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Detectan presuntas irregularidades en el manejo de recursos por cuando menos 300 millones de pesos de un supuesto fondo de pensiones.

Rindieron protesta los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana que se encargará de instalar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción rindieron protesta ante diputados locales, a ocho meses de que fueron designados por la Comisión de Selección. 
Los cinco representantes -Alejandro Enríquez Hermidas, María Juana Herrera Mota, Edgar López Betanzos, Penélope Picazo Hernández y Roberto Esquivel Coránguez- fueron vinculados con el gobierno de Graco Ramírez, ya que la Comisión de Selección (cuyos integrantes fueron electos por la LIII Legislatura) los designó tres días antes de que concluyera la administración pública estatal pasada.
Al respecto, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz los exhortó a demostrar con trabajo que son los indicados para ocupar dicha representación ciudadana. 
"Están a prueba, empodérense... quítense, con su trabajo y con resultados, el estigma de haber sido electos en la parte final de un gobierno que nos antecedió y dejó mucho que desear en lo que será precisamente su materia", manifestó la coordinadora del Partido del Trabajo (PT). 
El Comité se encargará de instalar el Sistema Estatal Anticorrupción, mediante un comité coordinador y el Sistema de Fiscalización. 
También se revisará el trabajo de las instancias que integran el sistema y de calificarlo, para que se cumpla con el objetivo de abatir la corrupción. 
Por ello se encargará de recibir las denuncias de ciudadanos en contra de funcionarios o ex servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción. 
El Sistema Estatal Anticorrupción por fin podrá operar luego de más de cuatro años de que se creó la primera legislación para su operación. Sin embargo, la integración del comité antes citado ha estado judicializada desde hace tres años. 

El exgobernador pagó con obras la complicidad del dirigente del Nuevo Grupo Sindical.

Bulmaro Hernández Juárez aprovechó con creces su amistad con el hijo del gobernador y ex presidente del PRD Morelos, Rodrigo Gayosso y con Ramírez Garrido Abreu, quien colocó a las huestes del Nuevo Grupo Sindical en las obras realizadas con recursos del estado y de la Federación, la mayor parte de las cuales fueron utilizados para sustraer de manera fraudulenta el presupuesto, como en el caso de la infuncional nueva sede del Congreso de Morelos, que fue asignada directamente a la empresa del sobrino del ex procurador general de la república, Murillo Karam,  “en la no menor suma de 378 millones de pesos”, señaló una de las personas implicadas en la operación.

Rodrigo Gayosso mantuvo mucha cercanía con Bulmaro Hernández, quien en el 2015, consolido su amistad al convertirse en el hombre más cercano de operadores políticos del ex líder del PRD estatal, lo que le permitió lograr la mayor cercanía con el ex secretario de Gobierno y ex candidato a la alcaldía de Cuernavaca, Jorge Messeguer Guillen, que pese al gasto exorbitante de recursos estatales no logro ganar la contienda electoral, pues fue barrido del escenario por el ídolo nacional Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien tres años después sepultó las aspiraciones completas de Gayosso y Hernández Juárez, a pesar de que este último fue el encargado de obstruir y bloquear la administración municipal del ex futbolista, bajo las órdenes de sus dos patrocinadores, el ex gobernador y su hijastro.

El líder del hoy agonizante NGS sumó su huella de corrupción en las grandes obras de infraestructura que anunciaba el anterior gobierno y que al final fueron un fiasco, ya que se pagaron y nunca se completaron o quedaron con graves defectos constructivos, pues en realidad solo se asignaron de manera discrecional fuertes sumas de recursos federales o procedentes de créditos bancarios para la construcción, rehabilitación y compras de bienes inmuebles a empresas de amigos de Rodrigo Gayosso, que hizo normal entregar sumas de 400 millones de pesos, lo que tiene en graves problemas financieros a la entidad.

Los involucran en la construcción de una planta de separación de desechos que no se construyó.

