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Empresarios están preocupados por el destino de 150 millones de pesos del Fitur y del Fidecomp.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que se revisará el destino que el gobierno que encabezó Graco Ramírez dio a los recursos financieros que pertenecían a los Fideicomisos para la Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) en el periodo de enero a septiembre del 2018.
Durante una reunión que la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) sostuvo con empresarios del estado, éstos le manifestaron su incertidumbre por los más de 150 millones de pesos que desaparecieron el año pasado, cuando la LIII Legislatura determinó desactivar los fideicomisos antes mencionados. 
Rodríguez Ruiz informó que esta semana presentará ante la Secretaría de Hacienda del estado un informe sobre los fondos de los fideicomisos y en qué se usaron, pues se trata de recursos que se obtuvieron del pago que realizan los empresarios de los impuestos sobre la nómina y sobre el hospedaje. 
Dentro de la solicitud, la legisladora dijo que también pedirá un informe a Hacienda del monto recaudado en lo que va de este año por el cobro de dichos impuestos. 
"Solicitarle información al secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, que informe cuánto se recaudó, cuánto se está recaudando en este primer bimestre, no solamente de las aportaciones de la parte empresarial, sino también nómina, de balnearios y hoteles... Queremos saber cuánto se ha recaudado y en qué se ha utilizado. Creemos importante esta información y que se conozca en la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado e informar a los grupos empresariales", agregó. 
La diputada apuntó que las reuniones con empresarios continuarán, a fin de trabajar en reformas de ley que requiera la iniciativa privada. Es que de acuerdo con Rodríguez Ruiz, empresarios de la industria textil manifestaron su inquietud por la falta de apoyos financieros. 

El secretario de Hacienda señala que al pago de pensiones se destinan 600 millones de pesos por año y que en otras legislaturas hubo aprobaciones indebidas.

Los diputados locales deberán investigar un "sinnúmero" de "jubilaciones doradas" que fueron autorizadas de manera irregular en legislaturas pasadas y que causan un grave daño al erario público, afirmó el secretario de Hacienda estatal Alejandro Villareal Gasca. 
De acuerdo con el funcionario estatal, el gobierno del estado asume el costo de un gran número de jubilaciones que se aprobaron en la ilegalidad, además de las que aprobó la LIII Legislatura para favorecer, principalmente, a ex funcionarios de la administración que encabezó el ex gobernador Graco Ramírez. 
“Hay jubilaciones, no sólo las aprobadas en la última legislatura, es un tema que hay que resaltar, hay administraciones municipales que otorgaron documentos apócrifos en el sentido de autorización de plazas, montos y tiempos de trabajo. Es un tema que también estamos revisando. Es un sinnúmero que, insisto, no sólo se aprobaron por la legislatura anterior sino la de otros años", dijo el secretario. 
Villarreal Gasca comentó también que la LIV Legislatura debe investigar sobre esas pensiones onerosas, ya que también fueron autorizadas con documentos falsos, que otorgaron administraciones municipales pasadas y mediante un proceso legislativo irregular. 
“Uno de los principales municipios fue Huitzilac, tenemos registrado un sinnúmero de documentos autorizados por administraciones anteriores, donde se decía que había trabajado, pero también en la zona sur tenemos otros más”, agregó. 
Explicó que para el pago de las jubilaciones a trabajadores en retiro, el estado destina 600 millones de pesos de su presupuesto anual, lo que significa una grave carga. 
“Es un golpe a los recursos de los ciudadanos, esto no puede prevalecer. Tenemos la información de que la Secretaría de la Contraloría está haciendo algunas revisiones", agregó. 
En otro tema, refirió que se prevé una recaudación de 320 millones de pesos con la aplicación del programa vehicular, recursos que se destinarán al pago de deuda heredada por otras administraciones públicas estatales. 

Ayer instituyeron más de 15 figuras en materia de participación ciudadana.

Diputados locales reformaron el artículo 19-bis de la Constitución Política del Estado de Morelos e instituyeron más de 15 figuras en materia de participación ciudadana, sin embargo, una vez más no se incluyó la revocación de mandato. 
Durante la sesión ordinaria que se desarrolló este jueves, los legisladores locales establecieron como figuras de participación ciudadana para el estado de Morelos las siguientes: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, audiencia pública, cabildo abierto, congreso abierto, asamblea ciudadana, presupuesto participativo, difusión pública, red de contraloría y gobierno abierto. 
Aunque estaba contemplada dentro del dictamen la figura de revocación de mandato, quedó fuera de la reforma constitucional. 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, el diputado morenista Javier García Chávez, pidió a sus homólogos aprobar una "reserva" en el único artículo a reformarse, el 19-Bis, a fin de no integrar la figura de revocación. 
Expuso que el tema aún es analizado y discutido por el Senado de la República, por lo que propuso esperar a que se apruebe en el Congreso de la Unión la revocación de mandato, para luego armonizar la legislación federal con la local. 
La reforma constitucional deberá someterse a consideración del Constituyente Permanente, a fin de que los 36 cabildos municipales la aprueben o rechacen. 
De avanzar, los legisladores deberán crear una nueva ley de participación ciudadana, con la colaboración del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). 
Para la aplicación de los 15 mecanismos de participación ciudadana que se crearon, la reforma constitucional estableció que "los mecanismos de participación ciudadana pueden tener origen popular o provenir de autoridad pública, según sean promovidos o presentados directamente mediante solicitud avalada por firmas ciudadanas o por una autoridad, en los términos de la normativa aplicable". 

