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Mientras, organizaciones protestan para que se reactiven investigaciones sobre desaparecidos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que reinició la búsqueda de fosas clandestinas en la zona sur de la entidad, como parte de las acciones para la localización de personas reportadas como desaparecidas.

Detalló que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, con el apoyo de Agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC), peritos, binomios caninos y elementos de la Guardia Nacional, dieron continuidad a las acciones de investigación en el municipio de Puente de Ixtla.

Explicó que personal de la fiscalía realizó un despliegue por las colonias La Providencia, Ampliación Providencia y Emiliano Zapata, como parte de las diligencias para la integración de distintas carpetas de investigación relacionadas con la búsqueda de personas.

Las diligencias se realizaron en zonas urbanas y tierras de cultivo, sin que se localizaran indicios que presumieran la existencia de fosas clandestinas o restos humanos en la zona.

Recalcó que los esfuerzos contemplan la localización con vida de las personas reportadas como desaparecidas, sin descartar cualquier acción que pudiera generar un deceso o bien, indicios que permitan ampliar la búsqueda en otros lugares o entidades federativas.

Cabe destacar que colectivos de víctimas y familiares de desaparecidos han presionado a la FGE no solo para llevar a cabo este tipo de diligencias en diversas partes del estado, sino que han insistido en la reactivación de los trabajos de exhumación de cuerpos en las fosas de Jojutla, los cuales quedaron inconclusos desde marzo de 2017, y han exigido avances en el procesamiento de las pruebas genéticas a cuerpos no identificados y que fueron inhumados irregularmente por la fiscalía en fosas comunes, ante la posibilidad de que algunos de los restos sean de algunas de las personas desaparecidas y cuyas familias siguen en su búsqueda.

En el mes de julio, colectivos de familiares de desaparecidos localizaron restos humanos en un paraje del municipio de Puente de Ixtla. Al reportar el hallazgo, la FGE solicitó la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia  (INAH), ante la presunción de que los restos óseos dataran de la época prehispánica. A la fecha, la fiscalía estatal no ha confirmado ninguna teoría respecto de los huesos localizados.

Sus integrantes son Amalia Hernández Hernández, Miguel Albavera Rojas, Celia Salinas Maya, Javier Carrasco Solís y Abimelec Morales Quiroz.

La Secretaría de Gobierno designó a los cinco nuevos integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, luego de que el nombramiento se mantuvo paralizado durante cinco meses, debido a la contingencia sanitaria por el covid-19.

A través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, se dio a conocer la designación de los activistas y familiares de desaparecidos Amalia Hernández Hernández, Miguel Alvavera Rojas y Celia Salinas Maya, como representantes de la sociedad civil dentro del consejo ciudadano.

Javier Carrasco Solís y Abimelec Morales Quiroz, fueron seleccionados para integrarse al consejo como especialistas en materia legal y forense.

La Secretaría de Gobierno detalló que recibió ocho propuestas de aspirantes a integrar el consejo ciudadano, cinco de ellas correspondientes a ciudadanos familiares de víctimas de desaparición, y tres ciudadanos especialistas.

Al revisar la trayectoria y la documentación proporcionada por cada aspirante, “se procedió a realizar un análisis de los perfiles, en atención a su experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, laboral y de conocimientos especializados en las materias afines en la protección y defensa de los derechos humanos, o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General, concluyendo esta Secretaría de Gobierno que el Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano”.

Los consejeros ciudadanos durarán en su función tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público en términos del artículo 16 del Decreto por el que se crea y regula el Órgano Desconcentrado denominado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.

Con esta designación queda totalmente integrado el consejo ciudadano, luego de que colectivos y familiares de víctimas han exigido resultados, tanto al gobierno de Morelos como a la Fiscalía General del Estado, igual que la identificación de los cuerpos extraídos de las fosas de Jojutla y Tetelcingo, y denunciar los más de 500 cuerpos acumulados en las instalaciones del Servicio México Forense.

Integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos realizan una protesta en el Palacio de Gobierno.

Familiares de desparecidos exigieron a la Fiscalía General del Estado acelerar el procesamiento de las pruebas genéticas y el proceso de identificación de los cuerpos acumulados en el Servicio Médico Forense (Semefo) y que extraídos de las fosas de Tetelcingo y de Jojutla. 

Hartas de escuchar discursos y de que la fiscalía estatal mantenga congelado el proceso de identificación de decenas de cadáveres, integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos regresaron a protestar a las puertas del Palacio de Gobierno, como prometieron que lo harán cada lunes hasta romper la inacción del fiscal, Uriel Carmina Gándara, y otras instituciones.

Recordaron que en la exhumación de cuerpos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, donde la fiscalía en el 2014 inhumó ilegalmente cuerpos no identificados, participaron la fiscalía estatal, la Fiscalía General de la República y la Policía Federal, pero “ninguna de estas instituciones han cumplido con su deber”.

“Pasaron más de tres años (de la exhumación)  y ni siquiera se validaron los perfiles genéticos obtenidos (a partir de muestras biológicas tomadas a los cuerpos exhumados y a familiares de desparecidos), ninguna persona ha sido identificada, no hay ninguna investigación penal, no se fincaron responsabilidades por ocultar seres humanos bajo la tierra y haciéndoles desaparecer por segunda vez.

“Ya no permitiremos que se siga evitando el tema de la identificación, es por eso que a partir de hoy vamos a estar presentes enfrente del Palacio de Gobierno y contaremos los días que pasan sin que las autoridades avancen en las tareas de identificación”, señalaron.

También subrayaron que, actualmente, en los frigoríficos del Servicio Médico Forense de la FGE se encuentran almacenados más de 500 cuerpos de personas no identificadas y al fiscal no le ha importado que en Morelos o en algún otro estado haya familias que buscan a sus familiares.

Señalaron que mantendrán la presión hacia la fiscalía estatal.

Debe haber coincidencia entre retiro de cuerpos e intervención de las autoridades: Carlos Brito.

Jojutla.- A tres años de que los trabajos de recuperación de cuerpos inhumados sin identificación en el panteón de la colonia Pedro Amaro de este municipio fueron detenidos, la reanudación de los mismos no debe pasar de este año, afirmó el regidor Carlos Brito Ocampo.

El concejal comentó que hace unos días tuvieron una reunión con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y acordaron compromisos para reanudar la búsqueda, que es una exigencia de los colectivos de víctimas, a pesar de la lluvia y la pandemia.

Dijo que en esta reunión, a la que asistieron funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal, delinearon las tareas pendientes, se determinaron responsables y plazos para avanzar.

En lo que corresponde al Ayuntamiento, expuso que ya sólo resta trasladar los cuatro cuerpos de las tres tumbas particulares que fueron encontradas en el área destinada a fosa común, para cumplir con su parte.

Apuntó que la construcción de nichos y fosas donde se reubicarán los cuerpos corresponderá al gobierno del estado.

Interrogado acerca de si hay una fecha probable para el retiro de los cuerpos de las tumbas particulares y puedan continuar con los trabajos de búsqueda de cuerpos sin identificar, Brito Ocampo respondió que eso dependerá de la coincidencia con todas las autoridades involucradas, porque inmediatamente después del retiro de las tumbas particulares, deben entrar los responsables de resguardar la zona, ya que al retirarlas, podría haber cuerpos que quedarían expuestos. Sin embargo, consideró que podría ser en las próximas semanas y no debe pasar de este año.

“No podemos hacer el traslado de los cuerpos si no hay fecha de registro de la exhumaciòn de la fosa (de parte de las autoridades que se encargarán de la búsqueda), debido a que la intervención que se haga para retirar los cuerpos que están encima de la fosa dejaría expuesta la fosa, si no hay un resguardo adecuado”, explicó.

