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Sin embargo, admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora" en el Congreso del estado.

La diputada perredista Silvia Irra Marín, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, justificó las jubilaciones 'doradas' aprobadas por la vía rápida en el último del periodo ordinario de sesiones y aseguró que estuvieron apegadas a derecho.

La legisladora local, quien en un primer momento se negó a dar declaraciones al argumentar que se encuentra de vacaciones, pidió a los ciudadanos que han criticado el actuar de los diputados, que lean la Ley del Servicio Civil antes de cuestionar.

"La ley dice que mientras los trabajadores tengan 18 años dentro de los poderes del gobierno, tienen derecho a una jubilación, incluso, dice, no importa la edad, y tampoco dice no importa el parentesco y, mientras a mí me ampare la ley, a mí no me importa si son funcionarios de gobierno, si son las esposas de los diputados o de los presidentes, o de quien sea. Mientras la ley los ampare, yo no tengo la capacidad de quitarles un derecho que la ley les da", declaró.

Irra Marín admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora", pues siguen en revisión en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

Es que de acuerdo a la legisladora, en todos los dictámenes aprobados, previamente se realiza una investigación en los lugares de servicio de cada trabajador, y dicho procedimiento se aplicó en todos los casos. Sin embargo, las jubilaciones de las esposas de los diputados Francisco Navarrete Conde y José Manuel Tablas Pimentel, Denya Flores Sánchez y Helena Marín, se hicieron con cargo al Congreso, aunque nunca se les vio trabajar en alguna área de dicho Poder. 

Entre los integrantes de la lista de los nuevos jubilados con pensiones "doradas" están la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez; el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Fernando Pacheco Godínez; el exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, Francisco Velázquez Adán; Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno, Ángel Colín, y Karina Arteaga Gutiérrez, directora de Recursos Humanos del Congreso.

También Stephanie Guzón André, coordinadora general de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales; además de Bertha Rodríguez Báez, directora de Afiliación y Operación del Seguro Popular.

Anuncian que en cuanto la institución reactive sus actividades, se reinstalarán en plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta.

Trabajadores en retiro del Poder Judicial exigieron el pago de sus pensiones, luego que supuestamente el Poder Ejecutivo autorizó una reasignación presupuestal al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para el pago de jubilaciones.

Martha Arroyo Moreno, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados “Maestro Jesús Bello Espíritu”, explicó que la semana pasada fueron publicados los decretos pensionatorios de María Guadalupe Cervantes González, Argelia Leana Fierros, Rosalba Juárez Camacho y Alejandra Rojas Porcayo, quienes acudieron este lunes a la Dirección de Administración del TSJ a cobrar su pensión del último mes y el dinero que se les adeuda desde su retiro, hace más de diez meses.

Pero la respuesta del director de Administración, Octavio Rosales Gutiérrez, fue que no tenía ni presupuesto ni información de que debía hacerles el pago.

Arroyo Moreno dijo que esto fue devastador para sus compañeras jubiladas, algunas de ellas provenientes de la región oriente del estado, quienes tuvieron que pedir prestado para costear su traslado a Cuernavaca y regresaron a casa con las manos vacías y con la abrumadora preocupación sobre qué harán para conseguir sustento.

Recordó que recientemente fue autorizada una reasignación presupuestal al TSJ para el pago de varios decretos jubilatorios, con base en lo ordenado por la Suprema Corte sobre la resolución de diversas controversias constitucionales en las que, esencialmente, se ordenó etiquetar recursos para que el TSJ pague las pensiones de los trabajadores en retiro.

“Se siguen violentando los derechos de los trabajadores. Es lamentable que mis compañeras hayan venido desde Cuautla para que les dijeran que no hay ni autorización ni presupuesto para pagarles la pensión que se les adeuda desde hace más de 10 meses”, señaló.

Dijo que además de los jubilados que han protestado e instalado un plantón en la explanada del TSJ, hay 18 trabajadores más en espera de que se publiquen de nuevo sus decretos, ya con el presupuesto etiquetado, y otros 21 en están en espera de que se resuelva su situación.

Sin embargo, el número de jubilados afectados por el no pago de su pensión es mayor, porque el TSJ promovió más de 130 controversias constitucionales contra los decretos de pensión argumentando falta de presupuesto.

La representante de los jubilados expresó que una vez que el TSJ reactive sus actividades, reinstalarán el plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta para exigir el respeto a sus derechos humanos y el pago inmediato de sus pensiones.

Ayer volvieron a cerrar la avenida Morelos en reclamo del pago de pensiones.

Jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) bloquearon de nueva cuenta -este lunes- la avenida Morelos, afuera de las instalaciones del organismo operador, para exigir el pago de sus pensiones, las cuales les adeudan desde abril pasado.