Empresarios están preocupados por el destino de 150 millones de pesos del Fitur y del Fidecomp.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que se revisará el destino que el gobierno que encabezó Graco Ramírez dio a los recursos financieros que pertenecían a los Fideicomisos para la Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) en el periodo de enero a septiembre del 2018.
Durante una reunión que la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) sostuvo con empresarios del estado, éstos le manifestaron su incertidumbre por los más de 150 millones de pesos que desaparecieron el año pasado, cuando la LIII Legislatura determinó desactivar los fideicomisos antes mencionados. 
Rodríguez Ruiz informó que esta semana presentará ante la Secretaría de Hacienda del estado un informe sobre los fondos de los fideicomisos y en qué se usaron, pues se trata de recursos que se obtuvieron del pago que realizan los empresarios de los impuestos sobre la nómina y sobre el hospedaje. 
Dentro de la solicitud, la legisladora dijo que también pedirá un informe a Hacienda del monto recaudado en lo que va de este año por el cobro de dichos impuestos. 
"Solicitarle información al secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, que informe cuánto se recaudó, cuánto se está recaudando en este primer bimestre, no solamente de las aportaciones de la parte empresarial, sino también nómina, de balnearios y hoteles... Queremos saber cuánto se ha recaudado y en qué se ha utilizado. Creemos importante esta información y que se conozca en la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado e informar a los grupos empresariales", agregó. 
La diputada apuntó que las reuniones con empresarios continuarán, a fin de trabajar en reformas de ley que requiera la iniciativa privada. Es que de acuerdo con Rodríguez Ruiz, empresarios de la industria textil manifestaron su inquietud por la falta de apoyos financieros. 

Presumen que los recursos no fueron destinados a la FGE.

El gobierno estatal investiga en qué se aplicaron cerca de 80 millones de pesos que desaparecieron cuando la LIII Legislatura desactivó el Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), pues se presume que fueron desviados por la administración que encabezó Graco Ramírez. 

Luego que el Fidecomp fue reactivado, el director de dicho fideicomiso, Juan Diego Pons Díaz de León, informó que a petición de los empresarios del estado se inició dicha investigación, ante la presunción de que los fondos no se aplicaron para la Fiscalía General del Estado, como se dispuso en el decreto de reforma a la Ley General de Hacienda que aprobaron los integrantes de la LIII Legislatura en julio del año pasado. 

De acuerdo con Pons Díaz de León, los representantes de la iniciativa privada solicitaron dicha revisión, pues se trata de recursos que pagaron a través de la contribución que hacen a Hacienda del gobierno estatal del Impuesto Sobre la Nómina (ISN). 

Refirió que el tema será revisado en la próxima reunión del Fidecomp, ya que lo que se ha solicitado al gobierno estatal es que se aclare sobre el ejercicio de los recursos financieros que suman aproximadamente 80 millones de pesos. 

"Se dejaron de apoyar a bastantes programas, por ejemplo, se puso en jaque a lo que es el Fifodepi, que es el fondo de los empresarios, el de jóvenes emprendedores, el de Orgullo Morelos, todos esos estaban tambaleando", explicó el director del Fidecomp. 

Con respecto del presupuesto que ejercerá este año el Fidecomp para el apoyo a nuevos empresarios y a quienes están establecidos, será de aproximadamente 150 millones de pesos. 

El secretario de Hacienda señala que al pago de pensiones se destinan 600 millones de pesos por año y que en otras legislaturas hubo aprobaciones indebidas.

