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Impulsarán reforma en materia de participación ciudadana y  modificaciones al Código Penal del Estado.

El Congreso del estado impulsará una reforma al artículo 19- Bis constitucional en materia de participación ciudadana, a fin de integrar las figuras de revocación de mandato y gobierno abierto.

Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, los diputados integrantes acordaron dictaminar a favor de la reforma en materia de participación ciudadana y avanzar en modificaciones al Código Penal del Estado, para establecer sanciones graves para las personas que usen armas blancas, por ejemplo. 

Sin embargo, los legisladores locales rechazaron dos iniciativas impulsadas por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo: la primera buscaba anular los beneficios laborales otorgados por la LIII Legislatura a los fiscales general, anticorrupción y antisecuestros, como es la pensión vitalicia; la segunda, proponía la creación de una nueva ley del Notariado Público. 

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, Marcos Zapotitla Becerro, explicó que de los siete diputados que participaron en la sesión del órgano legislativo, seis rechazaron las dos propuestas antes citadas.

Refirió que los dictámenes en materia de participación ciudadana y la reforma al Código Penal serán turnadas esta misma semana al Pleno para su votación.

Durante la sesión de la Comisión, los legisladores también plantearon someter a votación la minuta enviada por el Congreso de la Unión para la aprobación de la Guardia Nacional, sin embargo, dicha minuta no ha sido turnada a los legisladores para su conocimiento.

Zapotitla Becerro agregó que se buscaría abordar el tema esta misma semana, en sesión ordinaria, si se logra analizar por la mayoría de los diputados. 

El movimiento deja a ese partido sin los diputados necesarios para presidir la Junta Política del Congreso del estado.

Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del estado se preparan para presidir la Junta Política y de Gobierno, luego de que Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) perdió su derecho a presidir dicho órgano de control, ante la renuncia de José Casas González a la bancada petista. 

Después de semanas de conflictos personales y políticos entre José Casas y la líder del PT, este lunes -en rueda de prensa- el legislador que ganó la diputación por Morena, anunció su determinación de declararse independiente. 

El pasado 1 de septiembre, Tania Valentina Rodríguez Ruiz sumó al oriundo de Huizilac a las filas del PT, con el fin de cumplir con el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso del estado, que señala que para que un grupo parlamentario pueda presidir la Junta Política y de Gobierno, deberá estar integrado con al menos el 20 por ciento de los integrantes de la Legislatura. 

Ante dichos cambios, el grupo parlamentario de Morena inició ayer negociaciones al interior del grupo parlamentario para elegir al diputado que presidirá el órgano político en el Congreso, ya que dicha bancada es la única que reúne el requisito que marca la Ley Orgánica, al estar integrada por seis legisladores. 

Hasta la tarde-noche de ayer lunes, las negociaciones al interior del grupo parlamentario de Morena estaban por remover a Keila Figueroa Evaristo de la coordinación y designar a Ariadna Barrera Vázquez o a Javier García Chávez. 

Tales cambios en el Congreso del estado podrían retrasar la sesión ordinaria que se pospuso desde el jueves pasado, en la que se votarían las leyes de ingresos municipales, a fin de concretar el cambio en la Junta Política y de Gobierno. 

Hasta la tarde de ayer, Tania Valentina Rodríguez no había fijado postura sobre la salida de José Casas, sin embargo, desde ayer podría haber solicitado cambios en las comisiones que el legislador presidía e integraba, como son la de Gobernación y Gran Jurado y la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

El secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno estatal compareció ante diputados.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba, acudió ayer a comparecer al Congreso del estado. Ahí informó que tienen considerado invertir para el campo 42 millones de pesos provenientes de la Federación y 10 millones 750 mil pesos que aportará el Ejecutivo estatal.

La comparecencia estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del estado, José Luis Galindo Cortez, y la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quienes realizaron una serie de preguntas al funcionario estatal relacionadas con el campo, luego de que éste expusiera su informe ante los diputados.

López Ruvalcaba reconoció la labor de los campesinos morelenses y dijo que son los productores agrícolas quienes más trabajan y menos ganan, llevándose las ganancias de este sector los intermediarios, por lo que expresó la necesidad de tener mayores fondos en el Crédito a la Palabra, apoyando a los productores de manera directa, “sin moches ni intermediarios”.

