24 exfuncionarios, esposas, familiares y amigos del gobierno que encabezó Graco Ramírez y de la LIII Legislatura perdieron sus "pensiones doradas", en un acto histórico del Congreso del estado, que determinó abrogarlas por irregulares.
Antes de irse de vacaciones de Semana Santa, los diputados locales iniciaron el proceso de abrogación de más de 70 decretos pensionatorios que autorizó de manera ilegal la LIII Legislatura.
De la investigación que inició la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el pasado 12 de octubre, por determinación del Pleno del Congreso, la diputada presidenta, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, concluyó: "Estamos frente a una maquinación, es decir, una acción o plan secreto para preparar o manipular la posibilidad de recibir un beneficio indebido, urdida por algunos servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y de municipios del estado de Morelos".
Ante el Pleno, la legisladora afirmó que no se trata de una venganza, sino de justicia. Es que expuso que ninguno de los más de 70 dictámenes aprobados en sesión del día 12 y 13 de julio, cumplieron con el proceso legislativo, ya que "nunca fueron tramitadas ante la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad social".
Es decir, que los dictámenes de jubilaciones y pensiones se aprobaron por la vía rápida ante el Pleno del Congreso sin cumplir con el debido proceso, por lo que resultan inválidos, aún y cuando algunos exfuncionarios sí cumplían con los requisitos de ley para su retiro.
Entre otras irregularidades que cometió la LIII Legislatura, en complicidad con autoridades del gobierno estatal y municipios como Puente de Ixtla, Cuautla, Coatlán del Río y Axochiapan, son haber admitido información falsa para acreditar los años de antigüedad de los pensionados.
"A trabajadores del Congreso incluidos en estos hechos de corrupción, se les entregaron constancias de salarios por montos que nunca tuvieron. Es decir, hay quienes, ganando cinco mil pesos, se les jubiló hasta con 30 mil pesos", explicó la legisladora Rodríguez Ruiz.
"Fue tan descarada la maquinación y el fraude, que en el mismo día 12 de julio, en que se aprobaron, se expidieron las constancias de servicios y sueldos", agregó la diputada, quien reiteró que se procederá penalmente en contra de los responsables de la aprobación de las llamadas "pensiones doradas".
En tribuna, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, afirmó que la abrogación de dichas jubilaciones es uno de los compromisos asumidos por la LIV Legislatura, ante el daño que causan al erario público, por lo que en las siguientes semanas procederán a la cancelación de la totalidad de los decretos pensionatorios ilegales.
Lista de los decretos
Entre los ex funcionarios que perdieron su pensión onerosa se encuentran: Martha Patricia Bandera Flores, exsecretaria de Administración y Finanzas del Poder Legislativo; Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno, Ángel Colín; Jair Mendoza Beltrán, exsecretario particular de la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta; Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, cuñada del exdiputado Julio Yáñez Moreno; Denya Flores Rendón, esposa del exlegislador Francisco Navarrete Conde; Jorge Michel Luna, exsecretario de Finanzas; Francisco Velázquez Adán, extitular del Idefomm; y Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación.
La exsecretaria particular del exmandatario Graco Ramírez, Stephanie Guzón André; así como quien fuera particular de Elena Cepeda, esposa del exgobernador, Josefina Pallares Zardain, también perdieron su "pensión dorada".