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Maestros en activo y jubilados realizan una protesta; hay avance en pagos y cumplimiento de compromisos con la base: IEBEM.

Después de la protesta que realizó un grupo de maestros en activo y jubilados en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para solicitar los pagos atrasados y la regularización de una compensación a los profesores en retiro, las autoridades educativas informaron que se revisará caso por caso mediante mesas de trabajo.

Desde las 11:00 horas los docentes colocaron cartulinas en las que escribieron sus demandas y más tarde la secretaria general de la Sección 19 del sindicato de maestros, Gabriela Bañón Estrada, informó que desde hace varias semanas distintos grupos de docentes en activo reclaman la falta de pagos, lo que motivó su protesta.

En un comunicado de prensa se dio a conocer que el grupo de docentes inconformes fue atendido en la dirección general de IEBEM, con el objetivo de brindarles información sobre el estado de diversos trámites, como reclamaciones y pago de prestaciones, entre otros.

Además, la dirección de Personal y Relaciones Laborales del IEBEM dio a conocer a los profesores el avance en cuanto al proceso de solicitud de sus pagos ante la Federación a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE).

Para atender las diferentes inconformidades, se acordó la instalación de diversas mesas de trabajo con los docentes en retiro, para clarificar temas como el pago de la prima de antigüedad y la segunda parte del aguinaldo.

En el caso de los profesores activos, se realizarán los trabajos conjuntos en procesos como pago del concepto de rezonificación y aguinaldos desde 2014 que se heredaron de administraciones pasadas.

Trabajadores del SAPAC reclaman por la falta de pagos al Instituto de Crédito.

Trabajadores jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) se manifestaron ayer en el Ayuntamiento de Cuernavaca para exigir a las autoridades que cumplan con los pagos al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), a fin de que se reactiven los apoyos financieros para los empleados municipales.

En su movilización manifestaron su molestia porque otras instituciones, como el Congreso de Estado, ya lograron una negociación y reactivaron los créditos para los empleados del Poder legislativo.

Juan Juárez Rivas, representante legal de los jubilados, argumentó que la molestia se incrementa porque a los trabajadores se les siguen descontando las cuotas que, se supone, deben ser depositadas al Instituto de Crédito.

Además, refirió que existe molestia porque los trabajadores jubilados -en su mayoría de la tercera edad- siempre reciben retrasados los pagos de sus quincenas, mientras que otros empleados municipales sí cobran a tiempo.

Jubilados demandan pago de adeudos.

La mayoría de afiliados al sindicato de administrativos se podrán retirar hasta cumplir 35 años de laborar en la UAEM.

Lograron obtener una parte de los pagos que reclaman, entre ellos el aguinaldo 2018.

Trabajadores jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) bloquearon ayer al mediodía las calles Motolinía y Cuauhtemotzín, en demanda del pago de su aguinaldo 2018.
La medida tenía como objetivo obligar a las autoridades municipales a sostener un diálogo para definir una fecha de pago.
Juan Juárez Rivas, abogado de los trabajadores, informó que han pasado 200 días y no se les ha cubierto el pago de aguinaldo correspondiente al año 2018. Refirió que el pasado 19 de junio firmaron con las autoridades municipales un compromiso de pago, pero éste no se cumplió.
"Sólo nos están diciendo mentiras; prometen una cosa y no cumplen. Acudimos al Ayuntamiento porque el SAPAC no tiene director", manifestó Juárez Rivas.
Los trabajadores manifestaron que son, en su mayoría, personas de la tercera edad que requieren ese dinero para subsistir y atender problemas de salud y, pese a que han explicado su situación, no reciben el pago del aguinaldo, que es una prestación que legalmente les corresponde.
Fue después de la una de la tarde cuando Raúl Vergara Mireles, coordinador de la oficina de la Presidencia Municipal de Cuernavaca, informó que depositaron parte del aguinaldo y la catorcena que se adeudaba a los tres grupos de jubilados y pensionados de SAPAC.

El funcionario dijo que no se había realizado el pago anteriormente por falta de presupuesto.

Exigen ministros que se paguen completas las pensiones, conforme al calendario previamente ordenado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aumentó la presión al Poder Ejecutivo de Morelos para que transfiera al Poder Judicial el total de los recursos para cubrir las pensiones de los trabajadores judiciales jubilados cuyos casos fueron resueltos en controversia constitucional.