Refirió que tan sólo de octubre de 2018 a febrero de 2019, se gestionaron recursos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por 43 millones de pesos, y se otorgó una aportación estatal por 10 millones 750 mil pesos.

Argumentó que para proteger una superficie de 50 mil hectáreas se contrató el Seguro Agrícola contra Riesgos Catastróficos, con un monto de cinco millones 332 mil 477 pesos, de los cuales cuatro millones 275 mil 800 pesos fueron aportación federal y un millón 56 mil 677 pesos fueron aportación estatal. 

Recordó que Morelos es el principal productor de peces de ornato en el país, teniendo la mayor cantidad de acuarios que crían estas especies, por lo que este estado tiene características para ser un gran productor en diferentes rubros, como la piscicultura, y adelantó que rubros como el cultivo de arroz se trabajarán para una inversión directa a través de fondos de garantía líquida.

El secretario destacó las acciones implementadas para la recuperación del suelo utilizando fertilizantes orgánicos. También informó que están trabajando en la gestión para la construcción de las ollas de agua en Morelos para obtener mayor captación del vital líquido. Dijo que éste ha sido uno de los grandes problemas que enfrentan, además de que trabajan en la construcción de 164 jagüeyes, con capacidad de 500 metros cúbicos, para evitar en época de estiaje carencias para este sector.

En sus conclusiones, el presidente de la comisión, José Luis Galindo Cortez, solicitó al secretario de Desarrollo Agropecuario que se transparente el manejo de los recursos y se apliquen las políticas públicas necesarias para distribuir con equidad los recursos para que éstos lleguen a quienes menos tienen.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas señaló que es necesario que el Congreso local transparente el uso de los recursos públicos que ha recibido en los últimos años, pues el monto muestra un incremento constante y no se ha dado a conocer la justificación y aplicación.

Roberto Salinas Ramírez, codirector del centro de investigación de la organización, indicó que durante el 2018 la Secretaría de Hacienda transfirió al Poder Legislativo 377 millones de pesos.

Hizo notar que en el primer trimestre se entregaron 191 millones de pesos, es decir casi el 50 por ciento del monto anual en sólo tres meses, pero no se ha justificado públicamente en qué usaron todo ese dinero: “ni la LIII Legislatura ni la LIV Legislatura han publicado el ejercicio de recursos de todo el 2018, no hay transparencia”.

Por otro lado, indicó que en la actual legislatura, el uso del erario es de aproximadamente 12.5 millones de pesos mensuales, los cuales tampoco se ha dado a conocer en qué se utilizaron.

El representante de Morelos Rinde Cuentas señaló que con estos elementos numéricos “resulta extraño que (los) legisladores se hayan autoaprobado un presupuesto de 450 millones de pesos para el 2019, nos parece un exceso porque hicimos un comparativo con Congreso de otros estados, tomando en cuenta la población de las entidades y número de legisladores. Consideramos que un presupuesto de 201 millones de pesos para este Congreso sería suficiente”.

Hizo énfasis en que se ha argumentado que hay adeudos heredados, pero no se informa con transparencia si pretende recuperar ese recurso, o a qué corresponden esos adeudos, y qué pasó con el presupuesto de la Legislatura pasada.

Salinas Ramírez dijo que han hecho varias solicitudes formales de información con base en la legislación en la materia y no les han entregado todos los datos solicitados y en otros casos les enviaron documentos en formatos muy complejos, por lo que el análisis será muy difícil, o casi imposible.  

Dará seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

Posponen la aprobación de las leyes de ingresos municipales.

Los diputados locales aprobaron ayer jueves la agenda legislativa 2018-2021, que se basará en dar seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.
Horas antes de que se venciera el plazo para que los legisladores cumplieran con su obligación y fijaran la agenda sobre la que trabajarán como LIV Legislatura, la aprobaron en la sesión ordinaria de ayer, mediante un acuerdo que impulsó la Junta Política y de Gobierno. 
Dicha agenda legislativa está basada en los siguientes ejes temáticos: seguridad y justicia; desarrollo social; desarrollo económico sostenible; desarrollo urbano y medio ambiente, y transparencia y rendición de cuentas.
Los legisladores trabajarán sobre la agenda 20-30 que impulsó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de lograr un desarrollo sostenible en el país y en el estado. 
Para el cumplimiento de la agenda, los legisladores establecieron que cada grupo y fracción parlamentaria trabajará sobre un eje temático, por ejemplo: el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) atenderá las políticas materia de derechos sociales y la seguridad pública gubernamental, económica y educativa. 

