesis propuestas palabras como “saña” u “odio” representa un problema a la hora de acreditar el delito por parte de una autoridad, corriéndose el riesgo de que no sea posible sancionar a ningún infractor ante la falta de elementos objetivos para la acreditación del delito” abundan. 

La agrupación llamó a la legisladora morenista a convocar a personas expertas en la materia para que de manera conjunta con la sociedad civil, la academia e instituciones públicas saquen adelante un tipo penal funcional que responda a la realidad del estado de Morelos. 

En el referido escrito, subrayan: “tal y como sucede con el tipo penal de feminicidio vigente en Morelos desde el año 2011, es necesario que el tipo penal de los crímenes de odio cuente con hipótesis claras que permita a la autoridad comprender las características que revisten a tales delitos y se cuente con elementos para la judicialización y emisión de sentencias. 

Un tipo penal de crímenes de odio debe tomar en cuenta hipótesis objetivas y particulares que puedan ser aplicables a los casos específicos, partiendo de datos y documentación de los hechos”. 

La citada iniciativa, fue presentada al pleno este miércoles y turnada a comisiones para su dictaminación.    

Para aprobar el paquete económico y las leyes de ingresos de los municipios.

Los diputados locales siguen entrampados en las negociaciones para desahogar el rezago legislativo que acumularon a lo largo del año, entre lo que se incluye la aprobación del Paquete Económico del estado y las leyes de ingresos de los municipios para el 2021. Derivado de ello, adelantaron que podrían prolongar el período ordinario de sesiones después de la fecha constitucional, que es el 15 de diciembre.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, confirmó que analizan detener el llamado "reloj legislativo" para poder desahogar todos los pendientes después del 15 de diciembre.
Admitió que siguen sin lograr acuerdos para la designación de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del auditor general del estado.

De igual forma, reconoció que les queda poco tiempo para la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado, así como las leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2021.
"Yo le apuesto que antes de que termine este período, no te diría que el 15 de diciembre, yo creo que el reloj legislativo va a quedar parado algunos días adicionales, pero que sí podamos lograr grandes acuerdos en el tema del IMIPE, en cuanto al tema de la ESAF y en lo particular en el tema del Paquete Económico, porque tiene que salir en beneficio de los ciudadanos de Morelos", declaró.

Por su lado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, refirió que siguen las negociaciones entre las fracciones y grupos parlamentarios pero sin  lograr acuerdos definitivos en los temas pendientes.

Manifestó su confianza en que en este mismo año se puedan concretar dichos consensos, aunque dijo que se prevé que podría prolongarse posterior al 15 de diciembre.

El pasado 6 de noviembre, el diputado presidente del Congreso de Morelos, Lic. Alfonso Sotelo Martínez, celebró su segundo informe legislativo. Presentó sintético análisis de la tarea parlamentaria tlahuica y los retos futuros. La pandemia mundial de covid-19 ha sido el signo del 2020, y en la labor legislativa se ha ralentizado la actualización de leyes estatales prioritarias, entre ellas, el proyecto de Ley Estatal para la Gestión Integral de Riesgos y Desastres y Protección Civil. El diputado presidente, en un ejercicio de honestidad política, refirió que “vienen tiempos aún más difíciles”.

La concurrencia entre gobierno y ciudadanía es la fórmula para orientar la agenda parlamentaria en el último año de la actual LIV Legislatura para encarar las eminentes adversidades. El artículo 19 bis de la Constitución Política de Morelos señala la “Colaboración Ciudadana” en nuestros municipios, un tema pendiente en la agenda legislativa, específicamente en la reconstrucción de los municipios de nuestro estado tras el devastador terremoto denominado “19 S” de 2017. El reto parlamentario es fundar la corresponsabilidad política-ciudadana entre el Congreso y la sociedad; debiéndose apuntar hacia la esfera municipal, desde la base de nuestra comunidad morelense, y para encarar las adversidades aún por venir.

Abogado exhorta a evitar que el procedimiento deba reiniciarse ante eventual incumplimiento de plazos.

