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El Congreso crea una comisión especial; indagarán sobre los ocho mil millones destinados a paliar los efectos del sismo.

El Congreso del estado iniciará una investigación en contra de la administración que encabezó Graco Ramírez, para esclarecer el uso de ocho mil 300 millones de pesos que fueron asignados por la Federación y el gobierno estatal para la reconstrucción de viviendas, escuelas e infraestructura hospitalaria y carretera, afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Ayer, diputados locales instalaron la Comisión Especial de Reconstrucción del Congreso del estado, que llevará a cabo la investigación y promoverá posibles acciones administrativas y penales en contra de las ex autoridades responsables de presuntas irregularidades.

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, como presidenta de la comisión dijo que se sospecha el mal uso de recursos financieros destinados para la reconstrucción, ya que de cada 100 casas afectadas sólo se reconstruyeron cinco y el mismo atraso registran en escuelas y hospitales.

La legisladora señaló que el gobierno federal entregó a Morelos, por medio del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), siete mil millones de pesos que se sumaron a los mil 300 millones que el estado aportó por medio del fideicomiso "Unidos por Morelos".

En total, en Morelos 31 mil viviendas resultaron afectadas por el sismo, de las cuales 5 mil 370 fueron daño total. Hasta agosto de este año el gobierno de Graco Ramírez sólo entregó 232 viviendas; de mil 831 escuelas afectadas,y sólo en 400 planteles se iniciaron trabajos de recuperación.

"Durante los trabajos de investigación que desarrolle está comisión estaremos facultados para iniciar procedimientos penales, civiles y administrativos que haya lugar ante las autoridades competentes y en contra de quien resulte responsable, en caso de encontrar actos de corrupción en el uso, destino y aplicación de los recursos públicos", manifestó la diputada de Morena.

De igual forma, dijo que retomarán los trabajos de reconstrucción para apoyar a los afectados por el sismo lo antes posible.

A la instalación de la comisión, acudieron alcaldes de los municipios afectados por el terremoto, como es el caso de Jojutla, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla. 

El presidente electo de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, propuso a los diputados realizar un nuevo censo de los damnificados por el temblor, para que se garantice el apoyo a las personas afectadas.

Señaló que es urgente que se retomen los trabajos porque hay muchas familias en las calles, pero también que se esclarezca qué pasó con los ocho mil 300 millones de pesos, pues el presidente electo Andrés Manuel López se comprometió a asignar 700 millones de pesos a Morelos para el mismo fin. 

A nombre de los ciudadanos de Morelos reprochó la corrupción en la fallida obra del Paso Exprés.

Exigió que, además de sanciones a implicados, se realicen las obras necesarias para subsanar fallas de seguridad.

Organizaciones civiles y empresariales respaldaron postura de legislador federal.

El diputado federal por Morelos de Morena, Alejandro Mojica Toledo, entregó el reconocimiento a  la “Ineptitud y Corrupción” al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y reclamó los agravios cometidos contra los morelenses y los millones de personas que arriesgan su vida al cruzar por el mal llamado Paso Exprés.

Durante la comparecencia de Ruiz Esparza en el Congreso de la Unión, Mojica Toledo subió a tribuna para recriminarle de frente su ineptitud y que su historial como servidor público quedará manchado de sangre por las vidas que cobró la corrupta y fallida obra.

“Ineficiencia, corrupción, soberbia, ésa es la marca que usted, Gerardo Ruiz Esparza, dejó grabada en el pavimento del mal llamado Paso Exprés.

“Pero el peor agravio, del que usted es cómplice y que mantiene sus manos sucias de sangre, es el colapso del tramo 93+857 del Paso Exprés, en el que perdieron la vida dos personas, padre e hijo, al caer en un socavón generado en la cinta asfáltica debido a la estupidez de los ingenieros que usted puso a cargo de sus negocios”, dijo y le recordó que manera inexplicable mantuvo como delegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, profesor de inglés en el Estado de Hidalgo.

Dejó claro que ciudadanos, vecinos afectados por las obras del Paso Exprés, ambientalistas y la sociedad civil organizada advirtió una y otra vez a la dependencia federal de las deficiencias y daños ocasionados por la obra fallida, pero que por negligencia y corrupción fueron desoídas.

Es así que, en nombre de los morelenses y todos los usuarios afectados, Mojica Toledo entregó el reconocimiento a la “Ineptitud y Corrupción” al secretario de la SCT y afirmó que, pese a que Ruiz Esparza pretende dar carpetazo al asunto, buscará no sólo que haya sanciones y deslinde de responsabilidades en la cadena de corrupción, sino que la dependencia federal haga frente a la exigencia de los ciudadanos y subsane urgentemente  todas las fallas de seguridad que ponen en riesgo la vida de miles de jóvenes, padres de familia, trabajadores y turistas que atraviesan esta vía de comunicación.

“En su reciente comparecencia ante el Senado, declaró que la investigación del Paso Exprés es un asunto cerrado, a pesar de la existencia de la Recomendación 34/2018 de la CNDH, en la que señala la responsabilidad directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del Gobierno del Estado de Morelos, en aquel momento a cargo de Graco Ramírez, en este asunto. 

“Recuerdo cuando lo vi aquel 12 de julio de 2017, bajando de su helicóptero y balbuceando en televisión nacional “Pido perdón a las familias de las víctimas por el mal rato que han pasado”; debe ser enorme la culpa que usted carga sobre sus hombros”, espetó.

