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Se realizan acciones que garantizan el derecho a una vivienda digna y decorosa a favor de la clase trabajadora.

Gracias al programa “Un Mejor Hogar un Mejor Morelos”, que puso en marcha el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), se cumplió el sueño de la familia Celis, al transformar su terreno el cual tenía varios años sin utilizar ante la falta de recursos para construir, en su propia casa.

En ese sentido, la titular del organismo, Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, al entregar oficialmente las llaves del primer prototipo del programa, aseguró que los compromisos se cumplen al concretar acciones a favor de los trabajadores morelenses.

En presencia de líderes de jubilados en la entidad quienes fungieron como testigos de honor, Urióstegui Alvear dio a conocer que dicho programa surgió para hacer frente a la situación ocasionada por la pandemia por COVID-19, ya que la familia, al ser el primer núcleo de la sociedad, debe fortalecerse, y dicho programa tiene el objetivo de crear espacios que propicien la sana convivencia familiar.

Lo anterior, además de diseñar trabajos conjuntos que contribuyan a la reactivación económica y laboral, a través del cual se impulsa el consumo local y la generación de empleos.

La titular del ICTSGEM indicó que los afiliados aún pueden obtener uno de los tres prototipos (cuarto adicional, cuarto redondo y Mi primer hogar) en función de sus posibilidades, que van desde 69 mil hasta los 185 mil pesos. El programa se puede implementar en cualquier terreno que reúna las características solicitadas ya sea para complementar la vivienda o crear su “Primer Hogar”, en régimen de propiedad privada o agraria.

Urióstegui Alvear precisó que con estas acciones se refrenda el compromiso de efectuar proyectos y programas de cambio, innovando para ofrecer programas que beneficien a los afiliados y sus familias.

Son 14 exfuncionarios que se arriesgan a sufrir un juicio hipotecario por los adeudos con el ICTSGEM.

El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) identificó a catorce ex servidores públicos que solicitaron préstamos para adquirir una vivienda del conjunto residencial "Ventanas" pero que no han cumplido con los pagos desde hace dos años. Se les dio un plazo de un año y en caso de no cumplir iniciarán juicios hipotecarios.  

La directora del ICTSGEM, Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, explicó que conforme a lo acordado en la adquisición de dicho beneficio, los ex servidores debían pagar seis mil pesos al mes. Sin embargo, al dejar la administración suspendieron dichas mensualidades.

Los funcionarios ocupaban en la administración pasada diversos puestos, desde secretarios de despacho, hasta directores generales.   

En conjunto, el pasivo por este rubro suma alrededor de dos millones de pesos para el instituto pero, apuntó la directiva, esperan recuperar ese recurso mediante los referidos convenios, tal y como lo plantea la normatividad del instituto.  

Si no cumplieran en el tiempo acordado se procedería a juicios especiales hipotecarios; los créditos deberán estar al corriente a más tardar en marzo del 2021.  

Por otro lado, Urióstegui Alvear anotó que el caso del crédito otorgado de forma irregular al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, para la compra de una camioneta, mismo que salió a la luz hace dos años, la funcionaria dijo que está en manos de la Contraloría. 

Recordó que el ex mandatario recibió un empréstito por 600 mil pesos y sí hubo pago, pero se le asignó el préstamo a pesar de que por norma, él no era acreedor a este tipo de prestaciones; además, nadie podría recibir préstamos para compra de vehículos nuevos por una cantidad tan elevada, ya que el tope máximo entonces era de 200 mil pesos. Apuntó que hay cinco funcionarios que formaron parte de ese procedimiento y la sanción cuando menos podría ser la inhabilitación para ocupar cargos públicos.  

La autorización entrará en vigor a partir del mes de enero de 2020 

Autoridades del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) autorizaron la modificación de montos, requisitos y plazos para adquirir vehículos y propiedades en beneficio de sus afiliados y familias, en el marco de la cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del organismo.
En ese sentido, los afiliados podrán adquirir un crédito hipotecario de hasta 800 mil pesos, con antigüedad laboral de 3 años y un plazo a pagar de hasta 30 años, con la tasa del 6 por ciento. También podrán obtener un crédito para ser propietario de un terreno urbanizado con 3 años cotizando ante el organismo, con un monto de hasta 500 mil pesos a plazo de 20 años. 
Para dirimir gravamen con 3 años de antigüedad, con un monto de hasta 500 mil pesos a 20 años y/o comprar un terreno de hasta 300 mil pesos, con 3 años cotizando ante el ICTSGEM y un plazo de 20 años.
Los afiliados tendrán la oportunidad de remodelar, ampliar o mejorar su propiedad con un plazo de 3 años cotizando y adquirir hasta 300 mil pesos a pagar en 20 años.
Se autorizaron también créditos para obtener vehículos nuevos, seminuevos e híbridos apegados a la sustentabilidad a favor del medio ambiente, de hasta 350 mil pesos con una antigüedad de cotización de 2 años y un plazo a pagar de 6 años.
En el caso de vehículos usados el monto máximo será de hasta 150 mil pesos, a 4 años y con antigüedad de cotización de 36 meses.
Fabiola Urióstegui, titular del organismo, dio a conocer que este tipo de créditos forman parte de las acciones encaminadas a generar políticas públicas que beneficien a la base trabajadora y a sus familias.
Finalmente, precisó que los créditos y montos autorizados entrarán en vigor a partir del mes de enero de 2020.