Alrededor de las 11 de la mañana, los trabajadores del SAPAC colocaron sus pancartas bloqueando la avenida Morelos para exigir ser atendidos por las autoridades municipales, a pesar de que Juan Juárez Rivas, representante jurídico, había acordado con José Manuel Sanz Rivera que tendrían una reunión este martes.

Los trabajadores argumentaron que es necesario que las autoridades respondan a sus peticiones pues de sus ingresos dependen sus familias, además de que la mayor parte de los trabajadores jubilados son personas de la tercera edad, quienes requieren el recurso no sólo para su sustento, sino también para atender padecimientos físicos.

Entrevistados sobre las movilizaciones, coincidieron en reconocer que son acciones muy desgastantes y que, además, les generan gastos, sin embargo, ven en la protesta la única forma de ser escuchados por las autoridades.

Confiaron en que el presidente municipal y gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo escuchará sus peticiones y analizará su situación, considerando que son personas humildes que trabajaron muchos años para el SAPAC y lo único que exigen es que se les retribuya a través de un pago.

El abogado Francisco Javier Salgado Guzmán señala que el procedimiento permitirá esclarecer el proceso legislativo y la legalidad de los documentos que fundamentaron los decretos.

La vía administrativa, y no la penal, puede ser el camino jurídico para impugnar las “pensiones doradas” aprobadas por los diputados y conocer, como se sospecha, si hubo tráfico de influencias, corrupción y falsificación de documentos oficiales.

Para el maestro en Derecho Constitucional y Administrativo Francisco Javier Salgado Guzmán, remotamente podría prosperar una querella penal en contra de los diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura por la aprobación de las pensiones a secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios estatales, porque no se configura ningún delito y, en todo caso, los legisladores ejercieron sus facultades previstas en la ley al autorizar los decretos pensionarios.

Hace unos días, el Foro Morelense de Abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de 29, de los 30 diputados, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública y lo que resulte.

Pero para el abogado Salgado Guzmán, la querella penal no es la vía para refutar los decretos pensionarios, sino el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual puede ser promovido por el nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal, para demandar bajo la figura del juicio de lesividad los daños ocasionados al patrimonio del Estado.

También pueden explorar esta vía los próximos diputados, las organizaciones civiles y ciudadanos inconformes y hasta los próximos alcaldes y Cabildos, ante las cascadas de “jubilaciones doradas” que se avecinan en los ayuntamientos antes del cambio de las administraciones municipales.

Consideró que promover el juicio de nulidad contra los decretos pensionarios, permitiría no sólo conocer si el proceso legislativo para su aprobación se llevó adecuadamente, sino esclarecer si hubo o no actos de corrupción.

Señaló que a través del juicio se podría verificar si los funcionarios pensionados cumplieron con los años de trabajo, si cumplieron con los requisitos y la edad previstos en la ley, pero sobre todo determinar sobre si la documentación integrada a los expedientes es auténtica o apócrifa, si hubo hechos de corrupción, tráfico de influencias o conflicto de intereses.  

En el supuesto de comprobarse irregularidades, dijo, entonces sí se podría dar parte a la Fiscalía Estatal Anticorrupción y proceder en consecuencia para sancionar a quienes engañaron al Estado con documentación alterada o apócrifa, y a la cadena de funcionarios implicados.  

La aprobación de los decretos de jubilación de secretarios de despacho, esposas, familiares e incondicionales de altos funcionarios del gobierno saliente causaron indignación en diversos sectores de la sociedad.

Agrupaciones de abogados, profesionistas y ciudadanos organizados analizan los diversos caminos legales para impugnar los decretos, que han considerado no sólo inmorales, sino un daño patrimonial a las finanzas estatales.

Ofrecen trabajo coordinado con los legisladores electos para echar atrás reformas y jubilaciones “doradas”.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), José Salgado Patiño, informó que como iniciativa privada y con los diputados electos, buscarán revertir las reformas y jubilaciones que aprobó la LIII Legislatura antes de concluir su último periodo ordinario de sesiones.

Explicó que desde la semana pasada han entablado reuniones con los legisladores electos para que se tomen decisiones respecto a las acciones legales que promoverán y evitar que se cause más daño al estado con reformas como la hacendaria, con la que los diputados desaparecieron el Fondo de Turismo y el de Competitividad.

"Durante 34 años hemos estado vigilando todas las legislaturas y para nuestro punto de vista ha sido la peor y, luego, con este problema que dejaron para el estado de Morelos, quitar los fideicomisos, quitar los fondos para turismo y otras cosas más, qué lamentable. Ya estamos en pláticas para resolver esto con los diputados electos", subrayó. 

Aseveró que la próxima legislatura tiene que tomar medidas urgentes respecto a los asuntos aprobados en los últimos días del periodo ordinario, pues depende de ello el desarrollo económico del estado.