El Partido del Trabajo (PT), seguridad pública; justicia y derechos humanos, y gobernanza y democracia participativa. El Partido Encuentro Social (PES), vida y familia; planeación para el desarrollo sostenible; desarrollo social; medio ambiente y cambio climático, y reconstrucción.
El Partido Acción Nacional (PAN), seguridad para la paz y el bienestar de las familias de Morelos; educación con calidad y formación de valores; salud para todos con calidad y calidez; desarrollo social para grupos vulnerables, por mencionar algunos temas. 
En el 2020, los diputados podrán hacer ajustes a la agenda si así lo consideran. Además, los ayuntamientos de Atlatlahucan y Ayala también colaborarán en la citada agenda, según el acuerdo que ayer se aprobó por el Pleno del Congreso. 

Pospone Congreso votación de las leyes de ingresos municipales

A pesar de que ayer venció el término constitucional para que el Congreso del estado aprobara las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019, los diputados determinaron posponer la votación en el Pleno por falta de acuerdos políticos.
Por acuerdo del Pleno se declaró un receso indefinido en la sesión ordinaria de este jueves, con la finalidad de detener el "reloj legislativo" y que en las siguientes horas los diputados puedan aprobar las leyes de ingresos sin incurrir en una ilegalidad.
De acuerdo a información extraoficial, las leyes de ingresos de Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec son algunas de las que detuvieron la negociación política para que ayer fueran votadas por el Pleno. 

Aplicarán los mismos conceptos tributarios del año pasado.

Al menos cinco municipios del estado aplicarán los mismos conceptos tributarios del 2018 en lo que resta del año, ya que no entregaron sus iniciativas de Ley de Ingresos y a causa de que pretendían imponer aumentos en derechos e impuestos municipales. 
El Congreso del estado deberá aprobar, a más tardar este jueves, las leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con lo que marca la Constitución Política del Estado. 
En tanto, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública ya dictaminó la mayoría de las leyes de ingresos, con excepción de los municipios que no presentaron sus propuestas, como fue el caso de Tetela del Volcán, Tepoztlán, Jonacatepec, Tlalnepantla y Totolapan. 
Además, la propuesta del Ayuntamiento de Ayala también está en revisión, ya que no atendió a las observaciones del Congreso del estado para modificar las tarifas altas que pretendía cobrar en derechos, impuestos y servicios municipales. 
De acuerdo con la diputada panista Dalila Morales Sandoval, el acuerdo de los integrantes de la Comisión de Hacienda es evitar aumentos desproporcionados en las leyes de ingresos, como se pretendía en la mayoría de los ayuntamientos. 
En cuanto a las leyes de ingresos de los municipios de origen indígena, la Comisión de Hacienda aún se encuentra en la revisión de las observaciones que realizó el Ejecutivo a los marcos normativos que aprobó el Congreso desde el 15 de diciembre del año pasado. 

El Congreso del estado eliminará la Ley de Uniformes Gratuitos para Estudiantes de Educación Básica del Estado que aprobó la LIII Legislatura y que nunca se cumplió. En su lugar se creará (una vez más) la Ley para Erradicar las Cuotas Escolares.

De acuerdo con la diputada Alejandra Flores Espinosa, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la Ley de Uniformes Gratuitos nunca cumplió con el fin para la que fue creada, al contrario, dijo que la administración que encabezó Graco Ramírez desvió el presupuesto asignado desde el 2017 y 2018, por un monto total de 90 millones de pesos. 

La legisladora refirió que el año pasado presentó la iniciativa para reactivar la Ley para la Erradicación de Cuotas Escolares y que los recursos asignados en el presupuesto de Egresos del 2019 puedan usarse de manera correcta. 

