De aprobarse las pensiones y jubilaciones pendientes en el Congreso, el Poder Ejecutivo deberá cubrir cada doce meses 108 millones 900 mil pesos a un total de 528 personas; el Poder Legislativo, más de 14 millones de pesos para 41 empleados, y el Judicial más de 63 millones de pesos para 167 solicitantes.

En el Congreso del estado se encuentran en lista de espera 931 procedimientos de jubilación de trabajadores al servicio del gobierno del estado que -de aprobarse en este año- significarán una carga presupuestal de 254 millones de pesos para el 2021.

La Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social dio a conocer que del total de las 931 solicitudes, 598 ya se dictaminaron, para presentarse ante el Pleno para su aprobación y 333 están por dictaminar.
El diputado José Casas González, presidente de dicho órgano legislativo, explicó que es grave el rezago que registra el Congreso local en materia de jubilaciones y pensiones, que en su mayoría proviene de otras legislaturas, lo que ha provocado que cientos de trabajadores estén en espera de su jubilación.

Informó que con el resto de los legisladores se busca desahogar la mayoría de los dictámenes antes de que concluya el presente período ordinario de sesiones, lo que sucederá el 15 de diciembre.
Lo anterior implicará que los tres Poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y elJudicial, se vean obligados a etiquetar parte de su presupuesto para el pago a los jubilados.
De acuerdo con los cálculos de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de autorizarse la totalidad de los 931 procedimientos en espera, el gobierno del estado tendría que asignar cerca de 255 millones de pesos para el 2021, adicional a lo que ya se aplica para el mismo rubro.

El Poder Ejecutivo tendría que asignar 108 millones 900 mil pesos para el pago de un total de 528 jubilaciones que están en proceso de aprobación; el Poder Legislativo más de 14 millones de pesos para 41 empleados que buscan retirarse y el Judicial más de 63 millones de pesos para 167.

Casas González insistió en que este gasto sería adicional al que ya se aplica para el tema, que anualmente es de 600 millones de pesos aproximadamente.
Sin embargo, sostuvo que los tres poderes del estado se encuentran obligados a garantizar el presupuesto para cumplir con estos pagos, pues no hacerlo a la larga implicarán más gastos.
La semana pasada, el Congreso aprobó 130 dictámenes de jubilación, que se sumaban a los 931 trámites pendientes.

Por otro lado, el legislador Casas González informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) logró judicializar 15 procesos de investigación, de las 47 denuncias que promovió el Congreso del estado por la aprobación presuntamente ilegal de las llamadas "jubilaciones doradas" por parte de la LIII Legislatura.

Reconoció que al inicio de la legislatura se cometieron errores de procedimiento que permitieron que esas pensiones se sigan cobrando. Sin embargo, aseguró que es por la vía judicial como se busca anular tales beneficios otorgados a ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez y de ex diputados locales.