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Hoy inicia el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LIV Legislatura.

A unas horas de que inicie el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LIV Legislatura,  Alfonso de Jesús Sotelo Martínez fue ratificado por tercer año consecutivo como presidente de la Mesa Directiva.
La tarde de este lunes, los diputados locales reiniciaron la sesión ordinaria del 15 de julio, con la que los diputados debieron clausurar el segundo período ordinario del segundo año legislativo, lo que ocurrió hasta ayer.

En dicha sesión los legisladores aprobaron el acuerdo emitido por los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social (PES), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT), por el que también se designó como vicepresidente de la Mesa Directiva al diputado pesedista José Luis Galindo Cortés y como secretarias a las diputadas del Partido Humanista (PH),  Xochiquetzal Sánchez Ayala y Erika García Zaragoza del PT.
Con 19 votos a favor, los legisladores  también determinaron que el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ocupará la Junta Política y de Gobierno (JPyG).

Al respecto, la bancada de Morena confirmó en la coordinación a Ariadna Barrera Vázquez, por lo que sustituirá a la diputada Alejandra Flores Espinoza al frente de la JPyG.

Por otro lado, los legisladores aprobaron el decreto por el cual se modificó el Presupuesto de Egresos 2020, para autorizar una ampliación de recursos del fondo para dependientes económicos de policías caídos en cumplimiento de su deber.
De igual forma, aprobaron 33 dictámenes en sentido negativo de las auditorías aplicadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) a instituciones públicas, durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018.
Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, detectaron errores en la revisión del ejercicio de los recursos públicos, lo que hace presumir que habría responsabilidad del ex auditor Vicente Loredo Méndez por haber autorizado las auditorías, a pesar de que se detectaron irregularidades.

Alrededor de las nueve de la noche, los diputados locales cerraron el periodo ordinario.

Posteriormente, instalaron la Diputación Permanente -que debió sesionar durante un período de receso del 15 de julio al 31 de agosto-y tras conocer pendientes, la clausuraron.
A las 10 de la mañana de este martes, los diputados instalarán el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año constitucional de la LIV Legislatura.

La sesión está programada para mañana; no habrá invitados especiales.

Por primera vez, el inicio de un período ordinario de sesiones en el Congreso del estado, que se desarrollará este 1 de septiembre, se llevará a cabo a puerta cerrada, sin la presencia de invitados especiales, a causa de la pandemia de covid-19.

Este martes iniciará el primer período ordinario del tercer año constitucional de la LIV Legislatura, y hasta el momento se desconoce si el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y algún representante del Poder Judicial estarán presentes en la sesión solemne, que fue convocada a las 10 de la mañana para los 20 diputados locales.

De manera extraoficial se conoció que la sesión solemne se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria, y a la que sólo acudirán los legisladores, algunos de sus asesores y los trabajadores de las áreas de Servicios Legislativos y Parlamentarios, así como del Instituto de Investigaciones Legislativas.

En el evento tampoco podrán estar presentes los representantes de los medios de comunicación, ya que será transmitida por las redes sociales del Congreso del estado.

En el inicio de período, los representantes de las fuerzas que integran el Poder Legislativo dan a conocer su agenda legislativa para los siguientes tres meses de período ordinario, que en este caso, sería el penúltimo para los actuales diputados.

Sin embargo, de manera histórica, dichos posicionamientos se conocerán de manera virtual, pues las puertas del recinto legislativo permanecerán cerradas al público para evitar la propagación del covid-19.

Tienen proyectado clausurar el periodo ordinario de sesiones.

Los diputados locales esperan sesionar el próximo domingo y el lunes, a fin de cerrar el último período ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura y cumplir también con la instalación y clausura de la Diputación Permanente.

De acuerdo con el diputado del Partido Encuentro Social (PES) José Luis Galindo Cortés, es probable que sean convocados el próximo domingo a la reanudación de la sesión ordinaria del 15 de julio pasado, a fin de retomar los temas pendientes, como la aprobación de más de 40 decretos pensionatorios y otros asuntos rezagados de la agenda legislativa.

"En mi caso, estaré impulsando la aprobación urgente del dictamen por el que se da la extinción del seguro popular y se da paso al Insabi", explicó.

Galindo Cortés refirió que se estarían agotando los temas a más tardar el próximo lunes, para que se instale y se clausure el mismo día la Diputación Permanente.