El abogado Gibrán Haro Álvarez confió que en breve el Congreso resolverá la solicitud de juicio de procedencia promovida contra el diputado Marco Zapotitla Becerro, para efecto de que enfrente en calidad de ciudadano las imputaciones penales por el presunto delito de violación.

El litigante, quien representa a una víctima, señaló que todavía no culmina el plazo de 30 días hábiles para que se desahogue el proceso legislativo y la Comisión de Gobernación y Gran Jurado presente el dictamen ante el Pleno respecto a la procedencia o no de la solicitud.

Señaló que restan 15 días hábiles para que concluya el plazo, y en este momento se está a la espera de que el diputado Zapotitla sea notificado sobre el proceso solicitado en su contra, ya sea en el domicilio laboral o particular registrado en el Congreso, pero en caso de que no sea localizado, la Comisión de Gobernación deberá emplazarlo a través de edictos.

Exhortó a las y los diputados a agilizar el proceso legislativo, para evitar que fenezca el plazo y, en detrimento de la víctima se tenga que reiniciar el procedimiento.

“Estamos dentro del plazo de los 30 días hábiles que tiene la Comisión de Gobernación y hacemos el llamado para que no vayan a pasar de esos 30 días y prácticamente se tenga que repetir todo el procedimiento”, instó.

Dijo que el asunto no es político sino jurídico, donde hay una acusación penal en contra del legislador, y exhortó a los integrantes del Pleno Legislativo a desahogar el juicio de procedencia sin trampas ni obstáculos.

En el mes de septiembre, la representación jurídica de una víctima y la Fiscalía General del Estado (FGE), por separado, solicitaron al Congreso un juicio de procedencia contra el diputado, para que enfrente como ciudadano un proceso penal por la presunta comisión de delitos sexuales. 

Hace unos días, en sesión, con la consigna “no es legal, es moral”, ocho diputadas exigieron la salida de Marco Zapototla del salón de Pleno, ante las acusaciones penales en su contra.

Se puede salvar si en la sesión donde se discuta el tema no hay quórum; se pospondría hasta el siguiente periodo ordinario.

La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del estado podría definir esta misma semana el juicio de procedencia en contra del diputado Marcos Zapotitla Becerro, promovido por la Fiscalía General del Estado (FGE) para desaforarlo, ante la denuncia en su contra por el delito de violación sexual.

El diputado José Casas González, presidente de dicha comisión, informó que el jueves pasado se radicó el procedimiento, luego de que la Junta Política y de Gobierno (JPyG) determinó que había elementos legales para iniciarlo.
Al respecto, Casas González explicó que el legislador local cuenta con cinco días hábiles, a partir de su notificación, para comparecer ante la Comisión de Gobernación y Gran Jurado (Comisión Instructora) y aportar los elementos en su defensa.

Posterior a ello, añadió, la Comisión Instructora deberá dictaminar la solicitud de la Fiscalía General del Estado y turnar el caso al Pleno.

Si el Pleno del Congreso determina procedente la formación de causa, el diputado Zapotitla Becerro deberá ser separado del cargo y ponerse a disposición del ministerio público.

"Aquí lo delicado es que si el día de la votación no se reúne el quórum necesario y no se votan las dos terceras partes, ese recurso se estaría devolviendo (a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado) y mandando hasta el siguiente período", señaló.

Casas González admitió que existe el riesgo de que el caso se politice, con la finalidad de mandarlo a la "congeladora" hasta febrero del 2021.
Hasta el momento ocho legisladoras se han pronunciado abiertamente porque su homólogo sea separado del cargo de su homólogo. Sin embargo, el caso se ha retrasado más de un mes sin ninguna justificación legal.

Constatarán que burócratas cubran requisitos legales para tener derecho a la jubilación.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la adición a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que faculta a los cabildos y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso local realizar investigaciones para corroborar que los burócratas cubran los requisitos legales para tener derecho a la jubilación.