El reconocimiento a la “Ineptitud y Corrupción” fue entregado con el respaldo de: Guardianes de los Árboles, Cámara Nacional de Comercio  de Cuernavaca (Canaco), Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Comunidad A.C., Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Morelos), Asociación de Parque Acuáticos y Balnearios de Morelos (Apabam), Asociación Mexicana de Mujer (Amexme), Asociación de Discotecas y Centro de Espectáculos (Adice), G-19, Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive-Morelos), Consejo Cívico Ciudadano y Colectivo del Rescate del Paso Exprés. 

Desde la administración de Graco Ramírez exigen el pago de prestaciones pendientes.

Maestros jubilados y en activo protestaron en el Congreso del estado y pidieron a los diputados atiendan sus demandas para que se les paguen las prestaciones pendientes desde la. 

Por tercera ocasión en menos de dos meses, desde que inició la LIV Legislatura, los profesores acudieron al Poder Legislativo y pidieron que dentro del Paquete Económico 2019 se incluya una partida presupuestal para el pago de la prima de antigüedad que se les debe a jubilados y pensionados, monto que asciende a 300 millones de pesos, además de otras prestaciones laborales pendientes.

De igual forma, demandaron a los diputados que intervengan ante el gobierno estatal para que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) reinstale a los 25 maestros que fueron cesados por no haber cumplido con el proceso de evaluación.

En sus consignas, los maestros exigieron el cambio de la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, a quien acusaron de trabajar en favor de los intereses del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no del magisterio.

Los profesores fueron atendidos por varios diputados locales y en la mesa de trabajo establecieron dentro de sus demandas que se designe a otro diputado en la Comisión de Educación.

No se han definido los criterios de distribución de las participaciones federales.

El secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, indicó que el gobierno federal no ha definido los criterios de distribución de las participaciones federales, por lo que están a la espera de conocer este factor fundamental para la elaboración del paquete económico local del 2019. Por otra parte, dio a conocer varias irregularidades heredadas que impactan en la deuda pública.

El funcionario estatal se reunió este jueves con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, con quienes expuso que el panorama en las finanzas del gobierno local son complejas, por el cúmulo de anomalías que han sido identificadas en el manejo de recursos por parte de las autoridades anteriores.

De nueva cuenta líderes empresariales demandaron que en el proyecto de egresos y el plan de ingresos del próximo año, se considere la reactivación de los fondos estatales denominados Fideicomiso Turismo Morelos (Fitur) y Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Villarreal Gasca informó que el gobierno anterior sólo dejó en las cuentas bancarias 200 millones de pesos y no cinco mil millones, como se informó antes de que concluyera su administración; también reveló que se dejaron de pagar a diversos organismos descentralizados aproximadamente 500 millones de pesos, además de las deudas a proveedores.

Reiteró que el gobierno pasado dejó muchas deudas y obras pendientes, al tiempo de insistir en que durante la entrega recepción sólo se mencionaron algunos "focos rojos", pero jamás se informó de la crisis financiera.

Expuso que, hasta ahora, se acumula una deuda directa de más de 10 mil millones de pesos, lo anterior acorde con los estados financieros que contemplan la deuda bancaria y no bancaria.

Entre las irregularidades mencionó como ejemplo que de mil millones de pesos reportados por Banobras para reconstrucción, quedan disponibles sólo 300 millones y “no se sabe dónde quedaron 700 millones” para ese rubro.

Expuso ante los dirigentes empresariales que hay otras anomalías en diversas obras, como la construcción del Congreso que tenía autorizados 500 millones de pesos por crédito y al parecer ese préstamo no se utilizó para tal concepto.

Además, refirió que en la pasada gestión todo el dinero se concentraba en una sola bolsa (recursos federales, estatales y demás), lo que implica un desvío desde el punto de vista contable y legal; agregó que luego quisieron regresar dinero a esas cuentas, pero quedaron pendientes 63 millones de pesos por reubicar o justificar.

Sobre la obra de construcción de las nuevas instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Villarreal Gasca apuntó que, en papel, el gobierno de Graco Ramírez reportó como pagos realizados alrededor de 46 millones de pesos, pero la constructora asegura que no ha recibido "un solo peso" del monto global, que se fijó por 120 millones de pesos.

En entrevista, previa a la reunión que finalmente fue privada, el secretario de Hacienda comentó que en el reciente encuentro con autoridades federales actuales, les explicaron que aún no se han definido las reglas y lineamientos de distribución de participaciones federales.

Cabe recordar que dado el proceso de transición el gobierno saliente y el entrante, trabajan en propuestas presupuestales. Pero se ha dado a conocer en medios de comunicación, versiones en el sentido de que podría haber reducción en participaciones a los estados.

Por lo tanto, el secretario de hacienda de Morelos manifestó que tendrán que seguir a la espera, cuando menos dos semanas, para conformar con mayor precisión el paquete económico estatal, ya que el estado depende en un 98% de esas ministraciones. Añadió que se avanza en un plan base, pero evidentemente sería modificado, si hay diferencias sustanciales en los recursos enviados por la Federación.

La firma se niega a entregar el inmueble, a pesar de que el edificio requiere remodelación por defectos en su proceso constructivo.

Los diputados sólo tienen acceso al 30% del inmueble.

La sede del Congreso del estado, ubicada en la colonia Amatitlán de Cuernavaca, sigue a cargo de la empresa "Ago Operadores S. A. de C. V." que la construyó, a pesar que la administración pasada reportó que la obra fue entregada desde diciembre del 2017 por un costo superior a 460 millones de pesos.

Con la justificación de que la administración estatal que encabezó Graco Ramírez no le pagó 95 millones de pesos, de acuerdo al contrato firmado, la constructora no ha permitido a los diputados el uso de más del 30% de las instalaciones.

