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Presentan la plataforma de transparencia del Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas 2018.

Como un ejercicio pionero de transparencia proactiva en Morelos, y único en su tipo a nivel nacional, el Instituto de la Mujer para el estado de Morelos (IMM) en coordinación con la Secretaría de Gobierno y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), presentaron la plataforma de transparencia del Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (PAIMEF), ejercicio fiscal 2018.
Esta plataforma en la que también participó el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso de Morelos (ESAF) y el Congreso local, contiene información detallada del destino de más de cinco millones de pesos en 21 acciones de atención, prevención y profesionalización.
En ese sentido, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, quien ha sido garante en la defensa de los derechos humanos y vida de las mujeres, niñas y adolescentes, convocó a seguir coordinados en la prevención y erradicación de las violencias que se ejercen en contra de ellas.
Reconoció el trabajo del IMM, así como de todas aquellas dependencias, organismos, y entes del estado que se enfocan en transparentar y hacer buen uso de los recursos, abriendo datos para hacerlos consultables.
Flor Dessiré León Hernández, titular del IMM, señaló que a través de la Unidad de Transparencia de este organismo, una de las solicitudes de información más recurrente es el destino de los recursos públicos, razón por la que la rendición de cuentas es de gran importancia como acción institucional.
Destacó la importancia de conocer las acciones para lograr una política de continuidad en la atención y prevención de las violencias contra las mujeres, pues desde el 2006 se recibe fondo PAIMEF de INDESOL en la entidad, y a casi trece años de su implementación sólo opera seis meses al año.
“Sólo conociendo el estado de las acciones y el impacto de los fondos federales es posible plantear una política de continuidad para la prevención y atención, sólo así lograremos un impacto real en la vida libre de violencia para las mujeres”, agregó León Hernández.
Luego de que Claudia Rivera Miranda, coordinadora general del fondo PAIMEF en Morelos, mostró el funcionamiento de la plataforma accediendo a la información detallada de diversas acciones, María Antonia González Del Castillo, directora general adjunta de INDESOL, reconoció el trabajo del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos como el primer ejercicio de transparencia de este fondo a nivel nacional.
Al evento también acudieron la comisionada presidenta del IMIPE, Mireya Arteaga Dirzo; Uriel González Sotelo de la ESAF; y las diputadas del Congreso local, Ana Cristina Guevara Ramírez y Alejandra Flores Espinoza.

Junta Política y de Gobierno del Congreso estatal tiene congelado el proceso.

Más de tres meses después de que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) trabaja con sólo dos comisionados , en el Congreso del estado sigue estancado el proceso para nombrar al tercer integrante, a causa de las diferencias  entre las fuerzas políticas.
La diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Transparencia, Datos Personales y Anticorrupción, informó que desde el 11 de julio –cuando cerró el registro de aspirantes a comisionado del IMIPE- la Junta Política y de Gobierno (JPyG) mantiene archivado el proceso de designación.
De acuerdo  la información que proporcionó la JPyG, fueron 20 los ciudadanos que se registraron para contender por ese cargo.

Incluso aparecen nombres de colaboradores de algunos diputados, como es el caso de Alberto Salgado Pérez -coordinador del Comité de Transparencia del Congreso de Morelos- y Hugo Omar Aranda Nava, que se desempeña actualmente como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo y Conflictos Agrarios que preside el diputado Andrés Duque Tinoco.
La diputada Ariadna Barrera Vázquez dijo que sus homólogos se han negado a seguir con el proceso de designación del comisionado que ocupará el cargo que Víctor Manuel Díaz Carvajal dejó desde el 7 de junio pasado.
Admitió que el problema nace en las diferencias por ocupar los órganos de gobierno del Congreso del estado, situación que también ha afectado para que se concrete el nombramiento del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
"Todo lo que está en cuestión de nombramiento, por lo mismo que empezamos con algunas complicaciones y desafortunadamente algunos diputados y diputadas no han tenido la sensibilidad de ponernos (sic) de acuerdo, pues se ha interrumpido el proceso de designación", agregó.
Aseguró que aunque la falta de un comisionado no ha afectado al desempeño del organismo de transparencia, sí dijo que  es urgente que el Congreso desahogue todos los asuntos rezagados en este año.