La primera etapa comprende el apoyo a más de dos mil trabajadores 

El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) suscribieron un convenio de colaboración con el objetivo de transferir las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda de los trabajadores de dicho fondo.
Se favorecerá en una primera etapa a más de dos mil trabajadores, con la finalidad de que las aportaciones sean abonadas a los créditos hipotecarios en beneficio de los afiliados al ICTSGEM, siempre y cuando así lo soliciten.
El acto lo atestiguó la secretaria de Administración del Gobierno del Estado, Mirna Zavala Zuñiga; Fabiola Urióstegui Alvear, titular del ICTSGEM; y el delegado del INFONAVIT, Luis Alberto Medina.
La firma de convenio representa un ahorro considerable tanto de dinero, como de tiempo para reducir el monto de los pagos para adquirir un patrimonio en beneficio de la familia.
De un primer cruce de información, se trasladan más de cinco millones 500 mil pesos que van a fungir para abonar a capital en créditos hipotecarios vigentes de los trabajadores que contaban con historial en el INFONAVIT, a fin de tener una vivienda digna.
Después de la firma del convenio entre las autoridades presentes, Zavala Zuñiga destacó que con estos hechos se concretan políticas púbicas que beneficien y dignifiquen la labor de los trabajadores por el servicio que prestan.
Y subrayó que el ICTSGEM es el motor del Gobierno que garantiza la seguridad de poder adquirir un patrimonio ya sea a corto, mediano o largo plazo en beneficio de los trabajadores.

Pide diputado transparencia al Poder Judicial en el caso.

Trabajadores del Congreso local pidieron que se aplique la ley en contra de sus antecesores que desviaron los recursos que correspondían a las aportaciones del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).
El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, celebró que se haya vinculado a proceso a la ex legisladora Hortencia Figueroa Peralta, pero dijo que se debe llegar al fondo del caso para resarcir el daño que se causó a todos los trabajadores, principales afectados de las irregularidades que se cometieron en la LIII Legislatura. 
"Que regresen el dinero si ellos (se lo llevaron) porque es una parte importante que se dará a la ciudadanía, que las cosas se están haciendo bien", manifestó Reyes Chávez.
El líder sindical recordó que se trata de 23 millones de pesos que no se entregaron al Instituto de Crédito, a pesar de que si se les descontó de sus salarios.
A causa de eso, actualmente el Instituto de Crédito les tiene suspendidos algunos derechos, como acceder a créditos hipotecarios y para automóviles.
"Nosotros estamos pendientes de la situación, porque es importante que se esclarezca a dónde fueron a dar los recursos que se nos retiraron a cada uno de los trabajadores, es una buena cantidad, estamos hablando de 23 millones de pesos que, ahorita la autoridad está vinculando a proceso a los responsables, es importante que se sepa que los trabajadores fuimos los principales afectados (sic) y si se tiene que resarcir reintegrando el dinero que se haga", apuntó.

Pide diputado Sotelo Martínez transparencia al Poder Judicial en caso de exdiputadas

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, pidió al Poder Judicial que haya transparencia en los casos de las ex diputadas que son investigadas por el delito de peculado. 
El legislador aplaudió que finalmente se haya vinculado a proceso a la ex diputada Hortencia Figueroa y confió en que se llegue al fondo del caso. 

La directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, informó que la carpeta de investigación iniciada en contra del exgobernador Graco Ramírez, por la contratación de un crédito por 600 mil pesos de manera ilegal, fue judicializada por la Fiscalía Especializada en el Combate contra Hechos de Corrupción (FECHC). 
La funcionaria estatal explicó que el instituto ha aportado los elementos suficientes para que la denuncia promovida avance, por tratarse de un delito y aun cuando el exmandatario ha hecho puntualmente sus pagos ante el ICTSGEM. 
De acuerdo con la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, por tratarse de un funcionario de primer nivel, Graco Ramírez no podía acceder a dicho crédito que utilizó para la compra de una camioneta en septiembre pasado. 
“Fuimos notificados que la Fiscalía Anticorrupción ya judicializó la carpeta de investigación. Como instituto ya proporcionamos todos los elementos para que la autoridad determine responsabilidades”, agregó. 
De igual forma, confirmó que a la fechaseis ex secretarios de despacho, del gobierno que encabezó Garrido Abreu, no han pagado las viviendas que adquirieron del fraccionamiento "Las Ventanas", pese a que en abril vence el plazo para que puedan ponerse al corriente o se iniciará el proceso judicial de cobranza y el requerimiento del retiro de los bienes inmuebles. 
“Tenemos todavía retrasos, son seis créditos que presentan retraso importante, si no acuden a regularizarse, se concluye el plazo en abril y se iniciara un requerimiento de cobranza judicial o extrajudicial”, añadió. 

Varios secretarios del gobierno anterior y empleados de alto nivel contrataron créditos hipotecarios para adquirir viviendas pero pidieron una prórroga “por desempleo” y dejaron de cubrir el adeudo.

El gobierno del estado enfrenta complicaciones financieras superiores a los 10 mil millones de pesos en pasivos (deudas) bancarios y no bancarios que fueron heredados por el gobierno que encabezó Graco Ramírez, informó el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, durante su comparecencia ante el Congreso del estado. 
Este miércoles tocó el turno al secretario de Hacienda de comparecer ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ante quienes admitió que la situación financiera del gobierno estatal es complicada por todos los compromisos heredados y la mínima recaudación estatal que se registra, del cuatro por ciento de los más de 21 mil millones de pesos que ejerce como presupuesto anual. 
Refirió que el Congreso del estado también enfrenta una situación complicada, pues el 25 por ciento de los 468 millones de pesos que ejercerá como presupuesto este año, se destinarán al pago de la deuda heredada por la LIII Legislatura, que fue de aproximadamente 100 millones de pesos; 28 millones se deben al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado. 
A propósito del Instituto de Crédito, la titular, Sol Urióstegui Alvear, informó durante la comparecencia que se presentaron dos denuncias en contra del exgobernador Graco Ramírez por el crédito que tramitó ante el organismo por alrededor de medio millón de pesos. La funcionaria detalló que pese a las acciones penales en contra del exmandatario, éste ha pagado puntualmente la deuda. 
De igual forma, Urióstegui Alvear confirmó que 13 de los créditos hipotecarios que exintegrantes del gobierno que encabezó Graco Ramírez contrataron para adquirir una vivienda del complejo habitacional Las Ventanas, se encuentran en morosidad, ya que cuatro exsecretarios de despacho y otros exfuncionarios de rango dejaron de pagar su deuda desde octubre pasado. 
La funcionaria explicó que los ex servidores públicos pidieron una prórroga de seis meses por desempleo, y si en los próximos dos meses no empiezan a pagar, el instituto procederá a la recuperación del inmueble e iniciará procedimientos administrativos y civiles en contra. 
El secretario de Hacienda, Villarreal Gasca, garantizó a los legisladores que atienden la crisis de la Fiscalía General del Estado que se originó a raíz de la reforma que aprobó la pasada legislatura y que le otorgó autonomía financiera. 
Sostuvo que el problema no sólo es el adeudo que el Ejecutivo tiene con la Fiscalía, sino las afectaciones laborales de los trabajadores, que perdieron parte de sus derechos laborales con dicha autonomía. 
Aseguró también que se da seguimiento a la situación financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para garantizar que no haya crisis, como las que se registraron el año pasado. 

Se mantiene la deuda del Legislativo con el Instituto de Crédito.

Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo pedirán un incremento al salario del 10 por ciento en las negociaciones del contrato colectivo 2019 que iniciarán a finales del presente mes. 
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, informó que se acordó con los diputados iniciar las negociaciones laborales en los próximos días, una vez que se haya desahogado el Paquete Económico 2019.
Refirió que la propuesta será del 10 por ciento de incremento al salario de cada uno de los 146 sindicalizados, sin embargo, el resto de las prestaciones sólo tendrán un ajuste en base al incremento salarial de este año.
Reyes Chávez manifestó su confianza en que en este año se logre un convenio de manera inmediata y no suceda como el año pasado, cuando el contrato se logró hasta el mes de agosto, días antes de que terminara la LIII Legislatura.
Refirió que a la fecha, la Mesa Directiva del Congreso del estado logró liquidar los adeudos que heredaron los exlegisladores en el tema de prestaciones laborales. Sin embargo, permanece la deuda con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, ya que por más de un año "congeló" sus derechos ante dicho organismo. 

El Instituto de Crédito inició dos denuncias por irregularidades en la asignación de préstamos a exfuncionarios, entre ellos el exgobernador.