"Entonces, estaremos en condiciones de iniciar con el siguiente periodo", añadió.
Dijo que el resto de los temas pendientes se abordarían en septiembre, como los nombramientos de seis magistrados del Poder Judicial, dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

Se prevé que la mayoría de los legisladores busque contender por otro puesto de elección popular en los próximos comicios, de ahí que pretenden desahogar el trabajo rezagado de toda la legislatura en un mes.
Hasta el momento no se ha dado a conocer cómo se desarrollará la sesión solemne del próximo 1 de septiembre, en el inicio del tercer año de la legislatura, aunque por los protocolo de seguridad sanitaria, ese día no tendrían que acudir invitados.

Alejandra Flores sostiene que es el momento de que la LIV Legislatura se reivindique ante la sociedad.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), del Congreso del estado, Alejandra Flores Espinoza, garantizó ante un grupo de abogados que el procedimiento para concretar los nombramientos de seis magistrados del Poder Judicial se hará apegado a derecho.

La mañana de este miércoles, la coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se reunió con los integrantes de la Barra de Abogados, quienes manifestaron su preocupación en torno a que la designación de dichas posiciones se haga “a modo”.

Los juristas pidieron que el procedimiento se realice totalmente público y que los aspirantes a dicho cargo se sometan a un proceso de evaluación respaldado por instituciones como el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). De esta forma, dijeron, se garantizará a los mejores perfiles para integrar el Poder Judicial. 

La diputada Alejandra Flores Espinoza expuso ante los litigantes que a partir del 1 de septiembre dejará la presidencia de la Junta Política y de Gobierno. Sin embargo, garantizó que entregará lista la convocatoria para que el próximo mes se publique y, de esta manera, tanto el registro como la evaluación de los aspirantes a dichos cargos se haga con base a lo que establece la Constitución Política del estado.

“Este es un momento para reivindicar a esta Legislatura, de hacer bien las cosas, de realmente elegir a las mejores mujeres y a los mejores hombres para ocupar este tan importante espacio que no es nada más que hacer justicia”, expresó. 

La legisladora morenista hizo un llamado a la diputada o diputado que ocupará próximamente la JPyG que trabaje para que el nombramiento de los magistrados se haga apegado al marco legal y no se repitan “viejas prácticas” de otras legislaturas.

Finalmente, a petición de los juristas, Flores Espinoza se comprometió con los abogados a trabajar en una reforma constitucional que garantice que los magistrados sean evaluados para poder durar 14 años en el cargo.

Están encargados de la atención a pacientes de Covid-19.

La coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso de Morelos, Rosalina Mazari Espín, entregó a los directivos del Hospital  General “Dr. José  G. Parres”, 300 batas quirúrgicas especializadas para el personal médico que atiende a los pacientes de Coronavirus. 

Durante la entrega, la legisladora sostuvo que "se trata de un compromiso personal ya que todos estamos llamados a tomar acción en la lucha contra el Covid-19, sobre todo cuando se trata de apoyar a quienes están en la primera línea de combate de esta pandemia". 

Destacó que nosocomios como el Hospital General de Cuernavaca, que han sido destinados cien por ciento a tratamiento de pacientes de Coronavirus, "requieren todo el apoyo para contar con el material necesario para protegerse y lograr salvar la vida de tantos pacientes que ingresan todos los días a este hospital muy graves de salud". 

El material fue recibido por las autoridades del hospital, encabezados por su director General, Marco Antonio Segura Silva; la subdirectora, Idolina Alvarado Bueno y en presencia del personal médico. 

Finalmente, Mazari Espín hizo un llamado a la solidaridad de los morelenses "porque necesitamos el apoyo de todas y todos los ciudadanos al ser corresponsables en proteger su salud y la de sus familias".

Dice que las acusaciones contra el exgobernador son infundadas y asegura que tendrán buenos resultados en las elecciones.

Cristina Balderas Aragón, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), minimizó el impacto que el registro de ocho nuevos partidos provocará en su organización en las próximas elecciones.
La líder partidista afirmó que la ciudadanía tendrá otras propuestas políticas para los comicios del 2021, sin embargo, el PRD impulsará a sus "mejores candidatos".

"La ciudadanía tendrá otras opciones, pero nosotros como PRD nos abocaremos al impulso de nuestras propuestas, a través de nuestras candidatas y candidatos y habremos de buscar su confianza (de la ciudadanía) y en los resultados que vaya a salir de las elecciones esperamos que sea mayoría para nosotros", manifestó.