Asimismo, señaló que esta situación ya está planteada y será determinación de las autoridades –tanto federales como estatales– establecerla para continuar.

Comentó que corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda elaborar el protocolo para poder intervenir ya en las fosas de Jojutla, a pesar de la pandemia y de las lluvias, que ya están encima.

Familiares de víctimas acusan a la FGE de obstaculizar la búsqueda.

Familiares de víctimas localizaron restos óseos tras realizar un rastreo en fosas clandestinas localizadas en el municipio de Puente de Ixtla, pero acusaron nuevamente a la fiscalía de obstaculizar la búsqueda, ya que fue hasta que el caso trascendió en los medios de comunicación que la institución accedió a asegurar el área donde fue el hallazgo.

El rastreo comenzó desde la mañana del lunes, luego de que colectivos de víctimas del estado de Guerrero recibieron información sobre la ubicación de parajes donde habría varias fosas clandestinas en el sur de Morelos.

Los colectivos pidieron ayuda a organizaciones de víctimas de Morelos para seguir la pista y emprender la búsqueda de cuerpos en un predio localizado a la altura del kilómetro 3 de la autopista federal Cuernavaca-Iguala, donde existe una desviación que aparentemente fue realizada de manera ilegal exprofeso para la inhumación clandestina de cuerpos.

Después de varias horas, la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Morelos, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, y los buscadores, entre los que se encontraban Tranquilina Hernández, del colectivo morelense Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos; Mario Vergara, de los Otros Desaparecidos en Iguala; Angélica Rodríguez y Edith Hernández, de Regresando a Casa Morelos; y Cecilia Salinas Maya; lograron ubicar un punto de inhumación y localizar un fémur y la rótula de una persona.

Tras el hallazgo se dio parte a la Fiscalía General de Morelos para el aseguramiento de la zona y continuar con las diligencias con el apoyo del Ministerio Público, pero el pretexto de la institución que dirige el ex notario, Uriel Carmona Gándara, fue que necesitaban la orden de un juez para poder actuar.

“El día de ayer (lunes) a las diez y media, encontramos unos restos humanos e hicimos una excavación. Encontrando el primer resto, como familias (de víctimas de delitos) sabemos que no debemos ‘ensuciar’ el área, no podemos poner nuestra huellas o cosas así que puedan interrumpir la debida investigación y darle un nombre a esta persona que está enterrada.

“Llamamos a la Fiscalía del Estado de Morelos para que llegara a hacer la exhumación. Ellos llegaron como las 12:30, nos dijeron que nos saliéramos del lugar porque iban a proceder y luego nos dijeron que no, porque tenían que esperar la orden de un juez para poder hacer la exhumación.

“Nosotros nos retiramos porque iban a hacer el acordonamiento e iban asegurar el área. Nos retiramos para no entorpecer su trabajo y para que aplicaran los protocolos que ellos tanto mencionan. Nos retiramos y hoy llegamos para ver cómo habían procesado la fosa y nos encontramos con que no hay acordonamiento y la fosa sigue intacta”, relato Tranquilina Hernández Laguna, madre de Mireya Montiel Hernández, desparecida en septiembre de 2014.

Dijo que la fiscalía no necesitaba una orden de cateo para asegurar la zona del hallazgo y participar en la búsqueda de más cuerpos, porque se contaba con la autorización del propietario del predio, e insistió que los pretextos y la actitud de los funcionarios de la FGE son parte de los obstáculos institucionales que todos los días enfrentan las familias de los desaparecidos.

Hasta que los colectivos de víctimas externaron ante los medios de comunicación su molestia por la inacción de la FGE el personal de la institución comenzó a movilizarse.

De acuerdo con la agente del Ministerio Público, que se identificó con el nombre de Claudia Vanesa, la FGE estaba a la espera de la orden de un juez para iniciar la diligencia.