Sin embargo, confirmó que los 20 millones de pesos etiquetados en el rubro de cuotas no serán usados en su totalidad para ese fin, sino que la mitad (10 millones) se redireccionarán para el pago de la prima de antigüedad. 

"El compromiso del gobierno estatal es que el próximo año aumente el presupuesto para cuotas y para el pago de la prima de antigüedad", agregó. 

Alejandra Flores sostuvo que los 20 millones restantes que se asignarían como presupuesto para los uniformes gratuitos fueron asignados a rubros diversos. 

Ayer nombraron ya a uno nuevo.

Zacatepec.- Sin explicación de qué pasó con el anterior, y de manera sorpresiva, Mauricio Dorantes López tomó protesta como nuevo secretario municipal –la mañana de este lunes–, en lugar de José Manuel García del Río.

García del  Río dejó de asistir a la presidencia desde la semana pasada, sin que se informara de la situación.

En un comunicado, el Ayuntamiento informó que “por cuestiones meramente personales”, el anterior secretario dejó el cargo, aunque en realidad no se ha presentado siquiera para hacer el trámite de entrega-recepción.

El síndico municipal, Hugo Subdíaz Sánchez, declaró que ante la urgencia de que existiera la figura del secretario, ayer se realizó una sesión de cabildo extraordinaria.

“Se necesitaba firmar unas actas para los ayudantes, que están acosando en esta parte para firmar las actas y por ese motivo se hizo la sesión para que se nombrara al nuevo y empezara a firmar las actas”, mencionó.

Dijo desconocer qué pasó con el anterior y tampoco se explicaron las razones del cambio. “Lo que tenemos entendido es que no se ha presentado”, aseguró.

Por su parte, Dorantes López comentó que fue invitado por la alcaldesa, ya que el trabajo no se puede detener y por eso se toma la decisión de nombrarlo.

Expuso que es licenciado en Derecho, en proceso de trámite para la titulación.

Reconoció que García del Río no se ha presentado para la entrega-recepción, pero consideró que no será necesario.

Su experiencia anterior fue haber sido asesor en el Congreso del estado.

Los ciudadanos son el único motor para trabajar con lealtad, honradez y honestidad.

El Congreso del estado estado aprobó la Ley de Ingresos  y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado  2019 por un monto de 24 mil 653 millones de pesos, con el voto de 14 diputados a favor y cinco en abstención. 
Después de dos meses de discusiones dentro del Poder Legislativo y de diferencias con el Ejecutivo, finalmente, la noche de este viernes, en sesión ordinaria, 14 legisladores aprobaron el Paquete Económico que propuso el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. 
Loa dictámenes votados por el pleno se basaron en el análisis que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública inició desde el 15 de diciembre del 2018, cuando el Ejecutivo presentó la propuesta y no de acuerdo a las observaciones que hizo el gobernador del estado el pasado 24 de enero al decreto aprobado por un grupo de 15 legisladores que ayer se fracturó. 
Los legisladores Ana Guevara Ramírez, de Movimiento Ciudadano (MC), José Casas González, Partido del Trabajo (PT), Marcos Zapotitla Becerro, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rosalinda Rodríguez Tinoco y Blanca Nieves Sánchez Arano, de Nueva Alianza (PANAL), se pronunciaron en contra ante la tribuna del Congreso del Estado y aseguraron que el Paquete Económico aprobado es ilegal. 
Zapotitla Becerro sostuvo que la determinación de 14 legisladores de ninguna manera es un presupuesto social. 
Casas González señaló que el decreto que se enviará al Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad" es ilegal porque no se basó en las observaciones que realizó el gobernador al Paquete Económico que aprobaron el 9 de enero, sino a un dictamen que "impuso" la Comisión de Hacienda. 
Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda afirmó que el presupuesto aprobado se distribuyó de manera equilibrada y se buscó apoyar a todos los rubros para garantizar un presupuesto social. 

