En la semana que concluye, la Oficina en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entregó el documento “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”; mediante lo expuesto en el documento, la ONU pone en duda la verdad histórica de las autoridades mexicanas en el ‘caso Ayotzinapa’ y documenta al menos 34 casos de tortura durante la investigación.

Al respecto, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, apuntó que "el caso Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos".

En este espacio dominical hemos abordado el caso Ayotzinapa en varias ocasiones, la primera de las cuales fue en octubre del 2014, con el tema "Fosas, cadáveres… antropología forense”, cuando ante los recientes sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, en torno a estudiantes normalistas, celebramos la intervención de peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); en dicha ocasión destacábamos el comentario de una de los integrantes del EAAF, Mercedes Doretti: “Las identificaciones forenses no son actos de fe".

Incluimos este domingo lo que comentamos en el 2014 y que al día de hoy, en el 2018, parece resaltar que la situación que prevalece en México no ha cambiado. Compartimos:

“En un reporte elaborado por Lizeth Díaz para Reuteurs y publicado el pasado mes de agosto (2014), mismo que incluye en su encabezado las palabras “Cadáveres sin nombre”, se menciona que dicha agencia solicitó a la Procuraduría General de la República las cifras sobre la cantidad de cadáveres no identificados respecto de las víctimas del crimen organizado desde el año 2006, pero no obtuvo respuesta.

Derivado de dicha negativa, se buscaron otras fuentes de información y se encontró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calcula que más de la mitad de los 40 mil muertos en enfrentamientos armados, entre el 2006 y el 2011, están sin identificar.

De igual modo, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) señala que de 2 mil cadáveres hallados en fosas clandestinas desde el 2006, únicamente se ha establecido la identidad de 336; sin embargo, algunas de estas cifras no coinciden con las que se han reportado por autoridades estatales.

Por ejemplo, se expone el caso de Durango, en donde localmente se reportó el hallazgo de 300 cadáveres en fosas comunes desde el 2011, pero cifras de dependencias federales proporcionadas a través del IFAI mencionan únicamente 20 cuerpos.

El artículo también incluye testimonios de los familiares de los desaparecidos, lo cual sería materia de análisis en otra columna, pero en lo que coincido plenamente con Díaz es en el siguiente extracto, que a la letra dice: “Expertos internacionales dicen que México usa protocolos de investigación forense demasiado precarios. Además, en la segunda mayor economía de América Latina no existe una base de datos centralizada que permita cruzar información sobre los desaparecidos en diferentes estados con los restos no identificados hallados”.

La aseveración anterior se refuerza con lo que en su momento destacó ante periodistas el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, Christof Heyns: "El problema no es la tecnología, que sí la hay, sino la manera como se recaban los datos”.

Fortalecer el sistema forense debería de ser una prioridad en México; sin embargo, la realidad nos está enfrentando con un hecho totalmente contrario.

Finalizo mi referencia al artículo en comento recuperando el siguiente dato: “organismos internacionales calculan que en las morgues y cementerios de México existen entre 17 mil y 25 mil fragmentos humanos sin identificar”.

Es por ello que ante los recientes sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, en torno a estudiantes normalistas, celebro la intervención de peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes en su página de internet se presentan como una “organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses -principalmente la antropología y arqueología forenses- a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo”.

Como antecedente, el EAAF se formó en 1984 con el fin de investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983); desde esa fecha han trabajado en más de 30 países en América, África, Oceanía, Asia, Europa, el Oriente Medio y África del Norte, utilizando la antropología forense para fortalecer el trabajo en materia de derechos humanos.

Los objetivos del Programa de Investigación del EAAF son: establecer la identidad, la causa y el modo de muerte de las víctimas e identificar patrones de violaciones a los derechos humanos aplicando las ciencias forenses; restituir los restos de las víctimas a sus familiares y comunidades; por último, presentar los hallazgos y evidencia a las instancias judiciales y ámbitos de investigación correspondientes.