Cuestionada sobre la ausencia de la fiscal especial en desaparición de persona, Zaira Lulo Juan, la agente respondió que estaba atendiendo otra diligencia.

Los buscadores de los colectivos de Guerrero y Morelos informaron que continuarán con el rastreo de fosas clandestinas en tres puntos más del municipio de Puente de Ixtla, donde -por información anónima que recibieron- grupos criminales con influencia en esa zona podrían haber inhumado clandestinamente más cuerpos.

Diversas organizaciones culpan a la fiscal Zaira Lulo Juan y al coordinador de Servicios Periciales, Samuel Nava Vázquez, y piden su destitución.

Aseguran que revictimizan a los deudos y que tienen paralizada identificación de los restos extraídos de una fosa en Jojutla.

Colectivos de víctimas y miembros del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas exigieron la dimisión de dos altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), alertaron de la acumulación de cientos de cuerpos en el Servicio Médico Forense (Semefo), y solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR)  atraiga los casos de las fosas de Jojutla y Tetelcingo.

A través de una videoconferencia, integrantes de Regresando a Casa Morelos, la Unión de Familias Resilientes en Busca de sus Corazones Desaparecidos y del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas reprocharon que la contingencia sanitaria por el covid-19 sea el pretexto de la fiscalía estatal para obstaculizar los procesos de búsqueda e identificación.

Recriminaron al titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, el incumplimiento de los acuerdos asumidos por él con colectivos de víctimas en el mes de enero, respecto al acceso que se daría a la Comisión de Búsqueda de Personas a las carpetas de investigación; la coordinación de acciones para la búsqueda de víctimas;  y la realización de reuniones de coordinación para observar y revisar los procesos de inhumación de casi 500 cuerpos acumulados en el Servicio Médico Forense.

Resaltaron que “ninguno de los acuerdoS ha sido cumplido, la fiscal especializada en desaparición de personas, Zaira Lulo Juan, y el coordinador del Servicio Periciales, Samuel Nava Vázquez, desconocen la órdenes del fiscal del estado, obstaculizan las actividades de búsqueda y de investigación penal, y continúan bloqueando el acceso a la información a las víctimas”.

Por ello, solicitaron al fiscal estatal la remoción de ambos funcionarios, quienes no cumplen con su encomienda y suelen revictimizar a las familias que siguen en la búsqueda de sus seres queridos.

Señalaron que otro argumento de la ineficiencia de ambos ex funcionario es la parálisis del caso de las fosas irregulares de Jojutla, ya que los 84 cuerpos extraídos permanecen sin identificar, a pesar de que 45 familias aportaron muestras genéticas para saber si alguno de sus seres queridos habían sido sepultados ilegalmente por la fiscalía en esa fosa común.

“En tres años, la fiscalía del estado no ha encontrado tiempo para convocar a las instituciones participantes en la exhumación a las reuniones de validación de perfiles genéticos” y “no hay ningún avance en el caso Jojutla, ningún funcionario del servicio forense, ningún fiscal, ningún funcionario de la municipalidad de Jojutla, ha sido penalmente imputado por las graves irregularidades encontradas, al enterrar sin rastro a personas en fosas comunes”.

Adicional al cese de Lulo Juan y Nava Vázquez, solicitaron que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación de las fosas ilegales de Jojutla y Tetelcingo, así como la aceleración del procesamiento de las muestras genéticas, confronta con las bases de datos de otras instituciones y las muestras tomadas a familias de desaparecidos.  

Expresaron su preocupación por la acumulación de cuerpos en Semefo donde, de acuerdo con la información que les fue proporcionada en el mes de enero, estaban almacenados 494 cuerpos no identificados.

Dijeron que esto es un indicador de que no se están aplicando los protocolos de identificación forense y advirtieron que no permitirán que estos cuerpos sean inhumados sin antes verificar que se aplicaron los protocolos para su posible futura identificación y entrega a sus familiares.

