Hablamos de miles de millones de pesos que a los mexicanos de poco o de nada nos sirven, por el contrario, buena parte del pago de impuestos del pueblo acaba alimentando aspiraciones políticas y engordándole el caldo a vividores del presupuesto, que cuando logran sus objetivos, toman distancia y se olvidan de compromisos y promesas.

Si se cuantifica el dinero que se gasta en prerrogativas, procesos electorales y posiciones de representación proporcional, tanto en el Senado de la República como en el Congreso de la Unión y las cámaras locales de legisladores, el monto es casi inimaginable.

Este es un tema bastante interesante y reclamado desde distintas trincheras hace buen rato, abanderarlo necesariamente traería mucha rentabilidad electoral a quienes lo hagan y en ese sentido observamos a un Partido Acción Nacional (PAN), que desde la Cámara baja, ya está poniendo el dedo en la llaga.

La bancada panista, que ha mandado como punta de lanza al presidente de la mesa directiva Javier Bolaños Aguilar, ha propuesto, entre otras cosas, aspectos fundamentales en torno al asunto, como reducir en 32 el número de senadores  y en 100 el de diputados federales. Serían 132  menos en su conjunto y con base en lo que actualmente ingresan –por supuesto, de lo que públicamente se conoce- la disminución en el gasto sí sería impactante.

Igualmente se agrega el tema relacionado con el porcentaje que debe obtener un partido político a fin de conservar su registro y que actualmente es del 3%, pues se propone elevarlo al 5%. Aquí también, de lograr que prospere la idea, traería consecuencias altamente positivas, porque si hay algo que resulta un negocio redondo, es la formación de un partido, lo que se llevan de prerrogativas son una millonada, incrementar el porcentaje de electores para que conserven su permanencia, llevaría a más de uno a la extinción y eso es fabuloso.

Además, es sabido que a pesar de que la ley electoral los obliga a transparentar el uso de esos recursos, jamás lo hacen, a partir de ahí hay quienes se enriquecen descaradamente, por eso también ha crecido la inconformidad popular ante esas organizaciones.

Y claro, aquello de las prerrogativas es también reclamo popular, y los panistas sugieren reducir del 60 al 35% de salario mínimo por voto, a fin de que los mismos partidos se esfuercen por realizar un trabajo real a fin de inducir voluntades a su favor, si quieren más dinero. Incluso, insisten en la eliminación del fuero para todas las posiciones.

En efecto, como en muy pocos países, aquí nuestro dinero es utilizado para financiar carreras políticas que no traen utilidad alguna a los mexicanos, hay incluso ya cierta irritación social en contra de los partidos, porque se les considera directamente responsables del proceder de sus “militantes distinguidos”, que los representan en la vida política pública.

Así que el PAN dio un paso adelante a sus adversarios en este asunto, es una bandera electoral que atraerá simpatías y apoyos y por el contrario, si los demás institutos la rechazan, será bastante riesgoso para ellos, porque el electorado les pudiera cobrar la factura en las urnas.

DESAPARECIDOS, SON MUCHOS, ¿DÓNDE ESTÁN?

En otro asunto, ayer Susana Díaz Pineda, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, ofreció algunas cifras respecto a mujeres y hombres desaparecidos en el estado de Morelos de unos años a la fecha y los números son escalofriantes.

El documento refiere que del 2012 a la fecha, han desaparecido unos 136 varones. Claro, se entiende que esos datos son producto de la investigación de la comisión, porque a decir de la denunciante, la Fiscalía General de Justicia del Estado no cuenta con un banco de datos.

Pero además, agrega que las estimaciones llevan a considerar que por cada desaparecido con cédula de búsqueda, hay dos más que no son reportados por los familiares, así que la cantidad entonces sería tres veces la anterior. Díaz Pineda resalta asimismo que en el mismo periodo, se tiene registradas 182 mujeres desaparecidas, es decir, en el caso de ellas son más.

De las causas poco se sabe, aunque desde luego, muchos de esos casos corresponden a hechos delictivos, pero en otros simplemente se desconoce el motivo de las desapariciones, porque los familiares suelen no levantar las denuncias correspondientes a fin de que se inicie la localización.

Por eso incluso, en el caso de mujeres en esta situación, algunos funcionarios han recurrido al argumento de que se fueron con el novio, aunque sea esa una posición irresponsable que muestra la falta de voluntad para buscarlas o intentar cuando menos sancionar a culpables de presuntos delitos.

Bajo tales circunstancias, en efecto es difícil precisar si en todos esos sucesos se dio alguna acción de injusticia y de delito, porque también es cierto que existen personas que, tras haber cometido alguna falta a la ley, suelen tomar distancia. Es incluso común que cuando alguien le quita la vida a algún semejante, busca refugio al otro lado de la frontera norte del país.

Y en situaciones como ésta, son los familiares los menos interesados en que se sepa el destino del consanguíneo, sin embargo, es claro que en número deben ser los menos y que la mayoría son parte de la preocupante situación que enfrentamos en esa materia.

Además, eso de que la Fiscalía no tiene un registro de hechos de tal naturaleza, resulta preocupante, porque se cae en acciones de omisión que tanto daño le causan a la seguridad ciudadana. Sin embargo, tampoco es sorpresa, porque constitucionalmente, delitos como la violación, el secuestro o el asesinato se persiguen de oficio, es decir sin que medie denuncia al respecto, las instancias competentes en la materia están obligadas a buscar a los responsables a fin de aplicarles todo el peso de la ley y en nuestro caso, aunque se denuncien, sin lana de por medio, nadie se mueve.