Por otro lado, dijo que también se trabajará con la próxima legislatura en la revisión de las leyes de ingresos municipales, para evitar excesos en el cobro de derechos y servicios municipales por las próximas autoridades, que presentarán sus iniciativas a más tardar en el mes de febrero del 2018.

Hay controversia constitucional ante la SCJN por invasión de competencias y violación a la autonomía municipal.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) informó que no pueden pagar las jubilaciones a trabajadores de este organismo porque fueron los diputados del Congreso del estado quienes violaron la autonomía municipal al aprobarlas.

La controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el municipio de Cuernavaca, reclama que el Congreso invadió la competencia y violentó la autonomía municipal, toda vez que es el municipio el que determina quiénes se pensionan y a cuánto ascienden los montos equivalentes. 

Manifestó el SAPAC que los diputados saben que invaden atribuciones, pues –incluso- otras instituciones, como el Tribunal Superior de Justicia, han presentado controversias contra el Congreso, por ver una franca violación a la autonomía del Poder Judicial.

El SAPAC aclaró que los derechos de los trabajadores están resguardados por las leyes y la Constitución, y que el recurso presentado sólo pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) delimite el poder que de manera indebida ejerció el Congreso sobre el municipio.

Cerraron la avenida Morelos al menos dos horas, pero sus reclamos no fueron atendidos por ninguna autoridad.

Trabajadores jubilados del Ayuntamiento de Cuernavaca y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) realizaron la mañana de ayer un bloqueo en la avenida Morelos, a la altura del organismo operador de agua.

El cierre motivó severos congestionamientos viales en las calles aledañas a la zona de la protesta, no obstante, los manifestantes explicaron que tuvieron que realizar esa medida para obligar a las autoridades municipales a recibirlos.

Juan Juárez Rivas, representante legal de los trabajadores, explicó que la semana pasada estuvieron en plantón permanente en la Plaza de Armas de Cuernavaca, incluso, algunos trabajadores decidieron ponerse en huelga de hambre, pero físicamente (por su edad) estaban impedidos para realizar esas acciones y ahora realizan bloqueos. Pese a todas esas acciones y de tener la razón legal para exigir el pago de sus pensiones y jubilaciones, las autoridades municipales no han respondido.

Se mantuvieron en bloqueo por al menos dos horas y pese haber provocado problemas viales, no fueron atendidos por ninguna autoridad, por lo que aseguraron que seguirán en lucha hasta tener una respuesta positiva, pues a pesar de ser, en su mayoría, personas de la tercera edad, tienen familia que aún depende de sus salarios.

El edil electo de Cuernavaca pide iniciar proceso de transición.

Los alcaldes electos de Jiutepec y Cuernavaca Rafael Reyes Reyes y Francisco Antonio Villalobos Adán, respectivamente, demandaron este jueves a las administraciones en turno, se agilicen los procesos de entrega recepción para lograr una transición estable, conforme a derecho.

Personalmente Rafael Reyes se presentó la mañana de este jueves en la alcaldía de Jiutepec, donde entregó formalmente un oficio dirigido al edil en funciones Manuel Agüero Tovar, en el que expone que tras la jornada electoral en la que fue electo como presidente municipal con rotunda mayoría, ha observado junto con la sociedad una “suerte de vendeta producida por la derrota”.

“Tal pareciera que el juego democrático y la decisión de los jiutepequenses, lo único que provocó fue una serie de acciones en contra del municipio y de los recursos públicos que deben ser utilizados para el bien de la población”, expresa el documento, al sostener que esas acciones no lastiman a Reyes Reyes, pues Agüero es el responsable de lo que ocurra en la administración municipal hasta el 31 de diciembre de este año.

Le recuerda que el cobro de la basura fue un compromiso que el actual presidente municipal hizo con la población y el escudarse en una aprobación del cabildo, implica “una excusa falaz para aventar la piedra y esconder la mano. Desafortunadamente para usted fue la presión social quien le obligó a devolver a la sociedad un derecho ganado y no una generosidad que posteriormente quiso mostrar”.

Por otro lado, dijo que ya advierte que pretenden llevar a cabo diversas acciones en las próximas semanas con el fin de afectar a la comunidad, como la creación de otro sindicato que encabezará uno de los “incondicionales” trabajadores de confianza del alcalde en turno.

“Espero que tenga la capacidad de entender que seguir generando la obesidad burocrática, lo único que provoca es que los recursos públicos que debieran destinarse a obras y acciones sociales, se queden en un pequeño grupo que es el que a final de cuentas ha gobernado el trienio que usted encabeza”, sostiene el oficio dirigido al aspirante perdedor.

Además, Rafael Reyes hizo directa la acusación en el sentido de que está presionando a trabajadores a jubilarse sin cumplir con lo que establece la ley e incluso “se presume con documentos apócrifos”, lo que afectaría las finanzas de la demarcación.