También instaron al gobierno de Morelos y al Congreso a dotar de presupuesto al Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas y la designación de los miembros restantes de este órgano ciudadano y honorario, donde urge la participación de especialistas en materia forense.

No hay fecha para continuar.

Jojutla.- Debido a la emergencia sanitaria provocada por el covid-19, que restringió muchas actividades, se detuvo el proceso de reapertura de fosas en el panteón de la colonia Pedro Amaro de este municipio para descartar la existencia de más cuerpos enterrados clandestinamente.

El director de Servicios Públicos Municipales, Joseph Vega, comentó que ya se tenían muy avanzados los trabajos de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado (FGE), pero quedaron detenidos a causa de la emergencia sanitaria.

“Lo último a lo que se llegó es que ellos nos iban a avisar cuándo se iba a continuar, por lo que estamos esperando nuevas indicaciones”, señaló.

Recordó que para continuar los trabajos se debían reubicar tres fosas de particulares, por lo que tuvieron que hablar con los propietarios y aceptaron la reubicación.

Aseguró que en lo que respecta al municipio, ya está todo el trámite con los particulares, pero falta lo más difícil, que es la exhumación de los cuerpos para colocarlos en las nuevas tumbas.

De hecho, debido a que al retirar algún cuerpo la fosa común quedaría expuesta, se analiza la posibilidad de que al cambiar los cuerpos de inmediato continúen las excavaciones, pero no hay fecha para ello.

Vale referir que a mediados de enero de este año, el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, había asegurado que el 15 de marzo se retomaría el tema de las fosas de Jojutla para continuar con los trabajos de localización de cuerpos inhumados sin identificación.

En este sentido, cabe recordar que a finales de abril de 2017 se habían encontrado 78 cuerpos en los trabajos de exhumación, de los cuales sólo 24 contaban con carpeta de investigación o averiguación previa, pero los trabajos se detuvieron debido a que las evidencias estaban en lotes particulares, por lo que ya no se podía avanzar porque necesitaban autorización.

Aunque ya se cuenta con la autorización de cambiar los cuerpos, la pandemia y la necesidad de acordar cómo se realizarán los trabajos tienen todo detenido.

Representantes de los tres niveles de gobierno se reunieron para dar seguimiento a este asunto; también recorrieron la fosa del panteón municipal de la colonia Pedro Amaro.

Jojutla.- Autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron una reunión de seguimiento de acuerdos y coordinación acerca de las acciones de traslado de tumbas particulares y el reinicio de exhumación en la fosa común en el nuevo panteón municipal de la colonia Pedro Amaro de este municipio.

Dicha reunión fue convocada por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las autoridades municipales informaron que se trató de la mesa interinstitucional de seguimiento al caso de la fosa irregular que se ubica en el nuevo panteón municipal de la citada colonia, que culminó con una visita al lugar.

El alcalde Juan Ángel Flores Bustamante estuvo acompañado de la síndica municipal, Bertha Gómez Ocampo, y de los regidores de Derechos Humanos y Servicios Públicos, Carlos Brito Ocampo y José de Jesús Pedroza Bautista, respectivamente.

Asimismo, se contó con la participación del director general de Acciones de Búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda, Enrique Irazoque Palazuelos; el jefe de Oficina de la Gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera; el asesor anticorrupción del gobierno del estado, Gerardo Becerra; la directora de Derechos Humanos, Lucero Benítez Villaseñor;.

Además, en representación de la Fiscalía General del Estado estuvo la fiscal especial en Desaparición Forzada, Zayra Janeth Lulo, en tanto que Wendy Ruiz Ramírez participó como parte de la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos.

Entre los acuerdos se determinaron las tareas a realizar respecto de logística, cooperación y retos a solventar. Además se refrendó el compromiso de las instituciones y los gobiernos para avanzar rumbo al reinicio de los trabajos de exhumación, así como para contar con infraestructura suficiente y digna.