La renovación de la Junta Política y la Mesa Directiva tiene enfrentados a los diputados, admite Alfonso de Jesús Sotelo.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, invitó a sus homólogos a ponerse a trabajar en los pendientes que se dejaron del primer año de la LIV Legislatura y dejar a un lado los intereses políticos.
Ante el pleito interno que hay en el Congreso del estado por el trabajo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) admitió que se trata de la pugna que se inició hace unas semanas por la renovación de las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno para el segundo año de la LIV Legislatura. 
"Es mediático, es político, es con el interés de poder obtener algún beneficio al interior de los órganos de gobierno. El llamado es a que hoy cerremos filas, trabajemos de manera unánime, que le demos a Morelos los resultados que tanto necesita", manifestó.
Sotelo Martínez dijo que para nadie es un secreto que desde hace una semana inició la pugna por la designación de los titulares de los órganos de gobierno, por lo que en este proceso la legisladora del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz ha determinado hacer señalamientos personales, como acusar a su homóloga priista Rosalina Mazari Espín de ser su "tapadera", al haber aprobado las cuentas públicas 2016 y 2017 de Jojutla, período en el que fue alcalde. 
"(Quiero) refrescarle un poquito la memoria, que en el 2016 junto con 12 ex alcaldes más fuimos auditados extraordinariamente por órdenes de Graco Ramírez, recordarán que éramos 13 alcaldes que estábamos en la mira, éramos perseguidos", manifestó el legislador, quien dijo que los resultados de esas revisiones fueron positivos. 
Por ello, insistió en pedir a sus homólogos que desahoguen los pendientes de la agenda legislativa, como las designaciones del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y evitar que los conflictos políticos dentro del Congreso abonen a una parálisis durante el receso legislativo que inició este martes, y en el que pretenden convocar a un período extraordinario de sesiones. 

El Congreso, cerrado hasta el 6 de agosto 

Por otro lado, Sotelo Martínez confirmó que a partir de este jueves y hasta el 6 de agosto el recinto legislativo permanecerá cerrado por vacaciones de verano. 
Informó que no trabajará ni el área de Oficialía de Partes para la recepción de documentos y será posterior al 6 de agosto cuando sesione la Diputación Permanente. 

Se registraron en la convocatoria como aspirantes a comisionado de dicho órgano.

En el proceso de designación de un nuevo comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) existe un nuevo conflicto de interés, ya que varios colaboradores de los actuales diputados se registraron en la convocatoria como aspirantes a dicho cargo. 
De acuerdo con el registro de la Junta Política y de Gobierno, 20 ciudadanos participan en el proceso de designación; sin embargo, algunos ya han sido cuestionados por su cercanía con los actuales legisladores. 
El Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" señaló la cercanía de dichos aspirantes con los diputados y cuestionó la falta de transparencia del Congreso, al no hacer públicos sus perfiles. 
De acuerdo con el Centro de Investigación, los aspirantes que tendrían conflicto de interés son: Alberto Salgado Pérez,  quien funge como coordinador del Comité de Transparencia del Congreso de Morelos. Además, se desempeñó como director de licencias de funcionamiento y Asesor jurídico del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva. 
Ramón Rosales Juárez, quien es padre del actual secretario Técnico de la Comisión de Igualdad de Género, Jesús Rosales Puebla, órgano que preside la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Celene Figueroa Evaristo. 
Hugo Omar Aranda Nava se desempeña actualmente como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo y Conflictos Agrarios que preside el diputado Andrés Duque Tinoco. También fue Director de Licencias de funcionamiento en la administración del ahora diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. 
Otros perfiles fueron señalados por Morelos Rinde Cuentas por mal desempeño en los cargos que han representado, como Francisco Miguel Yáñez Sánchez, quien fue titular del Órgano Interno de Control del IMIPE y se negó a atender solicitudes de información del centro de investigación. 
Esteban Muñoz Insausti, encargado de despacho de  la Dirección  de Estadística y Encuestas del IMIPE, así como Ulises Patricio Abarca, quien dirige la ponencia de la Comisionada Mireya Arteaga Dirzo del IMIPE. 
En la lista de aspirantes también aparece Claudia Mariana Aponte Maysse,  ex procuradora del Estado. 
Hertino Avilés Albavera tomó protesta como secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y fue magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
Oscar Miguel Puig Hernández, fundador del COBAEM, fue integrante de la dirigencia del PRI y aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). 
Jaime Castera Moreno es un abogado que también buscó ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). 
Jorge Morante Román, ex Director Jurídico del Municipio de Amacuzac 2016-2018 en la presidencia de Jorge Miranda Gallegos. 
Leonora Valentina Jiménez Franco era responsable del Fideicomiso de Apoyo y Asistencia a Víctimas del Estado y fue coordinadora de la Comisión de Selección para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.
De acuerdo con los diputados locales, se espera que el próximo lunes se concrete dicho nombramiento, aunque también podría postergarse para el período extraordinario que se abrirá el 19 de agosto próximo. 