Reyes Reyes, alcalde electo por la coalición Juntos Haremos Historia, asevera en el citado escrito que de forma “irresponsable y dolosa” Agüero Tovar encabezó una serie de despidos, con lo que pretende dejar una enorme cantidad de laudos y convenios de pago de elevadas cifras, lo que de nueva cuenta lastimará las arcas municipales.

Les señala por sostener una “actitud irresponsable” y le advierte que habrá de iniciar las acciones legales pertinentes. Y le advierte, que al igual que en el tema de la basura, él debió haber previsto y proyectado el gasto de la adquisición de útiles escolares para ser entregados como un apoyo a los padres de familia este año.

El futuro alcalde de Jiutepec denunció e hizo notar en el multicitado escrito que, con la misma actitud de escudarse detrás del cabildo, que no le ha puesto un alto en los excesos, decidió cancelar ese apoyo para la población, a pesar de que lo prometió a cambio del voto en el proceso electoral del 2015 y que refrendó en las pasadas campañas.

Otro de los puntos que toca Reyes Reyes, es el de los centros de salud. Aseveró que es lamentable que por “coraje y cerrazón” de Agüero Tovar, tras haber sido castigado por el voto ciudadano, haya mandado cerrar las unidades de atención médica con el pretexto de que el mobiliario era prestado y de su propiedad, “lo cual lo hace una historia increíble no sólo ante mis ojos sino ante los ojos de miles de ciudadanos que habitan este municipio”.

El próximo presidente municipal expuso a la luz pública que desde el pasado 5 de julio pidió a la actual administración (anexando una constancia de mayoría que le acredita como alcalde electo), la conformación de comisiones para iniciar el proceso formal de transición, pero este jueves recibió la respuesta, negándose a tal proceso legal. Dijo que el único argumento que dio Agüero Tovar es que “aún no son fechas”. “Sólo le digo que tome en cuenta que este tipo de acciones de cara a la sociedad, lo único que refleja es un fuerte temor por mostrar lo que las entrañas de un gobierno se está llevando y se ha llevado a cabo. Ante la transparencia y la claridad no hay argumento válido para no mostrar lo que en estricto sentido de razón debiera ser del dominio público”.

Expuso en la carta –hecha pública por el propio edil electo- que tanto el síndico, como el hasta ahora alcalde, deberán rendir cuentas: por “…escondidos que estén los malos manejos, siempre serán localizados y posterior al primero de enero habremos de dar cuenta del porqué de una actitud de negación para ver las entrañas de la administración pública municipal”.

Alcalde electo de Cuernavaca pide iniciar proceso de transición

Francisco Antonio Villalobos Adán, quien recibió la constancia como alcalde electo de Cuernavaca, informó este jueves que ya solicitó de manera formal a la actual administración se nombre la comisión de entrega-recepción.

Dijo que confía en que este proceso se lleve a cabo con cordialidad y respeto, pues la norma así lo contempla: “El día de ayer nosotros presentamos el documento, en donde le pedimos con tranquilidad y mesura que nos informe quién será el representante del ayuntamiento actual, que sea el titular de la transición, de la entrega recepción”.

Dijo que su postura es de cordialidad y comentó que comprenden que el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador electo del estado, “está cargado de trabajo” y habrá de llevar a cabo los dos procesos: “lo entendemos y comprendemos y lo que queremos es trabajar bien en Cuernavaca y para eso necesitamos la conciliación y las voluntades entre ambas partes”.

Nacida en 1976, la exfuncionaria supuestamente acreditó 24 años y cuatro meses de servicio en la burocracia, básicamente en los ayuntamientos de Cuernavaca y Axochiapan, así como en el Poder Legislativo.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la pensión por jubilación de la Secretaria de Administración del Congreso local, Martha Patricia Bandera Flores, y se publicó el nombramiento de su relevo.

De acuerdo con el decreto pensionario, la ahora exfuncionaria legislativa acreditó 24 años, cuatro meses y días de servicio ininterrumpido en la administración pública local, al desempeñar varios cargos en los ayuntamientos de Cuernavaca y Axochiapan, así como en el Poder Legislativo.

Según datos tomados de su Clave Única de Registro de Población (CURP) que están disponibles en la página de la Secretaría de Educación Pública, bajo el rubro “Personal con licencia”, la ahora jubilada nació el 22 de enero de 1976, por lo que tiene 42 años de edad, lo que significa que comenzó su carrera en la burocracia a los 18 años.

El último salario de Bandera Flores fue de 68 mil 555 pesos con 36 centavos y la pensión fue fijada al 80% del tope de 600 salarios mínimos, es decir, en 42 mil 412 pesos, incrementándose la cuantía de acuerdo con el incremento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.

Al entrar en vigor el decreto pensionario, se publicó simultáneamente el acuerdo legislativo por el cual se designó como sustituta de Bandera Flores a Aleyda Castro Díaz, quien tiene experiencia como auditora de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y hasta hace unas horas era la responsable de la dirección de Contabilidad del Congreso.