Además, no ha concluido la instalación de otras áreas para que puedan ser totalmente funcionales.

Aunado a lo anterior, la LIV Legislatura tendrá que invertir para la rehabilitación del nuevo edificio, ya que representa un riesgo para quienes lo ocupan por diversas fallas en la construcción, de acuerdo a la opinión técnica que emitió el Colegio de Ingenieros Civiles del estado a los diputados.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que procederán legalmente en contra de la constructora y de los responsables de que la sede no esté concluida y entregada. Además, dijo que se exigirá que sea la misma empresa la que solucione todas las fallas estructurales del nuevo edificio. 

Están almacenados desde el 2013; no se conoce el número exacto de cadáveres acumulados en las tres sedes del Servicio Médico Forense en la entidad.

Una de las principales deficiencias heredadas por la administración del perredista Graco Ramírez en Morelos es la acumulación de cadáveres sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta ahora, las autoridades de esa dependencia encabezada por el notario público con licencia Uriel Carmona Gándara, designado fiscal general en el gobierno de Graco Ramírez, se han negado a informar oficialmente el número de cuerpos almacenados en las tres sedes de Semefo de Morelos.

Sin embargo, tras participar en un recorrido por las instalaciones de la FGE, el legislador del Partido Encuentro Social, Andrés Duque Tinoco, reveló el dato que el propio fiscal le proporcionó: son más de 200 cuerpos los que se encuentran tan solo en una de las sedes de la Fiscalía General.

“Hay más de 200 cuerpos ya dentro de ahí. Yo creo que varios de ellos se tienen que retirar e irse a su lugar respectivo. No puede haber tantas personas (cuerpos) en ese espacio tan reducido. Yo creo que ahí, él (el fiscal general) hablaba de que no había recursos y por eso había tantas personas en el Semefo”.

“Más de 200 cuerpos solamente en ese espacio, se tienen que trasladar a sus lugares adecuados para ir retirando porque sí se me hace demasiado”, dijo Tinoco.

En el sexenio pasado, tras el hallazgo de cuerpos inhumados por la FGE de forma ilegal en fosas de Cuautla y Jojutla, organizaciones civiles acompañadas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y activistas como Javier Sicilia, impulsaron que las autoridades del estado habilitaran el primer panteón ministerial, donde todos los cuerpos no identificados serían trasladados, luego de aplicarles protocolos de identificación forense.

Sin embargo, el gobierno de Graco Ramírez detuvo el proceso de inhumación legal de los cadáveres.

“No están identificados, nada más hablaban. Yo le hice una pregunta al fiscal, le dije cuánto tiempo es lo que tiene que tener un cuerpo ahí, ellos me hablaban de dos meses, pero yo creo que aquí tenemos personas de más de medio año”.

“Son personas que tienen mucho tiempo que no los han ido a reconocer, es por eso que se han ido quedando en ese espacio”, dijo el diputado Duque Tinoco.

En las fosas operadas por la fiscalía e, incluso, entre los cuerpos almacenados en las instalaciones del Semefo, han sido encontrados cadáveres de personas que desde el momento de su desaparición eran buscadas por sus familiares, pero que por la falta de protocolos de identificación forense, no habían sido identificados.

Para el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, los cuerpos sin identificar acumulados tanto en las instalaciones forenses de la fiscalía como en fosas clandestinas o comunes, es una de las principales deudas heredades por el gobierno de Graco Ramírez al de Cuauhtémoc Blanco.

El activista recordó que tan sólo en las fosas de Tetelcingo, operadas de forma ilegal por la Fiscalía General del Estado durante la administración de Graco Ramírez, fueron encontrados 117 cuerpos, de los cuales 11 ya fueron identificados y entregados a sus familias.

“Desde las fosas de Tetelcingo, donde exhumamos 117 cuerpos, esos sí están en gavetas y se han entregado 11. Nos habían dicho que todavía había seis que estaban en proceso, hasta los procesos que hicimos en Jojutla, que precisamente no se terminaron porque lo que encontramos ahí fueron muchos más cadáveres, ya no se podían almacenar”, expresó el poeta.

El gobierno de Graco Ramírez, agregó, concluyó sin cumplir con una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que obligaba a las autoridades estatales a informar la ubicación exacta de todas las fosas comunes en las que ha inhumado cadáveres.

Esa recomendación, dijo Sicilia, debe ser acatada ahora por la administración de Cuauhtémoc Blanco.

Al respecto, fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que no son 200 cuerpos los que permanecen en las instalaciones del Semefo, sino 191 restos, entre los que se cuentan extremidades como cabezas, manos, piernas y en algunos casos fetos y huesos.

Esos restos se encuentran almacenados desde el 2013 a la fecha.

“No se han inhumado por dos situaciones, la primera por un acuerdo con grupos de víctimas que solicitan culminar los trabajos de identificación forense, la acumulación de pruebas que permitan su identificación. Y, segunda, por la falta de recursos para la inhumación en el panteón ministerial”, indicó una de las fuentes de la fiscalía consultadas.

Transfirió el pago de las jubilaciones a la institución pero no entregó recursos; tampoco dejó presupuesto para el pago de la parte de aguinaldo que absorbe el Colegio de Bachilleres.

La administración anterior pasó al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) la responsabilidad de pagar pensiones de los trabajadores jubilados, por lo que la institución requiere con urgencia alrededor de 70 millones de pesos para el pago de ese rubro en este año.