El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) inició dos denuncias por irregularidades en la asignación de préstamos para exfuncionarios, entre ellos el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, a quien le asignaron 600 mil pesos para la compra de una camioneta de lujo.

Como se había adelantado, la titular del organismo, Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, confirmó ayer miércoles el inicio formal del proceso legal administrativo contra quienes resulten responsables de las anomalías detectadas y que, en su momento, se hicieron de dominio público.

La funcionaria detalló que la primera fue presentada ante la Secretaría de la Contraloría, “derivado de las irregularidades detectadas en el otorgamiento del denominado ‘Crédito 02’ para la adquisición de vehículo del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu”.

Apuntó que el 21 de septiembre pasado, a unos cuantos días que terminara la administración pasada, “se autorizó un crédito al entonces gobernador Graco Ramírez para la adquisición de una camioneta marca Chevrolet, modelo Traverse, por un monto de 600 mil pesos, bajo el argumento de ejercer su derecho como trabajador al servicio del Estado”.

La denuncia incluye a varios ex servidores públicos y contra quien resulte responsable una vez que se deslinden responsabilidades, porque a decir de la funcionaria estatal, “quien se desempeñaba como secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, autorizó el préstamo y firmó como aval para el otorgamiento del crédito en mención, contrario a las disposiciones que rigen al organismo”.

Dicha acción podría configurarse como una falta a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, añadió.
De acuerdo con la versión oficial, se inicia un proceso administrativo ante la Contraloría, institución que deberá analizar el caso y, de encontrar que hubo otro tipo de responsabilidades, deberá dar parte a las instancias legales, que podrían ser en un momento dado de tipo penal, como detrimento patrimonial de la institución pública, por ejemplo.

Se reportó el gasto de 27 millones de pesos para la capacitación de 400 policías que jamás se realizó; también hay procesos por irregularidades en el Instituto de Crédito y en la Sedagro.

La actual administración detectó que en el gobierno pasado se reportó el gasto de 27 millones de pesos para la capacitación de 400 policías que jamás se realizó, por lo que iniciará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) al tratarse de fondos federales. Por otra parte, iniciarán los procesos correspondientes por anomalías en el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

El consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó que suman alrededor de 30 las denuncias que ya fueron iniciadas por el actual gobierno ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, y hay varios expedientes en proceso de integración, además de la denuncia que se presentará ante la PGR.

En entrevista, la mañana de ayer miércoles, informó que ayer mismo se iniciarían entre tres y cuatro por parte del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado, por disposiciones indebidas de recursos económicos. Cuestionado al respecto, no descartó que entre ellas se encuentre la que corresponde al préstamo que se le otorgó al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu a unos cuantos días de su salida. “No puedo dar nombres ni detalles… sí podría ser”, respondió ante la pregunta expresa.

El funcionario habló también sobre la postura del fiscal anticorrupción, quien sostiene que no ha emprendido acciones porque el actual gobierno no le ha aportado pruebas de los supuestos delitos cometidos por funcionarios de la administración graquista.

“Todo lleva su proceso, hay alguna diferencia en puntos de vista con el fiscal, pero creo que debe quedar claro que la investigación y persecución de los delitos corre a cargo de la institución del ministerio público y no de los particulares”, expresó, al exponer que el gobierno del estado pidió constituirse como coadyuvante y poder robustecer la investigación con algunos elementos, pero insistió en que todos los actos y la responsabilidad es exclusiva de la Fiscalía y habrá de esperar si decide la judicialización de las carpetas.

Reiteró que será la Fiscalía la que determine el monto del daño patrimonial, en caso de que lo hubiera.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, vicealmirante José Ortiz Guarneros, informó que se detectó que se erogaron 27 millones de pesos para la capacitación de 400 elementos policíacos, pero que no se realizó. Los recursos que se destinaron para esa supuesta capacitación corresponden a fondos federales y, por ende, la denuncia será presentada ante la PGR.

Se concederá a un plazo máximo de dos años y una tasa de interés del 10% anual sobre saldos insolutos.

En el marco de la quinta sesión extraordinaria del H. Congreso Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), se aprobó y autorizó el “Crédito Especial Navideño 2018”.
Lo anterior, derivado de la política pública implementada en beneficio directo de los trabajadores afiliados, así como la disposición y el compromiso con las familias que dependen laboralmente de ellos, al contar con condiciones apropiadas para su mejor desempeño.
El “Crédito Especial Navideño 2018” permitirá tener recursos económicos que solventen los gastos propios durante esta época navideña y fin de año, así como el apoyo adicional para iniciar el año 2019.
La directora general del ICTSGEM, Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, aseguró que este crédito especial estará disponible hasta por la cantidad de 30 mil pesos, sin exceder el 80% de la capacidad de pago del afiliado, a pagarse en un plazo máximo de dos años, con una tasa de interés del 10% anual sobre saldos insolutos; podrá tramitarse a pesar de contar con otros créditos especiales.