Los diputados reformaron la Ley Orgánica de la Fiscalía General  para quitar pensión vitalicia y otras medidas contempladas para el titular y otros altos cargos; eliminan la obligación de otorgar el siete por ciento del presupuesto estatal al organismo.

Con 14 votos a favor, el Congreso del estado reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General y eliminó la pensión vitalicia de la que gozarían los fiscales general, antisecuestros y anticorrupción a su retiro.
En la sesión ordinaria de este jueves, los diputados locales dieron marcha atrás a la reforma que aprobó antes de irse la LIII Legislatura, y que también garantizaba seguridad de por vida a los tres fiscales. 
Dentro de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se estableció que la dependencia gozará de autonomía financiera y administrativa, sin embargo, ya no dispondrá del 7 por ciento del presupuesto total del gobierno del estado, sino que sus egresos no podrán ser menores al del año anterior. Es decir, la FGE no podrá recibir menos de 730 millones de pesos para el 2019, que fue el presupuesto que recibió en este 2018.
De igual forma, los legisladores eliminaron el "candado" que puso la LIII Legislatura para evitar que la Ley Orgánica de la Fiscalía General fuera reformada por el Congreso, al crear una "Comisión de reformas" facultada para ese tema. 
Con la multicitada reforma, el Poder Legislativo dispuso que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia regresará como dependencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos. 
El dictamen con proyecto de decreto será enviado por el Congreso del estado al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

Corresponden a exfuncionarios, esposas, familiares y amigos del gobierno de Graco Ramírez y de la anterior legislatura.

Después de cuatro años de retraso, imputable a anteriores administraciones, se entregarán nombramientos a consejeros, anuncia.

Los consejeros ciudadanos contarán con el respaldo del Congreso.

Después de que en el año 2015 se desconoció -por el gobierno anterior- a quienes integrarían el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, este jueves, o a más tardar la próxima semana, durante la sesión del Pleno, el Congreso de Morelos entregará los nombramientos a quienes resultaron seleccionados por el comité ciudadano que integró la anterior legislatura, y que fueron ratificados después de la revisión que realizaron los diputados integrantes de la actual comisión de transparencia de este Parlamento.

“A mí, como coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo –dijo la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz- me congratula esta acción, pues mientras en la mayor parte del país este sistema ya tiene plena vigencia, Morelos se veía rezagado en esta materia, y confío en que con esta acción se pondrá sin dilación un sistema donde participan el fiscal anticorrupción, el titular de la Secretaría de la Contraloría, el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), el del IMIPE y un magistrado de justicia administrativa, que le urge al estado, pues no está exento del cáncer de la corrupción”.

Al ser cuestionada la diputada (quien también es presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso), sobre la razón fundamental por la que este sistema anticorrupción estaba parado, precisó que la razón principal fue porque quien preside el sistema es un consejero ciudadano, es decir, que por primera vez, una institución pública del Estado estará presidida por un ciudadano, y servidores públicos de alto nivel serán -de cierto modo- supervisados por ciudadanos; y, mientras estos no fueran electos y reconocidos por el Comité y el Congreso, no podía avanzar este sistema.

La lista de los cinco ciudadanos a los que les será entregado el nombramiento y se les tomará la protesta de ley, serán: Roberto Coranguez Esquivel (para un año de duración en el cargo); Eva Penélope Picazo (dos años); Edgar López Betanzos (tres años); María Juana Damiana Herrera Mota (cuatro años), y Alejandro Enríquez Hermida (cinco años).

Ellos ejercerán el cargo de presidente de forma anual y rotativa, en el orden de prelación en el que fueron electos. 

Al ser interrogada sobre los recursos públicos que se deben destinar a los consejeros, la diputada Tania Valentina Rodríguez aclaró que de ninguna forma esta Legislatura fue omisa en ese aspecto, ya que otorgó plenas facultades al Poder Ejecutivo cuando aprobó el presupuesto de egresos 2019, para que ajuste, aumente o disminuya las partidas presupuestales que sean necesarias para atender contingencias como esta.