La líder partidista reiteró que están listos para contender en el próximo proceso electoral e incluso insistió en que las acusaciones hechas en contra del ex gobernador Graco Ramírez no afectarán al Sol Azteca, pues están "infundadas", como el juicio político que inició el Congreso local.

"Abogados han dicho que no existen elementos para que proceda y estaremos atentos a lo que determine el Congreso", añadió.
Este miércoles, Balderas Aragón presentó junto con la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del estado, Rosalinda Rodríguez Tinoco, a  la diputada Naida Díaz Roca como nueva militante.

La legisladora que llegó al Congreso del estado bajo las siglas del Partido Social Demócrata (PSD) y que después fue expulsada del mismo, afirmó que su adhesión busca generar la "unidad" ante la violencia que han vivido como legisladoras.

Díaz Roca sólo ha destacado por su oposición a la mayoría de los temas aprobados por la LIV Legislatura y pocas iniciativas se le han conocido como parte de su labor legislativa.

El 1 de septiembre debe iniciar un nuevo periodo en el Congreso estatal.

A ocho días de que inicie el primer período ordinario de sesiones del tercer año de la LIV Legislatura, los diputados locales no han logrado reunirse para el cierre del periodo anterior, que según la Constitución Política del estado debió clausurarse el 15 de julio pasado.

En la última sesión ordinaria del segundo año de la legislatura quedaron pendientes para su aprobación cerca de 40 decretos pensionatorios, además de otros dictámenes de reformas de ley. Sin embargo,  por la falta de acuerdos, los diputados no han logrado reunirse para concluir con el periodo.

Se prevé que esta semana los legisladores se reúnan para atender el rezago legislativo y para clausurar el período.

Además, tendrán que convocar a la instalación de la Diputación Permanente y la clausura de la misma, pues el próximo martes 1 de septiembre tendrán que iniciar el primer periodo del tercer año de la legislatura.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, refirió que no habían concretado el cierre del último período por la falta de acuerdos entre los diputados.  Sin embargo, aseguró que se reunirían a más tardar esta misma semana para cumplir con sus responsabilidades constitucionales.

En tanto, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza, convocó a sus homólogos de las distintas fuerzas políticas a trabajar en el próximo mes de septiembre para sacar el rezago legislativo y que en el último año legislativo se pueda dar respuesta a la demanda de la ciudadanía.

Morena impulsa a Ariadna Barrera para esa posición.

Mientras el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) eligió como su próxima coordinadora a Ariadna Barrera Vázquez para postularla como presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) en el Congreso local, se confirmó que también el Partido del Trabajo (PT) busca, por segunda vez, dicha posición.

Barrera Vázquez fue electa por la mayoría de sus compañeros de bancada para impulsarla, en un primer momento, como presidenta de la  Mesa Directiva. Sin embargo, no reunió los votos necesarios para lograr dicha posición por decisión del Pleno.

Ahora la legisladora negocia encabezar la Junta Política y de Gobierno, pues aunque se aseguró que a Morena le correspondía dicho órgano  por ser uno de los dos grupos parlamentarios que existen en el Congreso -además del Partido Encuentro Social (PES), que pugnó por quedarse con la Mesa Directiva- recientemente se dio a conocer que el PT trabaja en los consensos para tener dicha representación en el último año de la LIV Legislatura.
De acuerdo con la diputada Alejandra Flores Espinoza, después del inicio del segundo período ordinario del segundo año de la legislatura la diputada Naida Josefina Díaz Roca notificó a la Junta Política y de Gobierno que se sumaba al Partido del Trabajo, por lo que con tres legisladores dicha fuerza política cumple con los requisitos para ser un grupo parlamentario.

No obstante, dijo que al no haberse informado al inicio del mismo periodo, como lo marca la Ley Orgánica del Congreso del estado, dicho requisito no se cumple por el PT sino hasta septiembre próximo, cuando ya deberá estar conformada la Junta Política y de Gobierno.

"Estamos en ese análisis, pero de lograrse los consensos Morena seguiría al frente de la Junta Política", añadió Flores Espinoza.

Se pronuncian por la designación de personas reconocidas por su profesionalismo, honorabilidad y por el perfil para administrar justicia.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos exigió al Congreso evitar las prebendas y el influyentismo en el proceso de designación de magistrados y que los nombramientos recaigan en personas reconocidas por su profesionalismo, su honorabilidad y por contar con el perfil para administrar justicia.