Buscan aprobar hoy leyes en materia de seguridad.

La falta de acuerdos para concretar la renovación de los órganos de control en el Congreso del estado ha entrampado una vez más la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
Durante la tarde de este miércoles, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias se reunieron con el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, en la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, a fin de buscar un acuerdo sobre la designación del próximo presidente del Congreso, que tendría que concretarse el 15 de julio próximo.
Sin embargo, el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez informó que si no se lograban acuerdos en las siguientes horas, se convocará a un período extraordinario de sesiones para el mes de agosto para desahogar el proceso de renovación de los órganos de control.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) rechazó que se hayan reunido con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para lograr acuerdos en los "oscurito", sobre temas que sólo conciernen a la vida interna del Congreso del Estado.
Por su lado, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Ana Cristina Guevara Ramírez consideró que es necesario que haya cambios en la Junta Política y de Gobierno y la Mesa Directiva del Congreso local que ayuden a un mejor desarrollo del trabajo legislativo.
De acuerdo a la versión extraoficial de algunos diputados, la falta de acuerdos en las nuevas designaciones del Congreso ha provocado que una vez más se entrampen las negociaciones para nombrar al titular de la ESAF y al nuevo comisonado del IMIPE.
A pesar que la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, informó que a más tardar este 12 de julio se concretarían dichos nombramientos, todo parece indicar que podría postergarse.
Mientras tanto, ayer la Junta Política y de Gobierno cerró el registro de aspirante a comisionado del IMIPE, con 20 ciudadanos que se enlistaron en el proceso.

Aprobarían hoy leyes en materia de seguridad
A pesar del jaloneo político por los órganos de control en el Congreso del estado, los legisladores acordaron aprobar hoy en sesión ordinaria los dictámenes para crear varias leyes: la de videovigilancia; la que busca regular el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad; la de Empresas de Seguridad  Privada; y una reforma al Código Penal del estado para endurecer las penas en contra de quienes cometan el delito de extorsión.
El diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso, aseguró que dichas propuestas emanadas del Poder Ejecutivo no serán "monedas de cambio" por las negociaciones al interior del Congreso, pues aseguró que la mayoría de los diputados hicieron el compromiso de avanzar en el tema de la seguridad pública, por lo que consideró que hoy serán aprobadas por el Pleno. 

Diputado niega que haya fractura en el Pleno legislativo.

A seis días de que concluya el primer año legislativo de la LIV Legislatura, diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido Encuentro Social (PES), del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Humanista (PH) se reunieron a puerta cerrada con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, en medio de las negociaciones para la renovación de los órganos de control del Congreso del Estado. 
El encuentro se llevó a cabo en la residencia oficial del gobierno del estado y duró más de tres horas.

De manera extraoficial también se informó que se revisaron las designaciones que deberá concretar el Poder Legislativo esta semana del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

A pesar que hasta hace unos días en el Congreso del estado existía un grupo mayoritario de 14 legisladores (G14), en la reunión con el mandatario estatal no estuvo presente la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) y actualmente presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien busca ser ratificada en el cargo para el segundo año legislativo o bien encabezar la Mesa Directiva. 
Previo al encuentro, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier García Chávez, confirmó que Morena buscará la presidencia de la Mesa Directiva o de la Junta Política y de Gobierno, pues aseguró que como fuerza mayoritaria le corresponde estar al frente de un órgano de control.
Sin embargo, el legislador rechazó que haya una fractura en el G14, y aseguró que lograrán acuerdos, aunque se requiera de un período extraordinario.
En tanto, el PES también busca permanecer al frente de uno de los dos órganos de control, de ahí la disputa iniciada y que ha causado una nueva fractura al interior del Congreso del Estado. 

La comisionada presidenta del IMIPE señaló que Yautepec es el único municipio de la región que cumplió con las verificaciones del periodo 2015-2017.

Cuautla.- A fin de contar con información adecuada referente al trabajo que han realizado los municipios en materia de transparencia en su información, Mireya Arteaga Dirzo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), dio a conocer que los rubros de gasto público y recursos humanos son los que mayormente se incumplen por parte de los sujetos obligados.

Dijo que de acuerdo con las verificaciones que se han realizado de las obligaciones de transparencia comprendidas en el periodo 2015-2017, de los 17 municipios que comprenden la región oriente y los Altos de Morelos, únicamente el municipio de Yautepec ha cumplido totalmente con esta información.