Agregó que el proceder del Congreso está fundado en la Ley de Disciplina Financiera, que obliga a todos los entes públicos a entregar a la Secretaría de Hacienda del Estado su anteproyecto de presupuesto medio año antes de que el Ejecutivo envíe su proyecto al Congreso, y era, por tanto, imposible que se remitiera éste, cuando el sistema no tenía vigencia.

La diputada Keila Figueroa señala que se escucharán las propuestas a favor y en contra de la interrupción del embarazo, con una discusión centrada en los derechos de las mujeres.

El Congreso del estado abrirá la puerta a la discusión para la despenalización del aborto en Morelos, con los distintos grupos sociales que están a favor y en contra del tema. Así lo confirmó la diputada Keila Figueroa Evaristo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
Tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a los poderes del estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) a impulsar políticas públicas para abatir la violencia en contra de las mujeres y garantizar igualdad de género, la también coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) adelantó que pedirá se inicie la discusión sobre la interrupción del embarazo.
De acuerdo con la diputada local dicho análisis se hará no sólo entre los diputados sino también se convocará a distintos grupos sociales que están interesados el tema, a fin de escucharlos y en base a ello legislar en la materia.
"Es un tema muy importante por la naturaleza del mismo, pero somos una legislatura de mujeres. Debemos recordar que somos 14 mujeres y son seis hombres y en este tenor yo creo que si vamos a analizarlo y vamos a llegar a un buen acuerdo porque incluso los hombres están interesados en el tema", afirmó la diputada. 
Keila Figueroa Evaristo rechazó fijar una postura a favor o en contra del aborto, sin embargo, insistió en que es necesario que el tema se someta a discusión y se contemplen los derechos fundamentales de las mujeres, y no los intereses políticos o religiosos de los legisladores. 

Esa suma se requiere al año para pagar a 70 personas beneficiarias con jubilaciones anormalmente altas.

Al menos 70 trabajadores jubilados del Congreso cobran "pensiones doradas", que van de 20 mil a los 50 mil pesos. Así lo dio a conocer el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas". 
Entre los nombres que aparecen en la lista que ventiló el centro de investigación se encuentran: Cerli Barón Armenta, exsecretaria de Administración, y Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos, ambas con una jubilación cercana a 50 mil pesos. También aparecen los exauditores Gerardo Casamata Gómez y Luis Manuel González Velázquez, quienes cobran una pensión mayor a 35 mil y 26 mil pesos mensuales, respectivamente. 
Joaquín Roque González Cerezo, designado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa por la pasada legislatura, recibe una pensión mayor a 26 mil pesos. De igual forma, el ex diputado local Ulises Vargas Estrada cobra 26 mil pesos al mes. 
Estas 70 pensiones onerosas significan un gasto anual para el Poder Legislativo de aproximadamente 50 millones de pesos, 3.4 millones al mes. 
Sobre el tema fue cuestionada la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, quien informó que existe una investigación sobre las "pensiones doradas" que paga el Congreso local y sobre su validez, ya que se ha confirmado que muchas de las jubilaciones autorizadas por la pasada legislatura no cumplieron con los requisitos de ley. 
Informó que se trata de al menos 20 jubilaciones que podrían ser canceladas, a raíz del trabajo de investigación que realiza la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y que se suman a otra larga lista de pensiones que autorizó la pasada legislatura a exfuncionarios del gobierno estatal, que trabajaron en la administración que encabezó Graco Ramírez. 

El Congreso del estado reglamentará la Ley de Residuos Sólidos, a fin de reducir y, posteriormente, prohibir el plástico de un solo uso en Morelos.

El Congreso del estado reglamentará la Ley de Residuos Sólidos, a fin de reducir y, posteriormente, prohibir el plástico de un solo uso en Morelos, como bolsas, vasos y platos que causan una grave contaminación al medio ambiente. 
Integrantes del Colectivo "¿Plástico? No, Gracias" informaron que en dos semanas el Pleno del Congreso del estado podría abordar la propuesta que impulsaron en septiembre pasado y que plantea la prohibición del uso del popote, las bolsas, vasos y otros derivados del plástico. 
"La ley en Morelos ya existía, lo que estamos poniendo son los reglamentos, y una ley sin reglamentos no funciona, porque no se puede aplicar. Entonces, lo que queremos es la aplicación de la ley través de los municipios y reglamentos que deben aplicar", declaró Eleonora Isunza Gutiérrez, del Colectivo "¿Plástico? No, gracias". 
Ayer, lunes, los integrantes del citado colectivo se reunieron con diputados locales y autoridades municipales, donde se les informó de los avances en el proceso legislativo para que la propuesta se dictamine y vote ante el Pleno del Congreso. 
De acuerdo con la diputada panista Dalila Morales Sandoval, lo que se busca es reglamentar la Ley de Residuos Sólidos para iniciar con la reducción en el uso del plástico, y, posteriormente, establecer prohibiciones mediante sanciones económicas. 
De acuerdo con información de GreenPeace México, en 14 estados del país se ha establecido una prohibición, en particular, del uso del plástico, pues en algunos municipios sólo se ha limitado el uso de las bolsas y del popote. Sin embargo, se busca que el tema avance a nivel nacional y se reduzcan las ocho millones de toneladas de plástico que anualmente se generan y usan en el país.
Los activistas explicaron que la idea es que la gente no supla una bolsa de plástico o vaso por otro objeto igual, pero de diferente material, sino que se genere la cultura de llevar sus propios recipientes para comprar. 