José Luis Urióstegui Salgado, quien se ostenta como presidente del Consejo Directivo Interino de la organización (que atraviesa un conflicto interno por la representación) acudió a la sede del Poder Legislativo con un grupo de abogados barristas para entregar un documento dirigido a cada uno de los diputados, en el que manifiesta su postura en la víspera del lanzamiento de la convocatoria para designar seis nuevos magistrados, cuatro en el Tribunal Superior de Justicia (TJS) y dos en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Dijo que la petición es que el Congreso del Estado valore todos los perfiles profesionales y que tome en cuenta la preparación, la experiencia, la honorabilidad y el desempeño de todos y cada uno de los abogados que concursen por una de las vacantes.

Afirmó que existe temor fundado de que, por el historial de designaciones anteriores, los nombramientos se realicen con base en intereses particulares o partidistas y mediante prácticas ilegales e inmorales.

“Estamos seguros de que en este tiempo de receso hay muchos intereses que están moviéndose para designar a magistradas y magistrados, que obedezcan más a una cercanía con algún servidor público, que por el conocimiento del derecho”, recalcó.

Advirtió que los barristas estarán pendientes de los términos en los que será lanzada la convocatoria y de que el desarrollo del proceso de designación de magistrados se realice con apego a la Constitución del estado de Morelos. De lo contrario, como profesionales del derecho recurrirán a los medios de impugnación posible.

“Si a pesar de este llamamiento el Congreso determinase seguir el camino de la inconstitucionalidad, haremos valer nuestra oposición en las instancias jurisdiccionales a nuestro alcance, y que los diputados y diputadas tengan la certeza de que lo que hagan indebidamente no quedará impune”, recalcó.

Insistió en que el historial de designaciones a cargo del Congreso está plagado de intereses políticos y relaciones personales que transgreden el marco constitucional, por lo que la Barra de Abogados pugnará porque este proceso sea transparente, que los aspirantes sean evaluados por un organismo nacional y que los cargos sean otorgados a personas competentes, profesionales y honorables.

Los delitos por los que fue promovido un juicio político contra el exgobernador no han prescrito: Sotelo Salgado.

El Congreso del estado confirmó que no han prescrito los procedimientos de juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez, así como de sus ex secretarios de Finanzas,  Adriana Flores Garza y Jorge Michel Luna, por su omisión en la entrega del presupuesto 2018 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, informó que a partir de esta semana se retomaron los procedimientos, que fueron detenidos a consecuencia de la emergencia sanitaria.
En rueda de prensa, el legislador hizo público el video en el que se confirma que el pasado lunes 17 de agosto fue notificado en su domicilio el ex mandatario perredista y una fotografía en la que se muestra que el ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna recibió personalmente la documentación que le confirma el juicio en su contra.

En el caso de la ex secretaria Adriana Flores Garza no pudo ser notificada, a causa del cambio de su domicilio.
Las demandas de juicio político fueron promovidas por el Poder Ejecutivo en septiembre del 2019, ante la omisión de ministrar (entregar)  los recursos del presupuesto 2018 que le correspondían al Impepac y a la FGE.
El legislador sin partido explicó que los ex funcionarios tienen 15 días para responder a las demandas y presentar las pruebas a su favor, ya sea personalmente o por medio de su representante legal. De lo contrario perderán ese derecho y continuará el juicio con los elementos aportados por el Ejecutivo.

Adelantó que tendrá que ser en el próximo período ordinario de sesiones cuando el Congreso resuelva los juicios y determine si son procedentes para ser turnados al Poder Judicial del estado, para la posible inhabilitación y el inicio de una acción penal en contra de Graco Ramírez y los ex secretarios de Finanzas.

POR PANDEMIA SE SUSPENDIERON TÉRMINOS DE PROCESOS LEGALES: SOTELO

Los delitos por los que fue promovido un juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu no han prescrito, aseguró el consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, quien recordó que, además, durante la pandemia se suspendieron los términos de procesos legales.  

En entrevista este miércoles, el representante legal del Poder Ejecutivo expresó que la notificación que se hizo al exmandatario en su domicilio recientemente es parte del proceso que debe seguir el Congreso local y la norma establece que los demandados tendrán que contestar a través de sus abogados o por ellos mismos, ante la comisión instructora, en este caso, la de Gobernación y Gran Jurado.   

