La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que la corrupción en México cuesta alrededor del cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). México pierde miles de millones de pesos al año en inversiones públicas para proyectos de desarrollo social, por tolerar actos de corrupción y permitir su impunidad.

En 2015, una reforma constitucional dio nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y surgió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que obliga a la coordinación entre Federación, estados y municipios en contra de la corrupción.

Según nuestra Constitución General, el municipio es la base de la organización política y administrativa del Estado mexicano, s decir, el gobierno más inmediato a la sociedad nacional. Nuestra Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos señala a los ayuntamientos como entidades responsables del combate a la corrupción; sin embargo, no existe un sistema municipal anticorrupción en los municipios morelenses. La ley delega esa tarea en las Contralorías Municipales y les señala el deber de colaborar con el Sistema Estatal para atender recomendaciones y replicar políticas públicas, sin otorgar autonomía operativa a nivel municipal.

Ni la legislación nacional ni la morelense prevén una estructura anticorrupción municipal.

A cinco años del nacimiento del SNA, la laguna legal puede superarse con el fortalecimiento de consejos consultivos ciudadanos y una estrategia de prevención desde nuestros ayuntamientos.

La participación ciudadana no implica actos de autoridad, pero permite combatir la ilegalidad desde el nivel más inmediato: la ciudadanía municipal.

La cultura anticorrupción permitirá que los pueblos tlahuicas dejen de ser espectadores de las políticas públicas estatales y puedan ser protagonistas de la lucha contra la corrupción, desde el ámbito municipal.