Los diputados locales deberán investigar un "sinnúmero" de "jubilaciones doradas" que fueron autorizadas de manera irregular en legislaturas pasadas y que causan un grave daño al erario público, afirmó el secretario de Hacienda estatal Alejandro Villareal Gasca. 
De acuerdo con el funcionario estatal, el gobierno del estado asume el costo de un gran número de jubilaciones que se aprobaron en la ilegalidad, además de las que aprobó la LIII Legislatura para favorecer, principalmente, a ex funcionarios de la administración que encabezó el ex gobernador Graco Ramírez. 
“Hay jubilaciones, no sólo las aprobadas en la última legislatura, es un tema que hay que resaltar, hay administraciones municipales que otorgaron documentos apócrifos en el sentido de autorización de plazas, montos y tiempos de trabajo. Es un tema que también estamos revisando. Es un sinnúmero que, insisto, no sólo se aprobaron por la legislatura anterior sino la de otros años", dijo el secretario. 
Villarreal Gasca comentó también que la LIV Legislatura debe investigar sobre esas pensiones onerosas, ya que también fueron autorizadas con documentos falsos, que otorgaron administraciones municipales pasadas y mediante un proceso legislativo irregular. 
“Uno de los principales municipios fue Huitzilac, tenemos registrado un sinnúmero de documentos autorizados por administraciones anteriores, donde se decía que había trabajado, pero también en la zona sur tenemos otros más”, agregó. 
Explicó que para el pago de las jubilaciones a trabajadores en retiro, el estado destina 600 millones de pesos de su presupuesto anual, lo que significa una grave carga. 
“Es un golpe a los recursos de los ciudadanos, esto no puede prevalecer. Tenemos la información de que la Secretaría de la Contraloría está haciendo algunas revisiones", agregó. 
En otro tema, refirió que se prevé una recaudación de 320 millones de pesos con la aplicación del programa vehicular, recursos que se destinarán al pago de deuda heredada por otras administraciones públicas estatales. 

La resolución judicial echa abajo la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos meses la magistrada presidenta del TSJ, María de Carmen Cuevas López.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, deberá cumplir la sentencia emitida por un juez federal contra la omisión de concluir el concurso para ocupar 18 plazas de juez de primera instancia y dos plazas de juez menor, y las vacantes que surjan durante el concurso. Así lo aseguró el abogado Jorge Luis López Flores, quien señaló que el día 3 de abril del presente año, el juez noveno de distrito en el estado le concedió el amparo y protección de la justicia federal.
Aseguró que la resolución echa abajo la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos meses la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María de Carmen Cuevas López, acción que fue denunciada por diversos grupos de abogados de Morelos, tras considerar que no sólo no fueron sometidos a un concurso de oposición, sino que los nuevos juzgadores son familiares o allegados de varios magistrados, y se discriminó a litigantes y personas con carrera judicial.
El litigante señaló la omisión por parte de la comisión que administra al Tribunal Superior de Justicia, la cual está conformada por la propia Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz, quienes desde finales de 2017 han dejado sin concluir el concurso para nombrar jueces, que marca tres etapas, de las cuales sólo se realizaron dos de ellas, destacando que en mayo del año 2017, el Consejo de la Judicatura declaró desierta la primera convocatoria, debido a que el 99% de los aspirantes a juez no alcanzó la calificación mínima requerida de 8 en el examen de conocimientos; por lo tanto, estaban impedidos para pasar a las siguientes etapas del concurso de oposición. En esta fallida convocatoria, el TSJ asegura haber invertido 600 mil pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP).

El abogado López Flores, candidato a juez, señaló que deberá analizarse si dichos nombramientos están en el marco legal, o si se infringieron las bases del concurso, al citar -como ejemplo- el nombramiento como juez de primera instancia de Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y excolaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.
El proyecto de sentencia otorgado por el juez noveno de distrito en el estado ordena al Tribunal Superior de Justicia reponer el proceso de designación de jueces al que convocó el extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, por lo que dicha comisión deberá publicar la lista de los aspirantes que aprobaron la segunda etapa del concurso y que acceden a las etapas finales del mismo, lo que abonará en beneficio y credibilidad del tribunal de justicia, que está muy desgastada -dijo- por la mala gestión y contubernios de Cuevas López con el exgobernador Graco Ramirez.

Detectan trama financiera presuntamente para desviar recursos públicos por un monto aproximado de 500 millones de pesos.

El dirigente del Nuevo Grupo Sindical es investigado por el incumplimiento en la ejecución de obra pública, que recibió como pago por sus acciones para desestabilizar al ahora gobernador

Acusan a Amado Orihuela Trejo de intentar la desaparición del sindicato con la afiliación de tres mil trabajadores.

“La ley en la materia es muy clara, para formar un sindicato basta contar con la adhesión de 25 trabajadores, y, en el caso del sindicato de cortadores de caña del Ingenio Emiliano Zapata, de Zacatepec, son casi 80 los que lo integran, por eso se entregó la toma de nota, sin embargo, intentan sembrar un padrón de tres mil cortadores más para buscar revocarlo”, indicó Isauro Molina Nava, asesor de esa organización sindical.