El siguiente paso, abundó, es que se elabore el proyecto de dictamen para que sea sometido a votación del Pleno legislativo. “Lo que el Ejecutivo hizo en su momento fue presentar la demanda con las pruebas que sustentaban esa demanda y fue ratificada. Ya lo demás está en manos del Congreso del estado”.  

Cuestionado sobre la posibilidad de que los delitos señalados prescriban (es decir que haya pasado el tiempo legal para que una persona sea acusada por ciertas conductas ilícitas) el abogado aseguró que no han prescrito. 

Recordó que además los términos procesales se suspendieron de manera generalizada por el propio Congreso debido a la pandemia, de tal suerte que descartó por completo esa posibilidad.  

Samuel Sotelo afirmó que ya se analizaron los requisitos judiciales y por ello es por lo que el Legislativo dio entrada a la demanda. Lo que sigue, añadió, es que los diputados tendrían que analizar todos los elementos que sustentan la promoción del juicio político.  

Cabe recordar que desde septiembre del 2018, en representación del Poder Ejecutivo estatal, el titular de la Consejería Jurídica  acudió a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para entregar una solicitud de juicio político en contra del ex gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y ex funcionarios de la administración del periodo 2012-2018.

La petición, según lo dio a conocer en su momento la administración del actual gobernador  Cuauhtémoc Blanco Bravo, documenta la omisión en la entrega de recursos hacia dos organismos autónomos estatales -la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac)- en el ejercicio fiscal 2018, por alrededor de 120 millones de pesos.

Además del ex gobernador, en las dos demandas existentes por diversos hechos, se señala a los ex titulares de las secretarías de Hacienda y de la Contraloría durante ese año, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, respectivamente.
De acuerdo con los argumentos de la Consejería Jurídica, los recursos mencionados estaban etiquetados en el presupuesto de egresos y no fueron suministrados, lo cual no permitió el adecuado funcionamiento de esas instituciones.
Samuel Sotelo recordó que la solicitud de juicio político no es exclusiva para la separación de algún cargo gubernamental, sino también alcanza la inhabilitación, determinada por la autoridad competente, si es que procede; además, puede dar lugar a otras sanciones por responsabilidad administrativa, incluso de tipo penal. 

El incremento es parte de la revisión del contrato colectivo 2020.

Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo recibirán un aumento salarial del 5.6 por ciento, como parte de la revisión del contrato colectivo 2020.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que le fue autorizado por la Junta Política y de Gobierno (JPyG) la firma del contrato anual con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo.

Al respecto, explicó que el aumento salarial será del 5.6, el mismo porcentaje que el del 2019, y en el caso de las prestaciones generales se mantendrán iguales también; 180 mil pesos para la compra de despensas básicas, además de recursos para la entrega de uniformes para los trabajadores, así como premios económicos para 40 trabajadores por su buen desempeño.

"Hemos llegado a una buena negociación, a un buen acuerdo, donde no lesionamos los intereses ni del Poder Legislativo ni de las empleadas y empleados del Poder Legislativo. Sabemos que todas las familias han sido afectadas por el tema del covid y no queríamos afectarles nosotros también"  expresó.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES) admitió que la firma del contrato se retrasó más de cinco meses, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, indicó que se espera que la próxima semana se concrete la firma contractual ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA).

Con respecto al reinicio de las actividades legislativas para cerrar el periodo ordinario de sesiones del segundo año constitucional de la LIV Legislatura, no existe aún una fecha, por lo que se prevé que los diputados clausuren la misma semana el periodo pasado y la Diputación Permanente que debió instalarse el 16 de julio.

El proceso será apegado a derecho, para garantizar designaciones firmes y transparentes, afirma.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, negó categórico que, como lo especulan informaciones poco claras que circulan a través de redes sociales, el Poder Legislativo pretenda realizar la designación cupular u obedeciendo a criterios de cuotas partidistas, de las Magistraturas que habrán de renovarse luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió terminar el periodo de algunos de estos funcionarios en la entidad.

“Es una información completamente falsa y obedece al nerviosismo de quienes tratan de desestabilizar al estado de Morelos, específicamente a la toma de decisiones del Congreso del Estado”, señaló.