Habrá reemplacamiento vehicular; gobernador tendrá libre transferencia presupuestal 

 
Los legisladores locales finalmente cedieron y dentro del Paquete Económico aprobado se autorizó el programa de reemplacamiento vehicular, cuyo costo será de 280 pesos y cerca de 600 pesos más para el pago de refrendo. 
Además, el gobernador del estado tendrá libre transferencia del presupuesto, para reasignarlos a los rubros que considere necesario. 
Los legisladores cedieron también en aumentar el presupuesto a la Oficina de la Gubernatura por cerca de 212 millones de pesos y a la Secretaría de Hacienda más de 228 millones, además de la asignación de mil 98 millones de pesos a la Comisión Estatal de Seguridad. A la Fiscalía General del Estado se le otorgaron 734 millones de pesos. 
Al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) se le asignaron 132 millones 821 mil pesos y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)  623 millones 825 mil pesos. 
A cambio, los diputados lograron un presupuesto para el Congreso del estado por 468.5 millones de pesos, 50 millones de pesos más al ejercido en el 2018.
Al finalizar la sesión, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, afirmó que aprobaron el Paquete Económico 2019 después de que entendieron como oposición al gobierno del estado que también tenía que haber coincidencias y lamentó que un grupo de cinco legisladores no lo hayan comprendido de la misma forma.

Diputados locales insistieron en que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo debe iniciar otro proceso legal ante el Congreso del estado para remover al fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, debido a la falta de resultados en su responsabilidad.
El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, sostuvo que el trabajo del fiscal es cuestionable y en muchos casos reprobable, como en la investigación que se inició por el homicidio del activista Samir Flores Soberanes, en la que, sin pruebas, se atrevió a señalar que se trató de la delincuencia organizada.
"Es una actitud de irresponsabilidad y desde luego que eso genera molestia, porque seguramente no ha integrado las carpetas de investigación producto de la corrupción que impera en esta dependencia que él preside... Seguramente es con la intención de generar ingobernabilidad en el poblado de Amilcingo, valdría la pena que él también reconsiderara su permanencia en el cargo", manifestó el legislador.
Zapotitla Becerro dijo que tampoco se han resuelto los múltiples feminicidios registrados en los últimos meses en Morelos. Además, señaló presuntos casos de corrupción al interior de la Fiscalía General del Estado.
"Tal parece que el fiscal está ahí para generar desorden, ingobernabilidad, pero vale la pena que el gobernador reconsidere plantear nuevamente una solicitud de remoción, porque sólo el Ejecutivo puede plantearnos una solicitud de remoción del fiscal", agregó.
Por su lado el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, coincidió en que un nuevo proceso de remoción debe ser impulsado desde el Ejecutivo, pues recordó que el que inició el Congreso del estado el año pasado a solicitud del Ejecutivo, por no haber cumplido con los exámenes de control de confianza el fiscal, están detenidos por un amparo que promovió Carmona Gándara.
Sin embargo, dijo que se debe revisar el nuevo proceso para evitar violar la ley, a raíz del citado juicio de amparo.

El presupuesto del Congreso del estado para el 2019 será cercano a los 500 millones.

El Congreso del estado deberá pagar cerca de 90 millones de pesos de la deuda que heredó la LIII Legislatura con el presupuesto que se asignarán los legisladores dentro del Paquete Económico 2019, que podrían aprobar este viernes en sesión ordinaria.
Los legisladores plantearon en las últimas negociaciones con el Poder Ejecutivo un presupuesto de 500 millones de pesos para el Poder Legislativo; sin embargo, el acuerdo podría cerrarse en cerca de 470 millones, de los cuales 18 millones se asignarán a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
Al respecto, la coordinadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, informó que este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, aprobarán el dictamen final de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.
Adelantó que del monto que se asigne al Congreso del estado como presupuesto, un porcentaje será para cubrir la deuda que heredaron los exlegisladores por cerca de 90 millones de pesos.
Explicó que la deuda es ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado, así como con proveedores diversos.
La legisladora sostuvo que pese que la deuda que dejaron los exdiputados será cubierta con el presupuesto del estado, se pedirá a la Fiscalía Anticorrupción se agilicen las investigaciones en contra de los integrantes de la LIII Legislatura y se les castigue por el presunto desfalco que se cometió al Congreso. 
"Hay denuncias; están en proceso. Espero que ya se integren las carpetas correctamente y tener las audiencias respectivas y también la otra parte pueda aclarar dónde está ese dinero y nos dejemos de estar pensando cosas malas. A la mejor lo pagaron, pero que se vea dónde está ese recurso, y, si no, que lo devuelvan, o que paguen lo que tengan que pagar", agregó. 