El máximo tribunal del país emitió un acuerdo en el que advirtió que la orden, dentro del cumplimiento de sentencia de 116 controversias constitucionales (que dividió en 11 bloques) fue el pago del total de la pensiones conforme a los bloques indicados en el acuerdo del 25 de febrero pasado y no en “mensualidades”.

La SCJN requirió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que “indique en qué medida, proporción  y, respecto a qué bloque abona al pago de pensiones otorgadas por el Poder Legislativo con cargo al Poder Judicial las transferencias realizadas, en la inteligencia de que este Alto Tribunal no ordenó el pago en mensualidades del monto total de los bloques del anexo del Acuerdo General Plenario de referencia, sino el pago total del valor pecuniario asignado a cada bloque por el Poder Judicial de Morelos, o bien manifieste lo que a su derecho convenga en relación con lo informado por el Delegado del Poder Ejecutivo de Morelos, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se decidirá lo que en derecho proceda con los elementos que obran en autos”.

En consecuencia, “se apercibe al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en lo sucesivo, cubra el monto total asignado a las pensiones a las cuales refiere el anexo del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 25 de febrero de 2019, so pena de incurrir en desacato a los lineamientos aprobados por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El requerimiento es para que el gobierno de Morelos transfiera inmediatamente la totalidad los recursos correspondientes a los tres primeros bloques, que equivale al cumplimiento de 30 sentencias de controversias constitucionales relacionadas con pensiones de trabajadores en retiro del TSJ.

Actualmente, las autoridades estatales han dado cumplimiento parcial a 50 sentencias y están 66 más enlistadas para su cumplimiento. En total, el Poder Ejecutivo deberá de transferir al Poder Judicial 105 millones de pesos para evitar que la SCJN le aplique sanciones, que incluye hasta la destitución de las autoridades responsables.

Reclaman el pago de la última parte del aguinaldo; denuncian posibles descuentos indebidos.

Trabajadores jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) una vez más realizaron una protesta en las instalaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca para exigir el pago de salarios vencidos.

Los trabajadores señalaron que hasta este mes no han recibido el pago completo de su aguinaldo, pues todavía les deben el 20 por ciento de la segunda parte del aguinaldo, que debieron recibir en enero.

Explicaron que han recurrido a diferentes autoridades y, hasta el momento, no les han dado respuesta. “Sólo nos dan largas, varias veces nada más nos engañan, que ya nos van a depositar y son puras mentiras. Lo único que pedimos es que nos paguen puntualmente, si no, nuestras familias ¿qué van a comer?”.

Además acusaron que desde hace seis años en sus recibos de nómina les descuentan un porcentaje de su pensión para el pago al Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado, sin embargo, ese dinero no se ve reflejado en esa institución y, por consiguiente, siguen sin tener derecho a los servicios crediticios que ahí ofrecen.

Externaron que hay muchas anomalías que vienen desde administraciones pasadas y que no han sido resueltas, por lo que confían en que serán escuchados y quedará aclarado en dónde está el dinero que aportan mensualmente.

Bloquearon de manera intermitente los accesos a la planta de almacenamiento que se ubica en el PIC.

Ayala.- Este lunes, un grupo de trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifestó en las instalaciones de la terminal de almacenamiento y suministro que se ubican en el Parque Industrial de Cuautla (PIC).

Por momentos llevaron a cabo bloqueos intermitentes de los accesos a esa planta de almacenamiento para pedir la atención del superintendente.

De esta manera, los trabajadores jubilados de Pemex, pertenecientes a la Delegación 54, Sección 40, protestan por la falta de atención médica y suministro de medicinas, lo que califican como una violación a sus derechos laborales.

Con pancartas en mano y lanzando consignas, los jubilados se apostaron frente a las instalaciones de Pemex, en el municipio de Ayala, para exigir respeto a diferentes cláusulas laborales y para solicitar información sobre este problema, que se registra a nivel nacional.

Señalaron que sólo acudió una representación de los jubilados, quienes han salido a dar la cara por los trabajadores en activo en todas las áreas de dicha empresa, pues ellos no pueden protestar por temor a represalias.

