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Sus integrantes son Amalia Hernández Hernández, Miguel Albavera Rojas, Celia Salinas Maya, Javier Carrasco Solís y Abimelec Morales Quiroz.

La Secretaría de Gobierno designó a los cinco nuevos integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, luego de que el nombramiento se mantuvo paralizado durante cinco meses, debido a la contingencia sanitaria por el covid-19.

A través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, se dio a conocer la designación de los activistas y familiares de desaparecidos Amalia Hernández Hernández, Miguel Alvavera Rojas y Celia Salinas Maya, como representantes de la sociedad civil dentro del consejo ciudadano.

Javier Carrasco Solís y Abimelec Morales Quiroz, fueron seleccionados para integrarse al consejo como especialistas en materia legal y forense.

La Secretaría de Gobierno detalló que recibió ocho propuestas de aspirantes a integrar el consejo ciudadano, cinco de ellas correspondientes a ciudadanos familiares de víctimas de desaparición, y tres ciudadanos especialistas.

Al revisar la trayectoria y la documentación proporcionada por cada aspirante, “se procedió a realizar un análisis de los perfiles, en atención a su experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, laboral y de conocimientos especializados en las materias afines en la protección y defensa de los derechos humanos, o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General, concluyendo esta Secretaría de Gobierno que el Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano”.

Los consejeros ciudadanos durarán en su función tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público en términos del artículo 16 del Decreto por el que se crea y regula el Órgano Desconcentrado denominado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.

Con esta designación queda totalmente integrado el consejo ciudadano, luego de que colectivos y familiares de víctimas han exigido resultados, tanto al gobierno de Morelos como a la Fiscalía General del Estado, igual que la identificación de los cuerpos extraídos de las fosas de Jojutla y Tetelcingo, y denunciar los más de 500 cuerpos acumulados en las instalaciones del Servicio México Forense.

Integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos realizan una protesta en el Palacio de Gobierno.

Familiares de desparecidos exigieron a la Fiscalía General del Estado acelerar el procesamiento de las pruebas genéticas y el proceso de identificación de los cuerpos acumulados en el Servicio Médico Forense (Semefo) y que extraídos de las fosas de Tetelcingo y de Jojutla. 

Hartas de escuchar discursos y de que la fiscalía estatal mantenga congelado el proceso de identificación de decenas de cadáveres, integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos regresaron a protestar a las puertas del Palacio de Gobierno, como prometieron que lo harán cada lunes hasta romper la inacción del fiscal, Uriel Carmina Gándara, y otras instituciones.

Recordaron que en la exhumación de cuerpos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, donde la fiscalía en el 2014 inhumó ilegalmente cuerpos no identificados, participaron la fiscalía estatal, la Fiscalía General de la República y la Policía Federal, pero “ninguna de estas instituciones han cumplido con su deber”.

“Pasaron más de tres años (de la exhumación)  y ni siquiera se validaron los perfiles genéticos obtenidos (a partir de muestras biológicas tomadas a los cuerpos exhumados y a familiares de desparecidos), ninguna persona ha sido identificada, no hay ninguna investigación penal, no se fincaron responsabilidades por ocultar seres humanos bajo la tierra y haciéndoles desaparecer por segunda vez.

“Ya no permitiremos que se siga evitando el tema de la identificación, es por eso que a partir de hoy vamos a estar presentes enfrente del Palacio de Gobierno y contaremos los días que pasan sin que las autoridades avancen en las tareas de identificación”, señalaron.

También subrayaron que, actualmente, en los frigoríficos del Servicio Médico Forense de la FGE se encuentran almacenados más de 500 cuerpos de personas no identificadas y al fiscal no le ha importado que en Morelos o en algún otro estado haya familias que buscan a sus familiares.

Señalaron que mantendrán la presión hacia la fiscalía estatal.

La visitadora de la CDHEM en el surponiente dijo confiar en que alcanzarán los recursos para realizar los procedimientos.

Jojutla.- Tras dar a conocer que se retomarán los trabajos de exhumación en la fosa común de los panteones de este municipio y de la delegación política de Tetelcingo, en Cuautla, Aurelia Castañeda Castillo, visitadora en la zona surponiente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), dijo que confía en que alcanzarán los recursos que se destinarán para el procedimiento. 

En entrevista, la visitadora recordó que no sólo son los procesos de inhumación y exhumación, sino también sacar muestras y hacer investigaciones, los gastos que conlleven los días de estancia en la zona, además de que no se sabe si hay más cuerpos en la fosa común de Jojutla. 