Del mismo modo, se realizó una vista al área de la fosa del panteón municipal de la colonia Pedro Amaro, donde se revisaron las diversas acciones de traslado de tumbas y exhumación.

El regidor de Derechos Humanos de Jojutla, Carlos Brito Ocampo, mencionó que los tres niveles de gobierno reiteran el compromiso con los múltiples grupos de víctimas, sus derechos y sus legítimas demandas.

Hay recursos y ya se tienen los trámites realizados.

Zona sur.- El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, confirmó que el 15 de marzo se retomará el tema de las fosas de Jojutla, ubicada en el panteón de la colonia Pedro Amaro, para continuar con los trabajos de localización de cuerpos, inhumados sin identificación.

“Estamos trabajando esto en conjunto con la Secretaría de Gobierno. Hemos tenido una serie de reuniones con los colectivos de víctimas, familiares de víctimas, sociedad civil, las autoridades municipales y estamos programados para la segunda quincena de marzo retomar este tema de las fosas en Jojutla, y esperamos que en el transcurso de este año, eso tenga un avance significativo”, dijo.

Agregó que se está definiendo quiénes van a participar en esta nueva etapa, y ya están en pláticas con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como como con la Policía Federal y la Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos federal.

El funcionario aseguró que ya cuentan con recursos y se trabaja ahora en los temas de legalidad.

“Tenemos que hacer una inversión de entre seis y siete millones de pesos para avanzar en ese tema. La presión social no puede esperar; tenemos que sacar este resultado. Todo el personal de la fiscalía que va a tratar estos temas ya fue capacitado, ya pasó por cursos y por certificaciones”, aseguró.

Consideró que si las condiciones se dan, se podrían reanudar los trabajos las dos últimas semanas de marzo.

Cabe recordar que a finales de abril de 2017 se habían encontrado 78 cuerpos en los trabajos de exhumación, de los cuales sólo 24 contaban con carpeta de investigación o averiguación previa, pero los trabajos se detuvieron debido a que las evidencias estaban en lotes particulares, por lo que ya no se podía avanzar porque necesitaban autorización.

El mes pasado, el regidor de Jojutla Carlos Brito explicó que había tres tumbas particulares dentro del predio que ocupaba la fosa común, pero desde 2019 se realizaron los trámites para reubicarlas y la fiscalía continúe con la búsqueda e identificación de cuerpos. Estimó que ese trámite podría finiquitarse durante este febrero.

Regidor señala que esperan que la FGE dé la fecha para iniciar el proceso.

Jojutla.- El municipio está listo para la reubicación de tres cuerpos que fueron inhumados en la fosa común del panteón municipal de la colonia Pedro Amaro de este municipio.

Lo anterior fue expresado por el regidor de Derechos Humanos Carlos Brito Ocampo, tras señalar que están en espera de la fecha por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El concejal recordó que en el caso de Jojutla, ya se cuenta con el protocolo a seguir para reubicar las tumbas en un lugar digno donde los familiares puedan tener acceso y acudir a visitar a sus difuntos, otorgando a las familias todas las facilidades para el proceso de reubicación; sin embargo, se requiere del apoyo de la FGE para los procesos de exhumación e inhumación.

Brito Ocampo reiteró que para realizar el proceso de reubicación las fechas se deben emparejar, ya que al retirar esos cuerpos quedará expuesta la fosa común. “Es un tema de responsabilidad y no quisiéramos que pasara mucho tiempo libre, ya que podría ser contraproducente”, dijo.

Agregó además que deben revisar el tema del retiro de los cuerpos que se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Jojutla y que deben de ser reubicados al panteón “Jardines del Recuerdo. “Sin embargo, ahí se tiene el otro tema, ya que por parte de los colectivos se requiere que se dé certeza de las pruebas de genética para que sean depositados en el panteón, pues los colectivos quieren certeza de las pruebas para evitar falsos negativos, falsos positivos”, comentó. 