“Tenemos una clínica y servicios subrogados por el mismo Pemex, los cuales, por falta de recursos, manifiesta la administración de Pemex, no ha pagado a quien nos brinda el servicio y ya no nos quieren atender”, señaló el trabajador jubilado Francisco Miranda Hernández, en representación de sus compañeros.

Aseguran que de continuar esta política por parte del gobierno federal, muchos de sus compañeros podrían ver agravado su estado de salud, por la falta de continuidad en sus tratamientos.

Finalmente, una comisión de representantes sostuvo un diálogo con el superintendente de esa central de almacenamiento, quien se comprometió a dar una respuesta este martes.

El beneficio debió pagarse desde enero pasado.

Dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),  Sección 19, acudieron ayer a la sede del Poder Ejecutivo para demandar que se cumpla con el pago del incremento a las pensiones de los jubilados, que se debió pagar desde enero a la fecha.

La secretaria general, Gabriela Bañón Estrada, dijo en entrevista que el comité seccional respalda totalmente a los jubilados, por lo que acompañó a las lideresas este lunes al Palacio de Gobierno, en espera de una respuesta clara.

Dijo que desde el viernes pasado se expuso a las autoridades de la Secretaría de Educación la inconformidad de los trabajadores en retiro, ya que desde hace seis meses se les debió pagar.

“El reclamo es fuerte. Desde el mes de enero a la fecha no les han pagado la retroactividad que debían haber ejercido en la pensión de cada uno de los jubilados y pensionados; por lo tanto, a seis meses de que no ha habido respuesta del IEBEM y de la Secretaría de Educación, pues están aquí haciendo el reclamo”.

Luego de señalar que son más de 730 trabajadores estatales jubilados afectados, la dirigente del magisterio advirtió que han sido prudentes y pacientes, pero de no tener una respuesta clara, podrían recurrir a la movilización. “Nadie quiere verlos enojados, ellos ya no quieren esperar, están desesperados… hoy estamos exigiendo de una manera respetuosa, si no, ya lo estaremos haciendo de otra manera, con acciones distintas”.

No descartó que salgan a las calles y algunos bloqueos, pues no dejará solos a los jubilados, quienes son combativos y han esperado medio año.

“No podemos dejarlos solos. Ellos han dado su vida al país y al estado, educando a los ciudadanos y, por lo tanto, no deberían estar en esta situación, jamás un maestro jubilado debería estar rogando por lo que le corresponde”.

Hizo notar que el gobierno pasado “fue insensible” y por ello tuvieron que salir a las calles, al tiempo de externar que esperan que en esta administración haya una mejor actitud. “Tal vez no estén bien informados… creo que han sido descuidos, porque voluntad no vemos. Desde enero se debió haber pagado y seguimos esperando. El llamado es a que se respete a los jubilados porque los maestros deben ser lo más importante para el estado”, agregó.

Representantes de jubilados, entre ellos la profesora Estela Cárdenas Casta, secretaria general de la delegación D-IV-24, dijeron que buscaron diálogo con autoridades estatales de mayor nivel, al señalar que el director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, se ha mostrado insensible e irrespetuoso con ellos.

“Nosotros insistimos en no ir con él porque el trato que hace el profesor Eliacín hacia nosotros es un poco grosero, ha llegado hasta a pegarle al escritorio cuando algo no le parece y es muy afecto a gritar; a lo mejor porque nos ve ya mayores, pero nosotros tenemos la experiencia y la fuerza para hacer que nos cumplan y nos den una respuesta… Es eso de gritarnos y manotearnos, creo que le pedimos respeto… Si uno le dice algo que no le parece, levanta mucho la voz y no creo que una persona que está al frente de educación no la tenga”.  

El organismo operador les debe quincenas y el aguinaldo.

Hay atraso en el pago de varios conceptos, denuncian; se manifestaron en el Palacio de Gobierno.

Trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) protestaron este martes ante el Palacio de Gobierno para exigir el pago puntual de sus pensiones.

José Raúl Peña de la Sancha, uno de los integrantes de la comisión designada por más de 300 jubilados, explicó que los problemas comenzaron desde finales del año pasado y les cubrieron el aguinaldo hasta el 18 de febrero. Y en este mes, de nueva cuenta tienen complicaciones.