El Congreso del estado aprobó reformas legales para incrementar los años de prisión y las multas a quienes cometan delitos como homicidio, extorsión y robo calificado.

El Poder Ejecutivo celebró la aprobación, por parte del Congreso local, de las reformas al Código Penal del Estado, para incrementar los años de prisión y las multas a quienes cometan delitos de alto impacto como homicidio y extorsión.

De acuerdo con las modificaciones a la legislación penal y que entrarán en vigor una vez que sean publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad, el homicidio simple se castigará con 20 y hasta 40 años de prisión, pero aumentará hasta los 50 años cuando haya razón de parentesco.

El homicidio calificado tendrá una sanción de 25 a 70 años de prisión; el delito de extorsión puede alcanzar una pena de hasta 20 años y el robo calificado hasta las dos terceras partes de las sanciones previstas.

El robo de vehículo automotor, que tenía una pena de 10 a 20 años de prisión, con la reforma tendrá de entre 15 a 25 años de prisión. La portación, fabricación, importación y acopio de armas aumenta: de una sanción de seis meses a tres años, se incrementará  de dos a ocho años de prisión.

La reforma al Código Penal se realizó a propuesta del Poder Ejecutivo, que en diciembre del 2018 presentó al Poder Legislativo una iniciativa de reforma para agravar las condenas de prisión y multa en los delitos de alto impacto como homicidio simple, homicidio calificado, extorsión, robo calificado, robo de vehículo automotor, y portación, fabricación, importación y acopio de arma.

“Con la aprobación de la Reforma al Código Penal que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo planteó para el agravamiento de penas frente a la comisión de delitos, se fortalece el marco jurídico en Morelos y da pauta a la implementación de políticas públicas eficientes en materia de prevención e inhibición del delito en la entidad”, afirmó el Poder Ejecutivo a través de un comunicado.

Consideran que forma parte del derecho a la salud de los recién nacidos.

Los diputados locales exhortaron a las autoridades estatales a que garanticen la aplicación de la prueba del tamiz neonatal, ante el recorte presupuestal que aplicó el gobierno federal. 
Durante la pasada sesión ordinaria el diputado José Luis Galindo Cortez, presidente de la Comisión de Salud, presentó ante el Pleno un punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Hacienda y la de Salud del gobierno del estado implementen las medidas presupuestales y administrativas necesarias para evitar un daño social. 
Ante las recientes declaraciones del secretario de Salud del Estado, Marco Antonio Cantú Cuevas, que confirmaron la suspensión de la aplicación de la prueba del tamiz neonatal, el legislador manifestó que "el derecho humano a la salud constituye una obligación ineludible para los tres niveles de gobierno", de ahí que las autoridades deben buscar acciones urgentes en el tema.
Por su lado, la diputada panista Dalila Morales Sandoval dijo que esta prueba es la detección temprana de la sordera y su tratamiento, también eficaz para la búsqueda de trastornos metabólicos, genéticos y del desarrollo en bebés recién nacidos y permite tomar medidas antes que se presenten los síntomas.
Por lo que adelantó que si desde el gobierno no se toman medidas, el Congreso del estado podría modificar el presupuesto 2019 y garantizar la aplicación de la citada prueba. 
El punto de acuerdo fue aprobado por mayoría y enviado a las autoridades responsables para su atención. 

El Congreso del Estado citará a comparecer al fiscal especial en el combate a la corrupción, Juan Salazar Núñez, para que presente un informe de los avances en las investigaciones que se iniciaron en contra de varios exfuncionarios por el presunto delito de peculado. 

Aumentaron las sanciones de prisión y multa en los delitos de homicidio simple, en razón de parentesco; homicidio calificado; extorsión; robo calificado; robo de vehículo automotor; y portación, fabricación, importación y acopio de armas.