Víctor Raymundo Nájera Medina, director general del subsistema en Morelos, aseveró que al llegar a esta institución se encontró con un delicado problema financiero.

Explicó que “de una manera muy, pero muy irresponsable” el gobierno pasado devolvió al colegio 183 pensionados y jubilados, que anteriormente pagaba directamente el Ejecutivo, pero no entregó la partida económica correspondiente.  

Por lo tanto, el problema de la institución se ha ido agravando desde hace algunos meses y a la fecha se necesitan alrededor de 70 millones de pesos adicionales para cumplir los compromisos que tiene el Cobaem para el pago de prestaciones de pensiones, así como el pago de días por años de servicio cuando se jubilan.

Dijo que al monto anteriormente referido habría que sumar el dinero que corresponde al pago de la parte proporcional para los 90 días de aguinaldo a sus mil 17 trabajadores en activo, porque tampoco se dejó en las cuentas del subsistema ese dinero.

Nájera Medina explicó que no se ha contabilizado el monto global que se necesita para concluir el 2018 y atender los derechos de su plantilla laboral tanto en activo como jubilados, y tampoco se ha encontrado el dinero que corresponde a ese rubro, si es que la administración estatal los etiquetó y estaban presupuestados, dónde quedó el dinero, o si se dejó sin respaldo efectivo tales obligaciones.

Comentó que junto con la Secretaría de Hacienda de la administración actual ya se analiza este asunto, con el propósito de atender el cumplimiento a los trabajadores que, sin duda, no tienen la culpa del erróneo manejo financiero de la administración gubernamental pasada.

La propuesta presentada ante el Senado plantea otorgar un porcentaje fijo del presupuesto anual de los estados a los tribunales electorales del país.

La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (Aterm) expresó su apoyo a la iniciativa presentada ante el Senado de la República para garantizar la autonomía financiera de los órganos jurisdiccionales electorales en los estados.

La iniciativa fue presentada por la senadora Índira de Jesús Rosales San Román, con la intención de que sea discutida y aprobada a la brevedad posible.

La propuesta contempla reformar la facción IV, inciso C, del artículo 116 constitucional, con el propósito de otorgar plena autonomía financiera a los tribunales electorales locales del país con el otorgamiento de un porcentaje fijo del presupuesto anual estatal.

“La autonomía presupuestaria de los impartidores de justicia electoral es indispensable para contribuir a la construcción de una democracia más sólida, libre y efectiva”, señaló la Aterm.

Durante el último proceso electoral, diversos tribunales locales promovieron juicios en contra de los gobiernos locales por la negativa de dotarlos de recursos suficientes para realizar su labor jurisdiccional.

Incluso, Francisico Hurtado Delgado, quien fue presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos durante los pasados comicios, acusó al extinto gobierno de Graco Ramírez de intentar sabotear el proceso electoral e intervenir al tribunal, mediante la restricción de presupuesto.

Empresarios del ramo afirmaron que en una o dos semanas impulsarán una propuesta de reforma hacendaria, con el apoyo del Poder Ejecutivo, para que este mismo año se reactiven los Fondos de Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), de lo contrario prevén un cierre de año complicado.
Ayer, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunieron con la secretaria de Turismo y Cultura Margarita González Zarabia, a quien manifestaron su preocupación por la desaparición de dichos fondos y el presupuesto que los hacía funcionar, por un monto de 18 millones de pesos.
Ángel Adame Jiménez, presidente del CCE, dijo que el planteamiento que se le hará a los diputados es que este mismo año se reactiven los fondos y que se investigue qué destino tuvieron los 18 millones de pesos que supuestamente se redireccionaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la reforma hacendaria que aprobaron los integrantes de la LIII Legislatura en julio pasado.
"Esos 18 millones de pesos y además lo que se generó esta reforma unilateral y prepotente hasta el presente, porque es un recurso importante y sin lugar a dudas se tiene que investigar dónde quedó y para dónde se destinó", aseveró Adame Jiménez.
El empresario advirtió que si no se recuperan los fondos, la situación en materia turística podría complicarse aún más para el cierre del año, pues en los últimos meses se han perdido encuentros nacionales e internacionales importantes, además de la reducción en el número de visitantes durante el periodo vacacional de verano de manera histórica.

El gobernador lanzó un comunicado luego de que se hiciera público que el ex secretario de Hacienda Jorge Michel Luna promovió un amparo para evitar ser detenido.

El ex secretario de Hacienda en el gobierno de Graco Ramírez, Jorge Michel Luna, inició una solicitud de amparo ante el Juzgado Tercero del Poder Judicial de la Federación, según consta en el número de expediente 1671/2018, con fecha de acuerdo 18/10/2018 contra actos del Congreso del Estado.

Al respecto, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo manifestó que es tiempo de hacer valer la justicia “caiga quien caiga”.

En un comunicado, el Ejecutivo estatal fijó su postura: "El Gobierno de Morelos no solapará los actos de corrupción cometidos por el gobierno de Graco Ramírez en agravio de los morelenses; la Ley se debe aplicar ‘caiga quien caiga’, es momento de hacer valer la justicia”, sentenció el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Así lo expresó, luego de que el ex secretario de Hacienda Jorge Michel Luna solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, esto con el fin evadir la acción de la justicia.
Cuauhtémoc Blanco reiteró que su único compromiso es cumplir y no fallarle a Morelos, sobre todo a los sectores más desprotegidos, ya que son los más afectados por la corrupción del gobierno anterior, que tanto lastimó a la entidad dejándola hundida en la inseguridad y la pobreza.

