Funcionarios menores de la dependencias sostienen que a partir de la primera semana de octubre el señor causa baja, que ya el Secretario Manuel Santiago Quijano lo viene haciendo oficial y vía la Subsecretaría de Gobierno, se promueve al profesor Noé Sánchez Morales como su sucesor.
Ramírez Escobedo fue acusado de usurpación de profesiones, aspecto por el que fue suspendido temporalmente, sin embargo, la decisión ha sido removerlo, por “sugerencia” de la Secretaría de Gobierno, vía la Subsecretaría, a cargo de Marino Martínez Román, ello debido a que ya se prepara un segundo proceso de regularización de concesiones consideradas como irregulares en las zonas oriente y sur poniente del estado.
Desde el interior de esa Secretaría, ya comienzan las críticas en torno a Sánchez Morales, porque se le considera sin perfiles para ocupar esa responsabilidad, es maestro de primaria y aunque ha desempeñado algunos cargos, sobre todo a nivel municipal, nunca ha pasado por el área de transportes.
Pero más allá de todo lo anterior, quienes han estado cerca de los procesos de regularización de concesiones de taxis, sostienen que detrás de ello hay un jugoso negocio del que se benefician los operadores directos y se pone como ejemplo la más reciente entrega de legalización de tres mil 500 permisos, que en realidad fueron más, cuatro mil, porque unos 500 fueron entregados por fuera.
Sobre esto, manifiestan que a pesar de que en la SMyT sólo se cubrieron los costos oficiales por cada placa, en realidad a los beneficiarios se les vendieron en 100 mil pesos, es decir, algo así como 400 millones de pesos habría representado el paquete entregado recientemente en un acto desarrollado en el Centro de Convenciones.
Pero de acuerdo a los testimonios de empleados de la Secretaría, la llegada de Sandoval Morales va asociada al proyecto de legalización de otras tantas concesiones en el resto del estado, porque las anteriores fueron en Cuernavaca y la zona conurbada.
Bueno, uno de los testimonios refiere que “Sandoval Morales es asesor de Marino Román, tomó cargo el primero de junio del 2013, pero ya desde ahí, operó con la señora Martha Salgado, lideresa de una agrupación de taxistas, 50 concesiones a favor de su jefe Marino, en el reciente pasado”.
En concreto, la queja también es porque será desde la Subsecretaría de Asesoría y Atención Social desde donde se está ya iniciando el proceso de regularización de miles de permisos más y no en la SMyT, como legalmente corresponde, y esto fue así en el proceso anterior.
Pero igualmente hay cuestionamientos internos respecto al procedimiento que se viene haciendo para legalizar más taxis, los funcionarios de la Secretaría señalan que “tienen que llevarse a cabo estudios de factibilidad, eso establece la Ley en la materia y hasta el momento no hay nada de eso”.
Más aún, aseguran que “mediante diversos enviados a las regiones oriente y sur poniente, se les invita a los interesados a inscribirse para la entrega de placas a cambio de favores, aunque no se aclara de que tipo, entendemos que son político-electorales”.
Como quiera que sea, se aprecia de todos modos una especie de depuración en la dependencia, aunque pareciera que todo tiene que ver con proyectos de intereses de pequeños grupos que ya están encontrando la manera de hacer negocio, independientemente de “amarres” de carácter político.
Ojalá que por lo menos se reduzca el fenómeno del “pirataje”, porque es un factor que alimenta y facilita la comisión de actos delictivos, se han dado muchos casos en los que el robo o el secuestro, se perpetran en esas unidades no legales, fuera de control.
Una cosa es evidente, la llegada de Santiago Quijano a Movilidad parece haber sido positiva, los escándalos en los que andaba su antecesor, David Gómez Basilio quedaron atrás, no deja de haber problemas, pero ya no con la misma frecuencia que antes, eso se nota claramente.
Aún así, el sistema de transporte público continúa ofreciendo serias debilidades, la promesa de modernizarlo, de concientizar a los operadores para dar un mejor servicio, de sustituir unidades “chatarra” por modelos recientes, se ha quedado en eso, simple compromiso, por todos lados se ven circular rutas con serios problemas mecánicos, que de ninguna manera se ajustan a la Ley, que especifica con claridad que sólo pueden ofrecer el servicio automotores con 10 años o menos.
Es una enredada madeja la del transporte público, son grupos monopólicos los que controlan la mayor parte de concesiones, ni la alternancia en el poder ha logrado obligarlos a evolucionar, esporádicamente se anuncian cambios, que seguramente terminan en la mesa de negociaciones donde las partes se ponen de acuerdo a fin de que las cosas sigan igual, no vemos otra explicación.
Se han hecho modificaciones legales en la materia con el propósito de acabar con toda serie de irregularidades, pero tampoco funciona, simplemente no se aplican y las cosas siguen igual, por eso surgen sospechas en el sentido de que entre autoridades y permisionarios hay una relación con alto grado de corrupción, la omisión en el cumplimiento de normas seguramente tienen un precio para los magnates y líderes gremiales, que además, están dispuestos a pagar a fin de seguir haciendo de las suyas.
Los afectados son los usuarios, tienen que soportar todo tipo de maltratos, a pesar de que el costo de las tarifas no es precisamente bajo y ya muchos concesionarios buscan generar presión para elevar el precio de la parada mínima, hoy de 6.50 pesos, pero igual los convencen de esperarse hasta después de las elecciones entregándoles más permisos, no les caería nada mal.