Este domingo le presento para acompañar este espacio, estimado lector, algunos extractos de la opinión de Adrián López Ortiz en su artículo “Periodismo en peligro”, publicado de manera reciente en el portal sinembargo.mx. “Habría que empezar por el principio. Y es que gran parte de la crisis de nuestro periodismo se explica en la crisis del modelo de negocio de los medios de comunicación mexicanos (…) A México le hace falta periodismo. Tenemos muchos medios, pero muy poco periodismo profesional, independiente, crítico. Nuestro periodismo en general no cuestiona, no pregunta, mucho menos investiga”.

Retomo entonces lo que señalábamos el fin de semana pasado: ¿Qué ha pasado con las publicaciones en “innumerables espacios de la prensa escrita, el tiempo aire de televisoras, las horas de espacios radiofónicos y las plataformas de medios digitales, nacionales e internacionales”, que se alimentaron una y otra vez con unánimes condenas respecto al homicidio de Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotoperiodista hallado muerto el 31 de julio en el Distrito Federal, junto a la activista Nadia Vera y otras tres mujeres?

¿Cuántos periodistas, además de participar en marchas de indignación y luto, colocando cámaras en el piso y antifaces en sus rostros con la fotografía de la víctima, para ‘honrar’ y ‘recordar’ al comunicador caído y exigir justicia, se preocupan actualmente por capacitarse en los temas que pueden lograr un cambio en nuestro país? Una pregunta sencilla, para cualquier periodista, sería: ¿conoce usted el tema específico de la libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Tal vez -y con no cierta razón- la respuesta sería que un periodista no es un abogado que deba de conocer al respecto de ‘jurisprudencias’ pero… y sobre el tema de la libertad de expresión ¿qué es lo que conoce, entonces? Esa es ya una pregunta que debería de ser respondida por cada periodista, en su fuero interno. No somos capaces de defender aquello que no conocemos, aquello que no nos apasiona, aquello que pueda cambiar nuestro temor por seguridad: “el saber reemplaza al miedo”.

En el Séptimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia “Reforma al sistema de justicia penal a un año de vigencia: ¿qué falta y quién está en falta?”, llevado a cabo en mayo pasado, los ponentes señalaron que no debemos pensar que en junio de 2016, cuando se “termine” la implementación de la reforma penal en todo el país, México cambiará radicalmente. No, porque para ello se requiere un cambio de mentalidad y romper paradigmas en todos, no sólo por parte de quienes operan y administran la justicia, sino en la población en general. Y como hoy nos toca hablar acerca de los periodistas, pues en específico en ellos.

Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para la democracia y para la libertad, y todo lo que se refiera a las investigaciones que se llevan a cabo respecto a los periodistas o comunicadores, debe entenderse como un deber jurídico propio. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

También es una responsabilidad de todos, en la medida de nuestras posibilidades.

Retomando lo que apuntaba López Ortiz en su publicación digital “Periodismo en peligro”, destaca que en un contexto adverso “figuran las organizaciones defensoras de derechos como Freedom House o Article 19, quienes poco pueden hacer para subsanar el vacío que dejan las omisiones de los responsables de prevenir y proteger la integridad de periodistas y medios, a saber el Mecanismo Federal de Protección, y aquellos responsables de garantizar la aplicación de justicia en estos casos, la PGR y la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)”.

No he tenido oportunidad de escuchar el audio de la entrevista realizada al recientemente nombrado titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Nájera Herrera, quien la habría concedido al medio de comunicación “24 HORAS” y en la cual habría declarado que el homicidio de Rubén Manuel Espinosa Becerril, no tendría vinculación con la profesión que ejercía en Veracruz.

“La verdad, hasta donde yo sé, parece ser que no es por ese lado, todo indica que no va por ahí porque hasta ahorita de las investigaciones que lleva la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es que no tiene nada que ver (su muerte con relación a su profesión)”, habría referido en dicha entrevista Nájera Herrera, quien fuera anteriormente director de comunicación social de la PGJDF.

Sería ocioso este día desglosar los informes estadísticos de la FEADLE, pese a que debe reconocerse que es una de las pocas dependencias federales que tiene prácticamente al día los reportes que atañen a sus labores y las estadísticas referentes a delitos contra la libertad de expresión. También sería ocioso transcribir la “Cartilla de los Derechos de los Periodistas”, “Las diez consideraciones para presentar una denuncia”, o extractos del “Manual de prevención de delitos cometidos contra la libertad de expresión”; pero contemplaremos su análisis en un espacio futuro.

Concluiremos este día en coincidencia con Adrián López Ortiz cuando señala en “Periodismo en peligro” lo siguiente: “mientras que muchos alzamos la voz para exigir investigaciones claras, expeditas y exhaustivas, son pocos los que llevan esa exigencia pública a su quehacer periodístico cotidiano”.

Si las fiscalías están obligadas a mostrar resultados que se sustenten en investigaciones profesionales y legales, integrales y transparentes, con mayor razón cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera particular, estamos obligados a involucrarnos y a exigir justicia con bases y fundamentos; en el caso de los ataques contra la libertad de expresión en México, solo así se podrá comenzar a poner fin a la impunidad.