Sotelo Martínez ponderó que el proceso que se avecina está perfectamente normado dentro de la Constitución Política de Morelos, además que un acuerdo por encima de la ley, constituiría una falta de respeto para los diputados que integran la LIV Legislatura, con quienes efectivamente se ha iniciado un diálogo institucional para avanzar en la toma de decisiones.

Precisó que en su oportunidad, la Junta Política y de Gobierno del Congreso, emitirá las convocatorias que marca el procedimiento, bajo la premisa de elegir a las mejores mujeres u hombres, que cumplan con los requisitos del proceso.

Adelantó que en este momento, “aún se está en espera del engrose de la sentencia que se emitió por parte de la autoridad judicial para que la convocatoria que se emita a través de la Junta Política, cumpla con todas las exigencias y requisitos y no dejemos ninguna puerta abierta a alguna impugnación. La convocatoria debe ser apegada a la norma para que quienes se inscriban, tengan la seguridad de que su designación no será removida”.

Sotelo Martínez insistió que ninguna clase de presión conseguirá acelerar el proceso de designación de los magistrados, pues el Congreso de Morelos no expondrá su determinación al riesgo de alguna impugnación.

Por el contrario, “estamos trabajando para que quienes sean designados cumplan con la calidad institucional, transparencia y honestidad, porque el Poder Judicial se merece magistradas y magistrados bajo estas premisas, al igual que los morelenses merecen que quienes estén en estos espacios, sean los mejores y que cumplan con todos los requisitos”.

Denuncia el diputado "guerra sucia" en redes sociales.

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, aseveró que existen intereses de actores políticos externos al Congreso del estado que buscan desestabilizar el trabajo legislativo y generar una "guerra sucia".

Lo anterior, luego de que circulara en redes sociales un lista de diputados que supuestamente se han repartido  los nombramientos que debe concretar próximamente el Congreso local, entre ellos las seis magistraturas del Poder Judicial.
Sotelo Martínez afirmó que "es una información completamente falsa y obedece al nerviosismo de quienes tratan de desestabilizar al estado de Morelos, específicamente a la toma de decisiones del Congreso del estado".
Incluso, dijo que se trata de medios de comunicación "falsos" los que promovieron la "guerra sucia" en las redes sociales.

Refirió que por “certeza jurídica” la Junta Política y de Gobierno (JPyG) determinó postergar el inicio del proceso de designación de los seis magistrados, cuyos cargos vencieron recientemente tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó su nombramiento por 20 años.

"La Junta Política confirmó que estaban a la espera del ‘engrose’ de la Suprema Corte para que la convocatoria cumpla con todas las exigencias, con todos los requisitos y no dejemos ninguna situación, ninguna puerta abierta para que haya un tema de impugnación", explicó.

Sin embargo, insistió en que dicho proceso se llevará a cabo con total transparencia y apegado a la ley.
De igual forma indicó que se desarrollarán los procesos que el Congreso está obligado a llevar a cabo para concretar los nombramientos de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

De acuerdo con el legislador del Partido Encuentro Social (PES), podría ser a finales de este mes cuando el Poder Legislativo proceda a emitir las convocatorias correspondientes y concretar las designaciones en septiembre.

Favoreció a personas que tramitaron de forma fraudulenta su jubilación.

Huitzilac y otros ayuntamientos expidieron documentación falsa a diversos trabajadores para que estos lograran la autorización del Congreso del estado para su retiro. Así lo afirmó el diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

El legislador local informó que recientemente se detectaron 15 casos de trabajadores que solicitaron su derecho a la jubilación con documentos apócrifos para acreditar su antigüedad en el servicio público.
Refirió que la mayoría de los solicitantes obtuvieron las constancias de trabajo del ayuntamiento de Huitzilac, aunque aseguró que otros municipios también están involucrados, aunque no precisó los nombres.

Por ello, adelantó que el Congreso del estado promoverá denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de los trabajadores y de las autoridades municipales.

"Que la ciudadanía se entere a quienes se les ha calificado en sentido negativo porque quisieron chamaquear al Congreso del estado con constancias apócrifas o al estilo de las pensiones doradas", manifestó.

Por el contrario, Casas González refirió que hay trabajadores que sí tienen derecho al retiro y se les ha negado por más de ocho años, "en algunos casos ya hasta fallecieron en espera de su jubilación".
Al respecto, detalló que existen más de mil expedientes rezagados en la Comisión del Trabajo, la mayoría supuestamente heredados por legislaturas pasadas.