Señaló que a diferencia de otros órganos garantes de la república, en el estado de Morelos se revisa el cumplimiento del 100 por ciento de las obligaciones y no sólo en forma de muestra o aleatoria.

De la misma manera, la funcionaria refirió que tras haber concluido el segundo periodo de capacitaciones del sistema Infomex y Protección de Datos Personales, se tuvo la participación de ocho municipios, se determinó que aún persiste el desconocimiento de la ley, tanto en materia de transparencia como de datos personales.

Por lo anterior, Arteaga Dirzo agregó que se trabajará en este tenor para que no exista mal información por parte de las autoridades municipales y un entendimiento total por parte de la ciudadanía.

Asimismo, mencionó que en lo que va de este año se han recibido 989 solicitudes de recursos de revisión. Al respecto, Tepoztlán, Tlayacapan, Cuautla y Yautepec son los municipios que más han solicitado dicho proceso con 211, 13, 12 y nueve, respectivamente.

Aunado a esto, agregó que el IMIPE ha buscado tener una mayor cercanía tanto con los sujetos obligados como con la
sociedad en general, con la finalidad de regionalizar la atención mediante la propuesta de la instalación de una oficina en la zona.

Finalmente, la comisionada presidenta del IMIPE confió en que trabajando de manera cercana con los ayuntamientos y con la sociedad en general mejorarán las condiciones en materia de información y transparencia por parte de los sujetos obligados para que, de esta manera, la información sea transparente y se encuentre al alcance de la población.

A ver si así cumplen con la ley de transparencia.

Jojutla.- Debido a que los municipios son los sujetos obligados que menos cumplen con las obligaciones de transparencia, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) anunció que desarrollará un proyecto para instalar oficinas en diferentes regiones del estado de Morelos para estar más cerca de ellos y puedan cumplir.

“Hoy en 2019, nos damos cuenta de que los ayuntamientos no están haciendo entrega de las obligaciones de transparencia, y de esta opacidad, estamos en un proyecto con el gobierno del estado, en el que, primero, vamos a realizar visitas a cada uno de los ayuntamientos para regionalizar al instituto, que haya oficinas en diferentes regiones, para que estemos más cerca de los ayuntamientos”, declaró la comisionada del IMIPE Dora Ivonne Rosales Sotelo.

Señaló que estar cerca de los municipios, permitirá además, hacer las verificaciones y capacitar mejor a los ayuntamientos, que ya no tendrán que ir a Cuernavaca.

Señaló que actualmente, el gobierno del estado está realizando visitas a todos los ayuntamientos para trabajar en conjunto sus necesidades y el IMIPE se sumará a estas visitas, en donde aprovechará para conocer cómo van con sus obligaciones de transparencia, si ya nombraron al titular que estará vinculado con el IMIPE, y también  cómo van en el sistema en seguridad de datos personales.

Pero además, plantearán la necesidad de un espacio físico para instalar sus oficinas.

Dijo que cuando tengan un diagnóstico, revisarán tanto con el gobierno del estado como con cada municipio, quién les puede otorgar un lugar en comodato, para instalar oficinas del IMIPE.

“El objetivo es el acercamiento con todos los sujetos obligados, con los municipios y darle el seguimiento a las obligaciones de transparencia, de archivos y datos personales”.

Interrogada acerca de si cuenta con presupuesto para todo este proyecto, respondió que por una parte, el IMIPE cuenta ya con finanzas saneadas, no tienen pasivos, y por otro lado, contarán con el apoyo del programa “jóvenes construyendo el futuro”.

Reconoció que por el momento, no saben cuántas oficinas regionales tendrán, debido a que necesitan saber en dónde les pueden conceder espacios para instalarse.

“Esperamos que el gobierno del estado nos pueda apoyar con la infraestructura, ya platicamos con ellos y sí hay posibilidades”.

Nombramientos en ESAF e IMIPE también se realizarán dentro del presente periodo ordinario, anticipa Tania Valentina Rodríguez.

El 12 de julio próximo , los diputados locales desahogarán la carga de trabajo que arrastran desde el año pasado, incluidos los nombramientos del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), aseguró la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 
En entrevista, la legisladora local refirió que también se aprobarán más de 11 dictámenes de iniciativas de reformas legales que propusieron sus homólogos, además de las propuestas que planteó el Poder Ejecutivo en materia de seguridad.
Para ello, señaló que este miércoles 3 de julio recibirán el paquete de iniciativas del Poder Ejecutivo, que plantean la creación de las leyes de Videovigilancia y la que regulará el uso de tecnologías para seguridad pública. 
La diputada afirmó que dichas propuestas son de prioridad, por lo que se pretenden aprobar en este periodo ordinario y no en un extraordinario para el mes de agosto, como plantearon algunos legisladores. 
"Vamos a trabajar lo más que se pueda para sacar los rezagos legislativos y dejar este periodo legislativo con los temas más importantes resueltos, iniciativas que valen la pena, iniciativas de seguridad, vamos a trabajar a marchas forzadas y (que) no haya período extraordinario", manifestó. 

