“Todo lo que he hecho es combatir

los síntomas del crimen en lugar

de resolver las causas”.

-Batman (parodia con el Guasón)-

El asesinato (diría yo, feminicidio) de Abril Pérez acaecida el 25 de noviembre, justo el día que se conmemoraba el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, es por demás, fuera de lugar. No es posible que el juez que llevaba el caso, teniendo todas las pruebas en contra del esposo, cambiara de parecer para liberarlo.

La sociedad en general de verdad carece de justicia cuando los mismos que deben de ejercer y hacer caer todo el peso de la ley a los responsables de la comisión de un delito, los dejan en libertad. Les importa más meterse dinero al bolsillo que darles solución a los problemas de la gente.

Hace unos años, mientras me encontraba dando talleres sobre prevención del delito en diferentes comunidades, me encontré con una joven de no más de 21 años, con un hijo en brazos, que me contó su historia. Ella se encontraba en una clínica de adicciones. Reconoce que en su adolescencia se metió con amigos y amigas problemáticos, hasta que sus padres, al ver los estragos que la droga le causaba, la internaron en aquella institución, con la intención de que se recuperara. Sin embargo, quien se encargaba de sus cuidados de rehabilitación, la sedujo. Le prometió muchas cosas. Dijo que la amaba. Así que pasó lo que tenía que pasar. De manera fuera de toda ética profesional, el tipo y ella sostuvieron relaciones dentro de la institución. Al principio todo era maravilloso, pero al paso del tiempo la obligaba a tener relaciones sexuales aun cuando ella se negara. Luego se reconciliaban, como suele suceder en estos casos. Y así pasó el tiempo hasta que ella fue dada de alta de la institución. Siguieron viéndose, y llegó lo inevitable. Ella quedó embarazada. Él le exigió que abortara porque era casado. Ella se negó y aquel la amenazó de meterla en la cárcel por todo lo que sabía de ella y lo que había hecho cuando era adicta. La pobre chica, en lugar de denunciarlo, huyó de la ciudad por miedo y se fue a esconder a una comunidad pequeña, en un municipio lejano para tener a su hija y comenzar una nueva vida.

Esto nos conecta a mi columna de la semana pasada. Suponemos que quienes nos cuidan y protegen, siempre estarán allí para ese objetivo. Sin embargo, en muchos casos, la realidad es otra. Más terrible. Son esas mismas personas las que abusan de los más débiles, toman ventaja. Se aprovechan de ellos. Abusan de ellos.

Y así como se menciona en el epígrafe de esta columna, las autoridades sólo atienden los síntomas de la criminalidad. Lo urgente. Pero no solucionan las causas. Lo importante.

Las dos cosas son esenciales, pero lo es más ver, estudiar y resolver las causas de la criminalidad que estamos viviendo. De nada sirve poner penas más severas para la comisión de delitos si no se atienden las causas del mismo.

Urgen políticas públicas, válgame la expresión, son urgentes por lo importante, por lo fundamental.

En el caso de Abril, el Consejo de la Judicatura de la CDMX anunció que “a fin de no entorpecer el desarrollo de la investigación iniciada, ha tomado la determinación de suspender a los jueces de Control del Sistema Penal Acusatorio Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, hasta que concluya el análisis de lo actuado. Se ratifica el compromiso indeclinable de impartir justicia y actuar siempre en apego a la legalidad”.

La sociedad tiene muy claro que muchos jueces se venden al mejor postor sin importarles que haya justicia. Pero eso sucede en todos los ámbitos. Mucha gente sigue con la idea de que el que no transa, no avanza. Y en otros casos, observamos que hay personas que se encuentran en posiciones altas, manejan a los de abajo. Los humillan, los acosan, los obligan a realizar actos indebidos por miedo a perder el trabajo, por miedo al chantaje, por temor a que no les crean las autoridades o en complicidad con ellas.

No podemos seguir así. No debemos seguir así. Vamos a acabar enfrentándonos todos contra todos. La situación se volverá peor si no se pone coto a este caos.

¿Es correcto que las manifestaciones feministas hagan destrozos de los monumentos nacionales, pintarrajeen las paredes o que vandalicen? Algunos dirán que no. Y sin embargo, la respuesta de las manifestantes preguntan a las autoridades. ¿Por qué no se han resuelto, después de tantos años, los casos de sus familiares asesinadas?

La gente está cansada. Todos estamos hartos. Estamos frustrados de clamar por justicia y que los gobiernos hagan caso omiso y ciertos funcionarios sigan haciendo dinero sucio sin importarles el dolor de la gente y mucho menos la justicia.

La familia y el sector educativo tienen que retomar sus papeles de entidades con capacidad agrupadora. Y en el caso del gobierno, insisto, tiene que tomar las riendas con políticas públicas apropiadas para atemperar, primero, y estabilizar después el ambiente social.