Sin embargo, admitió que la actual legislatura también ha presentado un retraso en este trabajo, como en el caso de la aprobación de una lista de 40 dictámenes con proyecto de decreto para aprobar las jubilaciones, que no se han podido votar desde el 15 de julio pasado por observaciones que les hicieron algunos diputados.

Temen "albazo" para ratificar a la actual encargada, América López.

El Congreso del estado debe emitir la convocatoria para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), a fin de darle credibilidad a dicho órgano, afirmó José Alfredo Salgado Salgado, integrante de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de Morelos (Fecap).

En entrevista, el también ex presidente del Colegio de Contadores Públicos afirmó que los diputados están obligados a iniciar un nuevo proceso para concretar dicho nombramiento, ya que el que se promovió en el 2018 estuvo viciado por las diferencias entre las fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo.

"Se debe emitir una convocatoria que cumpla con los principios de máxima difusión y publicidad. El nuevo proceso debe estar apegado a derecho, a fin de que se garantice que la persona que llegue tenga todos los conocimientos técnicos para ese cargo y darle la credibilidad que ya perdió la Auditoría", manifestó Salgado Salgado.

El contador advirtió de un posible "albazo" de parte de los diputados para ratificar como titular de la ESAF a la actual encargada, América López Rodríguez. "De hacerlo, los diputados incurrirían en irregularidades, en una omisión a las normas establecidas en las distintas leyes, y eso no beneficia a nadie", manifestó.

Alfredo Salgado insistió en que se debe dar oportunidad a otro licenciado en derecho o contador, que cumpla con el perfil, para que ocupe el cargo sin atender a ningún interés político.

A un mes de que venció el plazo constitucional para el cierre del segundo período ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura, el trabajo en el Congreso sigue paralizado.

De acuerdo con Dalila Morales Sandoval, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) no han podido fijar una fecha para reanudar la última sesión ordinaria del 15 de julio, cuando detuvieron lo que llaman el “reloj legislativo”, por lo que también están impedidos para atender los temas urgentes, como la designación de seis magistrados del Poder Judicial.

Morales Sandoval admitió que los grupos mayoritarios, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido Encuentro Social (PES) han estado ocupados en generar los consensos para la renovación de las presidencias de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno (JPyG).

Sin embargo,  admitió que es urgente que se resuelvan los "asuntos internos" para atender los temas importantes como el nombramiento de los magistrados, así como también de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

"No hay una convocatoria al día de hoy para sesionar. El tema es poder cerrar antes de que inicie prácticamente el nuevo período ordinario en septiembre, prácticamente nos quedarían 15 días para cerrar lo que debimos cerrar el 15 de julio", declaró.

La legisladora indicó que el Poder Legislativo ya podría emitir la convocatoria para ocupar las cuatro magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró la invalidez del nombramiento por 20 años de los magistrados del Poder Judicial.
No obstante, insistió que mientras no se resuelvan los asuntos internos del Congreso, dicho proceso se tendrá que postergar probablemente hasta septiembre.

La SCJN concedió el recurso para efecto de que no se aplique el acuerdo por el cual se establecieron los términos de la delimitación territorial con el recién creado municipio indígena de Hueyapan.

El Congreso del Estado de Morelos promovió un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la suspensión concedida al Ayuntamiento de Tetela del Volcán, para efecto de que no se aplique el acuerdo expedido por Poder Legislativo, por el cual se establecieron los términos de la delimitación territorial con el recién creado municipio indígena de Hueyapan.

Mediante el recurso de reclamación 77/2020-CA, el Congreso combatió el proveído de 27 de julio de 2020, dictado por el ministro instructor en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 105/2020.

La suspensión impide que las autoridades estatales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) asignen la clave geoestadística al municipio indígena de Hueyapan (territorio escindido de Tetela del Volcán) y establezcan la señalética sobre la división territorial entre ambos municipios.

El ayuntamiento de Tetela de Volcán, dentro del recurso de control constitucional, argumentó que el municipio no fue consultado respecto del decreto y fue una decisión unilateral del Congreso, que prolongará los conflictos sociales, sobre todo por el tema de la disputa por el agua entre ambas comunas.

Por lo pronto, la suspensión que impide avanzar en la división territorial ha sido combatida y está en espera de resolución.

La negociación de los órganos de gobierno del Congreso local es lo que ha detenido la clausura del período ordinario de sesiones.