“Es momento de un verdadero trabajo entre ciudadanía y autoridades. Es por ello que he instruido a los integrantes del gabinete legal y ampliado a trabajar de manera cercana a la gente, escucharla y atender sus necesidades de manera directa, sin intermediarios”, indicó.

En cada una de las secretarías de despacho del gobierno de Morelos continúa la revisión exhaustiva del estado financiero que guardan; al momento se han detectado irregularidades como importantes desvíos de dinero, falta de pago a proveedores, obras públicas inconclusas, entre otras.

Cuando se concluya la minuciosa revisión y se tengan todos los elementos probatorios, el gobierno de Morelos estará en condiciones de iniciar denuncias en contra de quien o quienes resulten responsables, para exigir la reparación del daño causado a los morelenses.
 
Cuauhtémoc Blanco Bravo reiteró el llamado a los integrantes de su gabinete, a conducirse con honestidad y realizar un trabajo impecable, conservar ante todo su dignidad intacta; que su impulso diario sea mejorar las condiciones en las que se encuentra el Estado.

Cabe señalar que el ex funcionario Jorge Michel Luna, inició la demanda de amparo ante el Juzgado Tercero del Poder Judicial de la Federación, según consta en el número de expediente 1671/2018 con fecha de acuerdo 18/10/2018”.

Sólo la deuda bancaria totaliza diez mil millones, señala el secretario de Hacienda.

Una vez que se vienen revisando a profundidad las irregularidades financieras y pasivos en las diversas dependencias del Poder Ejecutivo, la deuda global, incluyendo la de los municipios, supera 15 mil millones de pesos y aún existen muchos rubros que atender en ese sentido, dijo el titular de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca.

“La verdad, hacerle frente al problema no será nada sencillo, porque al mismo tiempo se necesita atender aspectos prioritarios, como es la seguridad, el sector salud y programas de asistencia social. Así que una vez que se conozca el alcance total de este problema, habrán de tomarse decisiones”, dijo el funcionario.

Y dio algunos ejemplos de lo que al respecto heredó el ex gobernador Graco Ramírez Garrido. “Hemos encontrado inconsistencias por más de 400 millones de pesos en lo que se conoce como organismos auxiliares; la deuda directa con instituciones bancarias toca los 10 mil millones, existen temas menores que acumulan unos 200 millones más. Pero no se le pagó a proveedores desde hace meses, entre ellos aparecen contratos de publicidad con medios de comunicación y todo lo anterior puede llegar por arriba de los tres mil millones”.

Villarreal agregó que ya desde el comienzo, se ha dado la instrucción, por órdenes superiores, de mantener un estricto control presupuestal y una férrea disciplina en el gasto, eliminando cualquier concepto que no represente desatención a la sociedad.

Comentó que “ni modo, vamos a iniciar un trabajo de gestoría de inmediato con distintas dependencias del gobierno federal, así sea el saliente, particularmente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque esto no puede esperar y además se va acumulando”.

Reconoció que se enfrenta un gobierno en condiciones de emergencia financiera y de ello la propia dependencia a su cargo no escapa; ya se tienen documentados muchos hoyos que van a merecer el inicio de procesos legales contra los presuntos responsables.

Luego estimó que “sí hay que encarrilar esos asuntos por la vía legal, nosotros sólo los documentaremos y pondremos en manos de las instancias competentes, porque no se vale tanto abuso y falta de seriedad de parte de quienes nos antecedieron”.

En lo que se refiere a municipios, recordó que el quebranto económico de muchos continúa, sobre todo por laudos laborales y sentencias en ese sentido de parte de los tribunales y que no se han cubierto, e incluso anticipó un final de año complicado al respecto, dado que muchos alcaldes buscarán resolver sus insuficiencias pidiendo apoyo al gobierno estatal.

Un grupo de abogados y ciudadanos lo acusan de haber retenido 100 millones de pesos de las participaciones federales de la UAEM en el 2017.

Un grupo de abogados y ciudadanos solicitaron juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez ante el Congreso del estado. Lo acusan de haber retenido, de forma indebida y dolosa, 100 millones de pesos de las participaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el año 2017.

Como catedráticos de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, los abogados acudieron al Poder Legislativo y presentaron la demanda para enjuiciar políticamente al exmandatario, pues afirmaron que la retención de las participaciones federales de los meses de julio y agosto del año pasado fue lo que agravó la situación financiera de la institución.

"Esta retención vulneró los derechos de 40 mil estudiantes y trabajadores de la Máxima Casa de Estudios, al violentar los derechos humanos a la educación y al trabajo que se contemplan en el artículo 3 y 5 de la Constitución Política federal", sostuvo el abogado Enrique Paredes Sotelo.

Los catedráticos presentaron como pruebas en contra del exgobernador perredista, el corte de caja y los informes financieros que demuestran que la determinación del gobierno estatal afectó gravemente la operatividad de la universidad. 

Paredes Sotelo pidió a los diputados locales imparcialidad en la revisión de su demanda, pues dijo que el año pasado no la promovieron porque estaba en funciones "una legislatura a modo y creímos que no iba a prosperar".

El también integrante de la Federación de Asociaciones Civiles, Organizaciones y Movimientos Sociales explicó que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Morelos establece un año para que se pueda someter a proceso a los exfuncionarios que cometieron algún tipo de violación. 

Además, refirió, para poder enjuiciar a un servidor público que tuvo fuero, primero se debe iniciar proceso de desafuero; de lo contrario, ningún proceso legal podría prosperar.

La solicitud de juicio la firmaron también el abogado Bismarck Rentería Flores y el líder transportista Enrique Rodríguez Zagal.