Los inconformes dijeron que han dialogado con la dirección del subsistema, pero el argumento siempre es el mismo: que no hay dinero. Por lo tanto, han decidido organizarse y realizar movilizaciones de forma constante para reclamar una solución definitiva a la autoridad.

Comentaron que en este momento se puso al corriente el pago de pensiones, pero no se les han entregado otras prestaciones, como el aumento salarial que a los trabajadores activos se les pagó desde el pasado 6 de mayo.

Además, refirió el adeudo del finiquito del año 2018 a 22 trabajadores, concepto que suma alrededor de dos millones 200 mil pesos; otro de los pendientes es el adeudo de siete días como gratificación, lo que asciende a cerca de 15 millones de pesos.

Los manifestantes aseveraron que no están pidiendo limosna y, por tanto, exigen certeza, ya que esta situación les afecta gravemente. Por ejemplo, explicaron que algunos están enfermos, se quedan sin seguridad social en el momento de jubilarse y no han tenido dinero para diálisis y otros medicamentos.

Recordaron que tras la manifestación anterior, hace un mes, el secretario de Educación, Arturo Cornejo Alatorre, se comprometió a programar reuniones de trabajo con él y con los titulares de las áreas de Hacienda y de Gobierno, pero hasta la fecha no ha habido comunicación alguna.

Los profesores en retiro reclaman que la prestación les sea pagada cada año el día 15 de mayo.

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) informó que hoy a más tardar concluye el pago del bono por el Día del Maestro a docentes jubilados, quienes reclamaron dicho recurso como parte de sus prestaciones.

Los trabajadores de la educación en retiro advirtieron que si no se les pagaba en las fechas acordadas, iniciarían movilizaciones, pues consideran que lo justo es que se les trate igual que a los activos y se les entregaran los fondos el 15 de mayo, ya que es una prestación anual que debe ser programada.

Finalmente, ayer jueves, el IEBEM emitió un comunicado en el que destacó que en los últimos años se les había pagado ese bono de manera diferida, distante al día del maestro.

El organismo informó que “derivado de las gestiones ante la Federación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, así como del director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, este jueves 16 y viernes 17 de mayo se concretará el pago del bono del Día del Maestro para jubilados federalizados, estatales homologados al organismo”.
Eliacín Salgado detalló que en total se beneficiará con estos incentivos a 12 mil 831 maestros ya retirados, quienes podrán cobrar el concepto de "Apoyo al Jubilado 4J" -conocido tradicionalmente como "Bono del Día del Maestro Jubilado"-, con una cobertura económica global por un monto de 48 millones 757 mil 800 pesos.
“Por primera vez en Morelos el pago a esta prestación se realizará casi de manera simultánea al pago de la misma para el personal en activo. El director general del IEBEM detalló que el recurso económico se paga vía cheque bancario, a través de cada una de las sedes delegacionales de los trabajadores retirados en el estado y, en algunos casos por transferencia electrónica, por lo que hizo un llamado a dichos mentores del sector educativo para acudir a realizar el cobro de la prestación en los lugares habituales”, refiere el documento.

La investigación se extendió más allá de los 70 decretos que aprobó a su salida la anterior legislatura, pero hay otras aprobaciones anómalas.

A más tardar en 15 días, el Congreso del estado anulará un nuevo paquete de "jubilaciones doradas" que autorizó la LIII Legislatura a ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez.
El diputado del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier García Chávez, informó que la lista de jubilaciones que serán anuladas sería mayor a los 70 decretos, número que arrojó la investigación de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, en la que se confirmaron graves irregularidades cometidas por ex funcionarios y ex legisladores.
Reveló que el Poder Legislativo obtuvo nuevas pruebas que confirman que más de 70 ex funcionarios violaron la ley para obtener su retiro y el pago de su pensión.
"Vamos a seguir porque nos están llegando informaciones adicionales que no teníamos contempladas... para incrementar el número de personas que también están en este supuesto de irregularidades, que se les otorgó "pensión dorada", explicó.
García Chávez adelantó que la investigación que inició la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social en septiembre pasado se ampliará para cancelar " jubilaciones doradas" que se autorizaron en administraciones y legislaturas pasadas.
Al respecto, el secretario de Hacienda del gobierno estatal, Alejandro Villarreal Gasca, refirió hace unas semanas que el Congreso local debía revisar pensiones autorizadas en administraciones pasadas, que se autorizaron de manera ilegal y que afectan gravemente al erario público.