Respecto a su forma de trabajo, el EAAF destaca que a diferencia de los médicos forenses -que en general trabajan con cadáveres-, los antropólogos forenses recuperan y analizan principalmente restos óseos; se toman testimonios a familiares de las víctimas y testigos de los hechos y se evalúa la documentación existente en cada caso; se lleva a cabo la exhumación con técnicas arqueológicas de fosas individuales o comunes y por último se analizan los restos recuperados, en el laboratorio, para intentar determinar la causa y manera de muerte e identificar los restos de la víctima, “con el fin de restituirlos a su familia y presentar la evidencia a la justicia”.

El equipo forense “pone especial cuidado en documentar cada etapa de este proceso por medio de informes escritos, video y fotografía y mapeo de la evidencia, de modo tal de mantener un registro preciso de los hallazgos”.

Mercedes Doretti, miembro fundador del EAAF, en una entrevista para el diario español “El País” apuntó: “a veces no se trata de problemas técnicos en la identificación sino de credibilidad (…) los familiares son gente a la que le ha pasado lo peor: perder un marido, un hijo, una hija. Y obviamente uno quiere saber qué pasó, cómo murió, cómo lo han identificado. No basta solamente la palabra, que te entreguen un cajón cerrado y te digan acá está tu hijo”.

Al inicio de su labor, hace veinte años, el EAAF -necesariamente- se distanció “de los sistemas médico-legales y otras instituciones gubernamentales que habían perdido credibilidad”; trabajaban fuera de esas organizaciones, mediante “nuevas herramientas científicas en las investigaciones de derechos humanos”.

Como forense, comparto el espíritu de investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense y su objetivo: lograr un efecto significativo “incorporando protocolos internacionales del trabajo en derechos humanos a los procedimientos criminales domésticos (…) cerrando el círculo”. Un círculo en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos, y de la justicia”.

Lo transcrito fue mencionado en "Panóptico Rojo", en el 2014. En el presente año y respecto al “Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” de la ONU que se presentó esta semana, se anota que ha encontrado “fuertes elementos de convicción para concluir que durante la investigación sobre la desaparición de cuarenta y tres estudiantes en 2014 se cometieron graves violaciones de derechos fundamentales".

Sobre dicho tema, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, destacó en una entrevista con el Centro de Información de México la doble aflicción que el caso provoca en el país: “Es una doble injusticia porque por un lado es una injusticia hacia los procesados que han sufrido tortura y otras violaciones de sus derechos humanos, pero también el derecho a la verdad no solo de las familias, no solo de los sobrevivientes de la tragedia de Ayotzinapa, sino el derecho a la verdad de toda la sociedad mexicana”.  

El estudio indica que “las violaciones a los derechos humanos documentadas comenzaron a partir del 5 de octubre, cuando la Procuraduría General de la República tomó las riendas de la investigación que había empezado la Fiscalía del Estado de Guerrero. Las detenciones fueron realizadas por personal de esa Procuraduría, la Policía Federal y la Secretaría de Marina”.

El informe también “emplaza a excluir o declarar como nula a cualquier prueba sobre la que existan razones fundadas de haber sido obtenida bajo tortura, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente en México y con las normas del derecho internacional”; además, urge a la autoridad a investigar quiénes fueron los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas o cualquier otra violación a los derechos humanos.

Finalmente, y entre las recomendaciones al Estado mexicano, pide que ponga en práctica la recomendación del Alto Comisionado de crear un consejo asesor de lucha contra la impunidad, encargado de “proponer estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y abonar a las iniciativas en torno a la reforma de la procuración de justicia”.

También alienta al Poder Legislativo a “instaurar una reforma constitucional y una ley orgánica que garantice de modo efectivo la ‘independencia, autonomía y profesionalismo’ de la Fiscalía General de la República y que comprenda mecanismos de control interno y procesos de rendición de cuentas”. Coincidimos.

El informe completo de la Oficina en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos puede consultarse en: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MX/OHCHRMexicoReportMarch2018_SP.pdf