Esa suma se requiere al año para pagar a 70 personas beneficiarias con jubilaciones anormalmente altas.

Al menos 70 trabajadores jubilados del Congreso cobran "pensiones doradas", que van de 20 mil a los 50 mil pesos. Así lo dio a conocer el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas". 
Entre los nombres que aparecen en la lista que ventiló el centro de investigación se encuentran: Cerli Barón Armenta, exsecretaria de Administración, y Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos, ambas con una jubilación cercana a 50 mil pesos. También aparecen los exauditores Gerardo Casamata Gómez y Luis Manuel González Velázquez, quienes cobran una pensión mayor a 35 mil y 26 mil pesos mensuales, respectivamente. 
Joaquín Roque González Cerezo, designado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa por la pasada legislatura, recibe una pensión mayor a 26 mil pesos. De igual forma, el ex diputado local Ulises Vargas Estrada cobra 26 mil pesos al mes. 
Estas 70 pensiones onerosas significan un gasto anual para el Poder Legislativo de aproximadamente 50 millones de pesos, 3.4 millones al mes. 
Sobre el tema fue cuestionada la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, quien informó que existe una investigación sobre las "pensiones doradas" que paga el Congreso local y sobre su validez, ya que se ha confirmado que muchas de las jubilaciones autorizadas por la pasada legislatura no cumplieron con los requisitos de ley. 
Informó que se trata de al menos 20 jubilaciones que podrían ser canceladas, a raíz del trabajo de investigación que realiza la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y que se suman a otra larga lista de pensiones que autorizó la pasada legislatura a exfuncionarios del gobierno estatal, que trabajaron en la administración que encabezó Graco Ramírez.