Diputada explica que se busca conocer el presupuesto que se requiere de manera extraordinaria para el pago de la prestación.

Diputados locales acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar el tema de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Poder Judicial, informó la diputada priista Rosalina Mazari Espín. 
Ante el criterio que ha asumido la SCJN para obligar al Congreso y favorecer a decenas de trabajadores en retiro del Poder Judicial, que mediante amparos han defendido el pago de sus pensiones, la legisladora local dijo que han considerado conveniente comparecer ante el máximo tribunal del país. 
Explicó que buscan tener claridad del presupuesto que se requiere asignar de manera extraordinaria para el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, además de los 80 millones de pesos que el Congreso local etiquetó en el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para este 2019 a favor del Poder Judicial. 
"Desde nuestro punto de vista, está prácticamente el recurso cubierto con las necesidades que tiene la gente que va a recibir una jubilación o su pensión, y que nosotros pudimos hacer este cálculo porque en la página de transparencia nos dimos cuenta que hay personas que vienen en una lista como si no se les hubiera pagado absolutamente nada, y resulta que ya fue cubierta esa jubilación y esa pensión, lo único que nosotros haríamos es aclarar, y que nos digan y que nos quede bien claro de cuánto recurso estamos hablando", explicó.
Mazari Espín dijo que si al cotejar los datos del Poder Judicial y la información que tiene la SCJN se confirma que se requieren más de 80 millones de pesos, el Poder Legislativo requerirá una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda del estado. 
"Las matemáticas son muy exactas. Tenemos que ver cuántos son realmente, a quienes se les pagó sacado de esa lista que todavía viene, aun y cuando esa página de transparencia está más de manifiesto de que ya fue pagada esa jubilación. Tal vez quieran recuperar el dinero que en otros ejercicios fiscales erogaron", añadió. 

Fallo de la Corte obliga a la suficiencia presupuestal para el pago de la prestación.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, informó que está cubierto el pago del 25 por ciento de los decretos de jubilación que forman parte del acuerdo emitido en el pasado 4 de marzo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó a los tres Poderes del estado disponer el presupuesto necesario para cubrir las pensiones en los términos emitidos en 116 sentencias de controversias constitucionales.

Dijo que el Poder Judicial recibe periódicamente las ministraciones para pagar las jubilaciones de trabajadores judiciales en retiro enlistados en bloques definidos en el acuerdo de la SCJN, lo cual es una garantía de que hay recursos disponibles para que puedan recibir sus pensiones.

“Ahorita llevaríamos como una 25% de avance, pero para los jubilados esto representa una garantía porque, al final del día, tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que establecer esa partida presupuestal, no solo para este año, sino para los subsecuentes años”, señaló.

Expresó que el TSJ, de su propio presupuesto, absorbía el monto de las jubilaciones, pero a partir del precedente legal de la SCJN en las controversias constitucionales, los Poderes Ejecutivo y Legislativo están obligados a etiquetar presupuesto para el pago de las jubilaciones.

Incluso, señaló que en la controversia constitucional que se promovió hace unos meses ante la Corte por el tema del presupuesto, se demandó que el Congreso tiene la obligación de etiquetar recursos adicionales exprofeso para las jubilaciones y no restarlo del presupuesto operativo del TSJ. 

Esa suma se requiere al año para pagar a 70 personas beneficiarias con jubilaciones anormalmente altas.