Se espera que aprueben hoy la prórroga solicitada por el gobierno del estado para entregar la iniciativa de presupuesto del 2019 el próximo 15 de diciembre.

Tras dos semanas de parálisis legislativa se espera que los diputados locales retomen hoy la sesión ordinaria que suspendieron el jueves 15 de noviembre y aprueben la prórroga que solicitó el Poder Ejecutivo para entregar la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 el próximo 15 de diciembre.
La coordinadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, informó que la noche del lunes pasado compareció ante diputados el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, quien les explicó de las razones por las que se solicitó una prórroga para presentar la propuesta del Paquete Económico 2019 hasta el último día del periodo ordinario de sesiones.
La legisladora local confirmó que tras ese encuentro se lograron acuerdos entre la mayoría de los diputados y se determinó retomar hoy la sesión ordinaria del jueves 15 de noviembre, suspendida para poder aprobar la prórroga solicitada por el Poder Ejecutivo y designar al quinto integrante de la Diputación Permanente, entre otros temas.
Keila Figueroa no habló sobre los términos en los que se lograron los acuerdos, sin embargo, sostuvo que el bloque de los nueve diputados que paralizó las actividades en el Congreso local, accedió a avanzar en el tema presupuestal.
La legisladora de Morena informó también que dentro del análisis que iniciarán del presupuesto de egresos para el 2019, uno de los temas prioritarios será la reconstrucción del estado, tras las afectaciones que causó el sismo del 19 de septiembre del 2017, a fin de que se asigne una partida presupuestal extraordinaria.

Diputados finalmente firman convenio con el Instituto de Crédito

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que la noche del lunes también se firmó un convenio con el Instituto de Crédito para el pago de la deuda que heredó la LIII Legislatura por cerca de 24 millones de pesos y que los trabajadores puedan acceder a sus derechos.
Derivado de ese convenio, a partir del martes todos los trabajadores del Poder Legislativo ya tienen acceso a los créditos Quirografario y de Vivienda Sustentable, de los cuales éste último está destinado a la adquisición de vivienda, específicamente en la Unidad Habitacional Las Ventanas en Jiutepec.

Diputada critica tarifa por peaje en autopista Siglo XXI

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, criticó la tarifa que se cobra por el peaje de la recién inaugurada autopista Siglo XXI, que es 82% más cara que la autopista México-Cuernavaca.
La coordinadora del Partido del Trabajo (PT) hizo una comparación con los servicios que se prestan en la vía de comunicación conocida como autopista del Sol y los beneficios que otorga la Siglo XXI, y aseguró que son menores y, sin embargo, es más costosa. 
Señaló que mientras en la México-Cuernavaca la caseta tiene un costo de 98 pesos, en el tramo Jantetelco-El Higuerón es de 179 pesos.
"En la primera son cuatro carriles y en algunos tramos más extensa, mientras que en la segunda, dos carriles; se prestan servicios sanitarios, tiendas, restaurantes, gasolinera, radiocomunicación y en la Siglo XXI cero servicios", agregó. 
Ante lo que consideró un abuso para los automovilistas, la diputada del Partido del Trabajo informó que hoy presentará un punto de acuerdo para que el Pleno del Congreso exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe), para que se reduzca el cobro de peaje en la autopista Siglo XXI, a través de una revisión con la concesionaria.
Al gobierno del estado dijo que también se le pedirá su intervención para que se apoye a las personas que circulan por la recién inaugurada autopista.

El incumplimiento en la transferencia del pago de cuotas al instituto de crédito del gobierno estatal, tanto por parte del ayuntamiento capitalino como del Congreso local, llevó a los empleados de ambas instancias a perder sus derechos para la adquisición de créditos y apoyos económicos, indicó la dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo, Ana Lilia Ocampo Castrejón.

Es una injusticia porque las deducciones se hacen desde el pago de nóminas, lo que indica que los afectados no tienen opción, a ellos les descuentan lo correspondiente al compromiso con la institución, pero el dinero no llega a su destino, destacó.

En lo relacionado al Congreso local, estimó que el rezago provocado en la materia por la legislatura anterior es en relación a 20 millones de pesos, pero en lo referente al ayuntamiento en mención, hace ya cerca de nueve años, porque el primer edil que dejó de cumplir fue Manuel Martínez Garrigós.