Diputados locales, en la sesión ordinaria de ayer jueves, reformaron el Código Penal para el Estado de Morelos, a fin de aumentar las penas a diversos delitos de alto impacto. 
Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso reformó los artículos 106, 107, 108, 146, 176, 176 BIS y 245 del Código Penal del Estado de Morelos. El dictamen, emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, derivó de la iniciativa que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo el 15 de diciembre del 2018. 
Dichas modificaciones aumentaron las sanciones de prisión y multa en los delitos de homicidio simple, en razón de parentesco; homicidio calificado; extorsión; robo calificado; robo de vehículo automotor; y portación, fabricación, importación y acopio de armas. 
Sin embargo, los legisladores rechazaron incrementar la pena por poseer un instrumento de defensa de mujeres y hombres, como puede ser el gas pimienta y los taser (pistolas eléctricas), pues consideraron que se trata de una medida excesiva en el ambiente de inseguridad y violencia que se vive en Morelos y que podría prestarse a actos de corrupción. 
De esta forma, las reformas al Código Penal quedaron de la siguiente forma:
Para el delito de homicidio simple, en el artículo 106, se estableció como castigo de 20 a 40 años de prisión y una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida Actualizada (UMA). En la norma todavía vigente, la pena era de 15 a 30 años, con una multa de 500 a 10 mil UMA.
Para homicidio en razón de parentesco, se estipuló de 25 a 50 años de cárcel y una multa de mil 500 a 15 mil UMA. La norma vigente es de 20 a 50 años, con una multa de 750 a 10 mil UMA. 
A las personas que cometan homicidio calificado, se les castigará con 25 a 70 años de prisión y una multa de mil a 20 mil UMA. Hasta antes de la reforma, la pena era 20 a 70 años de cárcel y una multa de mil a 20 mil UMA.
En el delito de extorsión, la sanción establecida es de 15 a 20 años de prisión y una multa de 800 a mil UMA, agravante incrementando hasta en una mitad de las sanciones anteriores. 
En robo calificado, se estableció agravante hasta las dos terceras partes de las sanciones previstas. 
Mientras que para robo de vehículo automotor, el castigo será de 15 a 25 años y una multa de mil a dos mil 500 UMA. 
Para quienes porten, fabriquen, importen y acopien armas, el castigo será de dos a ocho años de prisión. 

Diputados integran comités de Vigilancia, Administración y Editorial
Durante la sesión ordinaria, los diputados integraron los comités de Vigilancia, Administración y Editorial, acéfalos desde septiembre del año pasado. 
Por acuerdo de la mayoría de los legisladores, el Pleno estableció que el Comité de Vigilancia estará presidido por la diputada morenista Alejandra Flores Espinosa; el de Administración, por la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz; y el Editorial, por el legislador del Partido Encuentro Social (PES), Andrés Duque Tinoco. 
La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz afirmó que era necesaria la integración de dichos comités para garantizar transparencia en el ejercicio de los recursos del Congreso del estado. 

Continuará el recorte de personal en el Congreso del estado: Sotelo Martínez.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que algunos diputados locales no cumplieron con su declaración patrimonial, pues argumentaron asuntos de seguridad.
Sin embargo, el legislador local afirmó que se trata de una obligación que cada diputado debe asumir de manera personal.
"Hay algunos que han querido hacer valer el derecho de poder omitir algunos datos por el tema de seguridad, no por tema de transparencia, y es respetable, siempre y cuando la ley se los consagre", agregó. 
El lunes pasado, el codirector del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas (MRC), Roberto Salinas Ramírez, informó que sólo cuatro funcionarios del Congreso del estado han presentado su declaración patrimonial.
El presidente de la Mesa Directiva aseguró que el Congreso del estado trabaja en el cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas, mediante la activación de la página de internet que se encuentra fuera de servicio desde septiembre del año pasado.
"La plataforma del Congreso ya está lista, ya estamos haciendo las designaciones respectivas, y, lamentablemente, quienes habían estado al frente de estas bases de datos y de estos organismos, no hicieron la cobertura adecuada, pero lo que buscamos es cumplir ya con la transparencia", aseguró.
En otro tema, el diputado refirió que aún siguen en la revisión para realizar ajustes administrativos en el Congreso del estado, con medidas como un recorte en la nómina para ajustar gastos en los próximos meses. 
Esta disminución en el personal comentó que se hará en las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y en la de Puntos Constitucionales y Legislación, en las que se contrató personal de manera temporal para desahogar la carga de trabajo de los últimos meses. 

Los diputados también tienen pendientes nombramientos en CDHEM, IMIPE e Idefomm.

El Congreso del estado revisa tres propuestas para designar al próximo titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), según lo confirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Sin embargo, los diputados locales aún no tienen fecha para definir éste y otros cuatro nombramientos. 
En entrevista, la también coordinadora del Partido del Trabajo (PT) refirió que las tres propuestas fueron presentadas por las distintas fuerzas políticas al interior del Congreso del Estado, por lo que serán analizadas y se buscará generar un consenso. 
En tanto, ante la Mesa Directiva, integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Morelos presentó un oficio para exhortar a los legisladores a realizar la designación del titular de la ESAF fuera de cualquier interés partidista, y evitar este nombramiento como una cuota de poder o por amiguismo. 
Dicha organización pidió a los legisladores que la convocatoria que pudiera emitirse en los próximos días no sea excluyente y que se garantice un cambio en la ESAF, ya que es uno de los órganos más rezagados a nivel nacional, con sólo siete auditorías terminadas en los últimos años. 
El nombramiento del titular de la auditoría estatal se suma a otros cuatro procesos más que el Congreso del estado debe concretar en las próximas semanas, como la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), que pudiera postergarse hasta junio. 
En ese mismo mes, los diputados deben elegir a otro comisionado del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMIPE), y en las próximas semanas a un titular del órgano de control del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), así como otras designaciones al interior del Poder Legislativo, como la Dirección de la Coordinación de Comunicación Social. 

