Empleados pretenden promover acciones legales en contra de los exdiputados por la retención de sus aportaciones.

Mientras trabajadores del Congreso del estado pretenden promover una denuncia como primeros afectados en la retención de sus aportaciones ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), este martes autoridades del organismo y el Poder Legislativo firmaron un convenio de pago de la deuda.

Dicho convenio permitirá que la deuda que dejó la LIII Legislatura se pague en parcialidades y que los trabajadores del Congreso local accedan de manera paulatina a los créditos a los que tienen derecho, y que se les suspendieron desde hace más de un año.

El convenio fue aprobado por unanimidad, durante la cuarta sesión extraordinaria del consejo directivo del ICTSGEM.

La deuda ante el Instituto de Crédito por parte del Congreso era mayor a los 24 millones de pesos, ya que desde hace más de dos años se empezaron a retener las aportaciones de los trabajadores.

Empleados del Congreso del estado promoverían acciones legales en contra de los ex diputados.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval informó que como fracción parlamentaria, se ha ofrecido apoyo legal a los trabajadores para que en lo particular o de manera colectiva presenten una denuncia como principales afectados, en el presunto mal uso de los recursos que cometieron los integrantes de la LIII Legislatura.

Sostuvo que a pesar del convenio que logró el Congreso local con el Instituto de Crédito para el pago de la deuda que dejó la pasada legislatura, al haber retenido las aportaciones de los trabajadores, se debe investigar y castigar a los ex diputados si son responsables de algún delito.

De acuerdo al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, la deuda se empezará a pagar a partir del próximo año y cuando los trabajadores también podrán acceder a créditos, como es su derecho por las aportaciones que nunca dejaron de hacer.

El monto que se retuvo supera 24 millones de pesos y fue desde hace más de un año cuando los ex legisladores dejaron de enterar las aportaciones ante el Instituto de Crédito.