Esta es una de varias jubilaciones aprobadas por el Congreso en el ocaso de la LIII Legislatura, severamente criticada por conceder pensiones doradas a secretarios de despacho y familiares de funcionarios de alto nivel del gobierno de Morelos.

Elaboran agenda legislativa y planes de gobierno en coordinación con instancias nacionales.

La dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) inició este lunes la capacitación de legisladores locales y federales electos, y acordará temas que serán considerados en la agenda legislativa en coordinación con el gobierno estatal y el federal. Además, sus abogados comenzaron el análisis jurídico para revertir algunos de los asuntos aprobados por la actual Legislatura local, los que, consideran, dañan los intereses de la entidad.

El presidente del comité directivo estatal de Morena, Gerardo Albarrán Cruz, dio a conocer -en entrevista- que el equipo legal de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por su partido, Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), ya trabaja en la revisión de los acuerdos que de último minuto aprobaron los diputados en funciones, tales como la venta de predios del gobierno del estado, la aprobación de algunas jubilaciones, reformas que otorgan amplios privilegios y funciones al titular de la Fiscalía General del Estado, entre otros.

Hizo notar que contarán con la mayoría en el Congreso del estado y, por lo tanto, tienen plena confianza en que será factible hacer frente legal a varios de los actos cometidos por los diputados actuales, “quienes han actuado de manera facciosa … y no son los tiempos. Los legisladores de la coalición están analizando qué procedimientos se van a seguir para echar abajo esos puntos. Cuando se renueven instancias como la auditoría, seguramente van a realizar los procesos correspondientes para poder resarcir los daños. Pero, evidentemente, las responsabilidades ahí están”.

Este lunes, Morena inició el proceso de capacitación a los diputados locales y federales, así como senadores electos, para dotarles de herramientas generales sobre aspectos jurídicos en temas que serán abordados en el corto plazo, entre ellos legislación en materia de entrega-recepción, elaboración de presupuestos, entre otros.

A la par, explicó el presidente de Morena, como grupo emanado de la coalición se avanza en la conformación de una agenda legislativa y la elaboración de plan de gobierno tanto con autoridades federales como locales.

Mencionó que a través de equipos de trabajo ya se realizan diagnósticos sobre rubros financieros, el análisis de los presupuestos de ingresos y egresos del año en curso, así como el análisis legal de laudos.

A partir de ese diagnóstico se tendrá una visión más clara de los temas que se propondrán como prioridad en la Legislatura. “En la dinámica de la coalición Juntos Haremos Historia estamos trabajando para generar aportación, opiniones y sugerencias para la elaboración del proyecto de gobierno del estado, en el que se incluye el presupuesto. Para ello estamos desahogando agendas internas de los partidos, como el tema de capacitación y, en breve, se dará la calendarización de las actividades conjuntas”, abundó el líder partidista.

Albarrán Cruz confirmó que Morena ya inició los recursos legales para pelear 24 regidurías (con propietarios y suplentes), pues no están de acuerdo en la aplicación de una fórmula que realizó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en diez municipios, donde la coalición ganó y no se le han asignado las posiciones de representación proporcional que le corresponden, de acuerdo con la mayoría que obtuvo en la elección del pasado primero de julio. Recordó que resulta importante contar con mayoría en los cuerpos edilicios, para que también en los municipios se concrete el proyecto de cambio que se propuso en los comicios y por el cual la población votó.

Los campesinos exigen la entrega de abono y los jubilados el pago a 16 agremiados de una mensualidad.

Puente de Ixtla.- Ayer un grupo de ejidatarios de este lugar tomó las instalaciones de la presidencia municipal en demanda de la entrega de fertilizante para los cultivos de sorgo y maíz. A la par jubilados y pensionados del Ayuntamiento se manifestaron en la comuna por el adeudo a 16 agremiados del pago correspondiente al mes de junio.
En el primer caso, los ejidatarios encabezados por Raúl Ciriaco Villanueva, presidente del Comisariado Ejidal de la cabecera de Puente de Ixtla, procedieron a cerrar la presidencia municipal alrededor de las 10 de la mañana para exigir la entrega de fertilizante para poco más de 60 campesinos que aún están en espera de este apoyo, para iniciar la siembra de sorgo y maíz.
"Junto con los ejidatarios decidimos tomar las instalaciones de la presidencia por la falta de entrega del apoyo del fertilizante. Faltan entre 50 y 60 productores de este ejido por recibir este insumo indispensable para la siembra; ya estamos a 11 de julio y no hemos podido iniciar, esto nos podría causar pérdidas considerables. Además de que los productores tenemos que poner el 50 por ciento del apoyo y los ejidatarios lo entregaron desde hace dos meses, pero no hemos tenido respuesta", dijo Raúl Ciriaco.
Agregó que ayer no tuvieron respuesta por parte de ninguna autoridad; por ello, advirtió que este jueves volverán a tomar el Ayuntamiento desde las ocho de la mañana hasta que reciban el apoyo ya pagado por los beneficiarios.
"Se ha insistido con las autoridades que se está pasando el tiempo de la siembra pero no dan solución. Hacemos responsable a la regidora de Desarrollo Agropecuario, Yemina Sánchez Mata, que no supo organizar el apoyo a los campesinos, que goza de un salario y no realiza su trabajo", enfatizó.
De forma paralela, el grupo de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Puente de Ixtla pretendía tomar la presidencia por la falta del pago de la mensualidad de 16 agremiados del área administrativa; sin embargo, al llegar al lugar, se sumaron a la manifestación de los ejidatarios que ya habían ocupado la alcaldía.

