Ahí se han conformado grupos de control de espacios y al paso de los años algunos servicios públicos se convirtieron en parcelas de usufructo de las organizaciones que dominan el mercado, a pesar de ser responsabilidad del ayuntamiento capitalino el garantizar la operatividad de los mismos con dinero púbico.

Resolver lo que ocurre internamente ha sido una tarea que ningún presidente municipal ha podido superar, porque la resistencia a la transformación y a la legalidad ha sido total de parte de aquellos que se vienen beneficiando con el desorden.

Es un secreto a voces que del cobro de servicios como el sanitario o de los estacionamientos se obtienen miles de pesos diarios, que van a parar a manos de dirigentes de esos grupos en referencia y de lo que no se da cuenta a la comuna, o no por lo menos al nivel de la cantidad de ingresos.

Pero la situación es mucho más complicada de lo que se antoja, porque como suele suceder en todo negocio de dudosa transparencia, hay gente de la presidencia municipal que se ha amafiado con los actores del mercado en el ocultamiento de datos, sobre todo del ramo financiero.

Hace unas semanas, tomó protesta como director de mercados Antonio Rosas Manzano. El hombre viene de desempeñar cargos interesantes en materia de seguridad e impartición de justicia, en el área de peritos, debe sumar alguna experiencia que le faciliten el poder superar inconvenientes como los que estamos describiendo para intentar una solución.

Cuernavaca cuenta con ocho mercados públicos, pero es el ALM el que concentra al mayor número de comerciantes, con facilidad se superan los cinco mil, así que el monstruo no es fácil de domar, hasta políticamente representa un espacio valioso para quienes aspiran a cargos de elección.

Buscar combatir y eliminar los vicios y las componendas que se están dando entre trabajadores de la alcaldía y los líderes de las uniones de comerciantes en lo que toca a los sitios de interés monetario seguramente despertará reacciones bastante fuertes, así que se tienen que considerar muchos inconvenientes si se busca actuar.

Y es que empleados de uno de los sindicatos de la presidencia municipal confiaban a La Unión de Morelos que en efecto, buena parte de los 72 trabajadores sindicalizados que están asignados al Adolfo López Mateos mantienen complicidades con los líderes, ocultando datos sobre ingresos que tendrían que ir a la comuna.

Incluso referían que acaso el 30% de dicho personal es el que realmente desempeña alguna tarea, unos 50 sólo asisten a cobrar, porque hasta eso, han condicionado a los de menor nivel a cumplir con el esfuerzo que a ellos les corresponde bajo la advertencia de que si sueltan la sopa serán despedidos y castigados.

Claro, lo que se intuye es que el control viene desde la dirigencia sindical, los agremiados por sí solos no podrían pasar por encima de su líder, así que la distribución de beneficios llega hasta las cabezas de los gremios, cómo la ve, pero por lo menos es algo que ya empezó a trascender y sólo es cuestión de que se les aprieten las tuercas.

Incluso, otros empleados mencionaban que con documentos falsos se han adjudicado decenas de locales comerciales que quedaron sin funcionar, luego de la administración de Sergio Estrada Cajigal como edil capitalino. Se afirmó que con la firma falsa del ahora ex gobernador, se reasignaron esos espacios y lo menos que procede es comenzar las investigaciones al respecto.

La cosa es que por el lado que se le quiera ver, el descuido o falta de capacidad del gobierno municipal para aplicar orden y legalidad ha llevado ya a extremos que merecen una enérgica intervención oficial, de lo contrario, el fenómeno podría incluso crecer.

El otro “foco rojo” es lo de siempre, redes eléctricas obsoletas porque muchos locales se cuelgan de los alambres, amenazando con generar cortos y posibles incendios como ya ha acontecido en tiempos recientes. Qué decir de la presencia de cientos de tanques de gas sin control alguno que utilizan los negocios de comida y que tampoco ha logrado resolverse porque además existe una negativa a aceptar inversiones de mejora integrales.

Pues Rosas Manzano, claro con la autorización de los mandos superiores, debería valorar una investigación por lo menos en dos aspectos: el caso de presuntos contratos de adjudicación de locales comerciales con la firma falsa de Estrada Cajigal y aquello de la complicidad de trabajadores sindicalizados de la alcaldía en lo referente al cobro por uso de estacionamiento y baños públicos.

No creemos que funcionarios de primer nivel, menos el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo estén siquiera enterados de lo anterior, así que no le vemos inconveniente para que el director de mercados pueda comenzar con un esfuerzo para recuperar el control perdido hace décadas, porque en efecto, esto lleva bastante tiempo.

Cualquier comerciante con algunos años de venta en ese lugar le puede decir que hay personajes que se han hecho millonarios con el desvío de dinero del uso de los servicios y le dan nombres y apellidos, por eso consideramos que desde la presidencia municipal se tienen obligadamente que conocer esos antecedentes.

No es aceptable que mientras la insuficiencia de recursos presupuestales impida mejoras sustanciales a la nave, en perjuicio de todos los comerciantes, unos cuantos se lleven lo que se genera desde ahí. Se trata de un mercado municipal, para el cual la alcaldía cubre 72 plazas en la nómina, a fin de apoyar los servicios de limpia y mantenimiento indispensable en general.

Lo anterior, sumado a inversiones obligadas frecuentemente, deben representar una suma interesante anual, sólo para engordarle el caldo a algunos vividores que hacen de las suyas al amparo de la confusión y que cuando ven amenazados sus intereses, recurren a cualquier estrategia para mover a su gente y lanzarse contra aquellos que consideran sus enemigos, sin embargo alguien tendrá que empezar a hacer la tarea.