Al menos 70 trabajadores jubilados del Congreso cobran "pensiones doradas", que van de 20 mil a los 50 mil pesos. Así lo dio a conocer el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas". 
Entre los nombres que aparecen en la lista que ventiló el centro de investigación se encuentran: Cerli Barón Armenta, exsecretaria de Administración, y Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos, ambas con una jubilación cercana a 50 mil pesos. También aparecen los exauditores Gerardo Casamata Gómez y Luis Manuel González Velázquez, quienes cobran una pensión mayor a 35 mil y 26 mil pesos mensuales, respectivamente. 
Joaquín Roque González Cerezo, designado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa por la pasada legislatura, recibe una pensión mayor a 26 mil pesos. De igual forma, el ex diputado local Ulises Vargas Estrada cobra 26 mil pesos al mes. 
Estas 70 pensiones onerosas significan un gasto anual para el Poder Legislativo de aproximadamente 50 millones de pesos, 3.4 millones al mes. 
Sobre el tema fue cuestionada la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, quien informó que existe una investigación sobre las "pensiones doradas" que paga el Congreso local y sobre su validez, ya que se ha confirmado que muchas de las jubilaciones autorizadas por la pasada legislatura no cumplieron con los requisitos de ley. 
Informó que se trata de al menos 20 jubilaciones que podrían ser canceladas, a raíz del trabajo de investigación que realiza la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y que se suman a otra larga lista de pensiones que autorizó la pasada legislatura a exfuncionarios del gobierno estatal, que trabajaron en la administración que encabezó Graco Ramírez. 

La diputada puntualizó la necesidad de establecer una mesa de diálogo y acuerdos para evitar el estallamiento de un problema social en la entidad.

 “Es necesario brindar un apoyo solidario a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, quienes padecen la falta de cumplimiento en el pago de las prestaciones económicas y sociales a las que tienen derecho”, enfatizó la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, al exhortar al titular de la institución a responder a las demandas de quienes laboraron durante largos años al servicio de la juventud morelense.

Durante el desarrollo de la pasada sesión ordinaria, la también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hizo uso de la tribuna para señalar que un numeroso grupo de integrantes de la Asociación de Jubilados del Cobaem, acudieron a solicitarle su intervención ante las graves violaciones a sus derechos, denunciando la falta de soluciones por parte del titular de ese Colegio, llevándolos, incluso, a tomar las calles a finales de 2018.

Tania Valentina Rodríguez puntualizó la necesidad de establecer una mesa de diálogo y acuerdos para evitar el estallamiento de un problema social en la entidad, al abundar que entre las demandas de los trabajadores se encuentra la falta de pago de la prima de antigüedad, que adquieren una vez que obtienen la calidad de jubilados y que equivale a 19 días por cada año laborado.

Asimismo, reclaman la falta de pago de las cuotas de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, “justo en el momento cuando más requieren los servicios médicos por su edad avanzada, situación que además hace negatoria la posibilidad de ejercer las otras prestaciones sociales por las cuales cotizaron muchos años al IMSS”.

Agregó que también indicaron falta de pago del seguro de vida para jubilados y pensionados, así como el incremento anual al importe del pago de la jubilación o pensión, en los términos que ordena su decreto jubilatorio “expedido por esta misma soberanía, y tal vez, la más sentida demanda”, subrayó Tania Valentina Rodríguez.

Ante sus homólogos legisladores, dijo que la falta oportuna de solución a esta problemática podría derivar en un estallamiento social de consecuencias lamentables, “más cuando se trata de compañeros que a pulso se han ganado su jubilación, después de laborar los años de servicio previstos en la ley”, destacó la diputada.

El secretario de Hacienda puntualiza que es necesario apegarse al gasto autorizado.

El secretario de hacienda Alejandro Villarreal Gasca informó ayer viernes que no hay recursos disponibles para el pago de prima de antigüedad a los maestros jubilados; el monto, que ascendería a 300 millones de pesos, no fue presupuestado.

El funcionario estatal indicó que las finanzas del gobierno del estado se manejan con mucha responsabilidad y en todo momento en apego a la normatividad. Explicó que con base en el presupuesto aprobado, se dará prioridad al rubro de seguridad, que es interés fundamental de la ciudadanía y del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Villarreal Gasca confirmó que se cumple con el pago de pensiones a quienes les fue autorizada la jubilación, incluso las llamadas “pensiones doradas” de ex altos funcionarios, pues así lo estipula la ley; las que están bajo algún procedimiento están detenidas.

Consideró que habrán de esperar las revisiones anunciadas por los legisladores locales y confió en que sea factible revertir las pensiones de quienes no tienen derecho. Habrán de esperar los resultados de dicha revisión. No precisó cuántas se pagan ni nombres de los ex servidores públicos que se jubilaron en dichas condiciones.

