A partir de esa fecha, su suerte cambió como por arte de magia y la gente le comenzó a encontrar cualidades que antes no le veían. Las puertas se le comenzaron a abrir, y de ser un agente de ventas en una empresa de seguridad privada, se convirtió en jefe del departamento jurídico del Ayuntamiento panista que encabezó José Raúl Hernández Ávila.

Pero eso era apenas el principio. Después de dejar el departamento de Asuntos Internos de la entonces Policía Metropolitana fue designado jefe de seguridad (no del Jurídico porque no tenía título profesional) de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Para Mauricio como para muchos otros, sería preferible omitir de su currículum que laboraron en CAPUFE durante esa época (2000-2006). La paraestatal sufrió en esa etapa la peor crisis de su historia. La corrupción se elevó al máximo y hubo varios escándalos al interior de la dependencia.

Sólo por mencionar un caso, habrá que recordar el asesinato de Benjamín Gómez alias “El Chino”, en el 2002, quien antes habría mandado matar a Diego Eugenio Salinas Novión, director operativo de Capufe, tras fracasar en su intento por “sembrarle” droga en su vehículo, en virtud de que resultó ser concuño del entonces procurador Guillermo Tenorio Avila.

Otro de los escándalos que trascendieron fue la denuncia de un empleado que dijo ser víctima de “acoso sexual” por parte de su jefe.

Nada de lo anterior tiene relación directa con el hoy jefe de la Policía de Cuernavaca, sólo lo mencionamos para recalcar que, el haber trabajado en Capufe no es precisamente su mejor carta de recomendación.

Terminado el controvertido sexenio foxista, el apellido todavía le alcanzó a Mauricio Vega para enrolarse en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. No sabemos exactamente en qué área ni por cuanto tiempo, pues en la página web del Ayuntamiento de Cuernavaca el secretario de Protección y Auxilio Ciudadano sigue siendo Rogelio Sánchez Gatica, por lo que no se puede tener acceso al currículum del nuevo titular.

Como sea, el asunto es que Mauricio Vega Chavaje es ya responsable de la prevención del delito en la capital del Estado de Morelos. Recibe una corporación que no desconoce, pues como jefe del departamento jurídico y de Asuntos Internos conoció muy bien la problemática de la tropa.

La diferencia entre aquella corporación y la que hoy encabeza, es que él estuvo en la época en la que “se comía con manteca”. Municipalizada en 1997, José Luis Urióstegui Salgado recibió en ruinas la Policía de Cuernavaca y sólo estuvo unos cuantos meses. Por coincidencia, a Sergio Estrada Cajigal Ramírez le tocó el primer trienio en el que los municipios recibieron impuestos que antes cobraba el Estado, de tal forma que tuvieron un presupuesto sin precedentes.

Fue así como Cesáreo Carvajal Guajardo transformó la modesta Dirección de Policía Municipal que le heredó Urióstegui, en una Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana. Ocurrente como es, Carvajal Guajardo copió los uniformes a las corporaciones norteamericanas y compró cientos de patrullas a las que equipó con localizadores GPS que en ese tiempo eran una novedad. Hasta le alcanzó para crear un personaje que representara a la Policía de  la capital, “Beto, el guardián de Cuernavaca”, cuyos derechos después pelearía sin éxito en los tribunales.

Así las cosas, José Raúl Hernández Ávila recibió la policía en inmejorables condiciones y la inseguridad estaba en niveles aceptables, tanto que un ingeniero químico (Anselmo Sotelo Parra) permaneció sin problemas los tres años de su administración teniendo como única mancha una sublevación de policías de tránsito inconformes por la contratación de militares (lo que provocó aquella frase de “están todos despedidos” de JRHA).

Hoy, ya bajo la denominación de “Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano”, la corporación enfrenta graves problemas tanto administrativos como operativos. Por principio de cuentas, y por incongruente que parezca, el rubro de la seguridad pública ha sido castigado severamente en las últimas administraciones. Las compras de vehículos han sido ínfimas y más por quedarse con la comisión que por la utilidad de las mismas.