El líder sindical Fructuoso acosta Pérez dijo: “Estuvimos al tanto de una visita que hace unos días hizo Amado Orihuela Trejo, quien sigue manejando al sector cañero en la región sur, a la Secretaría del Trabajo, para buscar desactivar al sindicato”.

Agregó que “por lo que pudimos saber, presentó un padrón de tres mil cortadores de caña, mismo que sin aval nuestro fue agregado al expediente y ahora nos exigen que nosotros probemos que todos ellos forman parte de nuestra organización, lo cual es una chicanada”.

Destacó que ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), el sindicato de cortadores es legal, porque se cumplieron todos los requisitos de ley solicitados, “por lo tanto, no necesitamos validar a esos tres mil agremiados y se combatirá por la vía legal todo intento de sabotaje”, indicó.

Recordó que el movimiento surgió como instrumento de defensa por derechos pisoteados a los cortadores en prestaciones laborales como el aguinaldo, prima vacacional, derecho al seguro social y salario digno.

“Los compañeros viven en la miseria, la insalubridad, y estamos hablando de familias con hijos pequeños, que están hacinadas en galeras, que –además- no han sido reparadas después de los daños sufridos por el terremoto del 2017”, abundó.

“Son muchos años de explotación que representan demasiados millones de pesos en reparación de daños y a eso le tienen miedo”, consideró Acosta Pérez, “y el principal beneficiado de todas esas injusticias ha sido Orihuela Trejo; a ello debe su fortuna”.

“El gobierno actual no tiene por qué protegerlo. Sólo hay que recordar que en las elecciones a gobernador del año pasado, operó electoralmente a favor de Rodrigo Gayosso Cepeda -hijastro del exgobernador Graco Ramírez-, quien aspiraba al cargo”. Pero además, insistió, no hay ningún elemento legal para que se revoque la entrega de la toma de nota y ya la defensa jurídica trabaja para evitarlo, advirtió el líder sindical.

La directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, informó que la carpeta de investigación iniciada en contra del exgobernador Graco Ramírez, por la contratación de un crédito por 600 mil pesos de manera ilegal, fue judicializada por la Fiscalía Especializada en el Combate contra Hechos de Corrupción (FECHC). 
La funcionaria estatal explicó que el instituto ha aportado los elementos suficientes para que la denuncia promovida avance, por tratarse de un delito y aun cuando el exmandatario ha hecho puntualmente sus pagos ante el ICTSGEM. 
De acuerdo con la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, por tratarse de un funcionario de primer nivel, Graco Ramírez no podía acceder a dicho crédito que utilizó para la compra de una camioneta en septiembre pasado. 
“Fuimos notificados que la Fiscalía Anticorrupción ya judicializó la carpeta de investigación. Como instituto ya proporcionamos todos los elementos para que la autoridad determine responsabilidades”, agregó. 
De igual forma, confirmó que a la fechaseis ex secretarios de despacho, del gobierno que encabezó Garrido Abreu, no han pagado las viviendas que adquirieron del fraccionamiento "Las Ventanas", pese a que en abril vence el plazo para que puedan ponerse al corriente o se iniciará el proceso judicial de cobranza y el requerimiento del retiro de los bienes inmuebles. 
“Tenemos todavía retrasos, son seis créditos que presentan retraso importante, si no acuden a regularizarse, se concluye el plazo en abril y se iniciara un requerimiento de cobranza judicial o extrajudicial”, añadió. 

Noé Sandoval Morales, exfuncionario de Graco Ramírez, está detrás de amenazas: SMyT.

