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La exdirectora de Recursos Humanos del Congreso entregó una constancia que permitió a Denya Flores obtener una “pensión dorada”.

Litigios y revisión de expedientes, la causa, asegura regidor.

Jojutla.- Policías de este municipio aseguraron que el Ayuntamiento evade conceder la pensión a la que tienen derecho, pero el regidor e integrante del comité de pensiones y jubilaciones del municipio, Carlos Brito, aseguró que el retraso se debe a litigios y a la revisión de expedientes.

Dijo que actualmente hay alrededor de diez peticiones de pensión de parte de policías municipales y otras tantas vienen de la administración anterior.

Ante los señalamientos de los policías, el concejal negó que el Ayuntamiento rechace otorgar ese derecho, sino que hay algunas consideraciones que se están presentando.

“En el caso de los policías, hay dos situaciones; hay quien está litigando la Ley del Servicio Social del estado, pues no están de acuerdo con uno de los artículos de esa ley, y eso lo complica todo, porque nosotros no podemos decidir no aplicar una fracción”, refirió.

El concejal detalló que este asunto se refiere a que el legislador otorga una jubilación un año antes a las mujeres que a los hombres, porque considera que realizan doble trabajo (en casa y oficina); por ello, ellas se pueden jubilar con 19 años de labor, mientras que los hombres hasta los 20.

“Hay algunos hombres policías que dicen que eso es injusto, que ellos también deberían jubilarse a los 19. Y que si se jubilan a los 20 años, entonces que les den el año completo en retroactivo. Nosotros, como autoridad, no podemos saltarnos una fracción completa de una ley estatal, que se deriva de una ley general de aplicación en todo el país”, detalló.

Consideró que con asesoría de sus abogados, los hombres policías han recurrido a la demanda y eso es lo que está retrasando todo, pues ahora deberán esperar hasta que se resuelva el juicio.

“Quienes decidieron litigarlo, se llevará lo que el proceso de litigio se lleve, no significa que se congelen las pensiones”, señaló Carlos Brito.

Por otra parte, dijo que existe un comité que revisa las solicitudes de pensiones y se debe realizar una revisión exhaustiva para que no ocurra como en otros lugares, que se dieron pensiones con documentos falsos.

“Hay policías que trabajaron en cuatro, cinco municipios; la suma debe dar 19, si son mujeres, y 20, si son hombres, para alcanzar el porcentaje mínimo. Tenemos que revisar que la documentación sea cierta y nos vamos a tardar un poco de tiempo, el que sea necesario, para la revisión exhaustiva de los documentos; no podemos dar una pensión falsa”, concluyó.

La secretaria de Administración señala que los pagos por ese concepto pueden ser insostenibles; agrega que cualquier cambio solo se aplicaría a trabajadores.

Fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de exdiputados.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la abrogación de otro bloque de “pensiones doradas”, que fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de ex diputados a pesar de no cumplir con los requisitos legales.

En esta ocasión fueron abrogados 11 decretos pensionarios por jubilación y cesantía en edad avanzada, en los que los beneficiarios no cumplieron con los trámites legislativos, con los años  de trabajo previstos en la Ley del Servicio Civil y hasta habrían incurrido en la posible comisión de delitos.

Las pensiones abrogadas corresponden a Severino Báez Márquez, quien fungió como auxiliar administrativo de la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste, quien también enfrenta un proceso penal por presunto peculado; Gilberto García Díaz, ex gestor del ex diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero; Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora del Recursos Humanos del Congreso de Morelos; Froylán Figueroa Espinosa, ex asesor del ex diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales; Eugenia Andrade Cortés, ex auxiliar administrativo de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Yissy Griselda Toledo Gargallo, ex asesora de la ex diputada Silvia Irra Marín; y Juan Bobadilla Cuenca, ex auxiliar del ex diputado Julio Espín Navarrete.

También fue abrogado el decreto pensionario de Helena Marín Sánchez, esposa del ex diputado José Tablas Pimentel Siendo, quien la incluyó en la nómina legislativa como secretaria técnica.

Otros de los decretos abrogados fueron los de Rocío Flores Reynoso, ex trabajadora de la fiscalía general del estado; José Zavaleta Castro, ex Policía de Investigación Criminal; y Miguel Arellano Rivera, ex custodio.