Es decir, en éste último caso no se ve cómo se pueda remontar un pasivo acumulado por tantos años, son muchos millones de pesos y entonces ahí el cobro tendría que haber sido ya suspendido para no continuar afectando la economía de los agraviados, consideró.

Ocampo Castrejón señaló que todo lleva a pensar que el Poder Legislativo, con la actual directiva, sí buscará resolver las cosas, “entendemos que en eso andan, incluso iniciando denuncias contra los presuntos responsables, pero por lo que toca a la alcaldía es muy difícil”.

Por otra parte, manifestó que financieramente, el instituto de crédito ha superado la coyuntura de la transición y viene cumpliendo con sus derechohabientes, a pesar de que entró en una situación de inestabilidad con el arranque del nuevo gobierno.

Reconoció que manejar esa institución no es cosa sencilla, ya que en el consejo de administración o junta de gobierno están representados diversos frentes, como en el caso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sindicatos y patrones, y hay quienes piensan diferente, lo cual lleva a conflictos permanentes para alcanzar acuerdos.

No obstante, admitió, lo anterior también se traduce en un candado para que los funcionarios no caigan en actos de corrupción, porque esos contrapesos impiden cualquier irregularidad, venga de donde venga. Y recordó que a ellos como jubilados se intentó sacarlos del consejo. “Nos tuvimos que defender hasta con las uñas para conservar a la silla, pero se logró”, sentenció.

Les fueron suspendidas hace más de un año por el desfalco de la anterior legislatura.

Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo pidieron a los diputados locales resolver los problemas legales con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ICTSGM) para que puedan acceder a las prestaciones a las que tienen derecho, a más de un año de que se las suspendieron por la deuda de 24 millones que generó la LIII Legislatura. 

Molestos porque los legisladores han retrasado la efectividad del convenio firmado con el ICTSGM para cubrir la deuda millonaria, con el que podrán realizar cualquier trámite, los sindicalizados sostuvieron que la LIII Legislatura retuvo sus aportaciones y causó el daño, pero la LIV Legislatura es responsable de resolver el problema.

"Ellos son los responsables como Congreso del estado porque independiente de la LIII Legislatura que hizo un mal manejo de los recursos, ahora ellos son los responsables del Congreso y que enfrenten la responsabilidad y que nos ayuden a sacar ese convenio ante el instituto porque no podemos realizar ningún trámite", afirmó Erick Alejandro Reyes Chávez, secretario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo.

Sostuvo que la deuda con el Instituto de Crédito no es el único daño que les causaron como trabajadores, ya que la LIII Legislatura también les suspendió el pago de prestaciones laborales.

"Tenemos diversas prestaciones como pago de uniformes, tenemos apoyos de nuestras mismas cuotas que nos retuvieron y ellos se quedaron, becas para el pago de colegiaturas, que con becas a nuestros hijos (sic), tenemos primas de antigüedad y si sumamos todo los que nos deben, ascienden a más de 400 mil pesos", agregó Reyes Chávez.

Al respecto, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, justificó el retraso en el convenio con el Instituto de Crédito, ya que se revisa que no se entorpezca la denuncia penal interpuesta en contra de los ex diputados por la retención de aportaciones de los trabajadores y otras irregularidades.

Hortencia Figueroa Peralta, Francisco Moreno Merino, Silvia Irra Marín, Julio Espín Navarrete y Beatriz Vicera Alatriste dejaron de pagar las aportaciones al Instituto de Crédito, que sí fueron descontadas a los trabajadores.

Integrantes de la LIV Legislatura presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de varios ex diputados locales por los delitos de peculado, desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público.

Hortencia Figueroa Peralta, Francisco Moreno Merino, Silvia Irra Marín, Julio Espín Navarrete y Beatriz Vicera Alatriste fueron acusados de haber retenido las aportaciones de los trabajadores del Congreso del estado durante los años 2016, 2017 y 2018, que debieron haberse enterado ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).

El diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, uno de los siete diputados que promovieron la denuncia, señaló que los legisladores firmaron convenios con el ICTSGEM, con el aval del gobierno estatal para no entregar las aportaciones de los trabajadores. Incluso, dijo que desviaron recursos del Congreso local para cubrir una parte de la deuda.

Sostuvo que la denuncia fue sustentada con el apoyo de asociaciones de abogados y colegios de contadores, por lo que existe la confianza en que habrá castigo para los ex diputados.

Los legisladores del PT, Valentina Rodríguez Ruiz, José Luis Galindo Cortés, Erika García Zaragoza; Blanca Nieves Sánchez del Partido Nueva Alianza (Panal); de Movimiento Ciudadano (MC), Ana Guevara Ramírez; y Marcos Zapotitla Becerro de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también firmaron la denuncia que se presentó ayer por la mañana ante la fiscalía sin el acompañamiento de la Mesa Directiva.

