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En algunos momentos actúa como junta de conciliación y arbitraje y en algunos otros como tribunal federal burocrático y siempre se aparta de los lineamientos de la Ley del Servicio Civil. Uno de los mayores retos incide en el hecho de que se deben adoptar las medidas necesarias para concluir los juicios dentro de los parámetros de ley, ya que éstos duran varios años y desde mi particular punto de vista es el propio tribunal el que tiene en gran medida culpa de ello al no cuantificar los laudos ya que la disposición legal obliga a la autoridad a señalar en los mismos la cantidad líquida que debe pagarse. El hecho de no cuantificarse hace que el tribunal tenga que ordenar que se abran incidentes de liquidación aun y cuando la jurisprudencia lo prohíbe y sólo por excepción puede abrirse; sin embargo, en todos los laudos dictados se ordena la apertura del incidente.
De igual manera, la ley obliga a pronunciarse acerca de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral al momento mismo en el que concluye la audiencia y a pesar de ello, con esto no se cumple. La falta de notificación a las partes y el emplazamiento a la demandada es otro de los problemas que aquejan al tribunal y urge un trabajo de coordinación al respecto, y ni que decir de los criterios que se adoptan al momento de resolver las incidencias del juicio donde el pan de cada día son los acuerdos contradictorios a más no poder.
Aunado a todo ello está la alta de firma en los expedientes ya que de acuerdo con la ley se debe firmar la actuación al momento en el que concluye la audiencia y en este caso, de verdad que pasa un sinnúmero de días antes de que el expediente o actuación sea firmada. En fin, las irregularidades son muchas y en razón de ello se hace necesario voltear la vista hacia el tribunal y de una vez por todas comenzar a trabajar sobre la serie de irregularidades que ahí acontecen y coordinar los esfuerzos necesarios para que de una vez por todas, el derecho burocrático municipal camine por la vía correcta.
Para conocer más, se puede consultar La responsabilidad del estado y sus agentes, prólogo de Ismael Gómez Gordillo y Rúelas. Editorial Porrúa. México 2009.