De acuerdo con el decreto legislativo, existía una laguna legal que requería ser atendida para dar certeza jurídica tanto a la parte patronal y a los trabajadores, como a la sociedad morelense.

Y es que si bien el artículo 67, Fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, prevé esa facultad investigadora de la Comisión del Trabajo y Previsión Social respecto de las solicitudes de pensión por retiro, por edad y tiempo de servicios, fallecimiento, cesantía o edad avanzada, en la Ley del Servicio Civil no estaba estipulada esta atribución ni era extensiva a los ayuntamientos, cuyos cabildos son responsables de la aprobación de las jubilaciones de sus trabajadores. 

“(…) no menos cierto es, que dicha previsión no se encuentra establecida y regulada en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, situación que de no subsanarse puede representar un problema a futuro con las entidades obligadas a proporcionar la información correspondiente a la citada investigación, en virtud de que al momento de realizar las mismas no es suficiente el fundamento legal que previamente ya se encuentra establecido en el artículo 67, fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos”, argumentó el legislador.

En consecuencia, el Congreso local procedió a la adición del artículo 57 BIS a la Ley del Servicio Civil, para establecer que: “La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos y los Cabildos Municipales, en su caso, al momento de realizar el trámite de otorgamiento de una pensión a los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios de nuestro Estado, tienen la facultad de realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de la misma”.

 Dicha adición se dio luego de los tropiezos legales que enfrentó la actual legislatura, al revocar  varios decretos jubilatorios que presuntamente fueron aprobados por sus antecesores sin que los beneficiarios cumplieran con los requisitos,  y que tras los amparos promovidos por varios de los afectados, la justicia federal determinó que había yerros normativos.

La medida impide entregar la clave geoestadística -que da acceso a recursos federales- a Hueyapan.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó mantener la suspensión concedida al Ayuntamiento de Tetela del Volcán contra el decreto legislativo de delimitación territorial con el municipio indígena de Hueyapan, mismo que ocasionó un conflicto legal con comunidades del estado de Puebla.

Al resolver el recurso de reclamación 77/2020, promovido por el Congreso de Morelos contra la medida cautelar, la Primera Sala de la SCJN declaró procedente pero infundado dicho recurso y confirmó el acuerdo del 27 de julio de 2020, dictado por el ministro instructor en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 105/2020, promovida por Tetela del Volcán.

Con esta resolución, se mantiene la suspensión que impide a las autoridades estatales y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) asignar la clave geoestadística al municipio indígena de Hueyapan (territorio escindido de Tetela del Volcán), y establecer la señalética sobre la división territorial entre ambos municipios.

El ayuntamiento de Tetela de Volcán argumentó en la controversia constitucional que el municipio no fue consultado respecto del decreto y que fue una decisión unilateral del Congreso, que prolongará los conflictos sociales, particularmente sobre la disputa por el agua entre ambas comunas.

Adicionalmente, el Ayuntamiento de Tochimilco, del estado de Puebla, promovió la controversia constitucional 143/2020, en la cual también se concedió la suspensión contra el decreto legislativo, en la que acusó al estado de Morelos de despojarlo de parte de su territorio.

El municipio poblano afirmó que, el decreto promulgado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 8 de julio, lo despojó de un aproximado de 1600 hectáreas y el Congreso de Morelos incumplió con su obligación legal de notificar tanto al municipio de Tochimilco (que colinda con los municipios morelenses) como al Congreso de Puebla sobre la acción de delimitación territorial.

Incluso, destacó que el conflicto limítrofe escaló al grado de generar discriminación entre los pobladores de uno y otro municipio.

Puede ser una forma para ahorrar en el pago de renta.

La Secretaría de Administración proyectó utilizar el edificio que antiguamente ocupo el Congreso local - que se encuentra en la calle Matamoros del centro de Cuernavaca- para reubicar algunas dependencia y ahorrar el costo de rentar otros inmuebles.     

Dicho edificio inicialmente había sido solicitado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para crear un centro cultural; posteriormente se planteó la posibilidad de crear una sala de exhibiciones e incluso un tianguis artesanal por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura, pero no se le asignó recurso a dicho proyecto. 