Al igual que en el primer bloque de 24 decretos abrogados en el mes de abril, en esta ocasión también el Congreso del Estado ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales que sean necesarias, en contra del servidor público que solicitó el trámite de Jubilación, así como en contra del o los ex servidores públicos, servidores públicos en activo, presidentes municipales, secretarios municipales, directores o directores generales de recursos humanos, oficial mayor, y de cualquier otro funcionario que hayan expedidos los documentos de manera irregular o ilegal.

Hasta el momento, han sido abrogados 35 de los 70 decretos pensionarios aprobados por la anterior legislatura y que fueron sujetos a revisión por los actuales diputados ante la sospechas de irregularidades.

La presidenta del TSJ ha impugnado todas las pensiones aprobadas anteriormente, por lo que esperan que haga lo mismo con su familiar.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el decreto de pensión por viudez a favor de  Ana María de Jesús López Enríquez, madre de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López. Sin embargo, trabajadores judiciales en activo y en retiro cuestionaron si éste decreto será impugnado por el Poder Judicial, como el resto de los decretos de los trabajadores que en los últimos años tramitaron su pensión por jubilación.

El decreto fue aprobado por el Congreso en la sesión del 1 de mayo y fue hasta este miércoles que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se otorgó a la beneficiaria una pensión al 100%  de la última de que hubiere gozado Juan Manuel Cuevas Jiménez, padre de la titular del TSJ, quien se jubiló como oficial mayor del TSJ  y falleció el pasado mes de febrero.

Trabajadores activos y en retiro, así como algunos funcionarios del TSJ, coincidieron que, si bien la pensión es un derecho que tiene la madre de Cuevas López, la interrogante es si la magistrada hará uso de su influencia o si impugnará el decreto pensionario para exigir al Congreso presupuesto para su pago, como lo hizo con decenas de trabajadores que durante su gestión tramitaron su retiro y hasta ahora no han recibido sus pensiones por las controversias constitucionales que promovió.

Los trabajadores solicitaron el anonimato por posibles represalias por tratarse de un tema que toca la esfera familiar de Cuevas López, y recordaron que por los menos tres trabajadores del TSJ jubilados fallecieron sin poder gozar de los frutos de su trabajo y sufriendo penurias económicas porque no recibían su pensión, ya que la magistrada presidente impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus decreto de retiro, para exigir al Congreso una partido para el pago de jubilaciones.  

En la instalación de la primera mesa técnica se dijo que el sesenta por ciento del presupuesto estatal se destina a ese rubro.

Analizarán a cuántos burócratas se les paga pensión en la entidad.

Autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sus sindicatos, acordaron trabajar en la creación de un Sistema Estatal de Pensiones, ante la problemática financiera que enfrentan las instituciones públicas del estado por este tema.
Este martes, el Congreso local instaló una mesa técnica, con miras a crear dicho sistema, como una solución al pago de pensiones y jubilaciones, ya que actualmente el 60 por ciento del presupuesto del gobierno estatal se destina a ese gasto.
La diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, explicó que se busca integrar un fondo de pensiones en el que tanto la  institución pública como el trabajador aporten un recurso para su retiro.
Sin embargo, la legisladora dijo que se tiene que cuidar que no se afecten los derechos de los trabajadores, "pues hemos visto en otros estados donde ya tienen un fondo que le descuentan mucho al trabajador y no queremos que eso pase en Morelos", agregó.
Por su lado, José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, explicó que se debe analizar a fondo el tema y evitar que se trastoquen los derechos de los trabajadores en la búsqueda de una solución al problema del pago de pensiones.
Por lo anterior, los integrantes de la mesa técnica acordaron realizar un diagnóstico del problema y conocer cuántas jubilaciones deben pagar los tres poderes del estado, los ayuntamientos y el resto de los órganos y organismos públicos.
Miguel Ángel Medina Soto, secretario del Trabajo y Conflictos del Sindicato del Poder Ejecutivo, afirmó que están dispuestos a trabajar en el tema, pero recordó que el mayor gasto no lo generan los burócratas, que en su mayoría ganan cuatro mil pesos, sino los funcionarios de primer nivel que se jubilan con pensiones onerosas.
"Si bien es cierto que el mayor porcentaje del presupuesto se va en pensiones, habría que ver cuál es el presupuesto de nosotros cuando ganamos cuatro mil pesos mínimo. Si hacemos un balance de eso estamos teniendo que el 60 por ciento del gasto del estado no lo llevamos los trabajadores sindicalizados supernumerarios, sino que se lo lleva el que tiene un salario más alto que el de nosotros", añadió Medina Soto.
Durante todo el año se llevarán a cabo 23 mesas de trabajo sobre el tema y la siguiente será el 3 de julio próximo, en el Congreso del estado. 