Castañeda Castillo dio a conocer que como parte de estos trabajos, que se tienen contemplados iniciar en marzo, su labor será de asistir en acompañamiento y como observadores a los colectivos de búsqueda de personas y familias que resultaron afectados con las excavaciones en 2017, ya que –dijo– no sólo participarán autoridades del gobierno estatal, sino dependencias federales e instituciones en apoyo como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Nosotros estaremos al pendiente de cómo se esté llevando este procedimiento y, en caso de encontrar alguna irregularidad, mantener una comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). También haremos labor de canalización en caso de que algún colectivo o familiares se acerquen a esta visitaduría”, señaló Aurelia Castañeda.

Agregó que una vez que se realicen estos procesos en la fosa común de Jojutla, su trabajo será de acompañamiento, observación y canalización. Asimismo, reiteró su confianza en que los recursos que se han destinado alcancen para solventar todo lo que conllevan estas actividades y todo se haga conforme a protocolos.

Familiares de víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados en las fosas de Tetelcingo demandan justicia.

Surgen nuevo reclamos de justicia de familiares de seis personas que fueron sepultadas  en la fosas de Tetelcingo y que exigen fincar responsabilidades no sólo a los funcionarios que participaron en la inhumación ilegal, sino aquellos que omitieron informarles su derecho a ejercer acciones penales y solicitar al Estado la reparación integral del daño.

El abogado y representante de una de las familias, David Marroquín Ojeda, señaló que el objetivo de hacer la denuncia pública es visibilizar que existen  más víctimas indirectas que han padecido no sólo la ausencia y la muerte de sus seres queridos, sino la indolencia, negligencia y omisión de las instituciones.

Explicó  que las familias denunciaron ante la otrora procuraduría de justicia, en unos casos la desaparición y, en otros, el secuestro de sus seres queridos, e incluso algunas carpetas de investigación datan desde 2009, pero fue hasta la exhumación de cuerpos de las fosas de Tetelcingo en mayo de 2016 y la realización de pruebas genéticas a los 118 cadáveres extraídos, cuando descubrieron que los restos de sus familiares estaban ahí.

“El objetivo es presentar ante los medios de comunicación a todas las víctimas indirectas que ya están reconocidas dentro de la carpeta de investigación que se lleva por las fosas de Tetelcingo, en el proceso penal, y que están buscando ahorita en el juicio ser reconocidos como tal (como víctimas indirectas). Estos familiares no tenían conocimiento del derecho que tenían de formar parte del proceso y del acceso a la justicia”, dijo.

Detalló que, tras los resultados de las pruebas genéticas aplicadas a los cuerpos exhumados de las fosas de Tetelcingo y la identificación plena de sus familiares, les fueron entregados los cuerpos pero la autoridad nunca les ofreció información u orientación sobre su derecho a ejercer acciones legales contra los servidores públicos que incurrieron en irregularidades por inhumación de los cuerpos sin protocolo que permitiera su identificación, y para exigir la reparación integral del daño, que incluye aplicar responsabilidades y sanciones administrativas y penales a todos los que participaron en la inhumación ilegal y omitieron apoyar a las familias para reclamar sus derechos.

“Lo único que se pretende es que se haga justicia, los familiares no quieren dinero, no quieren premios, no quieren dotaciones, lo que quieren es justicia y ese es un derecho esencial de las víctimas y eso es lo único que están reclamando”, recalcó.

Recordó que existen dos ex funcionarios bajo proceso penal por su presunta responsabilidad en la inhumación ilegal de 118 cuerpos en las fosas de Tetelcingo, pero existen otros implicados y las responsabilidades podrían alcanzar al mismo ex gobernador, Graco Ramírez, y el ex procurador Rodrigo Dorantes Salgado, así como a 42 ex servidores públicos más que –de acuerdo con la recomendación 48/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos- pudieran estar implicados.

De esta manera, Epigmenio Mentado Díaz, Liliana Domínguez Flores, Osvaldo Cándido Juárez Cárdenas y Ángel Marco Reyes, familiares de las personas cuyos cuerpos fueron localizados en las fosas de Tetelcingo, exigieron a la Fiscalía General del Estado agilizar las investigaciones y no persistir en la omisión.

Por su parte, Amalia Hernández Hernández nuevamente reiteró su exigencia al titular de la FGE, Uriel Carmona de Gándara, de la creación de una fiscalía especializada para dar seguimiento al asunto de las fosas y reiteró su desconfianza hacia los agentes del Ministerio Públicos a cargo de las investigaciones, porque no sólo han obstaculizado las indagatorias y el proceso penal, sino que han mostrado su conflicto de interés y falta de profesionalismo para representar a la víctimas.