A la fecha, sólo se ocupan algunas áreas, como los estacionamientos, pero no se le ha dado un uso general.

Al respecto, la secretaria de Administración Mirna Zavala Zúñiga refirió que hay un plan de austeridad en el gobierno estatal en el que se han analizado alternativas de reducción de costos. 

Comentó que “desafortunadamente debido a la pandemia de covid-19, se ha ido retrasando las gestiones ante la Federación para poder presentar un proyecto de inversión que permita poner en condiciones ese edificio que ocupaba el recinto legislativo y los recursos que se tendrían que inyectar para adecuar las instalaciones para esos usos”.  

Anticipó que existe otra propuesta, que tiene el fin de ahorrar recursos en rentas y poder reubicar en ese sitio oficinas que tengan menor flujo de gente, porque no dan mucha atención al público por las características de su función, es decir porque realizan trabajo más administrativo.  

La última solicitud es que la Contraloría de Estado y la Consejería fueran reubicadas en ese edificio. Lo anterior, si es que no se concreta el proyecto de inversión en los planes anteriores. “Estamos en el estudio de las necesidades de las áreas, para destinar un recurso, si así lo permiten las finanzas, a la remodelación del lugar”, añadió. 

Por ahora la dependencia está a la espera de que la Secretaría de Obras Públicas presente un dictamen sobre las condiciones que tiene el multicitado inmueble.  

Temen por el presupuesto 2021.

Mientras el análisis del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2021 se encuentra detenido en el Congreso del estado, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestaron su preocupación porque no se apruebe a más tardar el 15 de diciembre, como lo marca la Constitución Política del Estado.

Ángel Adame Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hizo un llamado a los legisladores locales para privilegiar el interés de los ciudadanos y hacer a un lado los intereses personales y de grupo.
“Por diferentes circunstancias políticas, en esta legislatura no hay acuerdos. Pareciera que la película una y otra vez se repite y se repite y no se alcanzan los consensos en los temas coyunturales entre los legisladores. Esperemos que haya acuerdos, pues los ciudadanos estamos cansados de tantos desacuerdos que se viven al interior del Congreso y tantas circunstancias que no permiten que avancemos”, manifestó el empresario.

De igual forma, el presidente del CCE demandó a los diputados que aprueben un presupuesto estatal y las leyes de ingresos de los municipios apegados a la realidad que se vive en el país por la crisis que causó la pandemia de covid-19.
"Apelamos a su responsabilidad como diputados. Hoy deben de velar por los intereses de los morelenses, realmente pedimos un trabajo legislativo y esperamos que la ciudadanía no pague los platos rotos de las confrontaciones que existen al interior del Congreso", manifestó.

Por su lado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur), Antonio Sánchez Purón, dijo que han solicitado a los legisladores participar de la revisión de las leyes de ingresos municipales y verificar que no haya aumentos en derechos, servicios e impuestos.

Ante la falta de un presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado para iniciar el análisis del Paquete Económico 2021, la diputada Alejandra Flores Espinoza solicitó que se instalen mesas de trabajo con los 20 legisladores en las que puedan participar los secretarios de despacho.

La legisladora morenista informó que requirió de manera formal a la Mesa Directiva y a la Junta Política y de Gobierno (JPyG) iniciar de manera urgente el análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como de las leyes de ingresos municipales, ante el riesgo de que su aprobación se prorrogue hasta el próximo año.

Sostuvo que la falta de consensos para la redistribución de las comisiones no puede ser un impedimento para que se avance en los paquetes fiscales, ya que la Constitución Política del Estado señala como plazo para su aprobación a más tardar el 15 de diciembre.

"Hemos buscado por cualquier medio que ya salgan estos asuntos, que ya se tenga a los presidentes de comisiones tan importantes. Mientras tanto, creemos que ya la próxima semana se tiene que iniciar el análisis, no podemos esperar a los últimos días porque sería muy irresponsable", declaró.