Es beneficiaria de una de las “pensiones doradas”.

La exdirectora de Recursos Humanos del Congreso del estado y excandidata a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, fue vinculada a proceso por los presuntos delitos de fraude procesal y uso de documento falso, tras ser una de las beneficiarias de las llamadas “pensiones doradas” aprobadas por la anterior legislatura.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para que la imputada fuese sujeta a proceso penal.

A solicitud de la representación social y la defensa de la imputada, el juez dio cuatro meses para el cierre de la investigación de la causa penal JC/698/2019. 

De acuerdo con el decreto 5619, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de agosto de 2018, la anterior legislatura concedió a Flores Rendón, también esposa del exalcalde de Tepoztlán y exdiputado perredista, Francisco Navarrete, una pensión por jubilación al 65% de su último salario como directora de Recursos Humanos del Congreso local, por haber laborado por 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

El decreto pensionario de la exfuncionaria, al igual que 70 más, fue sometido a revisión por la actual legislatura, quien determinó revocar dicho decreto y ordenó a la dirección jurídica del órgano legislativo iniciar los procedimientos administrativos y penales contra Flores Rendón, por la presentación de documentación dudosa o falsa y por no acreditarse que efectivamente laboró al servicio del estado los años requeridos para obtener la pensión por jubilación que le fue concedida. 

Denya Flores Rendón es señalada por los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal.

Tania Valentina exhorta a legislar para disminuir el problema financiero que eso significa.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó que impulsará una nueva legislación en materia de servicio civil para atender el problema financiero de las instituciones públicas por el pago de pensiones y jubilaciones. 
En rueda de prensa, la también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso local convocó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, organismos autónomos y sindicatos a mesas de trabajo, a fin de impulsar políticas públicas para evitar un "caos" en un futuro próximo por la acumulación de solicitudes de jubilación en los últimos años. 
Rodríguez Ruiz sostuvo que es urgente trabajar en el tema, ya que el pago de pensiones absorbe el 60 por ciento de los ingresos del estado, lo que significa que para este 2019 se hayan destinado 672 millones de pesos para dicho rubro. 
Sin embargo, dijo que el problema crece, pues la comisión que preside tiene acumuladas mil solicitudes de jubilación, la mayoría admitidas en la LIII Legislatura. 
Invitó a los tres poderes del Estado, ayuntamientos y organismos autónomos a trabajar para generar soluciones, así como a los sindicatos que en legislaturas pasadas se han opuesto a una reforma a la Ley del Servicio Civil, por temor a que se afectaran sus derechos laborales. 
"Nuestro estado carece de una política pública para enfrentar el problema de las pensiones y que a la vez respete los derechos adquiridos de los trabajadores, ése es el problema. Las soluciones no son fáciles y solos, ni separados, podríamos resolver el problema en el corto y mediano plazo y se convertirá en un caos. Lo fácil es hacer como que no pasa nada", manifestó la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

El Director del subsistema dice que existe la duda de si esa prestación es estatal o corresponde a la Federación.

Ante las protestas de jubilados, el director del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) Víctor Nájera Medina informó que se tendrá que solicitar ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) el incremento en el presupuesto para pensiones, pues este rubro no es de competencia estatal.

Los trabajadores en retiro de dicho subsistema de educación media superior han protestado en varias ocasiones por el retraso en los pagos y en la ocasión más reciente reclamaron por la falta de incremento en su pensión, a diferencia del ajuste que ya se aplicó para trabajadores en activo. Además, exigieron la liquidación o finiquito, así como otras prestaciones.

El directivo informó que se han pagado todas las mensualidades y es cierto que hay algunas cuestiones pendientes, como el incremento a la pensión, por lo que irán la próxima semana a la Ciudad de México para gestionar ante la SEP ese ajuste, ya que existe “la duda” de si esa prestación es de compromiso federal o estatal: “lo más sano es que nos diga la Federación si tiene el compromiso de pagarles”.

Reconoció que hace falta el pago de años de servicio, lo que suma alrededor de 16 millones de pesos y el finiquito que en cifra redonda asciende a tres millones de pesos.

Comentó que este mismo viernes platicó con el secretario de Hacienda para exponer esta situación, que ya ha planteado igualmente el secretario de Educación del estado Arturo Cornejo Alatorre.