El Congreso local todavía tiene abierta la convocatoria.

Jojutla.- El hecho de que desde el 8 de junio haya vencido el periodo de uno de los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y no haya sido designado su relevo, no afecta las funciones de la institución, aseguró la comisionada presidenta del organismo, Mireya Arteaga Dirzo.

La funcionaria señaló que el pasado 8 de junio venció el plazo de Víctor Manuel Díaz Vázquez como comisionado del IMIPE, pero el Congreso aún no determina quién será su sustituto, incluso la convocatoria está abierta hasta el 10 de julio.

“Siempre hubo continuidad por parte del Congreso; hoy los diputados midieron sus tiempos de modo diferente y está abierta la convocatoria”, señaló.

No obstante, aseguró que para no parar las actividades y tener retrasos, las dos comisionadas (ella y Dora Ivonne Rosales) continúan con las actividades.

“Acordamos que en el tema de las ponencias, desde la presidencia se van a estar tomando los asuntos de la ponencia para llevarlos al pleno y votarlos”, dijo.

Arteaga Dirzo –quien ya fue presidenta del organismo– señaló que por ley, cada dos años se debe hacer rotación y ahora nuevamente ella ocupa el cargo, en el último año que le queda.

Interrogada acerca de si el excomisionado Víctor Manuel Díaz Vázquez podría participar nuevamente para ser comisionado, consideró que sí.

“La ley establece que no puede haber reelección, pero cuando te sometes a nuevo concurso no hay reelección, sino una nueva participación, y en esa condición, puede hacerlo. Pero el poder legislativo determinará lo conducente”, detalló.

Precisó que el recurso destinado al comisionado faltante tendrá que ser redirigido a otros aspectos del instituto, hasta que llegue el nuevo integrante.

Finalmente reconoció que siguen pendientes de resolución los dos nombramientos que hizo la legislatura pasada, que amplió de tres a cinco los comisionados, pues todavía no se resuelven los amparos a los que recurrieron los recién nombrados.

La SCJN mandata al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para subsanar en el próximo periodo ordinario de sesiones los vicios detectados en la ley local.

Lo anterior, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 38/2016 y su acumulada 39/2016, promovidas por la otrora Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que demandaron la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 27 de abril de 2016.

Ambas instituciones plantearon la inconstitucionalidad de la norma local por invasión del ámbito de competencia reservado exclusivamente al Congreso de la Unión y la violación al principio de certeza jurídica por cuanto hace a los medios de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información.

De acuerdo con la resolución, cuyo proyecto estuvo a cargo del ministro Eduardo Medina Mora, se declaró la constitucionalidad de varios artículos de la ley de transparencia, pero a la vez se invalidaron diversas porciones normativas de los mismos referentes a los plazos de tramitación, notificación, respuesta y vencimiento de los recursos de revisión.  

También se invalidó el artículo 126, párrafo cuarto, en la porción normativa que dice: “el organismo garante, al resolver el recurso de revisión, podrá excepcionalmente divulgar los datos personales (de un particular), siempre que realice una valoración y emita una resolución debidamente fundada y motivada”.

“En caso de determinarse la publicidad de la información, la resolución deberá explicitar las razones por las que se afirma que los beneficios sociales de divulgar la información serán mayores a la eventual afectación de los intereses de los particulares”.

El Pleno, por mayoría de votos, declaró la existencia de la omisión legislativa respecto del artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Por ello, condenó al Congreso del Estado de Morelos a que en el siguiente período ordinario de sesiones legisle en cuanto a la omisión legislativa relativa respecto del artículo 118 de la ley en la materia, “en el sentido de que no contemple el supuesto establecido en el artículo 143, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la orientación a un trámite específico, así como la posibilidad de que la respuesta de los sujetos obligados como resultado de la resolución a un recurso de revisión interpuesto en contra de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos legalmente previstos en el artículo 143, fracción VI de la ley general, pueda volver a impugnarse a través del recurso de revisión”.