Por otro lado, confirmó también que se encuentran detenidos los trabajos de las comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil, así como la de Puntos Constitucionales y Legislación, y la de Igualdad de Género, porque entre las fuerzas políticas no se logran los consensos para nombrar a los presidentes de las mismas.

Tribunal Colegiado recientemente confirmó el amparo concedido a Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez para ocupar esas posiciones.

El Juzgado Quinto de Distrito dio un plazo de diez días al Congreso del Estado para cumplir con la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado, que recientemente confirmó el amparo concedido a Roberto Yáñez Vázquez y Marco Antonio Alvear Sánchez, para que sean reinstalados como comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe).

El juez federal requirió al Poder Legislativo para que en el plazo fijado abrogue el decreto número tres, publicado el 27 de septiembre de 2018 en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, por el cual la LIV Legislatura dejó sin efectos los nombramientos.

También requirió reconocer las designaciones y “realizar los trámites correspondientes a efecto de llevar a cabo la instalación en el cargo para el que los amparistas fueron designados”.

El juez federal apercibió al Congreso con que, en caso de incumplir con la ejecutoria de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (Uma), equivalente a ocho mil 688 pesos.

En caso de incumplir con el fallo protector, reiteró, se procederá a dar trámite a un incidente de inejecución de sentencia.

Ariadna Barrera, presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), rechazó que se negocie entre las fuerzas políticas la distribución de espacios.

Diputadas locales confirmaron que la falta de consensos entre las fuerzas políticas mantiene detenidos temas importantes, como el análisis del Paquete Económico del gobierno del estado, las leyes de ingresos municipales para el 2021 y los nombramientos en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

En entrevista, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Ariadna Barrera Vázquez, confirmó que los grupos y fracciones parlamentarias que integran el Congreso del estado no se han podido poner de acuerdo para la elección de los comisionados del IMIPE y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

Admitió también que como legisladores no han podido definir quiénes presidirán las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; la de Puntos Constitucionales y Legislación; Igualdad Género; y la de Seguridad Pública y Protección Civil.
Sin embargo, rechazó que los temas estén ligados y se negocie entre las fuerzas políticas la distribución de estos espacios.

No obstante, señaló que desde la Junta Política y de Gobierno "hay más voluntad para poder incluir y no sólo que un grupo proponga o se quede con un espacio"
Sobre el tema,  Dalila Morales Sandoval, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) refirió que buscarán que a más tardar la próxima semana, haya "luz verde" para las designaciones en las comisiones y los nombramientos pendientes.

Admitió que se ha retrasado más de un mes la revisión del Paquete Económico y de las leyes de ingresos municipales, pero aseguró que la intención es desahogarlas en el plazo que marca la Constitución Política del Estado, a más tardar el 15 de diciembre.

Ocho diputadas protestaron por la presencia de su homólogo en el Salón de Plenos, debido a las acusaciones por presunta violación que pesan sobre el diputado.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, ocho de las 14 diputadas locales protestaron por la presencia de su homólogo Marcos Zapotitla Becerro, acusado por el delito de violación sexual y a quien obligaron a abandonar el salón de Plenos.

Después de varias semanas, el legislador decidió acudir a una sesión ordinaria y ocupó su curul. Sin embargo, tras varios minutos de iniciada la asamblea, ocho legisladoras subieron a tribuna y demandaron al diputado abandonar el salón de Plenos.

Las legisladoras amenazaron con impedir el desarrollo de la sesión si su homólogo no salía de la sesión.

"Es moral, no es legal", gritaron en protesta las diputadas, que exigieron a Zapotitla Becerro pedir licencia al cargo para que la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda realizar las investigaciones por el presunto delito de violación.
Ante la exigencia de sus compañeras, el legislador se vio obligado a abandonar su curul. "No seré yo el causante de una parálisis legislativa", manifestó.
Antes, aseguró que no permitiría que se le haga víctima de "escarnio político, como se pretende" con la protesta e insistió en su inocencia.

Con el acto inició formalmente el proceso 2020-2021 en la entidad.