Estimó que la próxima semana podría haber una solución para los jubilados del Cobaem.

La exsecretaria de Educación estatal, Beatriz Ramírez Velázquez, obtuvo de un juez federal una suspensión provisional para continuar recibiendo su pensión por jubilación, luego de que la actual legislatura abrogó el decreto pensionario por presuntas irregularidades en su emisión.

En el juicio de amparo 505/2019, promovido el pasado 16 de abril, la demanda fue admitida por el Juzgado Tercero de Distrito, quien determinó conceder la medida cautelar hasta en tanto se resuelve si otorga o no la suspensión de manera definitiva.

En su demanda, la exsecretaria de despacho consideró “injustificadas, indebidas, infundadas, inmotivadas, ilegales, inconstitucionales e inconvencionales”, la dictaminación, discusión,  aprobación y promulgación del decreto expedido por la LIV Legislatura y publicado por el Poder Ejecutivo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el cual fue revocado su decreto de retiro.

También reclamó que se le ha dado un trato discriminatorio y de linchamiento público “al ser tildada como ‘beneficiaria’ de una denominada ‘pensión dorada’, por parte de las responsables; así como haber sido tratada, inconstitucional e indebidamente, como una presunta responsable de un hecho ilícito, violentando sus derechos fundamentales y sus garantías constitucionales respectivas, como son la de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, tutela judicial efectiva y no discriminación”.

Con base en estos alegatos, el juzgado de distrito resolvió conceder “la suspensión provisional del acto reclamado para efecto de que las autoridades responsables procedan a cumplir con lo establecido en el decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número cinco mil seiscientos treinta y siete; hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, ello tomando en consideración que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por los artículos 128, 131 y 147, segundo y tercer párrafos, todos de la Ley de Amparo”.

En julio de 2018, la anterior legislatura aprobó el decreto de pensión  por jubilación de Beatriz Ramírez Velázquez, a razón del equivalente al 90%, sobre el equivalente a 600 salarios mínimos generales vigentes.

Pero la actual legislatura revisó y encontró elementos legales para abrogar los primeros 24 expedientes de decretos pensionarios, de poco más de 70 con irregularidades e inconsistencias en su emisión.

En el caso de la exsecretaria, según el decreto de abrogación publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de abril, en el sistema de cómputo y libros de registros, así como de control de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Poder Legislativo del Estado de Morelos, no se encontró ningún registro de ingreso de la solicitud de pensión de fecha 27 de junio de 2018 a nombre de Ramírez Velázquez.

Tampoco cumplió con lo previsto en la fracción I del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, que señala que corresponde a la Comisión Legislativa conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del estado, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la consideración del Pleno.

De igual forma, dice el decreto de abrogación, se observó que no se llevó a cabo debidamente la investigación en todas esas dependencias para las cuales la solicitante de la pensión afirmó que prestó sus servicios, ni en el expediente interno se integró documentación probatoria, como recibos de nómina, oficios de nombramientos, listas de asistencia, entre otros, para comprobar los servicios prestados y su antigüedad.

Con base en ello es que el Pleno del Congreso determinó que existieron “serias irregularidades en el desarrollo del proceso legislativo llevado a cabo por la LIII Legislatura, así como en el expediente abierto con motivo de la solicitud de pensión de la C. Beatriz Ramírez Velázquez, y al existir elementos suficientes y convincentes para considerar que el Decreto pensionatorio Número Tres Mil Cuatrocientos Dieciséis, aprobado a favor de la C. Beatriz Ramírez Velázquez, carece de los más esenciales requisitos de validez para su otorgamiento ya que estuvo viciado de nulidad desde su origen”.

La diputada priista señala que no permitirán injerencias externas a la hora de elegir ombusdman y titular del  ESAF.

El Congreso del estado no permitirá imposiciones de actores políticos externos para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y del próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), afirmó la diputada priista Rosalina Mazari Espín.
Ante los rumores de que desde el Senado de la República se pretende incidir en el nombramiento de la ESAF, la legisladora sostuvo que el nombramiento es una facultad solo del Congreso local.
"Se dice mucho eso, pero creo que nosotros debemos ser responsables para que las decisiones de las diputadas y de los diputados las tomen las diputadas y los diputados de este Congreso. Somos un poder y tenemos como tal actuar con responsabilidad y no permitir que gente externa o de otras (...) recomendaciones que sí, pudieran ser tomadas en cuenta como una recomendación más, no una imposición, eso sí debe quedar claro", manifestó Mazari Espín. 
La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó su confianza en que la próxima semana el Congreso del estado pueda definir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que debió designarse desde el 21 de marzo pasado y para el que 23 ciudadanos se registraron como aspirantes ante el Poder Legislativo. 
Inmediatamente, refirió, se iniciará el proceso para nombrar al titular del órgano auditor, cargo que está acéfalo desde diciembre del año pasado. 