Jesús Urbina Pichardo, delegado de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, dio a conocer que determinaron tomar la presidencia porque no se ha pagado la mensualidad correspondiente al mes de junio a 16 jubilados administrativos.
Agregó que mantendrán las manifestaciones hasta que se cumpla con el depósito que suma alrededor de 150 mil pesos. "Ya no les creemos. Nos estaremos manifestando hasta que se haga el pago correspondiente. Sin embargo, cuando llegamos a tomar la presidencia, ya los ejidatarios la habían tomado, así que nos quedamos aquí, pero sin causas separadas", acotó.

El lunes 16 se cubrirá ese concepto, anuncia el IEBEM.

Maestros jubilados protestaron este viernes en las oficinas de pagos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), para exigir que se cubra el concepto de prima de antigüedad, que se debió entregar el 30 de junio pasado. Después de la manifestación el organismo emitió un comunicado, en el que se compromete a pagar el lunes 16 de julio.

Por la mañana, los docentes en retiro se presentaron en las oficinas principales del IEBEM y exigieron que se les entregaran los recursos correspondientes.

Agregaron que las autoridades les habían dado una fecha para el depósito, que sería el 30 de junio y esto no se ha cumplido, a pesar de existir una minuta donde se asentó tal promesa.

De igual modo, los inconformes -señalaron los afectados- son todos los profesores que se jubilaron en el 2017, lo que representa aproximadamente 15 millones de pesos por la prima de antigüedad y otros conceptos.

Los inconformes dijeron temer que la actual administración se vaya sin cumplir con el pago o que el recurso se hubiera gastado en otros rubros, “como campañas electorales”.

Luego de una mesa de trabajo entre una comitiva de jubilados y autoridades, el IEBEM acordó con los jubilados que se cumplirá con dicho pago el próximo 16 de julio y se acordó que se cubrirá dicho monto a quienes aparecen en la relación de docentes jubilados en el año ya referido, en el listado que ya fue revisado por el propio organismo.

A una semana de que concluya el último periodo ordinario de sesiones de la LIII Legislatura, el Congreso del estado tiene pendiente por desahogar (como de urgente y obvia resolución) más de 100 decretos pensionarios, de los cuales 16 son a favor de trabajadores del Poder Judicial.

El jueves pasado se reanudó la sesión ordinaria que se suspendió desde el 7 de junio y en la que se abordarían 111 decretos para otorgar pensión a trabajadores del gobierno del estado. Sin embargo, por falta de diputados se volvió a posponer para la próxima semana.

Entre los decretos enlistados por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social están nueve que tienen observaciones del Poder Ejecutivo por inconsistencias legales. Los legisladores solventaron las observaciones y pretenden volver a aprobarlos para garantizar el derecho del trabajador, antes de que concluya la legislatura. 

Por orden de un juez, el Congreso del estado debe desahogar 16 decretos pensionarios a favor de trabajadores del Poder Judicial. 

No obstante, también se encuentran en lista de espera, 61 decretos de trabajadores que colaboraron con los diputados, e incluso algunos que son familiares o allegados.

También está –entre otras- la solicitud de jubilación de la secretaria de Educación Beatriz Ramírez, que ayer se sumó a los pendientes de la Comisión del Trabajo.

No obstante, también hay jubilaciones pendientes por desahogar que son urgentes, como dos decretos de jubilación a favor de hijos de trabajadores que ya fallecieron.

Bloquearon la avenida Morelos para exigir el pago de su salario.

Este lunes, trabajadores jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) bloquearon la avenida Morelos para exigir el pago de su salario. El cierre lo realizaron alrededor del mediodía, a la altura de las instalaciones del organismo operador.

Juan Juárez Rivas, representante legal de los trabajadores, dio a conocer que existe el adeudo de cuatro catorcenas a los trabajadores y, aunque han intentado dialogar con la síndica en funciones de presidenta municipal, Denisse Arizmendi Villegas, se ha negado a recibirlos.

Lo anterior –dijo- generó la molestia de los empleados jubilados y acordaron tomar medidas de presión para exigir ser atendidos.

