Desde el año 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora el 30 de agosto como el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, luego de que el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la Resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación por el incremento de las desapariciones forzadas o involuntarias, en todo el mundo.

En la Resolución A/RES/65/209 se apunta que “las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”.

Y es que la “Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133 (de fecha del 18 de diciembre de 1992), indica que se producen desapariciones forzadas siempre que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

Es importante destacar que tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, como la Convención Internacional para la protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 2006, establecen que, cuando como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una “desaparición forzada” ésta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá; se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.

En la semana que concluye, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos instó a todos los Estados a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, afirmando que no hay excusa válida para no adherirse a este instrumento; además, lamentaron que la desaparición forzada se sigue practicando en todas las regiones y que incluso esté aumentando en muchos países.

Al respecto, emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron como “inadmisible” que tal atropello continúa: “Todos los días recibimos nuevos casos de personas en todo el mundo que han sido sujetas a una desaparición forzada. Cuando esto sucede, la vida de familias enteras se rompe en pedazos, y la estructura de la sociedad se daña. Esto tiene que acabar, y con la ratificación de la Convención, los Estados pueden empezar el camino para alcanzar este objetivo”, enfatizaron.

La Convención es un instrumento que proporciona a los Estados la base para un marco legal sólido en las áreas de prevención, castigo, reparación y no repetición de las desapariciones forzadas, así como una herramienta para proteger a las personas desaparecidas y a sus familiares; también establece las obligaciones de los Estados de retener a las personas privadas de libertad en lugares de detención oficiales, de revelar su paradero y de proporcionar con rapidez información precisa sobre la detención a sus familiares, sus representantes legales y otras personas con un interés legítimo.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió al Estado mexicano que se reconozca la competencia del Comité de Naciones Unidas para recibir y examinar denuncias individuales de las víctimas de violaciones a los derechos consagrados en los instrumentos internacionales contra las desapariciones forzadas; de igual modo, lanzó una campaña que busca impulsar ese reconocimiento al Comité.

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, refirió que pese a que han pasado ocho años desde que se ratificó la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra ese flagelo, actualmente hay más de 30 mil desaparecidos en México: “Considerando el dolor existente, y que sigue creciendo, es imperioso que México abra un nuevo camino de justicia para las víctimas de desaparición y refuerce el régimen de protección internacional contra dicho flagelo”, aseveró Jarab.

La Oficina también consideró que, mediante el reconocimiento de la competencia del Comité, México daría una "muestra concreta de su intención de atender el problema, además de que dotaría a las víctimas de un estándar de protección más alto y les permitiría recurrir a una instancia internacional especializada en el legítimo reclamo de sus derechos"; en este contexto fue que reiteró su exigencia a la Cámara de Diputados de que apruebe la ley general sobre desaparición de personas, y le asigne los recursos necesarios para implementarla de manera efectiva.

Y es que las víctimas de desaparición forzada, al haber sido separadas del "ámbito protector de la ley" y al haber "desaparecido" de la sociedad, se encuentran privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Las desapariciones forzadas violan con regularidad el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad y seguridad de la persona; a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; a una identidad; a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; a un recurso efectivo, con reparación e indemnización, entre otros.

Cabe recordar también en ocasión del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, la batalla personal del poeta y periodista argentino Juan Gelman Burichson, quien en 1976 estaba en Roma cuando llegó la dictadura militar a Argentina, lucha sobre la cual comentamos en el espacio de Panóptico Rojo del 30 de agosto del año 2015, titulado “¿Olvido verdadero?”.

Gelman, quien murió en México el 14 de enero de 2014, nos legó un ejemplo de vida que consiste en no desistir en la lucha por conocer y superar un hecho violento, trascendiendo a la injusticia. Recordemos entonces, y no sólo hoy, a todos los hombres y mujeres que fueron desaparecidos y de los cuales aún se desconoce  su paradero.

Cedemos las palabras finales de este espacio al poeta: "Las heridas no están aún cerradas, su único tratamiento es la verdad y luego la justicia; solo así es posible el olvido verdadero (...) Hay periodos de la historia, como el que atravesamos, donde las expectativas de cambio retroceden a zonas pantanosas. Pero la misma historia demuestra que hay flujos y reflujos y que la expectativa vuelve. Todo esto tiene que ver con la utopía. La utopía jamás se cumple, fracasa, pero deja una renovación y la idea imperiosa de retomarla”. Coincidimos.