El Congreso ordena iniciar procesos contra funcionarios estatales o municipales que otorgaron las constancias que sirvieron para aprobar indebidamente esos pagos hoy anulados.

Corresponden a exfuncionarios, esposas, familiares y amigos del gobierno de Graco Ramírez y de la anterior legislatura.

Los diputados preparan la anulación del beneficio y el encauzamiento de quienes usaron documentos falsos para justificar el trámite.

El Congreso del estado cancelará 73 "jubilaciones doradas" que la LIII Legislatura aprobó a exfuncionarios de alto mando del gobierno del estado que encabezó Graco Ramírez, luego de confirmar que presentaron documentos falsos para su autorización. 
La presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que concluyó la investigación que realizó el órgano legislativo que preside y concluyó que los ex servidores públicos cometieron diversas irregularidades. 
Explicó que se trata sólo de las jubilaciones que autorizo la LIII Legislatura, de las en ninguno de los 73 casos se cumplió con el procedimiento legislativo para su autorización. Es decir, no fueron analizados por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, sino que todos los dictámenes fueron turnados directamente al Pleno y fueron aprobados sin ningún análisis. 
Ante tales irregularidades, la diputada Rodríguez Ruiz dijo que no sólo serán abrogados los 73 decretos pensionarios, sino que el Congreso del estado procederá penal y administrativamente en contra de los exfuncionarios beneficiados. 
En la lista de los decretos de "jubilaciones doradas" que aprobó la LIII Legislatura se encuentran los nombres de Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y Francisco Velázquez Adán, extitular del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
De igual forma, están Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno, Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros. 

La medida tendrá vigencia hasta que se culmine con la revisión del estatus administrativo que guardan los establecimientos que actualmente están funcionando: Antonio Villalobos.

El Cabildo autorizó también la jubilación de 19 policías.

El presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, dio instrucciones a todas las áreas administrativas involucradas en la revisión y autorización de permisos para la activación de los giros rojos (Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Gobernación y Licencias y Reglamentos) suspendan a partir de ahora todo trámite, refrendo o autorización de licencias de funcionamiento destinadas a la apertura de más bares o restaurantes, hasta en tanto no se tenga la certeza de que los que existen cumplan con el ordenamiento municipal correspondiente.

En sesión ordinaria de Cabildo, realizada ayer por la anoche, el alcalde agradeció el respaldo de regidores y el síndico municipal, así como el planteamiento del regidor Romualdo Salgado Valle, el cual instó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Gobernación, a aplicar el reglamento "parejo, sin distingos y no para unos cuántos", así como el advertir respecto a la venta clandestina y la existencia de locales fuera de la ley en los alrededores del Centro Histórico de Cuernavaca.

Asimismo, por acuerdo de Cabildo, la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones, cuya presidente es la regidora Anayeli Fabiola Rodríguez, autorizó el primer paquete de pensiones a favor de 19 policías por 20 y 22 años de servicio ininterrumpido.

En este punto el regidor Jesús Martínez Dorantes felicitó a los policías por su lealtad y el cumplimiento de su alta responsabilidad.

El constitucionalista Jorge Luis Flores López señala que la presidenta del TSJ pudo optar por otra vía para obtener presupuesto para las pensiones; denuncia que la magistrada es omisa en nombrar jueces por concurso.

Requiere TSJ partida adicional a presupuesto ordinario: Becerra Arroyo.

El Poder Judicial del Estado de Morelos llamó al Congreso a cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y etiquetar una partida adicional al presupuesto ordinario para el pago de pensiones; de lo contrario, sería simular e incurrir en la repetición del acto reclamado.

Alejandro Becerra Arroyo, coordinador de asesores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ), consideró que el acuerdo emitido por la SCJN ayudará a que el Poder Legislativo, principalmente, acelere la autorización de recursos para que trabajadores en retiro puedan recibir sus pensiones, de acuerdo con las sentencias de 116 controversias constitucionales.