Integran Comités de Vigilancia, Administración y Editorial del Congreso del estado.

La designación del próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) podría postergarse más días, incluso, semanas, ya que los legisladores no han podido llegar a un consenso para elegir de entre los 23 aspirantes.
Mientras tanto, este lunes, el grupo mayoritario de 14 diputados del Partido del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Encuentro Social (PES), se pusieron de acuerdo en la integración de los comités de Vigilancia, de Administración y Editorial, que desde septiembre pasado se encontraban acéfalos.
En el marco de un encuentro entre la mayoría de diputados que integran la LIV Legislatura, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, informó que aún no existen acuerdos sobre la persona que presidirá la CDHEM, a pesar de que ayer también representantes de organizaciones civiles hicieron un llamado a los legisladores para que tomen una decisión en base a una revisión curricular. 
La diputada panista afirmó que se analizan cada uno de los perfiles de los 23 aspirantes, y descartó que la decisión que se habrá de tomar estará basada en intereses políticos. 
No obstante, apuntó que la decisión del Congreso del estado sobre el futuro de la CDHEM se podría tomar en las siguientes semanas, pues argumentó que la legislación local da un plazo de 90 días para realizar dicho nombramiento, posterior al 22 de marzo, cuando venció el cargo de Jorge Arturo Olivarez Brito, ex titular del organismo.

Diputados definen sobre los comités del Congreso del estado
En dicha reunión, los legisladores sí pudieron generar acuerdos sobre la integración de los Comités de Vigilancia, Administración y el Editorial, que serán presididos por legisladores del PT, Morena y PES. 
De acuerdo con información extraoficial, el Comité de Vigilancia corresponderá a Morena, el de Administración al PT, y el Editorial al PES. Sin embargo, hasta la noche de este lunes aun no se daban a conocer los nombres de los legisladores presidentes. 

El Congreso del estado vigilará acciones oficiales por posible contingencia: Sotelo Martínez.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, pidió a las autoridades estatales garantizar la seguridad de los habitantes que pudieran estar en riesgo ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, cuyo semáforo de alerta es Amarillo Fase 3.
En entrevista, mencionó que es necesario se atiendan las condiciones de las rutas de evacuación, que no se encuentran en condiciones óptimas, pues ante cualquier emergencia será necesario utilizarlas para garantizar la seguridad de las familias en riesgo. 
"Al interior de la comisión (de Seguridad y Protección Civil) de la cual soy parte, voy a generar una propuesta ante esta alerta o este cambio de las fases que se han desarrollado. No podemos ser ajenos, insisto, tenemos que platicarlo con Protección Civil y vamos a hacer un llamado urgente para que como legislativo nos sumemos a lo que ellos determinen. Nosotros estaremos dispuestos a actuar en caso de contingencia", declaró. 
Afirmó que se requiere que haya coordinación entre los tres Poderes para atender el tema, de ahí que manifestó la disposición del Congreso del estado para apoyar en cualquier emergencia.
Sotelo Martínez adelantó que se convocará a sesión urgente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil para atender específicamente la emergencia por el volcán Popocatépetl y las acciones que como Legislativo podrá llevar a cabo. 

El Poder Judicial deberá pagar a Ricardo Rosas Pérez el 100 por ciento de su salario retroactivo al 2010.

Dice que criticarlo a él es criticar a todos los trabajadores de la FGE; ante diputados, asegura que no renunciará; atribuye a la insuficiencia presupuestal la falta de resultados en la institución.

