Son detonantes inflacionarios los incrementos permanentes al gas doméstico, la gasolina, el peaje en autopistas, el huevo y ahora lo del servicio público del transporte, porque empuja a la nueva etiquetación de precios en todos los órdenes, mientras los ingresos familiares continúan perdiendo poder adquisitivo.

Ayer, en conferencia de prensa, algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) valoraban la situación y hacían hincapié en que el peso que se le agrega a la cuota mínima del transporte representa un 20 por ciento de incremento, el salario mínimo subió apenas un cuatro por ciento, es decir, la nueva tarifa está 500 por ciento por encima.

Igualmente y siendo muy conservadores, se mencionaban los costos que ello tendrá al interior de los hogares, Gabriel Rivas Ríos, miembro de un frente de defensa popular contra las alzas, decía que para una familia que tiene dos hijos en la escuela, significará destinar 39 pesos diarios a este servicio, o sea, algo así como el 66 por ciento del mini salario y eso, pensando en un grupo familiar bastante reducido.

Sergio Sánchez Navarro, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y parte del movimiento #YoSoy132, calificó la aprobación oficial al respecto, como una “canallada”, porque nunca se consultó a los usuarios para la toma de decisiones.

Claro, la parte oficial habla de estudios socioeconómicos y de todo un rollo respecto a que el costo de las refacciones y de los insumos para la prestación del servicio también han subido, sin embargo, en medio de un escenario realmente preocupante en materia económica y de desarrollo, todos debiéramos sacrificarnos, y aquí se está favoreciendo a un sector sobre los demás.

Visto el caso muy superficialmente, se puede caer en la conclusión de que es un asunto menos, no obstante, sus alcances son impredecibles y de daños incalculables, porque ante la marginación y pobreza lacerante que hay en una mayoría social, no es descabellado considerar que por insuficiencia de dinero, miles de niños y jóvenes ya no podrán continuar estudiando y sin preparación, no hay futuro promisorio.

¿Cómo podemos entonces pensar que se está abonando en el progreso y desarrollo del estado o del país?, simplemente estamos perdidos, porque esa insuficiencia financiera ya histórica es la culpable de todos los males que enfrentamos hoy, por ejemplo, en cuestión de seguridad y justicia.

El palo ya está dado, valoramos el esfuerzo que esas ONGs están haciendo, nada es en vano, sin embargo, también estamos seguros de que no habrá reversa, y los gritos y protestas se irán silenciando al paso del tiempo, como siempre sucede en acontecimientos similares.

Se habla asimismo de la posibilidad de interponer amparos colectivos a fin de detener la consumación del incremento, pero conocemos la actitud de las autoridades, se mantendrán en la postura dada y no habrá nada que los haga retroceder.

Aplaudíamos en días anteriores la decisión de conceder a la UAEM un mayor presupuesto, para que de esta manera, la institución incremente su matrícula estudiantil a fin de que miles de jóvenes que no logran entrar puedan seguir estudiando, sin embargo, nos encontramos en un momento en el que ya no se trata de la existencia o no de espacios educativos para las generaciones emergentes, todo tiene que ver con la insuficiencia de recursos económicos.

Un número muy superior a esos cinco o diez mil que no logran aprobar los exámenes de ingreso a la máxima casa de estudios ni siquiera hacen su solicitud, esto porque no tienen para pagar la ficha y sus padres ya no los apoyan porque no tienen dinero, así de simple.

Pero con políticas anti populares como esta de elevar la tarifa del transporte, no se puede hacer nada, vamos en retroceso constante. En rubros como este, las instituciones de Gobierno deben buscar mecanismos distintos para poder apoyar a los empresarios del ramo, ya sea con refacciones o energéticos, de tal forma que no se tenga que terminar siempre con un alza a la tarifa.

Es cuestión de voluntad y de visión gubernamental cuando en verdad se trabaja para el pueblo, sin embargo, la vocación de servicio de los políticos hace muchos años se perdió, la absoluta mayoría de ellos van por lo suyo a los cargos públicos o de representación, los compromisos son sólo parte del discurso de campaña.

Lo malo es que tampoco el espíritu combativo de estudiantes de las diferentes instituciones públicas educativas como la misma universidad aparece por ningún lado, la resistencia a esas determinaciones desafortunadas es mínima, y por ello es que el propio Gobierno hace lo que quiere.

En este caso, las autoridades sí prestaron oídos a las demandas de los concesionarios, pero nunca hubo la mínima atención a la visión de los usuarios, que son finalmente quienes pagan los costos de todo lo que se va a venir a partir de este próximo miércoles, fecha fatal predispuesta entre transportistas y Gobierno, y además, en medio de señalamientos graves de corrupción al interior de la Dirección General del Transporte (DGT) que es la instancia competente en decisiones en la materia.