Los diputados locales habrían llegado a un acuerdo de mayoría para que el pesedista Alfonso de Jesús Sotelo Martínez presida la Mesa Directiva y la morenista Ariadna Barrera Vázquez, la Junta Política y de Gobierno, los órganos de control en el Congreso del estado.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) José Luis Galindo Cortés confirmó que existen consensos, incluso, para que los nombramientos sean validados por el Pleno del Congreso del estado en los próximos días.
También admitió que la negociación de los órganos de gobierno en el Congreso del estado es lo que ha detenido la clausura del segundo período ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura.
Por su lado, Ariadna Barrera Vázquez informó que en el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se logró un acuerdo para el cambio de la coordinación, aunque dijo que se notificará primero a la Mesa Directiva.

Sin embargo, Barrera Vázquez no desmintió que los acuerdos le hayan favorecido y a partir de septiembre sea la coordinadora de Morena en el Congreso.
En tanto, coincidió en que dichos cambios en los órganos de gobierno podrían concretarse durante el cierre del último periodo ordinario del segundo año de la Legislatura, que debió clausurarse desde el 15 de julio.
Con respecto a los nombramientos de seis magistrados del Poder Judicial, la diputada de Morena refirió que ese proceso también iniciará una vez que se clausure el periodo ordinario, "sólo estamos a la espera de que nos convoque la Mesa Directiva", dijo.

Aclaró que dichas posiciones no servirán para beneficio de intereses políticos y económicos, pero reconoció que diversos abogados aspirantes ya empezaron a buscarlos para negociar.
"Yo les pido que esperen a la convocatoria, porque las reuniones pueden prestarse a malos entendidos", apuntó.

La medida busca evitar contagios de covid-19 en la sede legislativa.

Tras la confirmación de dos casos de empleados contagiados por covid-19, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo informó que sólo el 15 por ciento de los 146 agremiados labora diariamente.

Erick Alejandro Reyes Chávez, líder sindical, explicó que el acuerdo con los legisladores fue mantener el mínimo de trabajadores laborando en oficinas en guardias, para evitar ponerlos en riesgo y evitar que el covid-19 se propague.
Sin embargo, aseguró que se han establecido condiciones a los sindicalizados que no acuden a sus labores, a fin de que eviten salir a la calle si no hay necesidad y mucho menos a vacacionar, para evitar algún tipo de sanción administrativa.

Reyes Chávez afirmó que aunque solo dos casos de covid-19 se han confirmado, entre ellos el de una empleada que falleció, se pidió reforzar las medidas de seguridad del recinto legislativo.
Indicó que el Congreso sólo tiene una capacidad para mantener a 100 trabajadores en activo durante la pandemia, por lo que además de los 21 sindicalizados que acuden diariamente, el resto son los trabajadores de confianza de los diputados.

"No hay fecha para el regreso a las labores, seguiremos con las guardias, pues todo va de la mano con el semáforo de la Federación", añadió.

El diputado asegura que el proceso se realizará de manera transparente y sin atender intereses políticos.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que el proceso de designación de seis magistrados del Poder Judicial se llevará a cabo de manera transparente y sin atender a intereses económicos o políticos.

En entrevista, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) desmintió los rumores sobre la posible intromisión de actores políticos externos al Congreso del estado para concretar dichos nombramientos a modo.
Sotelo Martínez afirmó que se elegirá a los mejores abogados para ocupar las cuatro magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

"Respecto a unos rumores que se han venido diciendo (respecto) al nombramiento de las y los magistrados que de alguna manera es parte de la actividad legislativa que vamos a buscar a las mejores mujeres y a los mejores hombres que cumplan con el perfil y que esto no estará supeditado a una reacción o sesgo político ni mucho menos económico", manifestó.

Por otro lado, el presidente de la Mesa Directiva sostuvo que la aplicación de los recursos financieros del Congreso local se ha llevado a cabo de manera transparente y conforme a la ley.
Apuntó que durante los dos años que ha encabezado la presidencia del Congreso se han ejercido "finanzas sanas", lo que ha permitido el pago de la deuda que heredó la LIII Legislatura.

Sin embargo, insistió en que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,  a cargo de Juan Salazar Nuñez, ha quedado a deber en cuanto a su responsabilidad  pues no se ha castigado a los responsables de dicho endeudamiento por más de 100 millones de pesos, además de otras anomalías confirmadas en cuanto a la labor legislativa, como la aprobación de las llamadas "pensiones doradas".