Un trabajo de coordinación es el que estableció el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), al sostener una reunión de acercamiento con la titular del organismo, Mireya Arteaga Dirzo.
El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, expresó que existe el firme compromiso de cumplir con lo que marca el quinto eje rector del Plan Estatal de Desarrollo del gobierno estatal, que es el de Transparencia y Rendición de Cuentas, mediante el cual se busca tener una relación estrecha con la sociedad.
En la reunión, donde estuvieron los secretarios de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, y de Contraloría, César Santana Nava, Arteaga Dirzo destacó la apertura del gobierno del estado para realizar dicho encuentro, el cual es un punto de partida de lo que será el cumplimiento cotidiano del Poder Ejecutivo en temas de transparencia y garantiza el derecho de acceso a la información.

Para la designación de ombudsman cada grupo parlamentario tiene su candidato; no hay consensos.

Anularon los nombramientos que hizo la anterior legislatura, pero quieren que se ocupen ambos espacios.

La diputada Rosalina Mazari dice que no es necesario que haya cinco comisionados en dicho órgano.

El Congreso del estado emitirá una convocatoria para designar a dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), espacios que creó la LIII Legislatura -a unos días de concluir- para colocar a sus familiares en puestos públicos, así lo confirmó la diputada del Partido del Trabajo (PT), Erika García Zaragoza. 
Los diputados que integran la LIV Legislatura anularon el pasado 13 de septiembre los nombramientos de Roberto Yáñez Vázquez, padre del exdiputado del Partido Social Demócrata (PSD), Julio Yáñez Moreno, y de Marco Antonio Alvear Sánchez, quien fue asesor del legislador expriista Mario Chávez Ortega, en cumplimiento de una orden judicial. Sin embargo, dejaron vigente la reforma constitucional que permitió incrementar de tres a cinco el número de comisionados del IMIPE. 
A pesar de que los comisionados designados por la pasada Legislatura se ampararon en busca de su restitución en el cargo, la legisladora Erika García confirmó que se busca ocupar dichos espacios y próximamente se emitirá la convocatoria para el registro de aspirantes, con previa autorización de la Junta Política y de Gobierno. 
Al respecto, la diputada priista Rosalina Mazari Espín consideró que se debe analizar a fondo dicha determinación, toda vez que contar con cinco comisionados en lugar de tres en el IMIPE sólo significará una carga más para el erario público. 
Señaló que lo correcto sería abrogar la reforma constitucional y dejar la estructura del órgano de transparencia como hasta antes de agosto del 2018.

En materia de transparencia y rendición de cuentas.

Jojutla.- Con el objetivo de cumplir con el derecho de acceso a la información pública de todas las personas, por petición del presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, funcionarios del Ayuntamiento recibieron un curso de capacitación sobre “Las obligaciones de Transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia y el uso del Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

La capacitación fue impartida por Regino García Lozano, de la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

Durante el curso se dieron a conocer los nuevos lineamientos técnicos generales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, así como las obligaciones comunes y específicas de los sujetos obligados.

Al respecto, Antonio Iturbide Salgado, Responsable de la Unidad de Transparencia en el municipio, comentó que por instrucción del alcalde Juan Ángel Flores, se pretende fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, a través del conocimiento y aplicación de la ley en mención.

Durante la capacitación estuvo presente Carlos Brito Ocampo, Regidor de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

La capacitación tuvo el objetivo de dar a conocer las actualizaciones de la plataforma y el manejo de la información que se ingresa.

Jojutla.-  El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) impartió el taller de capacitación “Las obligaciones de Transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia y el uso del Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)”, dirigido a servidores públicos del gobierno municipal de este lugar.

Carlos Brito Ocampo, regidor de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, informó que este taller atendió el tema de actualización sobre el manejo, uso, edición y modificación de la información que se ingresa a la plataforma de transparencia, que cuenta con un nuevo formato.

La capacitación fue impartida por Regino García Lozano, de la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia del IMIPE, quien dio a conocer los nuevos lineamientos técnicos generales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, así como las obligaciones comunes y específicas de los sujetos obligados.

Al respecto, Antonio Iturbide Salgado, responsable de la Unidad de Transparencia en el municipio, comentó que por instrucción del alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores, se pretende fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, a través del conocimiento y aplicación de la ley en mención.

Por su parte, el regidor Carlos Brito Ocampo comentó que son varios titulares de las unidades administrativas los que están obligados a subir información a la plataforma. “Por ello, esta capacitación se extendió a distintos funcionarios de la administración municipal, a fin de que conozcan la plataforma, los documentos, formatos que deben de utilizar, a fin de que conozcan el llenado de estos formatos”, añadió.

El 11 de junio de 2015 el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) presentó a través de su secretario ejecutivo una denuncia en la Fiscalía General de Morelos por el probable delito de peculado, en el que 2.7 millones de pesos que fueron erogados de enero a diciembre de 2014 no tenían sustento ni comprobantes fiscales.