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, descartó movilizaciones de transportistas para este martes, así como la suspensión del servicio público en las regiones oriente y sur del estado. Además, se pronunció a favor de la creación de una "ley general de movilidad, tránsito y transporte" que pueda aplicarse por el gobierno del estado para evitar dificultades que actualmente se enfrentan con los municipios. 
Ante la supuesta advertencia de líderes transportistas de las regiones sur y oriente del estado de llevar a cabo bloqueos en todo el estado para presionar a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para la regularización de unidades del servicio público, el secretario Mercado Salgado sostuvo que dichas movilizaciones están descartadas. 
Por medio de un comunicado que emitió desde el domingo pasado, la SMyT señaló directamente a Noé Sandoval Morales, exdirector general de Transporte, durante el gobierno de Graco Ramírez, como principal responsable de las amenazas, ya que pretende la regularización de taxis y “rutas” que circulan en todo el estado a causa de permisos que de manera irregular el mismo exfuncionario otorgó. 
Por otro lado, el secretario de Movilidad dijo estar a favor de una nueva ley de movilidad, tránsito y transporte del estado. 
Tras haber participado en el Sexto Foro para una Ley General de Seguridad Vial, el funcionario estatal dijo que es necesario contar con una nueva ley que atienda los problemas del transporte, tránsito y movilidad en el estado, y que son los mismos que existen en todo el país. 
Al respecto, habló sobre algunos problemas que deben atenderse de manera urgente, desde lo nacional hasta lo local, como es el servicio público del transporte que se presta por medio de los mototaxis y el que se contrata por medio de aplicaciones tecnológicas. 
Mercado Salgado se pronunció a favor de avanzar en una agenda que garantice seguridad vial para los usuarios, sin embargo, por la existencia de diversas normas a nivel municipal y estatal resulta más complicado. 

El director de esa dependencia en Morelos, Jorge Toledo Bustamante, informó que hay un investigación en curso por el presunto desvío de más de un millón de pesos.

Detectan la falta de aplicación de fondos federales para infraestructura educativa del 2016 y 2017.

Trabajan a marchas forzadas para no perder recursos del 2018, que deben aplicarse antes del 31 de este mes.

Autoridades de la actual administración estatal identificaron la falta de aplicación de fondos federales para infraestructura educativa del 2016 y 2017, durante la gestión pasada, por lo que se preparan las denuncias correspondientes. Mientras tanto, trabajan a marchas forzadas para no perder recursos correspondientes al 2018.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés Román, dijo que se logró recuperar el recurso del 2018, que deberá ser aplicado antes del 31 de este mes.

El funcionario estatal añadió que desconocen el paradero de los recursos de dos años anteriores, cuyo monto también se ignora con detalle, pues se lleva a cabo la recopilación documental. “Estamos detectando algunas obras del 2016 y 2017 que se cobraron al cien por ciento y no se ejecutaron; una vez que estén identificadas y recabada la documentación, vamos a presentar las denuncias correspondientes”.

Adelantó que corresponden a un fondo educativo federal relacionado con infraestructura educativa como aulas, techumbres, entre otros conceptos. Dijo no conocer con detalle el monto que debió ser invertido en este concepto y que no fue aplicado correctamente, pero en su momento se dará a conocer.

El secretario indicó que la actual administración consiguió a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social recuperar los fondos del 2018, por un total de 59 millones de pesos.

Por lo tanto, la Secretaría de Obras tiene que realizar alrededor de 50 obras a marchas forzadas, porque se tienen que concluir a más tardar el 31 de marzo de este año. La mayoría de las obras son salones, entre ellas 11 aulas en distintas escuelas de Cuernavaca.

Recordó que se trata de un fondo dedicado a bajar los índices de alta marginación en algunas comunidades.

“No confiamos en la Fiscalía Anticorrupción. Estamos esperando que se judicialicen las carpetas y no han podido hacerlo, las 17 denuncias que presentamos desde el 12 de noviembre pasado”, expresó, al insistir en que hasta ahora no observan actuaciones efectivas por parte de dicha instancia en torno a las denuncias por anomalías en el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu.

Consideró que la Fiscalía Anticorrupción no tiene voluntad, por lo que llamó a que al menos en diez de esos casos se declaren incompetentes y las envíen a la Fiscalía General de la República.   

Se investiga la operación del Fondo "Unidos por Morelos".