Ante los diputados locales que pretenden su remoción, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, se deslindó del exgobernador Graco Ramírez, quien lo impulsó en el cargo, el 15 de febrero de 2018.
"De una vez en este foro constitucional les digo, tanto a la sociedad, a mi personal y al Congreso: no soy de Graco, yo no soy de Cuauhtémoc, yo soy el titular de un órgano constitucional, autónomo. A mí lo que me rinde es la ley, tengo que decirlo. Me deslindo de manera expresa y categórica de cualquier relación, influencia sobre mi persona, del exgobernador Graco Ramírez", manifestó el fiscal ante el Pleno del Congreso del estado, donde rindió su informe semestral.  
Muy seguro de sí y acompañado por decenas de trabajadores de la FGE que irrumpieron en el edificio legislativo para acompañarlo y aplaudirle, Carmona Gándara sostuvo que no dejará el cargo, pese a las críticas de los legisladores y de diversos grupos de la sociedad civil. 
El funcionario estatal respondió a quienes le cuestionan por la falta de resultados, que se trata de "insuficiencia" y no "deficiencia"; y es a causa de la falta de recursos financieros que existe un rezago en la FGE. 
Sin embargo, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz señaló que el Congreso asignó 734 millones de pesos como presupuesto a la FGE para este año, por lo que no hay pretexto para los bajos salarios de los trabajadores y la falta de resultados.  
La diputada priista Rosalina Mazari Espín cuestionó a Carmona Gándara si ya cumplió con la aplicación de los exámenes de control de confianza, a tres meses de que el Congreso del estado -y a petición del Poder Ejecutivo- inició su proceso de remoción, a lo que el funcionario respondió: "Afirmativo 10-4; sí, ya cumplí", y dijo que el resultado fue óptimo. 
De igual modo, el fiscal aseguró que todos los trabajadores han cumplido con dichos exámenes. 
En cuanto a las cifras de personas desaparecidas, el fiscal detalló que de enero a diciembre del año pasado, se recibieron 282 denuncias sobre desapariciones de mujeres menores de 18 años, de las cuales fueron localizadas 246, una de ellas sin vida.
En el mismo periodo, y respecto a desapariciones de hombres, fueron recibidas 101 denuncias; se localizó a 80 y 20 continúan desaparecidos, además de que una persona fue encontrada sin vida.
Indicó que de enero a marzo de este año, se recibieron 67 denuncias, y en ese periodo la Policía de Investigación Criminal (PIC) ha localizado a 45 mujeres, además de que 22 no localizadas son menores de 18 años; en cuanto a hombres, se tienen 40 denuncias por desapariciones, 25 localizados, 14 no localizados y un joven muerto.
Señaló, además, que "es incuestionable" que la actividad delincuencial va en aumento, y afirmó que es un reflejo de que las autoridades no han acordado con criminales, lo que es positivo.
El fiscal general del estado afirmó que las críticas al desempeño de la institución son de carácter político, y sostuvo que su trabajo no es deficiente, sino insuficiente, porque él y su personal están desprovistos de presupuesto para mejorar la atención a los justiciables.

Previo a su comparecencia ante el Pleno de Congreso local, y apoyado por un grupo de trabajadores de la FGE que acudió a “echar porras al jefe” (se escuchó decir a algunos empleados de la fiscalía), afirmó que desestimar el desempeño del fiscal es equivalente a no valorar el trabajo que realiza todo el personal que hace su labor de la mejor manera posible con pocos recursos.

“Yo niego que sea deficiente. Yo creo que es insuficiente. No nada más es un calificativo para el fiscal general, sino para todo el personal de la fiscalía. Es un trabajo insuficiente porque no tenemos las condiciones presupuestarias suficientes para mejorar nuestro servicio; entonces, calificar a una persona cuando somos mil 500 empleados los que hacemos el trabajo, pues es inexacto. Yo respeto la opinión, pero lo niego, mi trabajo no es ineficiente, es insuficiente, y no porque no haya incapacidad para hacerlo”, sostuvo.

Dijo respetar las opiniones adversas, como la de la diputada Rosalina Mazari Espín, de quien en la década de los noventa fue su jefe cuando ella fungió como agente del Ministerio Público, y conoce las dificultades que se enfrentan dentro de la institución.

“Yo, más bien, creo que sus opiniones obedecen a un tema de carácter político, pero la Fiscalía General del Estado no es un actor político y no nos vamos a enganchar en esos temas”, afirmó.

Insistió en que se mantendrá en el cargo y consideró inusual que a pesar de que la institución es autónoma, haya personas que aspiren a sustituirlo, “pero hoy hay mecanismos legales y constitucionales a las que todos deben ceñirse”.

Sobre el tema del ataque al Bar Bull, ocurrido el 28 de febrero, y que cobró la vida de una joven y tuvo un saldo de 10 heridos, Carmona Gándara señaló que ya fueron solicitadas a un juez de control ocho órdenes de aprehensión.

En el caso del homicidio del activista y opositor al proyecto de la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac, el fiscal informó que también ya está en proceso de solicitar las órdenes de aprehensión, pero consideró necesario guardar sigilo sobre el avance de las investigaciones. 

Al finalizar la comparecencia, Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, víctima del delito, protestó en contra de los legisladores, pues criticó que no le hayan cuestionado al fiscal sobre el caso Tetelcingo y las irregularidades en la inhumación de cadáveres en la fosa de ese lugar.