Mencionó que podrían ser hasta 100 cuerpos los que se encuentran en las cámaras frigoríficas del Semefo, donde permanecen los 36 cuerpos que se habían inhumado; sin embargo, se exhumaron alrededor de 84 perfiles genéticos de la fosa común, más los cuerpos que han llegado por distintas razones.

“En el caso de Jojutla, tenemos los elementos para poder avanzar; estamos esperando que se coordinen las autoridades federales, las autoridades estatales, para avanzar y poder realizar la construcción de las nuevas tumbas donde se van a inaugurar estos cuerpos que serán reubicados. Pero, insistimos, los trabajos deben de hacerse antes de la temporada de lluvias para evitar contratiempos”, apuntó.

La visitadora de la CDHEM en el surponiente dijo confiar en que alcanzarán los recursos para realizar los procedimientos.

Jojutla.- Tras dar a conocer que se retomarán los trabajos de exhumación en la fosa común de los panteones de este municipio y de la delegación política de Tetelcingo, en Cuautla, Aurelia Castañeda Castillo, visitadora en la zona surponiente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), dijo que confía en que alcanzarán los recursos que se destinarán para el procedimiento. 

En entrevista, la visitadora recordó que no sólo son los procesos de inhumación y exhumación, sino también sacar muestras y hacer investigaciones, los gastos que conlleven los días de estancia en la zona, además de que no se sabe si hay más cuerpos en la fosa común de Jojutla. 

Castañeda Castillo dio a conocer que como parte de estos trabajos, que se tienen contemplados iniciar en marzo, su labor será de asistir en acompañamiento y como observadores a los colectivos de búsqueda de personas y familias que resultaron afectados con las excavaciones en 2017, ya que –dijo– no sólo participarán autoridades del gobierno estatal, sino dependencias federales e instituciones en apoyo como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Nosotros estaremos al pendiente de cómo se esté llevando este procedimiento y, en caso de encontrar alguna irregularidad, mantener una comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). También haremos labor de canalización en caso de que algún colectivo o familiares se acerquen a esta visitaduría”, señaló Aurelia Castañeda.

Agregó que una vez que se realicen estos procesos en la fosa común de Jojutla, su trabajo será de acompañamiento, observación y canalización. Asimismo, reiteró su confianza en que los recursos que se han destinado alcancen para solventar todo lo que conllevan estas actividades y todo se haga conforme a protocolos.

El Ayuntamiento reubicará las tumbas que aparecieron sobre la fosa común.

Jojutla.- El Ayuntamiento de este lugar reubicará las tumbas que se encontraron dentro del área de la fosa común del panteón de la colonia Pedro Amaro, y que impidieron que continuaran los trabajos de exhumación que realizaban las autoridades en 2017, para que se continúen los trabajos de localización e identificación de cuerpos.

Como se recordará, en 2014, tras descubrirse irregularidades en una fosa común en Tetelcingo, por presión de diferentes grupos sociales, las autoridades decidieron extender la búsqueda de cuerpos no identificados a la fosa común de Jojutla.

A finales de abril de 2017 se habían registrado 78 cuerpos, de los cuales sólo 24 contaban con carpeta de investigación o averiguación previa, pero los trabajos se detuvieron debido a que las evidencias estaban en lotes particulares y no podían avanzar.

El regidor Carlos Brito explicó que había tres tumbas particulares dentro del predio que ocupaba la fosa común.

Desde el año pasado se realizaron los trámites para reubicarlas y la fiscalía –o quizá con el nuevo gobierno federal, una entidad diferente– continúe con la búsqueda e identificación de cuerpos.

Mencionó que han estado en contacto con los familiares de las personas sepultadas en esas tumbas, lo mismo con organizaciones que buscan a personas desaparecidas, y otras instituciones, para resolver la situación y se pueda seguir explorando la fosa común.