Los municipios no serán autorizados para prestar los predios que actualmente son utilizados como tiraderos a cielo abierto, para instalar plantas de valorización.

El Congreso del estado frenó el proceso para concesionar el servicio de confinamiento final de los residuos sólidos y operarlo mediante plantas de valorización.
En medio de la negociación del Paquete Económico, los legisladores locales determinaron no autorizar a los municipios ceder la responsabilidad de prestar el servicio de tratamiento y disposición final de la basura al gobierno del estado, para que éste -a su vez- lo concesionara a una empresa particular.
De igual forma, rechazaron que los ayuntamientos pudieran prestar los predios que actualmente son utilizados como tiraderos a cielo abierto para instalar plantas de valorización, donde se confinaría la basura.
Sin embargo, la diputada panista Dalila Morales Sandoval no descartó que en un futuro próximo se analice nuevamente el proyecto para el confinamiento final de la basura, siempre y cuando se revise con los ayuntamientos y la sociedad civil organizada para darles voz y voto.
"El tema de la basura fue un tema muy polémico, es un tema con el que no vamos a poder transitar  y aquí lo viable fue dejarlo tantito de lado, que se investigue bien el tema, que se valore bien el tema, que se presenten números, estadísticas y demás para ver si se puede reactivar. Es un tema que tenemos que sí llevar a la mesa, pero llevarlo con datos fríos y con datos fuertes y ver hasta dónde les beneficia y perjudica a los municipios", declaró. 
Mientras tanto, las plantas de valorización que se construyeron en los municipios de Xochitepec y Jiutepec con recursos del gobierno estatal, y que operarían por medio de la empresa "La Cooperativa Cruz Azul", dejarán de operar, informó la diputada Morales Sandoval. 

Quieren saldar la deuda que dejó la anterior legislatura, afirman.

En medio de la discusión para aprobar el Paquete Económico 2019, los legisladores negocian un aumento al presupuesto del Congreso del estado. El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dijo que ayudaría a cubrir la deuda que heredó la LIII Legislatura.
Mientras los diputados han acordado con el Poder Ejecutivo aprobar el programa de reemplacamiento vehicular, aumentar el presupuesto a algunas dependencias del gobierno del estado y autorizar al gobernador la libre transferencia del presupuesto de este año, también buscan aumentar los recursos financieros del Poder Legislativo. 
En entrevista, el presidente de la Mesa Directiva confirmó que negocian aumentar el presupuesto del Congreso, en base a la propuesta inicial del Poder Ejecutivo, que fue de 420 millones de pesos, y a la que planteó un grupo de 15 legisladores por 550 millones de pesos, en el decreto que aprobaron el 9 de enero pasado y que fue vetado por el gobernador. 
Explicó que esa determinación la tomarán en las próximas horas, ya que se espera que esta semana se vote en el Pleno del Poder Legislativo la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2019.
"Lo que yo he privilegiado desde la presidencia es que el presupuesto contenga y contemple poder atender las deudas que de alguna manera dejó la Legislatura pasada", agregó. 

La Comisión de Transición no opera ilegalmente, por la falta de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, asegura magistrado.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) responsabilizó al Congreso local de no hacer las reformas pertinentes a la Ley Orgánica del Poder Judicial para instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

“Nosotros estamos en espera de que la (reforma a la)  ley orgánica que el Congreso lo haga, está en la cancha del Congreso del estado”, dijo la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien explicó que se ha convocado a magistrados a analizar el tema, pero no todos acudieron al llamado.

El magistrado del TSJ, Manuel Díaz Carvajal, señaló que sigue en operación la Comisión de Transición en tanto no se expidan las reformas legislativas que regulen el funcionamiento y las atribuciones de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Consideró que la comisión, que ha sido cuestionada por abogados y varios magistrados, no opera ilegalmente, y aseguró que los juzgados federales han reconocido la validez de ese órgano colegiado que transitoriamente atiende los asuntos del extinto Consejo de la Judicatura.