Se espera que hoy, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formule imputación ante un juez de control a la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, así como a la ex secretaria de Administración del Congreso durante la LIII Legislatura, Martha Patricia Bandera Flores, por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 20 millones de pesos.

Se espera que hoy la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formule imputación ante un juez de control a la ex diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta, así como a la ex secretaria de administración del Congreso durante la LIII Legislatura, Martha Patricia Bandera Flores, por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 20 millones de pesos.

De acuerdo con el citatorio, la ex legisladora y la ex funcionaria deberán presentarse a la audiencia, en compañía de sus abogados defensores, este viernes 29 de marzo en la sede de la Ciudad Judicial del Estado de Morelos, donde el juez de control dará a conocer a las imputadas las acusaciones que se les atribuyen, siendo el Congreso del Estado la parte agraviada.

Mientras tanto, personal del Congreso que resultó afectado por los desvíos de recursos cometidos en la legislatura anterior, expresó su inconformidad porque Francisco Moreno Merino no está entre los imputados: “Paco Moreno sigue disfrutando de los playas, cenotes, zonas arqueológicas, lagunas, restaurantes y la vida elegante que Quintana Roo le brinda como delegado del PRI, sin que hasta el momento le haya imputado algún desvío de recursos”, expresaron trabajadores del Congreso.

En el primer año de la LIII Legislatura, Moreno Merino y Hortencia Figueroa fungieron como presidente del Congreso y presidente de la Junta Política, respectivamente, y desde esas posiciones ambos ex diputados gozaron de total impunidad, dispusieron libremente del presupuesto del Poder Legislativo, que asignaron a voluntad.

Hace meses, la organización Mexicano Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció ante la entonces Procuraduría General de la República a ex funcionarios del Congreso de Morelos por el desvío de recursos públicos a empresas fantasmas que operarían en elecciones a favor del PRI.

Dicha investigación puntualiza el desvío de recursos económicos del Poder Legislativo del estado de Morelos para actividades proselitistas del Partido Revolucionario Institucional.

De acuerdo con los datos obtenidos por MCCI, la “operación zafiro” desvió un total de 16 millones 404 mil pesos desde el Congreso para pagos a empresas fantasma como SINNAX, SAMEX, Despacho de Profesionales Futura, FAGA, Constructora y Abastecedora Cofex, y Novanight S.A. de C.V. entre el 10 de noviembre y el 22 de abril de 2015.

De dicha denuncia se desprende que el primer depósito fue de 3 millones 182 mil pesos el 20 de noviembre de 2015 a la cuenta 65505303950 en Banco Santander, perteneciente a la empresa FAGA. 

Luego, el mismo día, se transfirió 1 millón 449 mil 700 pesos en la cuenta 65505303811 a SINNAX.

Para el 19 de enero de 2016 se realizó un depósito más por 1 millón 840 mil pesos a favor de FAGA, el 16 de febrero fueron depositados 3 millones 590 mil pesos más a las cuentas en Santander de FAGA y SAMEX. Y al mes siguiente una cantidad idéntica a las mismas empresas. 

Para el 16 de marzo otros 2 millones de pesos fueron transferidos a la cuenta 413881577 en Banorte a nombre de Novanight y para el 22 de abril de 2016 fueron transferidos 479 mil pesos del mismo fondo a la cuenta 65505303995 en Santander, a nombre de Constructora y Abastecedora COFEX por concepto de “materiales diversos, construcción y rehabilitación”.

Asegura el MCCI que pocos días antes de esta transferencia “desde la cuenta 012540001037884827 de BBVA Bancomer el fondo del Congreso morelense había transferido otros 218 mil pesos a la cuenta 65505304146 de Santander, cuyo titular era el Despacho de Profesionistas Futura, una de las empresas fantasma utilizada ese mismo mes en el presunto desvío electoral de Chihuahua”.

Con esta información, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendría los elementos necesarios para poder enjuiciar a Moreno Merino.

Al respecto, trabajadores del Congreso aseguraron que éste goza de impunidad y privilegios, pues es con su administración como presidente del Congreso es cuando el desfalco y la corrupción alcanzó sus mayores índices, afectando no sólo a miles de trabajadores y proveedores de esa legislatura sino incluso el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, que en teoría fue creado para  dotar a municipios con proyectos de obras e infraestructura, con más de 15 millones de presupuesto, fantasma, pues fue creado el 25 de noviembre de 2017 y desaparecido el 29 de agosto de 2018, sin que su operación o gastos fueran trasparentados.

Los denunciantes insistieron en que “Paco” Moreno Merino disfruta de una vida regalada en Quintana Roo, mientras su homóloga Hortencia Figueroa puede quedar sometida a un proceso penal por algo en lo que ambos están involucrados.

Por último, señalaron que la actual legislatura tiene todos los elementos necesarios para que Francisco Moreno Merino y Hortencia Figueroa sean enjuiciados exitosamente.