La defensa del alcalde ha tenido que hacer un esfuerzo por presentar argumentos y pruebas que impidan un madruguete por parte del Congreso local, pero éste ya prácticamente desahogó el caso y lo ha canalizado al Poder Judicial para lo que proceda.
Y acá, ayer se insistía en que venían reproduciendo el mecanismo de los diputados, o sea imprimirle celeridad para ir a una sentencia rápida, así sea a costa de no respetar los tiempos procesales, de lo que se estarían agarrando los asesores del alcalde.
No obstante, se advertía que también en el Tribunal Superior de Justicia se deberá dar la oportunidad a Blanco Bravo de defenderse y entonces se sigue insistiendo en que el tema deberá necesariamente resolverse hasta el año que viene, pero reiteramos, como que los poderes Legislativo y Judicial van con otra instrucción o encomienda.
Algunos abogados que desde el exterior observan las cosas, mencionaban que el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien interpuso la demanda de juicio político al presidente municipal, tiene razón cuando advierte que ante ello no procede el amparo ni la suspensión, pero también aclaraban que sí la controversia constitucional, por ser un conflicto entre poderes y niveles de gobierno.
Más aún, uno de ellos calculaba que si los asesores del Cuau recurren a ello, fácilmente un juzgado de distrito les dará la razón porque el Congreso manejó con mucho desaseo el trabajo al respecto. Pero como quiera que sea, otro profesional del derecho abundaba en que en lo relacionado al estado, el proceso comienza a agotarse, una vez tomado por el Poder Judicial, topa con pared.
E igualmente advertía que ahí podría terminar, siempre y cuando la contraparte no estableciera defensa, pero sí la hay y en buen nivel. Por eso es previsible que el caso terminará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que además ya ordenó dejar las cosas como están hasta que se pronuncie en lo relacionado a la suspensión concedida al edil.
Y además se agregaba que esta suspensión, conforme a los criterios de la Corte, puede ser válida incluso en lo que corresponde al juicio político, porque el objetivo es el mismo, separarlo del cargo y la instrucción es no mover nada sobre eso, hasta que ella se pronuncie.
Desde el Legislativo, ya para lo que tiene que ver con el juicio político, se buscó no caer en los mismos errores del proceso anterior, que intentó la revocación de mandato. Y es que al respecto se advierte que esta figura no existe, porque también en su momento, la SCJN hará cuestión de dos o tres años, ante intentos similares dejó claro que no viene contemplado en la Constitución General de la República, es decir está fuera de la carta magna, así que primero se tendría que legislar al respecto y luego darle utilidad.
Eso nunca lo advirtió el Congreso, de ahí que acabaran en el vacío, sin embargo en esta ocasión orientaron el proceso de otra manera y con otros actores. Lo que uno de los diputados decía es que faltó conocimiento del derecho en el caso anterior, por eso ahora se cuidó de incluir a algunos legisladores profesionales en la materia, de ahí que sea Francisco Moreno Merino, quien imparte la materia de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los que llevan a cargo la orientación del juicio.
La visión es que los detractores de Blanco Bravo vienen cometiendo muchos errores que violentan la etapa procesal y que eso deberá ser aprovechado por la otra parte, pero del mismo modo se hace hincapié en que quienes no pueden cometer el más mínimo error son los asesores del ex futbolista.
Que deberán caminar con pies de plomo porque no obstante las fallas del otro rincón, la Corte pudiera pronunciarse en su contra si no le presentan los argumentos y alegatos suficientes como para contener la avanzada. En lo sucesivo, Pedro Martínez Bello, Cipriano Sotelo Salgado y otros abogados que están detrás de Cuauhtémoc, están obligados a desarrollar una asesoría absolutamente pulcra, cualquier resbalón sería mortal.
El argumento es que los otros pueden errar, pero son varios y tienen mucho poder y dinero, no se les puede conceder ninguna facilidad, porque además, como advertíamos recientemente, si el pleito escala hacia los juzgados federales, habrá tráfico de influencias, incluso por encima de lo legal.
El asunto se asemeja mucho a una telenovela, cada día estamos presenciando un capítulo nuevo y no sabemos cuál será el resultado de mañana. En los corrillos, cafés y pasillos de palacio el tema de cualquier conversación es ese, como que todos los demás conflictos y problemas cotidianos han quedado en segundo o tercer término y no se diga entre políticos y funcionarios, hacen toda clase de análisis y buscan ver más allá del presente, para intentar adivinar hacia dónde se inclinará la balanza.
La mayoría reconoce que el juicio se está llevando de muy mala manera y que a Blanco no le están respetando sus derechos ni dándole oportunidad de defenderse. Se señala por ejemplo que de acuerdo a la ley, el edil cuenta con 15 días hábiles para desarrollar lo que a su interés convenga, pero no se los concedieron.
Entonces se concluye que la intención de sus adversarios es no darle ninguna tregua, pasar por encima de lo que sea e incluso declararlo destituido del cargo y más aún, así sea mediante un operativo de fuerza, decidir quién será el sustituto al frente de la comuna y tomarle protesta. Por eso ya se advertía que los magistrados sesionaban en el Consejo de la Judicatura, porque en las instalaciones del tribunal había protestas a favor del alcalde.
No se sabía cabalmente por dónde caminaban los asesores del presidente, pero se estimaba que no había más que irse a la controversia constitucional, aunque venían haciendo énfasis en las violaciones en los tiempos, que son claras y contundentes.