El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas solicitó al IMIPE copia de esa denuncia. Le informaron que la misma estaba clasificada como confidencial por contener datos personales “cuya difusión vulneraría el derecho a la intimidad, el honor, el crédito y el prestigio de una persona, así como generar desprestigio de las personas señaladas como indiciadas”.

Después de varios intentos, una copia de la denuncia fue entregada a los solicitantes aunque testándole los datos que ellos consideraban no debían ser públicos. 

Está resolución que permitía al IMIPE clasificar la información, fue impugnada por el organismo solicitante ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El pasado 3 de abril, el INAI por mayoría de sus comisionados resolvió que el IMIPE debe modificar su respuesta valorando conforme a la ley qué sí puede clasificar y qué no, además de que deberá proporcionar información sobre el estado de la investigación y denuncia.

“Valoramos que este caso de probable corrupción en 2014 no debe quedar impune, más aun tratándose de una institución que participará en el Sistema Anticorrupción y que es garante de la transparencia”, comentó Roberto Salinas, representante de Morelos Rinde Cuentas.

Ahora bien, ¿qué dice la denuncia?

Está dirigida a la Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y la firma el licenciado Guillermo Arizmendi García en su calidad de apoderado legal del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

“Que vengo mediante el presente escrito, con fundamento en los artículos 227 párrafo primero, 228, 229, 231, 232 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, a formular denuncia y/o querella por hechos cometidos en perjuicio de mi representada, y que considero constitutivos del delito de Peculado y/o lo que resulte, en contra de (TESTADO) y/o quien resulte responsable, quien puede ser localizado en el domicilio ubicado en (TESTADO), Cuernavaca Morelos”.

En el documento señala que el IMIPE es un órgano constitucional autónomo, y que con fecha 16 de enero el Pleno del Consejo del IMIPE aprobó el presupuesto de Egresos para ese año.

“En sesión de fecha 4 de febrero de (TESTADO) mediante el acuerdo número 25, el Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aprobó por unanimidad de votos la contratación de la ciudadana (TESTADO) como auditora Externa, para realizar una auditoría externa detallada al área administrativa a efecto de determinar el resultado de la gestión financiera, verificar si se ha ajustado los criterios señalados en el presupuesto aprobado conforme a las disposiciones aplicables, así como justificar el cumplimiento del programa operativo anual y sus objetivos en cada área por lo que respecta al soporte del ejercicio fiscal así como los documentos que contengan las cuentas públicas presentadas derivadas del ejercicio (TESTADO) a la fecha”.

El 16 de abril  (se entiende que de 2015 aunque el IMIPE se empeña en ocultar el año en que ocurrió el hecho), la contadora dio a conocer en sesión de Pleno las irregularidades detectadas en el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de (TESTADO).

“Las irregularidades detectadas en la contabilidad del IMIPE, consisten en la expedición de diversos cheques de la cuenta 65501572567 del Banco Santander, cuyo titular es el IMIPE, así como transferencias bancarias en línea y depósitos realizados por el ciudadano (TESTADO) de la cuenta del IMIPE a su cuenta personal número (TESTADO) de la institución bancaria Santander; disposiciones por un monto total de 2,784,825.83 (dos millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos veinticinco 83/00) Con motivo de lo anterior, se hicieron constar diversos conceptos en las correspondientes pólizas de egresos, sin contar con la factura o comprobante correspondiente que justifique los pagos y depósitos realizados, es decir, el detrimento patrimonial deriva de diversos conceptos de gastos no comprobados”.

Aunque la denuncia está llena de rayas negras que cubren lo que según ellos no debe ser público, se deduce que es un varón y que ocupaba el cargo de coordinador, y si tenía a su cargo el manejo de los dineros se intuye que era un coordinador de administración o finanzas.

Y su jefe era el doctor Víctor Díaz Vázquez, presidente del IMIPE durante ese periodo. 

Los tres comisionados del IMIPE se lavan las manos al aprobar por unanimidad la propuesta de presentar una denuncia contra el funcionario, pero quedan muy mal parados al resistirse a sacar a la luz pública el nombre del responsable del mal uso de esos casi tres millones de pesos y las circunstancias específicas en que se dio el delito.

¿Cuánto representa 2.7 millones de pesos? Una  bicoca en comparación con el presupuesto del IMIPE o de todo el gobierno estatal.

Pero lo grave es que esto ocurra dentro de un organismo que debe ser ejemplo de transparencia y honestidad.