No obstante la movilización y el congestionamiento vehicular generado en varias calles del primer cuadro de la ciudad, las autoridades municipales no los atendieron y los jubilados decidieron retirar el bloqueo alrededor de las dos de la tarde.

No obstante, continuarán exigiendo a la síndica que no sea omisa y atienda los compromisos laborales adquiridos; refirió que buscarán también emprender acciones legales y, de no recibir una respuesta, seguirán manifestándose.

Trabajadores jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) protestaron ayer en el zócalo de capitalino, para exigir al Ayuntamiento el pago de su pensión. 

Los integrantes de la Asociación Trabajadores Jubilados y Pensionados por el gobierno del estado y los ayuntamientos, denunciaron que el gobierno de Cuernavaca promovió una controversia constitucional para no pagar la pensión de 15 jubilados del SAPAC, cuyos decretos pensionarios fueron publicados ya en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" desde abril pasado. 

"La justificación del Ayuntamiento es que no tiene recursos, pero a diferencia del Poder Judicial, las autoridades municipales tienen la obligación de administrarse para pagar lo que por derecho nos corresponde", afirmó Baldomero Díaz Sotelo, representante de la Asociación de Trabajadores Jubilados.

Los inconformes pidieron la intervención del Congreso local y del Poder Ejecutivo para que el Ayuntamiento pague las pensiones pendientes desde abril pasado. 

Advirtieron que continuarán con sus protestas hasta que haya una respuesta del gobierno municipal.

Durante la sesión ordinaria de ayer, docentes en retiro protestaron ante el Pleno para exigir que les paguen la prima de antigüedad y otros derechos.

Diputados locales exhortaron al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo estatal a que garantice el pago de la prima de antigüedad a maestros jubilados que por más de ocho años han luchado por ese derecho.

Durante la sesión ordinaria de ayer, docentes en retiro protestaron ante el Pleno para exigir que les paguen la prima de antigüedad y otros derechos.

Se quejaron porque a pesar de que, en 2012, el Congreso del estado decretó el pago de la prima de antigüedad a favor de más de ocho mil trabajadores de la educación, a la fecha no se les ha terminado de cubrir toda la cantidad que por ley les corresponde.

Dijeron que el Poder Ejecutivo sólo pagó una cantidad fija por 25 mil pesos para cada uno de los maestros, cuando les correspondía un monto mayor. Además, a los profesores que recientemente se jubilaron se les ha negado el pago.

Ante dicha demanda, la diputada Hortencia Figueroa Peralta presentó un punto de acuerdo por el que se exhortó al Congreso de la Unión a que etiquete una partida presupuestal para el pago complementario de la prima de antigüedad de más de ocho mil maestros; también al Poder Ejecutivo y al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para que se aumenten los recursos financieros para el pago de prestaciones al magisterio, como es el bono evolutivo que se entrega a los trabajadores jubilados.

El Congreso del estado no etiquetó recursos para solventar la pensión del magistrado en retiro, reclama el Pleno del TJA.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) promovió una controversia constitucional para impugnar el decreto jubilatorio del magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano, que fue expedido por el Congreso del estado sin etiquetar recursos exprofeso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional 105/2018, en la que el TJA solicitó la invalidez del decreto número 2609, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5593, el 18 de abril de 2018, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a Aguilar Lozano con cargo al presupuesto destinado al Tribunal.

También demandó la invalidez de los artículos 24, fracción XV; 56; 57, último párrafo; 47, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante decreto número 218, el cual fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5056, el 17de enero de 2013.

Esencialmente, el Pleno del TJA determinó combatir el decreto jubilatorio en el que se ordenó el pago de una pensión al 90% del último salario que el magistrado en retiro recibió como juzgador en activo, porque el Congreso no etiquetó recursos para que el TJA pudiera solventar el pago.

Un magistrado gana poco más de 100 mil pesos; tomando en cuenta el porcentaje de la pensión aprobada por el Congreso, el TJA tendría que pagar al año al magistrado en retiro casi un millón 400 mil pesos, que comprende 12 mensualidades, más tres más por concepto de aguinaldo.

Aun cuando el TJA solicitó recursos adicionales tanto al Poder Legislativo como a la Secretaría de Hacienda estatal para pagar a Aguilar Lozano su pensión, ninguna de las dos instancias autorizó una ampliación presupuestal.

Y es que tanto el Congreso como el gobierno de Morelos se encuentran bajo presión de la SCJN, que recientemente lanzó un ultimátum para dar cumplimiento a casi 50 controversias constitucionales en las que se ordenó etiquetar recursos para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, incluso, llevan más de dos meses en plantón afuera del Palacio de Justicia en espera que lleguen sus pagos.

Según el TSJ, el Congreso aprobó los decretos de jubilación, pero tampoco le proporcionó presupuesto para solventar las pensiones de los trabajadores judiciales.