Apuntó que la reubicación de las tumbas particulares es responsabilidad del municipio, por lo que en diciembre de 2019, el Cabildo aprobó su “Plan de Ejecución del Proyecto de Traslado de las Tumbas Particulares”, ubicadas en la colindancia de la fosa común dentro del Nuevo Panteón Civil de la colonia Pedro Amaro.

“Una vez resuelto todo lo jurídico, se ejecutarán los trabajos, y una vez terminados, se le pasará nuevamente la responsabilidad a la Fiscalía General del Estado”, dijo.

El concejal consideró que el trámite podría realizarse en éste o el siguiente mes, para dar continuidad a la búsqueda de personas.

Señaló que el tema es muy importante debido a que en los últimos años, se ha registrado en el país un gran número de personas desaparecidas, cuyos familiares los están buscando.

En breve se definirá la fecha para reanudar los trabajos de exhumación e identificación de cuerpos en ese lugar, afirma el fiscal general del Estado

En tanto, 79 cuerpos están en espera para ser trasladados al panteón ministerial.

Jojutla.- Aún no hay fecha para concluir con los trabajos de búsqueda de cuerpos en las llamadas “fosas de Jojutla”, ubicadas en el panteón municipal de este lugar, y detenidos en abril del año pasado.

En conferencia de prensa, en donde el fiscal regional de la zona sur, Héctor David Pérez Avilés, hizo su presentación oficial el viernes pasado ante la prensa –tras haber llegado hace unos días-, comentó temas generales de la dependencia.

Reconoció que la fiscalía tiene “ciertas carencias”, pero está en espera de que les aporten los recursos suficientes para “profesionalizar el trabajo y atender a toda la ciudadanía”.

A pregunta expresa de cómo se encontraban los cadáveres en el servicio médico forense, pues se hablaba de exceso de cadáveres, negó tal situación.

Dijo que la capacidad de la cámara frigorífica es de 100 cuerpos y solamente existen 79 cuerpos, que –además- están debidamente identificados con muestras genéticas.

Lo que sí reveló fue que esos cuerpos deberían ya haberse enviado al panteón ministerial “Jardines del Recuerdo”, en Cuautla, pero no se ha hecho debido a la falta de recursos.

“Estamos en proyecto, no les puedo decir la fecha exacta, pero se llevará a cabo el proceso de inhumación en ese panteón”.

Sostuvo que todos están identificados, pero en ese momento no contaba con todos los datos de los mismos, como edad, sexo o la manera en la que fueron encontrados.

Interrogado acerca de las fosas de Jojutla, de las que se llegó hasta una tercera etapa, pero hacía falta descartar la existencia de más cuerpos, respondió que en su momento se dará a conocer sobre el tema y el procedimiento a seguir.

“Por el momento no está agendado, pero en su momento se les dará a saber”.

A finales de abril de 2017 se concluyeron los trabajos de la tercera etapa de esas fosas, y aunque se detectaron más hallazgos, se detuvieron las labores, porque las evidencias estaban en lotes particulares.

En total se encontraron 78 cuerpos, de los cuales 24 contaban con carpeta de investigación o averiguación previa.

También se localizaron restos que corresponden a administraciones anteriores, por lo que en junio de ese año, la Fiscalía Regional de la Zona Sur Poniente aseguró que se esclarecerá la implicación de ex servidores públicos, presuntamente responsables de irregularidades en las inhumaciones.

Las labores de exhumación fueron suspendidas en junio.

“Los muertos también tienen derechos”, dice.

Para descartar existencia de más cuerpos inhumados de manera irregular.

Familiares de víctimas de desaparecidos exigen que la profundidad de los mismos sea de tres metros, y no de uno, como pretenden las autoridades.

Colectivo de víctimas anuncia que realizará sondeos para detectar más hallazgos.

En su interior todavía hay cadáveres; fueron exhumados 84 cuerpos.