Ordenan a la ESAF inicie procedimientos sancionadores en contra de ex diputados

Más tarde, el Pleno del Congreso local ordenó al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) iniciar procedimientos sancionadores, imposición de multas, juicios y acciones jurídicas en contra de las ex diputadas Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, ex vicepresidenta de la Mesa Directiva y ex presidenta del Comité de Vigilancia, respectivamente, por negar información financiera y contable al órgano auditor para realizar allá la auditoría especial que la LIII Legislatura ordenó antes de que concluyera.

Los procedimientos también se iniciarán en contra de Martha Patricia Bandera Flores, ex secretaria de Administración y Finanzas, responsable de la información correspondiente a las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018.

Derechohabientes dicen que sí hay dinero.

La directora general del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado, Fabiola Urióstegui Alvear, sostuvo una reunión con líderes de agrupaciones sindicales, tanto de la administración pública estatal, como del Ayuntamiento de Cuernavaca, a fin de tomar acuerdos con el propósito de reactivar las líneas de crédito a los derechohabientes luego de un periodo de suspensión por presunta insuficiencia de fondos.

Tras el encuentro, mencionó que los planteamientos recibidos serán analizados al interior del Consejo de Administración o Junta de Gobierno, para que de inmediato se abran ventanillas y los interesados puedan volver a contar con ese beneficio, sobre todo ahora que viene fin de año y buena parte de los contribuyentes recurren al apoyo de la institución para superar compromisos de la época.

Sobre el tema, la dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del gobierno estatal, Ana Lilia Ocampo Castrejón, aseguró que las finanzas del instituto tienen solvencia suficiente para seguir cumpliendo con su compromiso.

Calculó, de acuerdo a los más recientes cortes financieros, que el capital promedio que se tiene alcanza casi los mil millones de pesos, suficientes para mantener las prestaciones a flote e, incluso, dijo que en algunos de los rubros nunca se llega a ejercer el cien por ciento del dinero, como ocurre en lo relacionado a préstamos para autos o vivienda.

Y ello es entendible, agregó, “los requisitos son distintos, hay que tener mayores ingresos o aportaciones para lograr un crédito hipotecario; hablamos de un millón y medio de pesos, no todos pueden con algo así y aunque la compra de autos requiere de menos capital, de todos modos pagar unos 400 mil pesos es pesado para la mayoría, por eso siempre sobran recursos en esos dos conceptos”. Los más demandados son los préstamos quirografarios.

Insistió en que desviar o malversar recursos en el instituto es cosa muy complicada, “ya que ahí se trabaja bajo las firmas de un cuerpo colegiado, con uno de ellos que no esté de acuerdo en la autorización de alguna liberación, simplemente no pasa, de ahí que sólo sean especulaciones aquellas que hablan de grandes desvíos”.

Empleados pretenden promover acciones legales en contra de los exdiputados por la retención de sus aportaciones.

Mientras trabajadores del Congreso del estado pretenden promover una denuncia como primeros afectados en la retención de sus aportaciones ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), este martes autoridades del organismo y el Poder Legislativo firmaron un convenio de pago de la deuda.

Dicho convenio permitirá que la deuda que dejó la LIII Legislatura se pague en parcialidades y que los trabajadores del Congreso local accedan de manera paulatina a los créditos a los que tienen derecho, y que se les suspendieron desde hace más de un año.

El convenio fue aprobado por unanimidad, durante la cuarta sesión extraordinaria del consejo directivo del ICTSGEM.

La deuda ante el Instituto de Crédito por parte del Congreso era mayor a los 24 millones de pesos, ya que desde hace más de dos años se empezaron a retener las aportaciones de los trabajadores.

Empleados del Congreso del estado promoverían acciones legales en contra de los ex diputados.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval informó que como fracción parlamentaria, se ha ofrecido apoyo legal a los trabajadores para que en lo particular o de manera colectiva presenten una denuncia como principales afectados, en el presunto mal uso de los recursos que cometieron los integrantes de la LIII Legislatura.

Sostuvo que a pesar del convenio que logró el Congreso local con el Instituto de Crédito para el pago de la deuda que dejó la pasada legislatura, al haber retenido las aportaciones de los trabajadores, se debe investigar y castigar a los ex diputados si son responsables de algún delito.

De acuerdo al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, la deuda se empezará a pagar a partir del próximo año y cuando los trabajadores también podrán acceder a créditos, como es su derecho por las aportaciones que nunca dejaron de hacer.

El monto que se retuvo supera 24 millones de pesos y fue desde hace más de un año cuando los ex legisladores dejaron de enterar las aportaciones ante el Instituto de Crédito.