Tal como se publicó en La Unión de Morelos en enero de este año, bajo la justificación de que el asesinato del subprocurador de asuntos contra la delincuencia organizada, Andrés Dimitriadis Juárez, “vulneró de manera inédita en nuestro municipio la institución encargada de la procuración de justicia y por ende la capacidad de respuesta de nuestra Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana”, el Ayuntamiento de Cuernavaca que encabezaba Jesús Giles Sánchez, emitió un acuerdo para adquirir –sin previa licitación- patrullas de 384 mil pesos cada una; motocicletas de 160 mil pesos y chalecos antibalas de casi 15 mil pesos por pieza. La empresa beneficiada fue RCU Sistemas, cuyo giro es la venta de equipos de radiocomunicación, no de vehículos.

El equipo de videovigilancia adquirido por el hoy senador Adrián Rivera Pérez es ya inservible y el programa “Botón de Pánico”, que la actual administración adoptó como suyo cambiándole el nombre a “Botón Rojo”, es impráctico totalmente.

Pero un problema todavía más grave es la infiltración del crimen organizado en las filas de la Policía Municipal de Cuernavaca, fenómeno documentado ampliamente por este medio informativo a través de diversos reportajes con datos obtenidos en expedientes judiciales. No obstante el asesinato de varios elementos (seis en cuatro meses a mediados del 2007); la detención de una decena de ellos por diferentes delitos; la fuga de algunos y el despido de casi cien aduciendo no haber aprobado los exámenes de control y confianza, la Policía de Cuernavaca está todavía infiltrada por la delincuencia organizada.

Ese es, para empezar, el panorama con el que se va a encontrar Mauricio Vega Chavaje, quien a falta de trayectoria es conocido y reconocido entre la tropa simplemente como “el hijo del general”. De su trabajo depende que ya no sea así.

LOS POSIBLES DESENLACES DEL CASO CABEZA DE VACA

La Procuraduría General de la República (PGR) dejó en libertad a 34 de 35 servidores públicos acusados de estar ligados a La Familia, incluidos alcaldes, policías, un juez, un procurador, un secretario de Seguridad Pública y colaboradores cercanos del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

Uno más, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del mandatario estatal, no pudo ser detenido, burló el cerco de la Policía Federal para entrar a la Cámara de Diputados y obtuvo fuero, además de que logró tumbar jurídicamente cinco órdenes de aprehensión en su contra. Aun así, la PGR insiste en detenerlo.

Este caso enfrentó al gobernador michoacano con el presidente Felipe Calderón, al denunciar una persecución política, más que jurídica contra funcionarios y ex funcionarios de esa entidad. En opinión de juristas, políticos y periodistas, la PGR quedó en ridículo.

Ahora bien, desde mi particular punto de vista, en este país el tener un documento en el que un Juez absuelva a una persona no es garantía de que realmente no haya cometido el delito que se le imputa, sobre todo cuando la protección al narcotráfico es algo muy difícil de probar.

Luego entonces, pudo haber ocurrido que en realidad había alcaldes que conocían a “La Tuta” y seguramente fueron beneficiados, pero es obvio que no firmaron de recibido cuando les envió el dinero. Al carecer de pruebas documentales, las únicas que quedan son las testimoniales, pero también es del dominio público que los testigos pueden ser “convencidos” de retractarse ya sea mediante dádivas o amenazas.

Sirva lo anterior para dejar asentada mi posición sobre el “Michoacanazo”: Pudo haber sido un fracaso de la PGR, pero también un triunfo de la impunidad.

El abordar un tema nacional en esta columna es sólo para introducir el tema que realmente nos importa: el desenlace del caso “Cabeza de Vaca”.

Como ya todos sabemos, el 15 de mayo del 2009 fue destituido del cargo el entonces secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, y horas más tarde detenido por elementos de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada al igual que su similar de Cuernavaca, Francisco Sánchez González, acusados ambos de proteger al cártel de los Beltrán Leyva.

El asunto está siendo ventilado en un Juzgado de Nayarit y se espera que al concluir este año el Juez esté en condiciones de emitir una resolución al respecto. Cualquiera que sea el sentido del veredicto provocará reacciones en Morelos.

Supongamos que es declarado culpable. Aunque  la responsabilidad en materia penal es personalísima, la responsabilidad política sí afectará al actual gobierno panista y será utilizado “en el momento electoral oportuno” aunque el gobierno de Marco Adame insista en que ellos mismos fueron quienes entregaron al indiciado.

Ahora supongamos que es absuelto. A nivel nacional será visto como un nuevo revés a la PGR que integró el expediente (no sólo hubo “Michoacanazo”, sino también “Morelazo”, dirán los diarios nacionales). A nivel local, no faltará quien opine que el gobierno debe reinstalar al recién exonerado y hasta indemnizarlo por aquellas declaraciones a la prensa nacional donde prácticamente lo sentenciaron culpable antes que los tribunales.