“Este acuerdo creo que es muy bueno para nosotros, porque desde el principio nuestra intención no fue nunca lastimar el bolsillo del trabajador jubilado, nunca fue la intención de que sufran estos estragos, sino la intención fue que nos dieran los recursos necesarios para no poner el peligro las finanzas del Poder Judicial y seguir operando”, explicó.

Reconoció que hubo fuertes críticas a la decisión de impugnar los decretos jubilatorios ante el máximo tribunal del país, pero el Poder Judicial no tuvo opción porque ya no tenía presupuesto para pagar más de 200 jubilaciones que fueron aprobadas por diputados de las anteriores legislaturas, pero sin etiquetar recursos adicionales.

Indicó que las finanzas del Tribunal Superior de Justicia, que ostenta la representación del Poder Judicial de Morelos, fueron puestas en jaque por la ola de jubilaciones cargadas al gasto corriente de la institución, que los últimos años no tuvo incremento.

Indicó que las legislaturas anteriores fueron reiteradamente omisas al no atender la petición del TSJ de etiquetar recursos adicionales por cada uno de los decretos pensionarios aprobados, lo que motivó el litigio ante la SCJN contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Explicó que, inicialmente, para cumplir con las 116 sentencias y pagar las pensiones a los trabajadores jubilados, se requirió al Congreso cerca de 120 millones de pesos, pero con anterioridad fueron hechas varias transferencias (por 34 millones de pesos aproximadamente) que habrán de restarse del monto originalmente calculado.

Precisó que estos montos son sólo para pagar lo que se adeuda a los trabajadores pensionados y, para evitar que en lo subsecuente se genere de nuevo el mismo litigio, el Congreso local está obligado a presupuestar para 2019 un partida financiera adicional y específica para el pago de jubilaciones de trabajadores del Poder Judicial, la cual deberá incrementarse conforme se aprueben nuevos decretos y aumente el salario mínimo.

Pidió a los diputados no simular el cumplimiento e incurrir en la repetición del acto reclamado, ante la posibilidad de que dentro del mismo presupuesto 2019 autorizado para el TSJ, se pretenda por parte del Congreso cargar la partida de jubilaciones, porque esto implicaría la repetición del acto. 

“Hacerles el hincapié en que el máximo tribunal del país ha sido enfático en decir que esa cantidad de dinero no debe ser parte de nuestro presupuesto, porque sería fácil y cómodo decir que ´del presupuesto que vas recibir, te etiqueto para (cumplir sentencias de) controversias’, y eso sería como simular un cumplimiento, porque si la finalidad de tramitar la controversia fue para que nuestro presupuesto anual no se perjudique con ese pago, porque es un pago extraordinario, es un pago que no tienes planeado, que te llegue el decreto y lo tengas que pagar, e ir reduciendo el presupuesto”, dijo.

Llamó a los Poderes del estado a atender de manera conjunta este tema de la SCJN y encontrar una solución favorable para todas las partes.

Conmina a los tres poderes a cumplir las sentencias bajo amenaza de destitución.

El Congreso del estado declaró ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estar impedido para ejecutar sus sentencias, emitidas en decenas de controversias constitucionales, para cumplir con la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de exmagistrados y extrabajadores del Poder Judicial.

De acuerdo con las respuestas del Poder Legislativo a los requerimientos de cumplimiento de sentencia emitidos por la SCJN, el Congreso justificó que no ha podido dar cumplimiento a las resoluciones judiciales emitidas por el alto tribunal, debido a que no está resuelto el tema del paquete económico 2019.

“Agréguense al expediente, para los efectos legales a que haya lugar, los oficios y anexos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, mediante los cuales, en el primero, manifiesta que el Poder Legislativo de la entidad tiene imposibilidad legal y material para cumplir con la sentencia dictada en este asunto; y, en el segundo, cumple el requerimiento formulado en proveído de 17 de enero del año en curso al informar que el Poder Ejecutivo estatal devolvió con observaciones al órgano legislativo local el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2019”, fueron parte de los argumentos presentados por el Congreso.

De acuerdo con el anteproyecto presupuestal presentado, el TSJ solicitó 844 millones 766 mil 955 pesos. En el capítulo 4000 Transferencias se contemplaron 309 jubilados con un monto de 119 millones, 367 mil 15 pesos. Adicionalmente, solicitó 166 millones, 38 mil 466 pesos, para hacer frente a las sentencias de la SCJN sobre los decretos de jubilación de trabajadores judiciales, pero todo dependerá de en qué términos los diputados aprueben en los próximos días el presupuesto de este año.