Uno de los peritos en fotografía dijo al reportero que “desde el 2010, cuando al frente de la Procuraduría General de Justicia estaba Pedro Luis Benítez Vélez, a través de quien fungía como su secretario privado, Agustín Pedraza, se nos dio la orden de que el material fotográfico que se obtenía del levantamiento de cadáveres tenía que ser entregado al área de comunicación social”.
Y destacó que “nosotros comprendimos que no era correcto y que con ello podríamos ser objeto de denuncias si algunos dolientes de las víctimas llegaban a quejarse por el indebido trato que se le daba a dicho material, y no nos equivocamos: pronto aparecieron los inconvenientes”.
Otro de los peritos dijo que “hasta donde pudimos indagar, hubo una especie de convenio con un medio informativo para que se le proporcionaran imágenes exclusivas, cuando esto se encuentra restringido por la propia institución”.
Lo que se menciona es que “hasta la fecha, el acuerdo continúa; la ahora Fiscalía General del Estado mantiene el convenio y con ello, desde dentro, alimenta el morbo y la distorsión informativa. Porque hay fotografías verdaderamente crueles que además parecieran dar la impresión de que vivimos en un territorio sin ley, dominado por la delincuencia”. Y destaca: “Para acabar pronto, desde ahí se hace apología del delito”.
Pero se agrega que hay por lo menos cinco procedimientos administrativos en contra del departamento de visitaduría, por parte de familiares de personas asesinadas, sobre todo, porque se acusa al personal de ser el responsable de lo que ocurre, a pesar de que es una disposición del más alto nivel en la dependencia.
Y es aquí donde está el problema a resolver, porque en realidad la disposición viene desde los mandos superiores de la Fiscalía; tras las denuncias, es la misma instancia la que tiene que atender las quejas y señalamientos en contra del personal del área de peritos en fotografía y, de ser necesario –como debiera–, aplicar las sanciones correspondientes en contra de quienes sólo están cumpliendo una orden.
Uno de los peritos destacó que “cuando vimos publicadas algunas fotos del levantamiento de cadáveres en lugares remotos, donde los medios informativos no pueden llegar, nos dimos cuenta que eran producto del trabajo nuestro … Se hacen las entregas hasta la fecha”.
Por supuesto que hay preocupación en ellos, porque admiten que ésta es una grave irregularidad; que los quejosos tienen razón, pues eso no está permitido, pero aclaran que “a nosotros nos obligan a hacerlo, no tenemos opción, los altos funcionarios son los que vienen permitiendo esas irregularidades”.
Por eso es que habría que estar pendientes de la actitud que asuma la Fiscalía General en el caso. Seguramente se intentará manipular los procesos para que no deriven en nada; sería muy injusto que quienes sólo acatan órdenes, se vieran afectados. Pero lo anterior es muestra de la distorsión en la que pueden caer las instituciones gubernamentales, violando sus propios reglamentos y cometiendo delitos desde el interior.
Club del Lago, reclaman comuneros
Y en otro tema, le decíamos ayer que el empresario Carlos Slim estaría adquiriendo el Club del Lago para convertirlo en un desarrollo corporativo, para lo cual ya se trabaja a nivel de proyecto ejecutivo, porque la intención es iniciar de un momento a otro.
Bueno, pues de inmediato levantaron la voz los comuneros para mencionar que esos espacios siguen sin ser segregados de los bienes comunales de Chapultepec, que forman parte de lo que se conoce como “amate redondo” y que por lo tanto, el propio inversionista tendría que entrar en diálogo con ellos.
Eduardo Sierra Vargas, líder de la Unión de Trabajadores, Obreros y Campesinos de Morelos, y asesor de bienes comunales, indicó que “se trata de un espacio de 18 mil metros cuadrados, cuyos polígonos y coordenadas se encuentran en nuestras manos, tenemos todos los antecedentes porque sigue siendo comunal”.
Luego recordó que “en su oportunidad formó parte de la IACSA y de la Gerbera que el entonces gobernador, Lauro Ortega Martínez, instaló ahí, pero que nunca se enajenó del núcleo”. Y dijo que “en su oportunidad, derivado de muchos conflictos, hubo hasta muertos, uno de ellos, quien se ostentara como dueño del Club del Lago, Luis Autrique Gómez, que fuera secuestrado y asesinado por el rumbo de Huitzilac”.
Y relató que “llegó a tener muchos problemas con el fisco, debía hasta la camisa, tanto, que ofreció pagar con una fracción del terreno, algo así como cuatro mil 500 metros cuadrados, negociación que nunca se concretó por lo que le ocurrió”.
Actualmente, agregó, “aparecen firmas como DEVO, S. A. y VIVE, S. A. pero en realidad conforme a los antecedentes y documentos que obran en nuestras manos, aquello continúa perteneciendo a la comunidad de Chapultepec, como muchos otros espacios ya invadidos por el desarrollo urbano, incluyendo el libramiento y las áreas que se advierte, serán ocupadas por la ampliación de esa vialidad”.
Pero aclara que ante las actuales circunstancias, la posición de los comuneros no es oponerse a los desarrollos, simplemente se exige que las autoridades y los inversionistas busquen acuerdos mediante los cuales se logre ya conceder legal posesión en coordinación con la comunidad, es decir, que se validen los procesos de segregación a fin de evitar conflictos en lo sucesivo.
Sin embargo, esa es la parte que nunca se ha querido enfrentar, por eso las resistencias en lo que tiene que ver con la ampliación para el proyecto del Paso Exprés, donde se afectarán muchos intereses de familias que serán desplazadas sin la mayor consideración y advierte que “es el procedimiento el que incomoda”.
