Lo anterior dio origen a una movilización que amenazaba con desbordarse, pero el gobierno panista mantuvo su posición a pesar de que en su oportunidad, bajo presión, se firmó un acuerdo donde se aceptaba el retiro de esos avecindados por representar un asentamiento irregular e improcedente. Nunca se supo con certeza cuánto se pagó por el decomiso del predio denominado “Huertos I de Alpuyeca”, pero con el fin de concretar su propósito, la administración pública estatal trabajó cuidadosamente hasta que logró comprar las conciencias de quienes encabezaban las acciones de protesta, uno de ellos Juan Arañegui Cosme y familiares.
Empezó a negociar otro espacio, éste de 93 mil 918.20 metros cuadrados que ya estaba incluso lotificado en predios, denominado “Huertos de Alpuyeca II”, con el propietario Manuel Ahumada Mata, esto bajo el decreto 4982, emitido el 31 de mayo del 2012.
La indemnización convenida fue de 14 millones 454 mil 968.30 pesos ante el banco HSBC, del que se desprendieron acciones directas para controlar al grupo que demandaba la salida de los antorchos. El Gobierno hizo el depósito a favor de Ahumada el 9 de julio del 2012. Pero la búsqueda de datos en este Gobierno, logró ubicar que con fecha de 23 de julio del mismo año, Ahumada liberó de esos más de 14 millones de pesos, cuatro cheques a favor de miembros del grupo encabezado por Arañegui Cosme. A su nombre aparecen dos documentos, el número 0951232 por dos millones 500 mil pesos, así como el número 0951229 por 200 mil pesos.
Pero además, su esposa María Isidra Anaya Ibarra recibió el número 0951231 por la cantidad de 150 mil pesos, mientras que Rebeca Quiroz Vázquez hizo lo propio con el cheque número 0951239 por otros 150 mil pesos, es decir, les entregaron tres millones de pesos y el compromiso de cederles además el 50 por ciento de la superficie decomisada para distribuirla en calidad de lotes a miembros del movimiento.
El Gobierno actual continúa la indagación al considerar que además de haberse comprado las conciencias de líderes de esa resistencia en Alpuyeca, algún ex funcionario también habría recibido cerca de un millón 500 mil pesos, porque Ahumada Mata sólo se quedó con 10 de los 14 millones 454 mil pesos fijados como indemnización. Los datos más recientes señalan que hay algunas novedades, desconocemos hasta ahora cuál será el uso que se le intenta dar a todos esos antecedentes de corrupción, usados por el gobierno de Marco Adame Castillo para mantener a “Antorcha Campesina” en aquella población. Pero igualmente se habla de averiguar cuál fue el destino que Arañegui Cosme le dio a los tres millones de pesos aceptados, a fin de permitir la estadía de los antorchos.
Aparecen los 62 mdp autorizados por el Congreso para educación
En otro aspecto informativo, aquí le dimos a conocer vía una denuncia de un presidente de asociación de padres de familia, que el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) no había canalizado fondos por 62 millones de pesos autorizados por el Congreso local, a fin de que sustituyeran las famosas “cuotas voluntarias” que cada inicio de año se cobran por alumno y que de “voluntarias” no tienen nada.
Hasta esa fecha, hará unas tres semanas, nadie sabía dónde estaba el dinero. La titular del IEBEM, Marina Aragón Celis decía que no tenía conocimiento de tal cosa, no obstante el propio denunciante dijo que había señales de que estaba en Hacienda del estado. Pues tras esos debates públicos, finalmente ya se dijo que están ahí y que se vienen liberando gradualmente a favor de la educación básica, pero pareciera que con algunas reglas o candados porque a decir de la titular de Hacienda, Adriana Flores Garza, cada director de plantel decidirá en qué invertirá el recurso que le corresponde. Es decir, a lo mejor en obras mínimas, pero generalmente ese dinero se usaba para la adquisición de insumos. Se le entregaba a las responsables de las escuelas, éstas adquirían papelería y otras necesidades y entregaban los comprobantes de consumo, algo que ciertamente evitaba desviaciones.
Pero ahora no será así, el asunto es que el IEBEM no suministra insumos a las instituciones de preescolar, primaria y secundaria, y por eso se pedía a los paterfamilias “colaborar para poder ir resolviendo tales deficiencias”, si con los 62 millones de pesos no se atacará esta parte, lo más seguro es que gradualmente llegaremos a lo mismo. Como padres vamos a tener que entrarle con nuestro cuerno, algo anda mal, el Poder Legislativo debería darle seguimiento al tema y verificar que efectivamente el recurso se aplique conforme a lo autorizado por los legisladores.
De entrada, resulta sospechoso que mientras no se había denunciado que el dinero no aparecía, simplemente no se usó, a pesar de que hacía mucho que se contaba con él. Por lo menos le dieron una buena “jineteada”, pero es muy posible que ahora se pretenda desviar su utilización adecuada, cosa que tendría que evitarse porque el espíritu de la posición del Poder Legislativo es ese: acabar con la fijación de cobros al arbitrio de parte de las direcciones escolares, que eran las que fijaban las cantidades a cubrir como condicionante para poder inscribir a los menores. Sólo que usaban como parapeto al frente a las asociaciones de padres de familia que hacia afuera daban la cara. Nos tocó vivir de manera directa estas cosas y sabemos de qué hablamos, por eso advertimos de que igual y se sigue manoseando algo que va etiquetado.