La presidenta de la Comisión Especial de la Reconstrucción del Congreso del estado, Keila Figueroa Evaristo, lamentó que a la fecha no haya avances en las investigaciones en contra de exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez por el presunto desvío de recursos etiquetados para la reconstrucción de viviendas, escuelas y centros de salud afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017.
Tras la firma del convenio entre autoridades del gobierno estatal y federal para la instalación de la coordinación estatal del Programa Nacional de Reconstrucción, la coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que es necesario que se castigue a los responsables de que la reconstrucción de los inmuebles siniestrados esté detenida, a casi dos años del terremoto.
Sin embargo, sostuvo que la comisión que preside ha dado seguimiento a las denuncias que se promovieron desde el año pasado por el mal uso de los recursos públicos a través del Fondo "Unidos por Morelos", a fin de que haya castigo para los exfuncionarios responsables.
De acuerdo con la diputada, se presentaron al menos tres denuncias por el mal uso del presupuesto para la reconstrucción, sustentadas en irregularidades como la existencia de tres mil expedientes de beneficiarios "fantasma".
"Ha sido buscar una aguja en un pajar, no tenemos un monto específico del recurso robado, pero hay avances considerables y yo espero que pronto haya resultados", añadió. 

Se trata del exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.

Jerónimo Bernal Soliveras, ex director general del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo durante la administración de Graco Ramírez, busca el amparo de la justicia federal ante la posibilidad de que se emita una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con información de los estrados electrónicos, el juez cuarto de distrito del Decimoctavo Circuito, el pasado 5 de marzo el ex funcionario inició el juicio de amparo 290/2019 contra cualquier acto u orden privativa de la libertad expedida por un juez a petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien tiene a su cargo decenas de denuncias iniciadas por la administración de Cuauhtémoc Blanco, en contra de presuntas irregularidades en el manejo de recursos en distintas áreas gubernamentales durante la gestión anterior. 

Aunque inicialmente al ex funcionario se le otorgó la suspensión provisional y fijó una garantía de cinco mil pesos, finalmente el juzgado federal determinó no conceder la suspensión definitiva.

De manera escalonada, las diferentes áreas de la administración pública estatal han promovido decenas de denuncias por el presunto mal uso de recursos materiales y económicos de ex funcionarios ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien está en proceso de integración de las carpetas de investigación y, de acuerdo con el consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, hasta el momento ya se han judicializado tres o cuatro de ellas. 

El dinero no fue entregado a mujeres beneficiarias del programa; hay denuncia formal contra funcionarios del sexenio pasado.

La administración estatal que encabezó Graco Ramírez habría desaparecido 48 millones de pesos del programa "Empresas de la Mujer Morelense" que beneficiarían a 800 féminas de todo el estado.
Tras haber comparecido ante los diputados que integran la Comisión de Planeación para el Desarrollo Social del Congreso del Estado, el secretario de Desarrollo Social, Gilberto Alcalá Pineda, informó que a través de la Secretaría de Hacienda se investiga en qué se aplicaron los recursos que se etiquetaron para apoyar a mujeres emprendedoras. 
Además, refirió que se promovió una denuncia en contra de los exfuncionarios que pudieran ser los responsables de la desaparición de los 48 millones de pesos. 
"En el 2017 quedó pendiente un 30 por ciento del apoyo del 100 por ciento que tenían, y en el 2018 firmaron todos los contratos con todas las mujeres que habían calificado para el apoyo y no se les entregó. Hoy en día hay una denuncia para buscar esos recursos y ver dónde están", explicó Alcalá Pineda. 
Con respecto al programa de Uniformes Escolares Gratuitos, el secretario refirió que no se detectaron irregularidades financieras, toda vez que fue el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) el que se hizo cargo del manejo del presupuesto. 
Agregó que los talleres que se abrieron para la producción de los uniformes existen y siguen operando, pero se confirmó que no cumplieron con su objetivo. 
Durante la comparecencia ante diputadas, el secretario informó que en materia de migrantes se lleva a cabo el programa “Corazón de Plata”, para unir a aquellos que residen en los Estados Unidos con sus familiares de Morelos, y en los primeros meses del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo se han logrado gestiones para el visado americano, trámites de actas de nacimiento y financiamiento destinado a la apertura de negocios a través del Fondo de Apoyo a Migrantes. Además, refirió que han sido repatriados los cuerpos de nueve morelenses.
En la comparecencia estuvieron presentes las diputadas Maricela Jiménez Armendáriz, Rosalina Mazari Espín y Cristina Xochiquetzal Sánchez Arano. 