El secretario de Gobierno y el fiscal estatal se reunieron con Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, junto con el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, se reunieron con Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete, para revisar, atender y aclarar las dudas que se tienen en torno al tema de las fosas de Tetelcingo.

Lo anterior, en cumplimiento al compromiso dado por el encargado de la política interna, para estrechar los canales de comunicación entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y los familiares de las víctimas.

Reunidos en las instalaciones de la FGE, Pablo Ojeda expresó que desde el primer día de la actual administración se busca dar certeza y garantizar los derechos de las víctimas.

En el encuentro, quedó establecido que se designarán a fiscales especiales para atender la carpeta de investigación, con la aceptación de la señora Amalia Hernández.  

Acompañado por la directora general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Lucero Benítez Villaseñor, el secretario de Gobierno apuntó que en todo momento se conducirán con respeto y transparencia, para darle paz y tranquilidad a los morelenses.  

En tanto, Uriel Carmona manifestó el interés y la disposición de trabajar en coordinación con Gobierno del Estado y las víctimas, a fin de acceder a la justicia, verdad y reparación de daños que anhelan tener los familiares en Morelos.

La Fiscalía del Estado ya no tiene pretextos para postergar diligencias e investigaciones: Hernández Hernández.

El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardaín, y la activista Amalia Hernández Hernández exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) reactivar de inmediato las diligencias en la fosa de Jojutla y dar a conocer cuántas fosas comunes más fueron utilizadas para la inhumación de cuerpos.

Frente a las instalaciones de la FGE, ambos señalaron que el pretexto de la fiscalía para truncar las diligencias e investigaciones fue la carencia de presupuesto, pero finalmente este año le fueron asignados los recursos suficientes para atender lo que es un tema prioritario para el gobierno federal y los colectivos de víctimas que buscan a decenas de desaparecidos.

Señaló que si no hay respuesta inmediata a esta exigencia, se hará una convocatoria nacional para que todas las organizaciones ejerzan presión.

“Hay un compromiso y no lo pueden traicionar, sobre todo por los niveles de violencia y de desapariciones que estamos teniendo todavía, y las deudas que hay todavía con el pasado. Hay que entender que los muertos y los desaparecidos no son una deuda de gobierno, son una deuda de Estado”, dijo, y señaló que no se puede dar carpetazo al caso.

Además, recalcó, no sólo está pendiente concluir con las diligencias de la fosa de Jojutla, sino cumplir con uno de los puntos torales de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 48/2016: identificar y entregar el mapa de todas las fosas comunes de la fiscalía -u otrora procuraduría de Morelos- donde se inhumaron cuerpos, lo que hasta ahora es la gran incógnita.

Amalia Hernández Hernández, activista y tía del joven asesinado Oliver Wenceslao Navarrete, cuyo cuerpo fue inhumado de manera irregular en la fosa de Tetelcingo en el municipio de Cuautla, señaló que ya no hay pretexto para postergar el tema.

“Lo que argumentaba el fiscal general era la cuestión económica, entonces, el recurso ya lo tiene, ya no hay ningún pretexto para no continuar con el tema de las inhumaciones”, dijo, y señaló que seguirá en la lucha para evitar que la autoridad pretenda dar carpetazo.

Ambos activistas coincidieron en que existen las condiciones y la cooperación interinstitucional para reactivar las diligencias en la fosa de Jojutla, siguiendo el modelo aplicado en la fosa de Tetelcingo, pero sólo falta voluntad de la fiscalía de Morelos.

Fiscalía opera a favor de imputados

Por otra parte, Amalia Hernández expresó su preocupación por las irregularidades en el proceso penal iniciado contra Ana Lilia Guerrero y Gerson Cervantes Gurrea, otrora responsables general y regional de servicios periciales, por la ilegal inhumación de los restos de Oliver y 118 cuerpos más en la fosa de Tetelcingo.

Señaló que los agentes del Ministerio Público, José Roberto Cuevas Conde y Eduard Balderas Guerrero, no sólo han violentado la secrecía de las investigaciones, sino que están más preocupados por la situación de los ex funcionarios públicos imputados, que por la defensa de las víctimas.