Validó los criterios para concesionar el servicio de alumbrado público.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó los “Lineamientos generales para regular el proceso de otorgamiento de concesiones de los servicios públicos municipales que por ley, decreto o convenio asuma la administración pública estatal”, expedidos por el gobierno anterior, con miras a concesionar el servicio de alumbrado público.

Por unanimidad, fue aprobado el proyecto propuesto por el ministro Fernando Franco González Salas, para la resolución de las controversias constitucionales 98/2017 y 98/2017, promovidas por municipios de Tlaquiltenango y Miacatlán.

En ambas controversias, los municipios argumentaron que con la expedición de los lineamientos en febrero de 2017, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se adjudicó de manera unilateral la obligación de brindar servicios públicos que corresponden a los ayuntamientos, ya que si bien el gobierno estatal sí tiene tales atribuciones, es necesario que medie solicitud del municipio al Congreso local, o se encuentre imposibilitado para ejercerlo y otorgarlo.

Los municipios actores estimaron que el acuerdo constituyó un mecanismo por el cual el gobierno de la entidad pretendió asumir la función de prestar un servicio público, y despojar a los ayuntamientos de una facultad que le está constitucionalmente reservada.

En el proyecto, se explicó que  los lineamientos impugnados fueron emitidos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, no con la finalidad de asumir –unilateralmente– la prestación de servicios públicos municipales, sino de fijar los lineamientos a partir de los cuales la administración pública estatal pueda concesionar los servicios públicos a cargo del municipio, una vez agotados los requisitos previstos en la Constitución federal que le permitan asumir la obligación de brindarlos a la colectividad.

“De tal manera que de su contenido no se prevé un mecanismo a través del cual el Gobernador de dicho Estado, motu proprio, desincorpore de la esfera de atribuciones de los Municipios demandantes la prestación de un servicio público, por lo que se considera infundado el concepto de invalidez respectivo”.

En otro disenso, los ayuntamientos actores arguyeron que los lineamientos reclamados contravienen lo dispuesto en el artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal, debido a que corresponde a los municipios regular lo concerniente a los servicios públicos a su cargo, por lo que aun tratándose del establecimiento de un procedimiento para concesionar a un particular su prestación, corresponde a los ayuntamientos su regulación, inclusive tratándose de aspectos como su concesión.

Al respecto, el Pleno de la SCJN consideró infundado el argumento, debido a que la aplicación de los lineamientos, únicamente se despliega una vez que se ha culminado con el procedimiento previsto en la Constitución Federal para que un Gobierno Estatal asuma la obligación de prestar un servicio público municipal.

A partir de que el ayuntamiento decline la prestación del servicio por medio de una petición expresa al Congreso o por medio de un convenio con el gobierno estatal, “es que se tornará obligatorio el cumplimiento de su contenido, pero hasta en tanto ello no ocurra, su sola emisión no representa el ejercicio de una facultad reservada al Municipio, al realizarse la transferencia de la obligación relatada a favor del Poder Ejecutivo Estatal, éste puede decidir, por regla general, cualquier aspecto relacionado con la prestación del servicio público que se le encargó administrar y ejecutar, incluyendo la posibilidad de establecer un procedimiento para concesionarlo a un particular”.

Bajo estas consideraciones, la SCJN consideró que no existe invasión a la esfera de competencia municipal y declaró la validez de los lineamientos.

Las modificaciones legales fueron realizadas hace tres años por el Congreso local; el veto fue aplicado por el gobierno de Graco Ramírez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió el veto aplicado por el Poder Ejecutivo de Morelos a las reformas legales realizadas hace tres años por el Congreso local, en las que se excluyó la despenalización de la interrupción del embarazo.

Con tres votos a favor y dos en contra, los ministros de la Primera Sala de la SCJN declararon procedente, pero infundada, la controversia constitucional 14/2016, promovida por la anterior administración, encabezada por el otrora gobernador Graco Ramírez, y ordenó concluir con el procedimiento legislativo, es decir, con la  publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de las reformas a diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, para que puedan entrar en vigor.

La disputa legal surgió en diciembre de 2015, con el rechazo de la Comisión de Equidad de Género del Congreso a las observaciones enviadas por el Ejecutivo estatal a las reformas aprobadas en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, particularmente en el tema de la despenalización del aborto.

El Poder Ejecutivo acusó a los legisladores  de aprobar reformas “sin discusión expresa”, y demandó al Congreso ante la SCJN por “las omisiones persistentes” y el incumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales en la materia, los tratados internacionales y diversos criterios jurisprudenciales sobre derechos humanos, a favor de las mujeres y, en especial, para acceder a una vida libre de violencia y tener el derecho a la interrupción legal del embarazo.

El Poder Ejecutivo ejerció su derecho de veto y, a su vez, promovió ante la SCJN la controversia constitucional a través de la cual se le concedió la suspensión al Poder Ejecutivo para no acatar la orden de publicación del Congreso de las reformas en cuestión.

Dirigentes de diversas organizaciones de la entidad piden una nueva convocatoria apegada a la ley.

Ruteros y taxis de todo el estado se unieron para pedir al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que cancele el proceso de regularización de unidades del transporte público que el gobierno de Graco Ramírez inició en el 2014 y se "limpie" toda la corrupción que existe en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte; Rodolfo Tiscareño Martínez, presidente de la Ruta 13 de la zona oriente, entre otros líderes de las regiones sur, oriente y metropolitana del estado, manifestaron su respaldo al secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, para que revoque todas las concesiones y permisos otorgados a partir del proceso 2014 y se emita una nueva convocatoria apegada a la ley.