El gobierno del estado iniciará nuevas denuncias ante instancias locales y federales por el desfalco detectado en la administración de Graco Ramírez.

El gobierno del estado presentará en los próximos días la denuncia formal por irregularidades encontradas en la contratación de conciertos en la administración del exgobernador Graco Ramírez, entre ellas cantidades pagadas muy superiores a las que esos cantantes cobran habitualmente.

Esto fue dado a conocer este martes por el consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo Salgado, quien explicó que aun cuando se han dado a conocer datos sobre dichas anomalías, todavía se está integrando el expediente.

Entre los elementos restantes para robustecer las carpetas se encuentra la participación oficial de la Secretaría de Hacienda.

“Se observaron irregularidades que tienen que ser sustentadas. Por ejemplo, que a un artista que normalmente cobra dos millones de pesos, se le pagaron 12 millones de pesos, lo que hace presumir que no están las cosas correctas. Esos recursos se supone que se destinaron a una causa distinta y es lo que evidencia precisamente la conducta indebida”, abundó.

Cabe recordar que algunas de las presuntas irregularidades fueron dadas a conocer en enero pasado por La Unión de Morelos, como los egresos por más de 13 millones de pesos en torno a un concierto del tenor Plácido Domingo, en la “Arena Teques”, realizado el 5 de octubre de 2013.

El consejero estimó que el avance en cuanto a la formulación de denuncias formales por presuntos ilícitos cometidos en el gobierno anterior tiene un 40 por ciento.

Recordó que hasta ahora suman al menos tres denuncias ante instancias federales como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y otras (cerca de 40), ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntas irregularidades detectadas en diferentes secretarías de la administración estatal que pudieran ser constitutivas de delito.

Sotelo Salgado refirió que en lo local, algunas carpetas de investigación ya se están judicializando y se encuentra en espera de que se señalen algunas fechas para la formulación de imputación.

La Contraloría del estado inició las querellas por presunto desvío de recursos tanto estatales como federales.

La dependencia también inició procedimientos contra servidores públicos que no cumplieron con la declaración patrimonial.

La Secretaría de la Contraloría del estado promovió 150 denuncias en contra de exfuncionarios de la administración estatal que encabezó Graco Ramírez. Además, la dependencia inició procedimientos en contra de servidores públicos que no cumplieron con la declaración patrimonial.
Durante su comparecencia ante legisladores de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción del Congreso del estado, ayer lunes, el contralor César Santana Nava informó que las denuncias iniciadas ante las instancias competentes son por presunto desvío de recursos tanto estatales como federales.
Explicó que de la aplicación de los recursos federales se realizaron ocho auditorías, de las cuales se derivaron 22 observaciones por más de 59 millones de pesos en programas como el de Prevención del Delito, Prospera (Programa de Inclusión Social), Fondo de Infraestructura Educativa, entre otros.
Asimismo, dijo que la Contraloría inició procedimientos administrativos en contra de 50 servidores públicos por no haber cumplido con la declaración patrimonial.
De acuerdo con el contralor del estado, al inicio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco encontró una dependencia "inoperante y desactualizada" que no cumplía ni con su labor de fiscalización, pues sostuvo que se encontraron varias denuncias por irregularidades detectadas sin siquiera ser abiertas.

Comparece secretaria de Turismo
Por la mañana, la secretaria de Turismo y Cultura, Margarita González Saravia, también compareció ante diputados locales, y refirió que también promovieron denuncias por presuntas irregularidades cometidas en la pasada administración. 
Destacó que existen espacios abandonados como la "Arena Teques", que actualmente está sin operar y depende de la Secretaría de Hacienda. 
Refirió que los "Pueblos Mágicos" como Tepoztlán y Tlayacapan ya no tendrán más apoyo de la Federación, sin embargo, a mediados de este año se impulsará el programa estatal "Pueblos con Encanto", para impulsar el turismo en esa zona. 
La funcionaria estatal habló sobre el problema de la seguridad y descartó que el incremento de la violencia en Morelos cause afectaciones en el periodo vacacional de Semana Santa.
De acuerdo con la funcionaria estatal, las balaceras en bares del estado no inhiben el turismo en Morelos.