Cuestionado en torno a la posibilidad de ampliaciones presupuestales a instancias como el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), al que el sindicato magisterial le demandó el pago de la prima de antigüedad a jubilados, el secretario de Hacienda expuso que no hay recursos disponibles.

El monto estimado por la representación del magisterio es de 300 millones de pesos. Al respecto dijo que hay un presupuesto que debe de atender, “en este momento no hay recurso, ese tema viene de años atrás y tendremos que darles una respuesta con el tema de la Federación”, añadió.

En cuanto a los recursos que se adeudan a la Fiscalía General del Estado, Villarreal Gasca explicó que se trata de una suma de alrededor de 600 millones de pesos y no hay condiciones de hacer un pago total. Se han hecho entregas paulatinas de fondos a dicha institución y se buscarán alternativas para ir atendiendo el pasivo, que –insistió- fue generado en la pasada gestión.

La medida, para acatar sentencia de la SCJN que amenazaba con destituir al gobernador y a los directivos del Congreso local.

Son 116 los jubilados y pensionados que recibirán el beneficio; el presupuesto 2019 aún no se publica en el periódico oficial.

El Congreso del estado etiquetó 80 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2019 para que el Poder Judicial cumpla con el pago de jubilaciones y pensiones en favor de sus trabajadores, informó la diputada priista Rosalina Mazari Espín.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con la asignación de dicho monto presupuestal, el Congreso del estado habría acatado una orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 4 de marzo para el cumplimiento de 116 sentencias en favor de jubilados y pensionados.
Sin embargo, hasta la tarde de ayer martes, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para el 2019 no había sido publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" para su entrada en vigor.
Mazari Espín dijo que esperaban que la tarde de ayer se publicara el decreto del Paquete Económico para que el Poder Judicial pueda cumplir con el pago de las jubilaciones.
No obstante, consideró que el tema de las jubilaciones y pensiones, que se ha vuelto un problema financiero para los tres Poderes del Estado y los ayuntamientos, debe atenderse a fondo y buscar una solución. 

Después de realizar una protesta ayer, recibieron el pago de febrero.

También demandan que se les garanticen 90 días de aguinaldo.

Jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) se manifestaron este jueves en el zócalo de esta ciudad en demanda de pago de pensiones correspondientes al mes de febrero y una solución de fondo, pues advirtieron que este concepto no fue considerado en el presupuesto. Por la tarde recibieron el pago.

Los inconformes reclamaron que ya habían pasado siete días de marzo y aún les adeudaban la segunda mensualidad, y desde diciembre del año pasado han tenido que movilizarse para exigir el pago, a pesar de que es su derecho.

“Como si fuera limosna”, gritaban maestras en retiro, quienes hicieron notar que este tema ya era conocido por las autoridades educativas desde la administración pasada y en la actual gestión y no se hicieron las previsiones necesarias.

Amenazaban con bloquear calles o avenidas importantes de la capital morelense hasta tener una solución definitiva a esta problemática. Y es que aseguraron que el propio director del subsistema, Víctor Nájera Medina, les informó que el pago estaba garantizado sólo hasta septiembre.

No les han asegurado todo el año y el pago de los 90 días de aguinaldo, como lo señala la ley.

Juan Manuel Iturriaga Cruz, presidente de la asociación de jubilados y pensionados del Cobaem, indicó que en total hay alrededor de 300 jubilados afectados por la falta de pago del mes de febrero.

Comentó que la dirección general del Cobaem les informó que no hay presupuesto para el subsistema para dichos pagos.

Dio a conocer a sus agremiados que este mismo jueves por la mañana, directivos del colegio le informaron que la Secretaría de Educación otorgó un “crédito puente” para que se pagara el recurso del mes pasado, que asciende a alrededor de 17 millones de pesos. El director general se comprometió a que después de las 18:00 horas de ayer, sería dispersado el dinero en las tarjetas bancarias, aunque poco antes de esa hora se emitió un comunicado por parte de la institución en el que se confirmaba que el pagó se había dado ya.

Sin embargo, los asociados reclamaron que se instale la mesa de trabajo para que se llegue a una solución de fondo para el pago puntual durante todo el año y que se les garantice el pago de 90 días de aguinaldo.