El grupo de liderazgo surgió como oposición a la Coalición de Representantes del Transporte Público, a cuyos integrantes señalaron de haber sido cómplices del gobierno de Graco Ramírez para beneficiarse con una concesión o con permisos provisionales.

"Es un grupo que deja Graco y Gayosso para que finalmente estén en un golpeteo constante ante las autoridades, y nosotros decimos que eso no lo vamos a permitir, eso es lo que nos ha obligado a juntarnos... No estamos de acuerdo en que se cristalice la corrupción de Graco Ramírez, por lo tanto se tiene que revisar bien todo lo que dejó la administración pasada porque sabemos que fue mucha corrupción", manifestó Rivera Jaimes.

Dijeron que de reponerse el citado proceso, tiene que beneficiarse a los transportistas de todo el estado.

Además, solicitaron al titular de la SMyT que regrese los títulos de concesión a los transportistas, pues mediante irregularidades en el sistema, las exautoridades reasignaron dicho derecho a transportistas allegados. 

El magistrado electoral rindió su informe de labores y entregó la presidencia a Carlos Puig.

El magistrado del Tribunal Estatal Electoral Francisco Hurtado Delgado acusó al ex gobernador Graco Ramírez y los diputados de la extinta LIII Legislatura de intentar debilitar al órgano jurisdiccional, y afirmó que a pesar de la auditoría extraordinaria, ordenada por el Congreso en medio de los comicios, el tribunal no tuvo más que tres observaciones que ya fueron solventadas.

Al rendir su informe de actividades y concluir su periodo como presidente del TEEM, señaló que el tribunal enfrentó una fuerte embestida política, al ver reducido su presupuesto anual de 41.5 a 18 millones de pesos.

Además, recordó que con la intención de controlar e intimidar al órgano jurisdiccional, la anterior legislatura ordenó a la entidad de fiscalización realizar una auditoría extraordinaria, pese a que a que el tribunal se encontraba en plena proceso electoral, sustanciando los diversos recursos de impugnación.

“El mensaje era claro, debilitar a nuestra institución y poner en riesgo la impartición de justicia y el proceso electoral. Nos defendimos por la vía del derecho e interpusimos sendos juicios para proteger la independencia y autonomía del tribunal”, dijo.

Precisó que al concluir la auditoría, sólo resultaron tres observaciones que fueron inmediatamente solventadas y se comprobó que los recursos fueron aplicados adecuadamente.

Previó a la entrega de la presidencia del TEEM a su homólogo Carlos Alberto Puig Hernández, informó que en total se presentaron 566 recursos impugnación durante el proceso electoral 2017-2018, de los cuales sólo restan 95 juicios por resolver a más tardar 15 octubre y que están vinculados a las elecciones municipales.

Agregó que 99.9% de las resoluciones fueron por unanimidad del Pleno y el 96.2% de las sentencias del TEEM fueron confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

El Congreso busca el mecanismo para remover al fiscal general.

Los diputados locales acordaron impulsar una reforma a la legislación local para remover del cargo a Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado.

"El fiscal debe irse, hay un amplio consenso de mis compañeros de esta legislatura y generaremos las reformas que nos lleven a ver al fiscal fuera, porque si no lo tenemos fuera de esta fiscalía, lo seguiré reiterando, jamás solicitará una orden de aprehensión en contra de Graco y menos la va querer ejecutar para llevar a Graco a la cárcel", sostuvo el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil dijo que se analizan las vías jurídicas para impulsar la remoción del fiscal, toda vez que la pasada legislatura lo nombró por nueve años consecutivos y deter,inó que al término de su función reciba una pensión vitalicia y seguridad personal.

El legislador local aseveró que hasta el momento Carmona Gándara se ha negado a informar sobre el estado que guarda la Fiscalía, así como del avance en investigaciones que se encuentran abiertas.

Zapotitla Becerro refirió que ante tal opacidad también se insistirá ante el fiscal que rinda un informe detallado ante el Congreso del estado.

A la posible destitución de Uriel Carmona el diputado señaló que podría sumarse también la del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, que fue designado por el mismo fiscal general.

Les prometieron que comprarían un terreno y no tienen nada.

Zacatepec.- A un año del terremoto del 19 de septiembre 2017, las 40 familias que habitaban la Hacienda Vieja en Zacatepec (32 con pérdida significativa) siguen esperando la ayuda para reconstruir su casa.

Debido a que se trata de un edificio protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los afectados no podían hacer modificaciones en el inmueble, por lo que el gobierno del estado ofreció adquirir un predio, por el rumbo del crucero Cuatro Caminos, para edificar 34 viviendas, con el apoyo de dos fundaciones.

Sin embargo, el sexenio terminó y el programa “Unidos por Morelos” no cumplió con esta promesa.

“Nos hicieron firmar una minuta de vecinos, donde de buena manera se le estaba pidiendo al gobernador Graco dicho terreno. Hasta la fecha, no tenemos respuesta, no sabemos nada, seguimos en las mismas condiciones”, afirmó Delia Fabiola Ortega Juárez, vecina damnificada.

Detalló que el predio, de cuatro mil 200 metros cuadrados, ya tenía el visto bueno de todos los involucrados.

Reconoció que al concluir el gobierno de Graco Ramírez, algunas personas que laboraban en esa administración los iban a apoyar para continuar con el proceso y adquirir el predio, pero hasta el momento no hay nada concreto.