Con la instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Morelos inició formalmente el proceso 2020-2021 en la entidad. La presidenta Liliana Díaz de León Zapata señaló que se trata de las elecciones más complejas del país, por la cantidad de puestos a elegir, además de los grandes retos que implica la pandemia de covid-19 y el objetivo de vencer el abstencionismo.  

Este marte se celebró la sesión extraordinaria en la que se declaró instalado el consejo y para ello  rindieron protesta la presidenta Liliana Díaz de León Zapata, así como las y los consejeros electorales Silvia Cartujano Escobar, Clara Elena Pérez Santana, Arturo Núñez Alday, Lucio Alfonso Rubio Antelis, Micaela Bocanegra Rodríguez y Faustino Medardo Tapia Uribe. 

Por razones sanitarias, conforme a los lineamientos del Consejo General del INE, este acto se llevó a cabo de forma pública pero híbrida; es decir, de manera presencial y virtual. Además de las y los integrantes del órgano, estuvieron presentes representantes de todos los partidos políticos con registro nacional.  

Al igual que en el resto de las entidades del país, en Morelos arrancó oficialmente de esta manera el proceso electoral. 

Díaz de León Zapata recordó que la jornada se llevará a cabo en México el 6 de junio y el INE estará encargado de organizar todo el proceso, en coordinación con los organismos públicos locales.

Destacó que el Instituto Nacional Electoral en 30 años ha organizado y coordinado 218 elecciones, por lo que la experiencia e historia les respalda.  

Se trata, apuntó, de la elección más grande democrática de México y estará llena de primeras veces, pues traerá cambios en diversos aspectos, como el uso de la tecnología.  

Se conjunta una elección federal y 32 locales, con 15 gubernaturas, 30 congresos estatales, mil 926 ayuntamientos y alcaldías, así como 431 juntas municipales, en total 21 mil 368 cargos de elección popular en disputa.  

En Morelos el INE -con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac)- coordinará la elección de cinco diputaciones federales y en lo local 20 diputaciones, de ellas 12 de  mayoría y ocho  de representación  proporcional y los ayuntamientos. 

Se instalarán dos mil 562 casillas y para ello se contratará a 107 supervisores, 632 capacitadoras y capacitadoras, y a 23 mil 53 ciudadanas y ciudadanos que serán funcionarios de casillas, quienes recibirán y contarán los votos. 

Expuso que este proceso se desarrolla en medio de la pandemia de coronavirus, que muy posiblemente se extenderá hasta el 2021 y que impactará las actividades electorales, por lo que se deberá cumplir con todas las medidas sanitarias, como el  distanciamiento social y demás protocolos, sin que sean un  obstáculo para lograr la mayor participación de la  ciudadanía.  

Esta institución no va sola, en la entidad, apuntó la presidenta de la Junta Local, ya se trabaja en coordinación con la Impepac, que en sus atribuciones cumplirá con la organización del proceso electoral local.  

Díaz de León Zapata resaltó que para organizar el proceso electoral se requiere del trabajo y esfuerzo de todas y todos: partidos políticos, la fiscalía especializada en delitos electorales, agrupaciones civiles, ciudadanas y ciudadanos. 

De igual manera, la vocal ejecutiva de la Junta local hizo énfasis en que una de las características de este proceso es la relevancia que toma la paridad de género. Hizo alusión al acuerdo y sus lineamientos, aprobados por el Consejo General del INE para evitar la violencia de género.  

Recordó que en diciembre se habrán de conformar 300 distritos electorales, cinco de ellos en Morelos.  

La presidenta exhortó a los integrantes del consejo local a trabajar en equipo en apego a los principios del INE y a generar espacios de diálogo y acuerdos.  

Las y los consejeros coincidieron en la importancia de cumplir con el compromiso ante la ciudadanía en un proceso imparcial, legal y que dé certeza y gobernabilidad.  

La consejera Clara Elena Pérez Santana destacó la relevancia de salir adelante en medio de la pandemia con creatividad, aprovechando los recursos disponibles, como las tecnologías.  