“A título personal, considero que está dentro de la ley. Yo he tenido conocimiento por la propia función, de resoluciones de juicios de amparo en donde reconocen la validez de la actuación de la comisión. Entonces, consideramos que es apegada a la Constitución y a derecho”, dijo.

Insistió en que la instalación de la Junta de Administración depende de las reformas legislativas porque es necesario que exista un marco normativo respecto a las atribuciones de este órgano colegiado sobre la disciplina judicial, la designación de jueces, el manejo presupuestal, entre otros temas.

Respecto a la petición de un grupo de magistrados que solicitaron recientemente a la presidencia de la TSJ convocar a sesión de Pleno para abordar este tema de la junta, expresó que hace poco la magistrada presidenta convocó a una reunión preliminar para preparar la sesión plenaria, pero no todos los magistrados acudieron.  

En 2019 se han registrado 17 asesinatos de mujeres en la entidad.

En el marco de una mesa de trabajo que diputadas locales instalaron con autoridades del Poder Ejecutivo y organizaciones civiles para replantear el "Programa Estatal Sexenal" y atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, no descartó ampliar dicho mecanismo a más municipios del estado.
En la reunión que se desarrolló a convocatoria de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del estado, el encargado de la política interna afirmó que las estrategias que impulsó el gobierno que encabezó Graco Ramírez fallaron, como fue el caso del programa Integra Mujeres, que no dio resultados.
Ojeda Cárdenas dijo que es necesario establecer un nuevo programa sexenal para cumplir con las recomendaciones que emitió la Secretaría de Gobernación, por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lo que se revisa si la Alerta de Violencia de Género se amplía a otros municipios, donde también se han registrado hechos violentos en contra de mujeres.
El secretario confirmó que en lo que va del año se han registrado 17 homicidios de mujeres, de los cuales la Fiscalía General del Estado aún no define cuántos se tratan de feminicidios.
Por su lado, la diputada Keila Figueroa Evaristo dijo que dichas reuniones de trabajo se replicarán en los ocho municipios donde se emitió la AVG, que son Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
Aseguró que la Comisión de Equidad de Género vigilará las acciones que emprenda el gobierno estatal para abatir la violencia de género, y también se aumentará el presupuesto del Instituto de la Mujer cinco millones más, para que pueda fortalecer el trabajo en la materia. 

Esa es la razón por la que está rezagado el asunto de las “pensiones doradas” aprobadas por la anterior legislatura, plantea Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, se quejó por la falta de recursos humanos y materiales para realizar su trabajo. Afirmó que por esa causa no ha cumplido con el compromiso de cancelar las "pensiones doradas" a exfuncionarios de la administración pública que encabezó Graco Ramírez. 
En entrevista, la también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social refirió que el rezago que enfrenta dicho órgano es mayor a mil 300 solicitudes de jubilaciones, aunado a la investigación que inició para cancelar las pensiones onerosas que se autorizaron a exfuncionarios, esposas y allegados de los exdiputados que integraron la LIII Legislatura. 
"Un secretario técnico y cuatro sindicalizados tienen que sacar mil 300 jubilaciones, y de estas doradas hay que hacer una investigación. Yo presto mi vehículo... No hay vehículo, no hay investigadores, no hay dictaminadores y en una rueda de prensa los voy a presentar, que la ciudadanía vea que es muy padre exigir, pero si no tienes las herramientas, es muy difícil cumplir", declaró. 
Dijo que espera que con la aprobación del Paquete Económico 2019 se asigne un mayor presupuesto al Congreso y se contrate más personal y equipo para que los legisladores puedan hacer su trabajo. 
"Parte de ese presupuesto es para que haya 10 dictaminadores, seis abogados, dos investigadores, un vehículo, aunque sea viejito, una computadora e internet, porque no tenemos internet en las oficinas de la Comisión del Trabajo", añadió. 
Reiteró que sigue en investigación la aprobación de las llamadas "pensiones doradas", y en los próximos días dará a conocer los avances. 

Existen consensos para que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado se desahogue este mismo viernes, afirma la legisladora Rosalina Mazari Espín.