“El 29 de mayo acudí a la fiscalía a donde está adscrita la carpeta de investigación a recoger un oficio, y antes de entrar a la oficina escuché una conversación del Ministerio Público (José Roberto Cuevas Conde), en la que estaba más preocupado por la condición de uno de los imputados, que por la condición de las propias víctimas. Esto se lo hice del conocimiento inmediato de la fiscal de desaparición forzada, Zaira Janet Lulo, pero en todo momento trató de minimizar el tema”, explicó.

Expresó que hoy es la audiencia intermedia del proceso penal iniciado contra los exfuncionarios, pero hay temor fundado de que desde los altos niveles se obstruya la justicia y se pretenda favorecer a los imputados.

Pidió la creación de una fiscalía especializada para el tema de las fosas, pero que esté a cargo una persona confiable y capaz de defender a las víctimas y realizar las investigaciones posibles sin interferencia de la fiscalía o de interesados en obstruir el proceso. 

Cambiaron al agente del ministerio público asignado al caso en vísperas de una importante audiencia.

María y Amalia Hernández, madre y tía del joven secuestrado y asesinado en 2013, Oliver Wenceslao Navarrete, denunciaron que la Fiscalía General del Estado realizó el cambio de agente del Ministerio Público a unos días de que se lleve a cabo la audiencia intermedia del proceso judicial que se le sigue a dos ex funcionarios, por su probable responsabilidad en la inhumación ilegal de decenas de cuerpos en las fosas de Tetelcingo, y temen que se permita que los delitos prescriban o que, por fallas de la fiscalía, prevalezca la impunidad.

En rueda de prensa, Amalia Hernández explicó que el jueves de la semana pasada fue informada que Juan Carlos Huitrón, agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación, había solicitado licencia y que el caso estaría a cargo de otro agente, cuyo nombre no recuerda, por el enojo e impotencia que sintió al recibir la noticia.

“Ese día que me lo presentaron lo primero que hice fue mentar madres, porque la verdad era una bajeza tremenda el haber dejado a estas alturas la carpeta y dejársela a una persona que está en un espacio reducido, la carpeta está en el suelo, no tiene impresora, no tiene computadora, la verdad es una simulación lo que hay en esa fiscalía”, dijo.

Explicó que gracias a que la defensa de los imputados pidió aplazamiento de la audiencia por 10 días, el actual agente Ministerio Público a cargo del asunto tendrá unos días para conocer los ocho tomos de la carpeta de investigación, pero todo hace suponer que llegará a la audiencia, programada para el 22 de marzo, con poco conocimiento y a improvisar.

“No podemos culpar directamente a él (el agente del MP) porque son pocos días, pero al que sí se puede culpar directamente es al fiscal general, porque él ya había sido avisado por medio de un oficio, de que los delitos pueden prescribir en la carpeta.

“Cuando a él se le hizo la mención de esto, es porque la carpeta duró meses sin tener un Ministerio Público, ya que el anterior MP no debía conocer del tema porque tenía conflicto personal, además de que hizo en cuatro ocasiones desistimiento de vinculación a proceso de estas personas”, dijo.

Señaló que el fiscal estatal minimizó el tema de las fosas y la carpeta de investigación iniciada contra la ex coordinadora general y el ex coordinador regional de servicios periciales de la otrora procuraduría estatal, Ana Lilia Guerrero y Gerson Cervantes Gurrea, porque dijo que “tres carpetas como esas él las sacaba en el transcurso de una semana y lo que nosotros pedimos, es que viendo la agilidad mental que él dijo que tenía, que defendiera la carpeta, pero no quiso hacerlo”.

Más tarde María y Amalia, al final de la ceremonia de la firma del Mando Coordinado, interceptaron al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, para pedirle apoyo para que se finquen responsabilidades a ex servidores públicos que permitieron la inhumación ilegal de decenas de cadáveres en las fosas de Tetelcingo y presione a la Fiscalía General del Estado que ha sido omisa.

Ambas activistas llamaron con gritos la atención del titular del Poder Ejecutivo quien, tras despedirse de los ediles, se acercó a ellas para escucharlas e iniciar el diálogo, para después canalizarlas con el secretario de Gobierno Pablo Ojeda para dar seguimiento al caso que fue conocido a nivel internacional y que fue motivo de dos recomendaciones al gobierno de Morelos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el organismo local en el 2016. 

Los cuerpos de los hermanos Andrés y Mauricio, de 30 y 27 años de edad, respectivamente, reportados como desaparecidos desde 2012, fueron identificados entre los cadáveres exhumados de las fosas clandestinas de Tetelcingo.

Las muestras anteriores no fueron suficientes para obtener material genético para su identificación.

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