Lucio Alfonso Rubio Antelis enfatizó el papel preponderante de la participación ciudadana y alertó que será preciso tomar decisiones óptimas y erradicar “vicio alguno”, para que no se inhiba la participación directa en el combate al enemigo, que es la abstención.  

Arturo Núñez Alday expresó que habría sido deseable llegar a esta contienda en condiciones diferentes, pues privan un ambiente político enrarecido, la epidemia, la inseguridad, entre otras. Parece, añadió, que en este momento hay tres prioridades: primero enfrentar con éxito la pandemia, sobrevivir económicamente hablando, no ser víctimas de un delito. “Ojalá otra víctima del covid-19 no sea la democracia”. Señaló que el reto será superar la participación del 47 por ciento que se tuvo en el proceso pasado. 

La consejera Micaela Bocanegra Rodríguez se congratuló por el hecho de que el consejo local está presidido y dirigido por mujeres.

Hizo una enfática exposición respecto a la reforma en la legislación en materia de violencia política de género, que aseveró, se deberá ver reflejada en este proceso electoral.  

“Pero aún muchas personas no identifican a qué nos referimos, pero es importante conocer que la violencia política comprende todas las acciones y omisiones, tanto en la esfera pública como en la privada, que busquen limitar anular o menoscabar el ejercicio político electoral de una o varias mujeres”. 

Recordó que según las estadísticas oficiales el 53% de la población son mujeres.   

También hizo notar la incorporación de municipios indígenas y el voto de personas transexuales.  

Por su parte, la consejera Silvia Cartujano Escobar llamó a los actores políticos a ir más allá del deber cívico y del deber partidista, a usar su tiempo, prestigio personal, redes y demás recursos, a promover e inculcar la democracia: “a ser los vehículos para que nuestros conciudadanos sepan que democracia no es nada más emitir el voto o tener el derecho de acudir a las urnas o abstenerse de un acto tan sagrado”. 

Faustino Medardo Tapia Uribe en su calidad de consejero, destacó la labor de todo el personal del INE y sobre todo las y los ciudadanos en el proceso pasado, en el que se recuperó la confianza en el organismo.  

Vivimos tiempos de cambios muy grandes en el país, anotó, al señalar que crisis social sanitaria afecta a la gente que menos recursos tiene. Recordó que Morelos ocupa el primer lugar en corrupción en el país desde hace varios años, además de ubicarse en primer lugar en cuanto a feminicidios y en secuestro. Aseveró que esto indica que es necesario cambiar el sistema político, porque por este pasan la corrupción y la violencia.  

Ariadna Barrera dice que la falta de acuerdo para nombre presidente de la comisión de Hacienda puede provocar que el proyecto de decreto no alcance a ser aprobado.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado, Ariadna Barrera Vázquez, advirtió del riesgo que el Paquete Económico 2021 no se apruebe este año, ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas para designar al presidente de la Comisión de Hacienda, que debe analizar e integrar el proyecto de decreto.

En entrevista, la legisladora morenista confirmó que la reestructuración en las comisiones legislativas se ha prolongado por la falta de consensos, principalmente en la designación del diputado que presidirá la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

"Creo que falta diálogo, falta comunicación, nosotros estamos abiertos", indicó.

Y, adelantó: "Sino tenemos presidente o presidenta de la Comisión de Hacienda va a ser muy difícil que tengamos presupuesto".

Recordó que también se debe designar un presidente en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la de Seguridad y Protección Civil, así como en la de Igualdad de Género.

"En algo tan sencillo no nos podemos poner de acuerdo...Es necesario que avancemos en estos temas, sacar adelante el rezago que se nos ha acumado y más aun con la pandemia (de covid-19)", manifestó.
Por otro lado, adelantó que el Congreso del estado elegirá la próxima semana a los dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y al auditor general de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Ariadna Barrera Vázquez, señaló que después de mucho tiempo, finalmente habría acuerdos para concretar los nombramientos.