Dijo que han buscado a las nuevas autoridades estatales, pero como están todavía en los reacomodos, no han sido debidamente atendidos.

Afuera de la Hacienda Vieja, existen unas carpas, donde vive la gente. “La mayoría se fueron a rentar, porque hay muchos niños y mayores de edad. Aquí nos quedamos nada más cinco familias”.

Destacó que las dos fundaciones que los iban a apoyar mantienen esa intención, pero falta el terreno.

“Son las fundaciones New Story y Échale a tu casa. Ellos son los que nos han estado apoyando con este proyecto. Lo único que ellos quieren es el terreno para construir las casas, van a hacer 34 casas. Hace dos meses vinieron a hacer un video”.

Para quienes se quedaron en el lugar, ha sido difícil vivir ahí, ya que hay inseguridad y las carpas ya acusan el deterioro causado por el clima.

Deploró que el presidente municipal no se ha ido a parar al lugar, y “ni siquiera sabe que existimos”.

Finalmente, dijo que ya no esperarán mucho el apoyo y podrían tomar otras acciones. “Si nadie nos va a apoyar, vamos a tener que hacerlo, vamos a sacar piedra por piedra y a volver a construir, aunque sea con madera”.

Los legisladores, sin oficinas por la deuda de 70 millones con constructora.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, confirmó la desaparición de documentación relativa a la situación financiera y administrativa en la que exdiputados dejaron al Congreso del estado.

La diputada priista dijo que presumen que los integrantes de la LIII Legislatura robaron documentos oficiales con la finalidad de ocultar las presuntas irregularidades que cometieron en el manejo del presupuesto del Congreso.

"Se llevaron toda la documentación que prácticamente a ellos les preocupaba y que eran indicios de corrupción impresionante. Falta mucha documentación y al faltar documentación se presume que la escondieron, se la llevaron y nosotros como Congreso estamos trabajando porque sí tenemos que llegar al fondo de la verdad", declaró.

La diputada priista informó que se investigan a fondo las acciones de la pasada legislatura para reunir los suficientes elementos que sustenten una denuncia penal y procesos administrativos en su contra. 

Mazari Espín refirió que desde la Comisión de Hacienda se ha iniciado una revisión para detectar cuáles son los documentos que hacen falta e iniciar procesos administrativos.

De igual forma, sostuvo que en próximos días se presentará una denuncia penal en contra de los exlegisladores, por el saqueo que cometieron en distintas áreas del Congreso, además del gasto excesivo e irregular del presupuesto durante los tres años.

Por otro lado, mencionó que aún no han podido ocupar todas las oficinas del Congreso del estado, pues la empresa "Ago Operadores", que construyó el edificio, se ha negado a entregar el 50% del inmueble, hasta que se le liquide el adeudo por más de 70 millones de pesos que dejó la pasada administración estatal.

"De todo el recinto legislativo sólo hay 19 oficinas que la constructora dio de alta y que están en condiciones de ocuparlas, 19 de 30 oficinas que se hicieron exclusivamente para el área de legisladores", agregó. 

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, anuncia que el Ejecutivo estatal acompañará las gestiones ante la Federación para el rescate financiero de la Máxima Casa de Estudios.

Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión formal entre autoridades y líderes sindicales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y representantes de la administración estatal, ya en funciones, de Cuauhtémoc Blanco Bravo. El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, desmintió que el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu haya concretado la gestión de los recursos adicionales que se requieren para solucionar la huelga.

En el encuentro estuvieron presentes el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, así como con los secretarios generales de los sindicatos de académicos y de trabajadores administrativos y, además, los secretarios de Gobierno y el de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre.

En entrevista Ojeda Cárdenas subrayó que antes se dieron algunas mesas de diálogo, pero ésta es la primera como gobierno en funciones, y el objetivo es buscar soluciones que permitan que más de 40 mil estudiantes regresen a clases lo antes posible.

Aseguró que sin trasgredir la autonomía universitaria, se acompañará a la institución educativa para dar continuidad a las gestiones ante el gobierno federal, “siempre hablando con la verdad, porque nunca habremos de decir mentiras a la sociedad”.

Desmintió al exgobernador Graco Ramírez, al referir que el fin de semana el exmandatario publicó en su cuenta personal de redes sociales un mensaje en el que aseguraba “que ya estaban depositados en la hacienda estatal recursos de la federación para poder solucionar este problema”, lo cual es totalmente falso. “Generó expectativas difíciles entre los trabajadores. Entendemos la gravedad.
La universidad de Morelos es prioridad, es un orgullo de este estado y tendremos que rescatarla y haremos todas las gestiones necesarias ante las autoridades competentes federales, hacienda, la SEP, el gobierno constitucional en funciones, como el gobierno federal electo, para que esto pueda tener tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, una solución de fondo”.

Dijo que existe buena disposición de los sindicatos, del rector y del gobierno del estado para gestionar ante el gobierno federal los recursos, e insistió en que Ramírez Garrido “de manera muy desafortunada”, aseguró que ya estaba depositado el dinero, lo cual aún no es cierto, pero esperan poder concretarlo.

“Es el inicio de una nueva gestión”, subrayó el secretario, al exponer que ahora sí han iniciado la búsqueda de apoyo y alternativas de solución de manera oficial ante el gobierno federal.

Consideró que el primer paso será cubrir las necesidades urgentes de los trabajadores y, posteriormente, se analizará una posible reestructuración sin dañar los derechos de los trabajadores.

Recordó que, de fondo, este problema no es exclusivo de Morelos, sino de diez universidades públicas del país, por lo que consideran que se habrá de buscar alguna salida en breve.