Seguramente engañando a las más altas autoridades, convirtió esta disposición gubernamental en un negocio casi sin límites, desviando el propósito de la misma para beneficiar a quienes no debía, cómplices, familiares, amigos y hasta funcionarios y empleados de esa misma dependencia, lo cual representa un delito que debe ser sancionado conforme a las normas, es lo menos que se puede exigir.
Hace unos días, un grupo de transportistas presentaron ante los medios informativos los sustentos de un fraude orquestado por Gómez Basilio, en el que participó un funcionario de la Dirección de Gobierno estatal, les sacaron más de 100 mil pesos con el compromiso de entregarles los permisos respectivos, así como diez autos Jetta, pero los dejaron colgados.
Sobre todo porque hay en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) una especie de controversia sobre la procedencia y legalidad de entregar esos permisos que todavía no se dictamina, o sea que la instrucción es que por ahora las cosas deben quedar como están, esos permisos no se pueden otorgar.
Quizás el TCA lo desconoce, pero con la finalidad de salir momentáneamente del paso ante las denuncias públicas, se dijo a los interesados que comenzaran a trabajar esas unidades, ya fuera con placas particulares, permisos temporales o de plano sin placas y así andan por las calles en los municipios conurbados de Cuernavaca unas tres mil 700 unidades, las que negoció Gómez Basilio. La SMyT debería actuar en consecuencia, con base en el artículo 135 de la ley en la materia, en la que se establece que “se sancionará hasta con seiscientos días de salario mínimo vigente en la entidad, a quienes presten servicio de transporte público sin los permisos, placas, ni normas establecidas. En casos de reincidencia la multa es ya de mil 200 días, ¿se actuará en consecuencia.
Pero además, lo que decíamos en principio, Gómez Basilio violando nuevamente la norma que en su artículo 50 señala: “por ningún motivo se puede otorgar un permiso a funcionarios de Gobierno, miembros de ayuntamientos, servidores públicos de la SMyT, diputados locales y federales”, por citar algunos, pero entregó concesiones a diestra y siniestra. Algunos ejemplos, a Emma Maricela Vázquez Flores, directora administrativa de la SMyT, sus placas son la 6039LUT, a nombre de Lilia Vázquez Flores, su hermana; a María del Carmen Mejía Bahena, también funcionaria de esa secretaría con las placas 5876LUT.
Pero además, a su hijo Julio César Guadarrama Mejía también le dieron otras con el número 5877LUT. No obstante, algunos políticos se apuntaron, aparece un familiar del senador Fidel Demédicis Hidalgo, se trata de Gabriela Teiko Demédicis Hiromoto con dos juegos de placas: la 2887LUV y la 2370LUV; César Mazari Uribe con la 1925LVS y a Juan Guardián Tapia, hermano de José Trinidad, que fue delegado de la SMyY en Jojutla, sorprendido cuando pedía dinero por trámites, a él le dieron las placas 1935LUU.
Para acabar pronto, un verdadero cochinero que lo menos que merece es una profunda investigación para que se llame a cuentas, no sólo al ex secretario de Movilidad, sino a todos aquellos que se involucraron en el cuantioso negocio de la comercialización de permisos que en conjunto, de acuerdo a documentos de la dependencia, pudiera alcanzar 35 millones de pesos, ¿cómo la ve?
G. RIVAS, CON PERMISO PARA AGREDIR
En otro tema, a propósito de lo ocurrido en el Congreso local el pasado 2 de abril, donde huestes de Gabriel Rivas Ríos, ése que anda desesperadamente tratando de ganarse una diputación local o una regiduría para seguir haciendo de las suyas, intentaron apoderarse de la tribuna del recinto legislativo con el argumento de que quieren bajar el costo de la recolección de basura en la capital, habría que ahondar en algunos más.
Todo indica que el señor tiene la venia del secretario de Gobierno Jorge Messeguer Guillén, hasta para agredir a través de quienes le acompañan. Lo de ayer es lo de menos, la evidencia más clara de que detrás de él hay quien mueve el pandero, ocurrió hace ya más de una semana, cuando se presentaron para hacerle reclamos al alcalde Jorge Morales Barud, cuando éste y el cuerpo edilicio iniciaban una sesión de cabildo.
Ahí intentaron también por la fuerza impedir el acceso de los concurrentes a esa sesión, usando la fuerza y la agresión, tanto, que la Policía Municipal debió detener a uno de los rijosos, que actuó con más violencia, lo trasladaron a la Procuraduría y Rivas con su gente intentaron evitar que lo pusieran a disposición, finalmente se hizo, pero qué cree qué pasó, una fuente informativa de la propia PGJ confió a La Unión de Morelos que alrededor de la media noche, el secretario Messeguer Guillén se presentó en la dependencia para pedir su liberación, lo cual obviamente se dio, faltaba más.
Esto es ya el exceso porque no se guardan ni las formas, el detenido había cometido un delito, tenía que pagar por ello, sin importar creencia religiosa, militancia política o impulsor de algún proyecto electoral, no fue así, se propició la impunidad, esa que tanto se afirma está corrigiéndose. Pero sobre todo, lo anterior confirma que detrás de Rivas Ríos hay mucho más que la demanda de reducir el nivel de algunos impuestos, son otros los propósitos que animan a algunos cabecillas y sólo utilizan el argumento fiscal para atraer respaldo ciudadano, por eso estamos como estamos. Las leyes y las normas de sana convivencia pública se continúan pisoteando, pero con el aval de ciertas figuras de gobierno que deberían pregonar con el ejemplo.