Se espera que en breve la SCJN determine la admisión o no de la controversia constitucional promovida por el TJA y, en su caso, si procede la aplicación de una medida cautelar.

Se buscará solución financiera al tema de jubilaciones y pensiones: Figueroa Peralta.

La diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta sostuvo que no existe presupuesto suficiente para el pago de las jubilaciones de los trabajadores del Poder Judicial, pero aseguró que el pasado martes el Congreso local inició la revisión de poco más de 20 dictámenes de aproximadamente 100 decretos pensionatarios pendientes de desahogar.

La diputada en funciones de presidenta de la Mesa Directiva afirmó que continúa una mesa de negociación con los poderes Ejecutivo y Judicial para buscar una solución financiera al problema de pago de pensiones de los trabajadores, ya que dicho problema se ha agravado en los últimos años.

Subrayó que es necesario que se busque una solución al tema de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del gobierno del estado; de lo contrario, en poco tiempo el problema que actualmente enfrenta el Poder Judicial lo tendrán el Legislativo y el Ejecutivo.

No obstante, Figueroa Peralta dijo que se trabaja para atender la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó al Congreso local asignar el presupuesto necesario al Poder Judicial para el pago de las pensiones a los trabajadores cuyo retiro fue aprobado por el Legislativo.

De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, el pasado martes inició la revisión de 23 dictámenes con proyecto de decreto pensionatario de los más de 100 asuntos pendientes por resolver.

Se manifestaron en las oficinas del SNTE y en el IEBEM.

Profesores jubilados se manifestaron con el bloqueo de las calles Galeana y Abasolo, frente a las oficinas del sindicato magisterial, y ante el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para exigir el pago de los estímulos por el Día del Maestro.

Los inconformes dijeron que en el presupuesto de este año se tenía etiquetado el recurso para cubrir dicha prestación a los docentes en retiro y que, conforme a los acuerdos, se debía pagar este miércoles.  

Los jubilados –entre ellos Adelina Barrios García– indicaron que al mediodía de este miércoles no se habían liberado los recursos para que se cumpliera con este bono al que tienen derecho todos los jubilados.

El estímulo debe pagarse a alrededor de tres mil 800 profesores y equivale a tres mil 300 pesos para cada uno, monto que no ha aumentado desde el año 2010.

Los maestros acudieron este 16 de mayo a recoger los cheques que de forma habitual son entregados en las oficinas del IEBEM y que luego se distribuyen en las diferentes regionales.

En virtud de que tampoco había depósitos, decidieron manifestarse en las oficinas de la sede del comité ejecutivo seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 19, que están ubicadas en la citada calle Galeana, y luego bloquearon esta vialidad en el cruce con la calle Abasolo, en el primer cuadro de Cuernavaca.

En tanto, otro grupo tomó prácticamente las oficinas del IEBEM con el reclamo de que se pague dicho estímulo de manera inmediata. Una comisión de los manifestantes fue recibida por autoridades del instituto.

Hasta la tarde de este miércoles continuaban las negociaciones, pues la representación del magisterio demandaba a autoridades del instituto una fecha concreta de pago.

Es su responsabilidad prever y exigir una partida para el pago de la prestación de los trabajadores jubilados, plantean.

La presidenta de la Asociación de Jubilados del Poder Judicial del Estado de Morelos, Aida Hernández, lamentó que la recién reelecta magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, se deslinde de responsabilidad en el adeudo del pago de pensiones a trabajadores jubilados y responsabilice al Congreso y al gobierno de Morelos.

Expresó que Cuevas López no debe evadir su responsabilidad, porque era su  trabajo prever y exigir una partida para el pago de las pensiones.

Detalló que un día antes de la reelección, la magistrada presidenta citó, por separado, a algunos jubilados para ofrecerles préstamos de aproximadamente 30 mil pesos para sobrevivir en tanto se resuelve el problema presupuestal.

“Hacemos un llamamiento, que si bien es cierto que el día anterior a la reelección se les otorgó un préstamo, se les mandó citar a algunos de los trabajadores para otorgarles un préstamo, también lo es que ese es del propio dinero de los trabajadores”, dijo.

También lamentó que la magistrada presidenta pretenda traspasar la responsabilidad del problema, pues “se me hace una irresponsabilidad esa manifestación porque tenemos que sumarnos, tenemos que solidarizarnos, ¿cómo es que expresas que no es en tu cancha cumplirles a los trabajadores, que son parte integral del Poder Judicial?”

Insistió en que es urgente una solución y criticó que el pasado 3 de mayo el Congreso haya descartado de la orden del día el análisis de un tema vital, porque se trata de los ingresos para vivir de los trabajares en retiro.

Según la titular del TSJ, son el Congreso y el Poder Ejecutivo quienes tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó etiquetar una partida para el pago de los decretos de jubilación de trabajadores del Poder Judicial aprobados por los diputados.