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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que la corrupción en México cuesta alrededor del cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). México pierde miles de millones de pesos al año en inversiones públicas para proyectos de desarrollo social, por tolerar actos de corrupción y permitir su impunidad.

En 2015, una reforma constitucional dio nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y surgió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que obliga a la coordinación entre Federación, estados y municipios en contra de la corrupción.

Según nuestra Constitución General, el municipio es la base de la organización política y administrativa del Estado mexicano, s decir, el gobierno más inmediato a la sociedad nacional. Nuestra Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos señala a los ayuntamientos como entidades responsables del combate a la corrupción; sin embargo, no existe un sistema municipal anticorrupción en los municipios morelenses. La ley delega esa tarea en las Contralorías Municipales y les señala el deber de colaborar con el Sistema Estatal para atender recomendaciones y replicar políticas públicas, sin otorgar autonomía operativa a nivel municipal.

Ni la legislación nacional ni la morelense prevén una estructura anticorrupción municipal.

A cinco años del nacimiento del SNA, la laguna legal puede superarse con el fortalecimiento de consejos consultivos ciudadanos y una estrategia de prevención desde nuestros ayuntamientos.

La participación ciudadana no implica actos de autoridad, pero permite combatir la ilegalidad desde el nivel más inmediato: la ciudadanía municipal.

La cultura anticorrupción permitirá que los pueblos tlahuicas dejen de ser espectadores de las políticas públicas estatales y puedan ser protagonistas de la lucha contra la corrupción, desde el ámbito municipal.

La frase “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) tiene gran proyección política actual. En 2015, las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible; con 17 objetivos llamados “sostenibles” que buscan concretarse en la próxima década.

Los ODS son un llamado político a todo gobierno para abatir la pobreza, proteger el planeta y garantizar el desarrollo social, a nivel global.

En 2019, el Congreso de Morelos creó la Comisión Especial para el Seguimiento al Cumplimiento de la Agenda 2030. Hoy, los tres poderes morelenses prevén los ODS, pero no necesariamente los realizan o concretan.

En días pasados, nuestro Poder Legislativo lanzó un exhorto a los 36 ayuntamientos para cumplir los ODS y la Agenda 2030.

Según nuestro Orden Jurídico Nacional, el municipio mexicano es la célula política y gubernativa básica del país; por ello, la instrumentación del desarrollo sostenible, desde la base nacional, es acertada y urgente. Sin embargo, es necesaria la coordinación política desde nuestro Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) y el acompañamiento normativo desde la Comisión de nuestro Poder Legislativo, para lograr el exhorto parlamentario.

Apenas tenemos 10 años para concretar la Agenda 2030 y será fundamental la inmediata convocatoria intermunicipal, para cumplir lo que en el lenguaje político se ha llamado “Glocalización”: pensar globalmente y actuar localmente. Urge la coordinación entre Estado y ayuntamientos para realizar metas globales desde el ámbito municipal y para el desarrollo estatal.

El pasado 6 de noviembre, el diputado presidente del Congreso de Morelos, Lic. Alfonso Sotelo Martínez, celebró su segundo informe legislativo. Presentó sintético análisis de la tarea parlamentaria tlahuica y los retos futuros. La pandemia mundial de covid-19 ha sido el signo del 2020, y en la labor legislativa se ha ralentizado la actualización de leyes estatales prioritarias, entre ellas, el proyecto de Ley Estatal para la Gestión Integral de Riesgos y Desastres y Protección Civil. El diputado presidente, en un ejercicio de honestidad política, refirió que “vienen tiempos aún más difíciles”.

La concurrencia entre gobierno y ciudadanía es la fórmula para orientar la agenda parlamentaria en el último año de la actual LIV Legislatura para encarar las eminentes adversidades. El artículo 19 bis de la Constitución Política de Morelos señala la “Colaboración Ciudadana” en nuestros municipios, un tema pendiente en la agenda legislativa, específicamente en la reconstrucción de los municipios de nuestro estado tras el devastador terremoto denominado “19 S” de 2017. El reto parlamentario es fundar la corresponsabilidad política-ciudadana entre el Congreso y la sociedad; debiéndose apuntar hacia la esfera municipal, desde la base de nuestra comunidad morelense, y para encarar las adversidades aún por venir.

Estados Unidos vive una trascendente jornada electoral. Las elecciones de 2016, que dieron el triunfo al actual presidente Donald Trump, tuvieron como baluarte del candidato republicano el voto “WASP” (White Anglo-Saxon Protestants); electores blancos, protestantes y supremacistas, que enarbolan el “poder del orgullo” y el legado anglosajón.