Alcaldes planean cobrar más por recolección de basura, panteones, licencias de construcción y licencia de funcionamiento comercial, entre otros conceptos; también pretenden aumentar el predial e ISABI.

Con incrementos en una larga lista de derechos y  servicios municipales, así como en los impuestos Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) y predial, los alcaldes pretenden recuperar el 25 por ciento de los ingresos que hasta este 2019 registraban sus municipios con el cobro del impuesto adicional.
En la propuesta de la reforma hacendaria que presentaron los ediles el pasado 19 de noviembre al Congreso del estado, se plantean aumentos porcentuales en los siguientes servicios y derechos: recolección de basura, panteones, licencias de construcción, licencia de funcionamiento comercial, de uso de suelo, permisos para la colocación de anuncios comerciales, derechos de protección civil,  fomento y control sanitario, explotación de aparatos de sonido y derechos de inspección al padrón de peritos.
Así mismo, se propone una nueva fórmula para calcular el cobro del impuesto predial, con una variación a la alza mayor a los dos puntos porcentuales. Dicho cálculo se aplicaría para los 36 municipios del estado.
Los ediles también pretenden aumentar el monto que se aplica por el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI).
La propuesta ya es analizada en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso. Sin embargo, es de destacar que no fue firmada por los 36 ediles del estado, sino sólo por 28 de ellos, pese a que fue discutida con el respaldo del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm).
Los alcaldes que no firmaron la propuesta son: Ramiro Iturbe Parra de Amacuzac; Félix Sánchez Espinoza, de Axochiapan; Rafael Reyes Reyes de Jiutepec; Israel González López de Tetela del Volcán; Agustín Alonso Mendoza, de Yautepec; Norberto Zamorano de Coatetelco; y José Enríquez Pérez, concejal de Hueyapan.
Hasta octubre pasado, los ayuntamientos estaban facultados para cobrar el “impuesto adicional” sobre los impuestos y derechos municipales, que garantizaba el 25 por ciento de sus ingresos, pero  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional. Con la propuesta que se expuso anteriormente, los ediles buscan evitar la falta de dichos recursos financieros.