Alfonso de Jesús Sotelo asegura que ha recibido mensajes de intimidación debido que inició la revisión en contra de la legislatura pasada.

Tras haber confirmado que la próxima semana promoverán acciones penales y administrativas en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, denunció que ha recibido mensajes de intimidación y amenazas a raíz de la revisión que inició en contra de diputados de la pasada legislatura.

En entrevista, dijo que dichos mensajes los ha recibido  en su teléfono celular, mediante la aplicación de WhatsApp, desde hace 15 días, por lo que procederá penalmente en contra de quien resulte responsable.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) no quiso dar detalles de las amenazas en su contra ni quién o quiénes pudieran ser los responsables. “Espero que no sea por esto que estamos haciendo… Antes no sufría de una situación así y conforme pasa el tiempo y descubrimos algunas cosas adversas y anómalas, pareciera que es como un medio de presión”, explicó.

El diputado dijo que pese a dichas amenazas, la próxima semana someterá a consideración de las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarios que se promuevan denuncias en contra de la pasada legislatura por irregularidades en el ejercicio de los recursos.

Comentó que tienen elementos suficientes para proceder y si no lo hizo anteriormente, sostuvo, es porque los exdiputados no entregaron toda la información y los dejaron sin equipo para avanzar rápidamente en el proceso de entrega-recepción.

Un ejemplo del mal ejercicio de los recursos por parte de la pasada legislatura, citó, es la deuda ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, por 24 millones de pesos, ya que no enteraron las aportaciones de los trabajadores.

El diputado informó también que pedirán apoyo a la Comisión Estatal de Seguridad para que se revisen las oficinas del Congreso local, ante el presunto espionaje que se dio en el gobierno estatal.

La esposa de Andrés Duque Tinoco fue designada directora del ICTSGEM.

Tras la designación de su esposa Fabiola del Sol Urióstegui Alvear como directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), el diputado Andrés Duque Tinoco rechazó que se trate de un pago de favores por haber renunciado Al partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para sumarse al Partido Encuentro Social (PES).

"No ha habido ninguna negociación, como se dijo en un inicio, que la presidenta del partido (Morena, Yeidckol Polevnsky) que Cuauhtémoc nos había comprado. No, Cuauhtémoc no compró a nadie", sostuvo el diputado, quien admitió que la contratación de personal para esos cargos debería darse por convocatoria o concurso, y de acuerdo a los perfiles.

"Mi esposa es una mujer preparada, ella metió currículum desde hace algunos meses. No hay ninguna negociación aquí, lamento mucho que esto esté pensando porque al final de cuentas ella está trabajando de aquel lado y yo aquí en el Congreso, no la tengo aquí en el Congreso", añadió.

También en el Congreso del estado fue designada como directora de Recursos Humanos a Ivonne Zavala Zúñiga, hermana de la secretaria de Administración del gobierno estatal Mirna Zavala.

Dicho cargo fue ocupado anteriormente por Karina Arteaga Gutiérrez, quien también integra la larga lista de beneficiarios de las "pensiones doradas" que aprobó la pasada legislatura.

El fiscal anticorrupción no pudo probar que el exsecretario de Administración y Finanzas desviara recursos públicos.

Un tribunal de juicio oral resolvió absolver a Alfredo Jaime de la Torre, exsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno del panista Marco Adame, de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, al comprobarse que nunca desvió recursos dirigidos al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado (ICTSEM).

Víctor Javier Hernández Vega, quien encabezó la defensa del exfuncionario panista, detalló que la exoneración de los cargos se realizó con base en las pruebas aportadas por la propia fiscalía y ni siquiera fue necesario presentar elementos adicionales.

Acusó que el proceso penal estuvo viciado de origen, porque en la denuncia iniciada por el entonces procurador fiscal y actual fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, no se aportaron pruebas del supuesto desvío de 173 millones de pesos correspondientes a las cuotas aportadas por los burócratas al ICTSEM.

“Fuimos claros y precisos al demostrar que el señor Alfredo en ningún momento desvió ningún recurso, en ningún momento dejó de pagar al instituto, que al contrario, en su momento, el  procurador fiscal, hoy fiscal anticorrupción, presentó una denuncia sin sustento en la cual no se demostró que efectivamente él haya tomado algún dinero del instituto, (incluso) ocultaron mucha evidencia", dijo, y señaló que, por el contrario, se demostró que los recursos sí fueron depositados al instituto.

Precisó que durante la audiencia de desahogo del juicio oral, la fiscalía presentó a ocho testigos cuyas declaraciones fueron suficientes para demostrar la inocencia del exsecretario, y resaltó que este es un nuevo golpe para el actual fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, quien evadió comparecer ante el tribunal oral pese a que fue emplazado.