Pero al igual que en el caso Michoacán, a mí me quedaría la duda sobre la inocencia de los acusados, pues bien podrían obtener una sentencia absolutoria no porque realmente no hayan protegido al narco, sino por los excelentes oficios de los abogados Guillermo Pasquel y Alicia Vázquez Luna, y porque los testigos ya se están retractando.

EL AGUINALDO DE LOS DIPUTADOS

Está totalmente demostrado y avalado por la Suprema Corte que los altos funcionarios que representan un poder no son trabajadores subordinados y que por lo tanto no tienen derechos laborales como el aguinaldo. El año pasado la única diputada que por congruencia no recogió su cheque de aguinaldo fue la perredista Hortencia Figueroa Peralta.

Este año, cuando la LI Legislatura se ha pasado los meses disputándose los nombramientos y en infinidad de ocasiones ni siquiera llenaron el requisito del quórum para sesionar, sería una absoluta sinvergüezada que en diciembre lleguen a recoger una prestación que legalmente no les corresponde, pero que legalmente tampoco merecen.

Por cierto, en su informe de labores que rindió en el zócalo de Jojutla, Hortencia Figueroa dio cuenta de 224 solicitudes de pensión  de la anterior legislatura; en el transcurso de la actual se han recibido 759 solicitudes, dando un total de 983 expedientes, de los cuales, han sido resueltos favorablemente 584, negativamente 10 y cancelados 20. Hay en análisis y firma de dictamen 112 expedientes y en trámite 257 asuntos de pensión por desahogar.

“No comparto la existencia de gobernantes con ingresos excesivos e insultantes frente a un pueblo con enorme carencias y limitaciones, por ello, mi convicción y compromiso para generar una remuneración y dieta socialmente justa, es necesario empezar a  revisar la casa, debemos transparentar el manejo de los recursos, la toma de decisiones, el actuar del poder legislativo, la responsabilidad pública no debe ser el espacio patrimonialista o de enriquecimiento personal, sino la oportunidad de servir con lealtad y honestidad al pueblo de Morelos”, dijo al final de su discurso en el evento que reunió a un buen número de ciudadanos.

DE TODO UN POCO

Una gran mujer.- El pasado martes se celebró el Día Internacional del Derecho a Saber y al mismo tiempo la Semana Nacional de “México Infórmate”, un organismo no gubernamental que se dedica a promover la transparencia en la administración pública. En Morelos, la coordinadora estatal de “México Infórmate”, Valentina Jimenez Franco, organizó una conferencia de prensa y una serie de pláticas sobre este tema.

Lo que hizo Valentina Jiménez es doblemente digno de aplausos, pues ella viene saliendo de un gravísimo problema con su hijo, quien tuvo un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Nuestro reconocimiento y los mejores deseos para Cristian.

Dictador en potencia.- A raíz de que publicamos en este espacio el gazapo del alcalde de Cuautla, Javier Güemes Ríos, durante el tradicional grito de independencia, un lector nos envió un video del alcalde de Tetecala, el ya famoso Víctor Tapia Ocampo, quien antes de dar el Grito de Independencia el 15 de septiembre pasado, coronó a la reina de las fiestas patrias Ismenen Primera,  con la siguiente frase: "Por el poder que me confiere la constitución procedo el día de hoy 15 de septiembre de 2010 a nombrar reina de las fiestas patrias a Ismenen primera".

Lo dicho: No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace alcalde.

El viejerío.- En un evento para dormirse, en el que el IFE y el Instituto de la Mujer firmaron un convenio de colaboración, la presidenta del IMEM, Ericka Cortés de Castañón, lamentó que parte de los datos negativos que a nivel nacional se tienen por la falta de participación de las mujeres, es que solo hay cuatro estados de las 32 entidades federativas en las cuales no hay una sola presidenta municipal, y entre esas cuatro está Morelos.De ahí a que convocó a autoridades electorales a enviar una iniciativa al Congreso de Morelos para se sancione a aquellos partidos políticos que no propongan a mujeres como candidatas en los procesos electorales. Habrá que recordarle que es su partido el que más se ha destacado por dejar a “el viejerío” (como les llamó el todavía desaparecido jefe Diego) fuera de la repartición de puestos de elección popular, pues ellas deben estar en su casa cuidando a los chiquillos.