Los diputados locales podrían aprobar esta semana el Paquete Económico 2019, que se integrará de la propuesta inicial que presentó el Poder Ejecutivo y no del decreto que autorizó un grupo de 15 legisladores.
De acuerdo con la diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, existen consensos para que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado se desahogue este mismo viernes, una vez que se haya integrado un dictamen de mayoría. 
"Vamos a analizar el presupuesto legal, el que no está observado... el Ejecutivo presentó una propuesta y cinco integrantes de la Comisión de Hacienda trabajaron, quitamos y pusimos y en base a ese", explicó. 
Mazari Espín explicó que para lograr la aprobación del Paquete Económico en consenso, y de manera legal este jueves, se convocó desde la tarde de ayer a mesas de trabajo con los legisladores. 
Adelantó que existen consensos para avanzar en el programa de reemplacamiento, incrementar el presupuesto al Instituto de la Mujer, para el pago de la prima de antigüedad de maestros y otros rubros que así lo requieren. 
Sin embargo, insistió en que el dictamen que se logre aprobar estará basado en la propuesta inicial que presentó el Poder Ejecutivo para la aprobación del Paquete Económico, y no en el decreto que tuvo observaciones por parte del gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco, tras haberse aprobado fuera de la legalidad por un grupo de 15 legisladores el pasado 9 de enero. 
La legisladora priista informó que posterior al Paquete Económico, los legisladores buscarán aprobar 25 leyes de ingresos municipales, cuyos dictámenes se integrarán de las reuniones que iniciaron este lunes y concluirán este miércoles con autoridades municipales, a fin de que puedan atender a las observaciones que realizó la Comisión de Hacienda, para evitar altos costos en servicios, derechos e impuestos. 

Diputados locales realizaron observaciones a 15 de las 25 iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2019 que presentaron los alcaldes ante el Congreso del estado, por contemplar incrementos en el cobro de derechos, impuestos y servicios municipales.
Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la mayoría de las legisladoras que la integran revisaron las propuestas que presentaron los cabildos municipales y detectaron abusos en un gran número de las propuestas. 
"De los municipios que llama la atención es el municipio de Puente de Ixtla que quiere 192 millones de pesos, cuando tiene desagregada la comunidad de Xoxocotla... Realmente es desproporcional, porque teniendo a la comunidad de Xoxocotla se llegó a proyectar a 172 millones de pesos y ahora Xoxocotla tiene su ley aprobada de 80 millones de pesos y el alcalde propone 192 millones, con muchos impuestos nuevos, hasta por respirar, por poner un ejemplo", explicó la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda. 
Sin embargo, la legisladora priista informó que el próximo lunes fueron citados los alcaldes y tesoreros para revisar las observaciones que hicieron a las iniciativas, a fin de que reconsideren en algunos conceptos. 
Otros ajustes que se tendrán que hacer a algunas leyes de ingresos municipales, son referentes a un mal cálculo de ingresos, por encima de lo que les corresponde a cada ayuntamiento, de acuerdo a lo que señala la Ley de Coordinación Hacendaria. 
No obstante, refirió que ningún cabildo solicitó la autorización del Congreso para contratar deuda pública, a diferencia de lo que ha sucedido al inicio de otras administraciones municipales. 

Corresponde a lo realizado de octubre a enero.

El gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo envió este viernes su primer informe de gobierno al Congreso del estado. Diputados locales informaron que la próxima semana fijarán las fechas de las comparecencias de los secretarios de despacho para integrar la glosa.
Horas antes de que se venciera el término para que el mandatario estatal cumpliera con dicha obligación constitucional, a la 13:21 horas de la tarde de ayer un representante del Poder Ejecutivo acudió ante la presidencia de la Mesa Directiva y entregaron un tomo y 20 discos compactos para cada uno de los legisladores. 
El primer informe del gobernador Blanco Bravo corresponde a las acciones de gobierno del período de octubre del 2018 a enero del presente año, de acuerdo a lo que marca el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Morelos. 
Mientras tanto, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, informó que la próxima semana definirán en la Junta Política y de Gobierno las fechas en las que comparecerán los secretarios de despacho para integrar la glosa del informe. 
Refirió que posiblemente no sean citados todos los secretarios, sino los que determinen la mayoría de legisladores como de sus intereses, para cuestionarlos sobre los avances en los primeros cuatro meses de la administración pública estatal.