Por otra parte, nadie se puede explicar por qué a casi cuatro años de distancia la Fiscalía General no ha judicializado la carpeta, si ya se tiene bien definido que el dinero que salía de la cuenta de la institución gubernamental, era canalizada a la cuenta personal del desleal empleado.

¿Qué más necesita saber o demostrar el fiscal Uriel Carmona para solicitar la orden de presentación correspondiente? ¿Están esperando a que prescriba el delito?

HASTA MAÑANA.

Factores externos y circunstancias atípicas hicieron que en los últimos dos años en Morelos el “derecho a saber” haya atravesado por sus peores momentos, con instituciones gubernamentales que disfrutaron de la opacidad  propiciada por la transición normativa y con un órgano garante (el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística), entrampado y cuestionado, en manos de la persona que menos experiencia tiene en este rubro, la psicóloga Dora Ivonne Rosales Sotelo.

"La UAEM busca que se respete la autonomía pero está en la mejor disposición, para que en el momento que sea necesario, transparentar todos sus procesos administrativos y financieros para brindar confianza y certeza a la sociedad a la que se debe", dijo José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), durante la firma de convenio entre la máxima casa de estudios y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

En el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el secretario académico dijo que "la UAEM es aliada tanto de la parte pública como de la empresarial y sociedad civil porque tiene la capacidad para dar soluciones a muchas problemáticas, por lo que este convenio es una aplicación inmediata para capacitar a los servidores públicos y ciudadanos, en las herramientas para ejercer derechos y obligaciones de la rendición de cuentas y el acceso a la información pública de una sociedad más democrática”.

El convenio entre UAEM e IMIPE es para generar capacitación en temas del acceso a la información, mediante diplomados, servicio social para los estudiantes universitarios, capacitación a servidores públicos y ciudadanos en general.

Dora Ivonne Rosales Sotelo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, dijo que el convenio busca formar agentes de cambio en el acceso a la información como una práctica del buen gobierno, adquirir habilidades y de manera pedagógica transmitir a toda la ciudadanía las herramientas para ejercer su derecho a la información pública de los sujetos obligados.

Como parte de este convenio, se impartirá de manera conjunta la segunda edición del diplomado de "Transparencia y Acceso a la Información Pública", que tiene como propósito la capacitación mediante el estudio de los archivos gubernamentales para garantizar el ejercicio del derecho a la información pública de forma organizada y sistematizada, mediante una colaboración horizontal entre gobierno y ciudadanos.

El IMIPE pone en marcha una campaña de protección de datos personales.

Tlaltizapán.- Los menores de edad están vulnerables a delitos como el secuestro y la extorsión debido a que no saben cómo manejar sus datos personales; por ello, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), en coordinación con otras instituciones, ayer puso en marcha, en la Escuela Segundaria “Lázaro Cárdenas” de esta localidad, el programa “Juntos nos cuidamos” para sensibilizarlos sobre el tema.

El integrante del área de Comunicación Social del IMIPE Adolfo Torres Salazar señaló que se trata de una campaña de sensibilización para generar la cultura de protección de datos personales.

“Es una campaña que avanza hacia la sensibilización del cuidado, pero sobre todo, del manejo de las redes sociales en menores de edad. A partir de los 12 años en adelante, los menores tienen la autorización y permiso de sus padres para poder utilizar las redes sociales. Esto es un foco rojo porque muchas veces no saben de los riesgos que tienen, por los contenidos que están subiendo a las mismas redes”, explicó.

Agregó que durante esta campaña se estará dando un catálogo de diez recomendaciones a los menores, que incluyen no compartir su ubicación, no informar acerca de quiénes son sus familiares, no publicar fotografías íntimas y que los padres o tutores tengan vigilancia permanente sobre cómo utilizan sus redes sociales, entre otras.

Torres Salazar comentó que la campaña será permanente, junto con otras paralelas, para hacer conciencia entre los niños.

Aseguró que ya se han dado casos, incluida esta región, de intentos de secuestro o extorsión, debido a que los criminales obtienen información personal de sus cuentas en redes sociales.

“Son mayores que se hacen pasar por menores de edad para extraer información, incluso de contenido sexual. Tenemos indicios en donde menores han estado a punto de ser secuestrados, por falta de cultura y conocimiento de este tipo de temas”, mencionó.

Finalmente, señaló que de acuerdo con el INEGI, en nuestro país los niños usan redes desde los ocho años de edad y el 80 por ciento de la población infantil tiene un dispositivo móvil –tableta o computadora– con fines académicos, pero que utilizan para acceder a las redes sociales.